Compilación y Sistematización de Tesis


Los antecedentes penales y la punibilidad

Escrito por Juan Carlos Robertos Chuc.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO QUE LLEVEN A CONSIDERARLO COMO REINCIDENTE, DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR LA PUNIBILIDAD.– Los antecedentes penales son aquellos registros que efectúa la autoridad administrativa con el propósito de llevar un control de los procesos que se instruyen contra las personas, o bien, de las condenas recaídas a los sentenciados; la reincidencia, en cambio, es una figura del derecho sustantivo penal, regulada en los artículos 20 y 65 del Código Penal Federal, que permite agravar la sanción a imponer al sentenciado. Como se advierte, son dos conceptos diferentes pero relacionados entre sí, dado que los antecedentes penales caracterizan a la reincidencia, sin que ello signifique que sus efectos deban equipararse. Lo anterior, porque el concepto de antecedentes penales se incluye en el más amplio aspecto de “la vida del reo”, esto es, su pasado penal, lo que puede hacer, o lo que podría esperarse de él, y ello, como ya lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 110/2011 (9ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 643, de rubro: “CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO.”, no puede servir como parámetro para fijar el grado de culpabilidad del sujeto activo; en esta tesitura, si bien es cierto que la reincidencia deriva del antecedente penal en sentido genérico, también lo es que los efectos de la agravación de la pena se apoyan en razones de otra índole, es decir, de política criminal, determinadas por el deber que el Estado tiene al ejecutar su función de tutela jurídica, de procurar el orden que queda perturbado por la actividad delictiva del reincidente; así, la reincidencia implica que el juzgador tome en cuenta, al individualizar la pena, que al sentenciado se le condenó con anterioridad por la comisión de un delito, pero no como un antecedente penal que revele una característica propia del sujeto activo a modo de construir un factor para determinar su grado de culpabilidad, pues tal revelación de la personalidad únicamente puede considerarse en relación con el hecho cometido, sino más bien, como la figura que le permite agravar la punibilidad, en términos de la ley, por el nuevo delito perpetrado, a pesar de existir una sentencia condenatoria intermedia y de que fue prevenido con imponérsele una sanción mayor en caso de reincidir, pues conoce con exactitud la antijuridicidad de su propio hacer y, por tanto, es mayor la reprobación que el hecho merece en relación con la conducta desplegada.

1ª./J. 80/2013 (10ª.)

 

Contradicción de tesis 181/2013.–Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.–26 de junio de 2013.– Mayoría de cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo.–Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular.–Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.–Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Tesis de jurisprudencia 80/2013 (10ª.).– Aprobada por la Primera Sala de esta Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de agosto de dos mil trece.

El ABC de la Jurisprudencia

Escrito por Juan Carlos Robertos Chuc.

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El ABC de la Jurisprudencia

 

Prater caetera autem, memoriae nostrae pro summa regula est infigendum, ea quae nobis a Deo revelata sunt, ut omnium certissima esse credenda; et quamvis forte lumen rationis, quam maxime clarum et evidens, aliud quid nobis suggerere videretur, soli tamen auctoritati divinae potius quam proprio nostro judicio fidem esse abhibendam.

Descartes

            La labor jurisdiccional constituye una de las misiones más nobles de la sociedad. Son los individuos quienes, sumidos en la incertidumbre, someten al raciocinio del juzgador alguna problemática, y este, con el cincel de las palabras, construye de forma símil al artesano, con paciencia, exhaustividad y dedicación, la resolución que habrá poner fin a la controversia, devolviendo a las partes la certeza jurídica. Son estas mismas palabras y es esta misma certeza las que, a manera de argumentación, subsisten a través de la integración jurisprudencial.

            Gramaticalmente, la jurisprudencia es la ciencia del derecho, y además, el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Siendo una fuente del derecho, la labor jurisprudencial es la interpretación normativa, en la que cabe definir dos sistemas, legado del derecho anglosajón: el de la construction, que consiste en incluir, con base en una interpretación dentro del texto de una norma, situaciones que no estuvieron en el pensamiento de su autor, que quedan dentro de ella –la norma crece por yuxtaposición-; la interpretación, por otro lado, muestra el pensamiento del intérprete referido al momento en que la norma nace y que quiere reflejar lo que se llama el espíritu del legislador.[1]

            Es válido afirmar que la jurisprudencia descansa sobre el concepto de criterio, siendo este, pues, su génesis. Este criterio, será aquél que hubiere sido adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia. La Ley de Amparo reconoce tres mecanismos de integración jurisprudencial[2]:

a)  Por reiteración. Es aquélla a la que hace alusión la definición gramatical, es decir, nace de la concordancia de criterios en el mismo sentido. Se forma al cumplirse los siguientes requisitos: i) que se trate de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ii) que el órgano emisor sea terminal, iii) que sustenten un criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario,  iv) que tales sentencias alcancen una votación de ocho votos, si son de Pleno, cuatro si son de Sala y unanimidad si son de Tribunales Colegiados de Circuito y v) que las sentencias sean resueltas en diferentes sesiones.[3]

b)  Por contradicción de tesis. También llamada unificación, pretende preservar la unidad de la interpretación del orden jurídico nacional, al decidir los criterios que deben prevalecer cuando existe oposición entre los sustentados por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en torno a un mismo problema legal. Para que la denuncia de contradicción sea procedente, no se requiere que los criterios opuestos constituyan jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII, y 225 de la Ley de Amparo, no imponen tal condición.[4]

c)  Por sustitución. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito (figura novedosa en la Ley de amparo), podrá ser sustituida a petición de algún magistrado, en el caso de la jurisprudencia por contradicción establecida por los Plenos de Circuito, o a través de los Plenos, a petición de un magistrado aprobada por la mayoría de sus integrantes, o cualquiera de las Salas, previa petición de uno de los Ministros, aprobada por la mayoría de sus integrantes. En todos los casos deberá ser con motivo de caso concreto una vez resuelto, expresando las razones por las cuales la jurisprudencia debe sustituirse.[5]

           

            Además de los sistemas establecidos en la Ley de Amparo, la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales), establece que las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos de los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, Tribunales Colegiados, y en general, para todos los órganos jurisdiccionales, tanto locales como federales.

          Por último, derivado del Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con motivo de la consulta formulada en el Expediente Varios 912/2010, se estableció que las sentencias de los casos en que México hubiere sido parte, constituyen jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano, y por exclusión, lo resuelto en los demás casos constituye criterio orientador.[6]

            De lo anterior la importancia del quehacer del juzgador, que no fenece en la resolución aislada de los conflictos, sino que las argumentaciones vertidas por él en sus sentencias, constituyen criterios trascendentes que, desde luego, podrán orientar futuros asuntos y habrán de edificar, a través de la creación jurisprudencial, los principios de certeza y seguridad jurídica que impone la Constitución como piedra angular del Estado Mexicano.



[1] Consúltese para efectos ilustrativos a Peniche López, Vicente. Apuntes de Garantías y Amparo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006.

[2] Véase el artículo 215.

[3] Artículos 222, 223, 224.

[4] La jurisprudencia. Su integración. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda edición. México, 2012. P. 31 y 39.

[5] Artículo 230.

[6] Debe añadirse, sin embargo, que en el párrafo 339 de la referida Sentencia, la Corte señaló que en ejercicio del control difuso de convencionalidad, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

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