Trámites y Servicios del Instituto de Defensoría Pública

Los Servicios del Instituto de Defensoría Pública del Estado según los Artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado:

Artículo 29.- Los servicios de asistencia jurídica se prestarán preferentemente a:

I.- Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II.- Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III.- Los trabajadores eventuales o sub-empleados;

IV.- Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los previstos en las bases generales de organización y funcionamiento;

V.- Incapaces o quienes ejerzan legalmente la patria potestad de éstos, que requieran de los servicios;

VI.- Los indígenas; y

VII.- Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

 Artículo 30.- Para determinar si el solicitante de los servicios en estas materias reúne los requisitos establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá de un estudio socioeconómico, que será aplicado por el Instituto o por el órgano auxiliar que determine el Consejo de la Judicatura.

En los casos de urgencia previstos en las bases generales de organización y funcionamiento, se deberá prestar de inmediato y por única vez, los servicios de que trata este capítulo, sin esperar los resultados del estudio socioeconómico.

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO:

Se contempla la suspensión del servicio en la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado, en su Artículo:

Artículo 31.- Se retirará el servicio de asistencia jurídica cuando:

I.- El usuario manifieste por escrito que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio;

II.- El usuario del servicio incurra dolosamente en falsedad en los datos proporcionados;

III.- El usuario, sus dependientes económicos o familiares cometan actos de violencia, amenazas o injurias en contra del personal del Instituto;

IV.- Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del servicio; y

V.- El usuario nombre a un abogado particular en el Juicio correspondiente.

 Artículo 32.- En caso de retiro del servicio, el Asistente Jurídico correspondiente deberá rendir un informe pormenorizado al Director del Instituto, en el que se acredite la causa que lo justifique. Se notificará al interesado el informe, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que por escrito, aporte los elementos que pudieren, a su juicio, desvirtuar el informe.

Una vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo de cinco días, el expediente se remitirá al Director para que resuelva lo que corresponda, haciéndolo del conocimiento del interesado.

En caso de retiro, se concederá al interesado un plazo de quince días naturales, para que el asistente jurídico deje de actuar.

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