LEY EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LEY EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

(PUBLICADA EN EL POE DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2014)

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1°.- La presente ley es del orden público e interés social y tiene por objeto la prevención, investigación, persecución, combate, sanción y erradicación de los delitos en materia de Trata de Personas, establecidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas, víctimas indirectas y testigos de los mismos, a fin de garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas.

El Estado elaborará políticas públicas encaminadas a concientizar y erradicar la Trata de Personas.

CAPÍTULO II

DE LAS GENERALIDADES

Artículo 2°.- Para los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá por:

I. Asistencia y protección a las víctimas. El conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de su identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como protección para ella y su familia;

II. Comisión. La Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo;

III. Fondo. El Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo;

IV. Ley. La Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo;

V. Ley General. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

VI. Víctima Indirecta. Tendrán esta calidad los familiares de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o a consecuencia de la comisión del delito, entre los que se encuentran los siguientes:

a) Hijos o hijas de la víctima;

b) El cónyuge, concubina o concubinario;

c) El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima u víctima indirecta;

d) La persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima durante por lo menos dos años anteriores al hecho, y

e) La persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

VII. Programa Estatal. El Programa Estatal para la Prevención, Combate y Sanción de los Delitos en Materia de Trata de Personas;

VIII. Reglamento. El Reglamento de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo;

IX. Testigo. Es toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal, y

X. Víctima. Al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión por los delitos previstos en la Ley General.

Artículo 3°.- Para los efectos de la interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, víctimas indirectas y testigos, deberán observarse los siguientes principios:

I. Máxima protección. Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y las víctimas indirectas de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.

II. Perspectiva de género. Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.

III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación. En los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Interés superior de la infancia. Entendido como la obligación del Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, víctimas indirectas y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico.

Los procedimientos señalados en la Ley General reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho en desarrollo.

El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

V. Debida diligencia. Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por la Ley General, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

VI. Prohibición de devolución o expulsión. Las víctimas de los delitos previstos en la Ley General no serán repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o las de sus familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de esta condición.

En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal calidad, no se les podrá poner en fronteras o territorios donde el peligro se dé por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o cualquier otra razón que permita creer que su seguridad e integridad estarían en riesgo, independientemente de cuál sea su estatus jurídico como extranjero en cuanto a duración y legalidad.

La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos previstos en la Ley General, será siempre voluntaria y conforme a los protocolos de repatriación vigentes, para garantizar un retorno digno y seguro.

VII. Derecho a la reparación del daño. Entendida como la obligación del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.

VIII. Garantía de no revictimización. Obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.

IX. Laicidad y libertad de religión. Garantía de libertad de conciencia, asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su religión, sin ninguna imposición en los programas o acciones llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y asistencia.

X. Presunción de minoría de edad. En los casos que no pueda determinarse o exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta.

XI. Las medidas de atención, asistencia y protección. Las medidas beneficiarán a todas las víctimas de los delitos previstos por la Ley General, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.

Para efectos de cumplimentar los objetivos de esta ley, relativos a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o para hacer efectiva la reparación del daño a su favor, deberán observarse los principios reconocidos en el artículo 5 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

CAPÍTULO III

DE SU AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 4°.- Las autoridades del Estado y de sus Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley en coordinación con la Federación y en función de las facultades que le son exclusivas y concurrentes, con el objeto de prevenir los delitos en materia de trata de personas.

La presente ley obliga, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las autoridades de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera a (sic) sus dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas de los delitos de trata de personas, a proporcionar ayuda, asistencia o protección.

Artículo 5°.- Las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, serán competentes para conocer, investigar, perseguir, combatir, procesar, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, con excepción de los supuestos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de competencia exclusiva de la Federación.

Artículo 6°.- Las autoridades estatales garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia, asegurando en el ámbito de sus competencias, la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en la Ley General, garantizando además la reparación del daño de las víctimas, cuyo monto deberá fijarse por el Juez de la causa, con base en los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes en términos de la ley de la materia.

Artículo 7°.- En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables supletoriamente los Tratados Internacionales que vinculados a la Materia de Trata de Personas, y las jurisprudencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos protejan integralmente a los grupos de riesgo, primera infancia de niñas, niños y mujeres , así como las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y demás leyes relativas.

Artículo 8°.- El Ministerio Público no será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;

III. Lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales;

IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de una entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo.

V. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para los efectos del presente artículo, serán auxiliares del Ministerio Público de la Federación en términos de lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los agentes del Ministerio Público del fuero común, la policía del Estado, la policía de los Municipios, así como los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos.

CAPÍTULO IV

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

Artículo 9°.- Corresponden al Estado de Quintana Roo, las atribuciones siguientes:

I. Formular políticas e instrumentar programas y acciones para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en la Ley General, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, víctimas indirectas y testigos de los mismos;

II. Proponer a la Comisión Intersecretarial de la Federación, contenidos nacionales y locales, para ser incorporados al Programa Nacional;

III. Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y profesionalización para las y los servidores públicos que participan en los procesos de prevención y combate a los delitos previstos en la Ley General, y de asistencia y protección de las víctimas, de conformidad con las disposiciones que las autoridades federales determinen;

IV. Implementar, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación e investigación en materia de esclavitud, trata de personas o explotación y demás delitos previstos en la Ley General;

V. Impulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas de los delitos previstos en la Ley General que incluyan programas de desarrollo local;

VI. Crear refugios y albergues para las víctimas, víctimas indirectas y testigos de los delitos que la Ley General define como del fuero común, o en su caso, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, víctimas indirectas y testigos de los delitos contenidos en la propia Ley General;

VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que para tal efecto, desarrolle la autoridad federal;

VIII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración;

IX. Impulsar reformas legales que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Ley General, y

X. Las demás aplicables a la materia, que les confiera la Ley General, esta Ley u otros ordenamientos legales.

Artículo 10.- Corresponden de manera exclusiva a los Municipios del Estado, con estricto apego a la Ley General, las atribuciones siguientes:

I. Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata de personas o demás delitos previstos en la Ley General;

II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los servidores públicos y funcionarios que puedan estar en contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en la Ley General;

III. Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, víctima indirecta o testigo de los delitos previstos en la Ley General;

IV. Detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos previstos en la Ley General, en el territorio bajo su responsabilidad, a través de la autorización de funcionamiento de establecimientos como bares, clubs nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, baños, vapores, loncherías, restaurantes, vía pública, cafés internet y otros, así como a través de la vigilancia e inspección de estos negocios, y

V. Las demás aplicables sobre la materia y las que les confiera la Ley General, esta Ley y otros ordenamientos jurídicos.

CAPÍTULO V

DE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONOZCAN DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

Artículo 11.- Los Servidores Públicos que por su función pública intervengan en la atención o asistencia de las víctimas del delito de trata de personas, cuando conozcan de la comisión de alguno de esos delitos, deberán actuar de conformidad con el siguiente sustento legal:

a) Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el capítulo IV del Título Séptimo de la Ley de Víctimas del Estado.

b) Integrantes del Poder Judicial, de acuerdo a lo que establece el capítulo V del Título Séptimo de la Ley de Víctimas del Estado.

c) Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, de acuerdo a lo que establece el capítulo VI del Título Séptimo de la Ley de Víctimas del Estado.

d) Instituciones de Seguridad Pública, en apego a lo establecido por el capítulo VII del Título Séptimo de la Ley de Víctimas del Estado.

TÍTULO SEGUNDO

LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

DE LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN Y DE SU OBJETO

Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado establecerá una Comisión que tendrá el carácter de permanente, la cual se denominará Comisión Interinstitucional contra los Delitos en materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.

Artículo 13.- La Comisión Interinstitucional tendrá por objeto coordinar las acciones de los órganos que la integran para elaborar y ejecutar el Programa Estatal, el cual deberá incluir políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la trata de personas, así como aquellas tendientes a la prevención, sanción y el combate por parte del Estado frente a los delitos en materia de trata de personas previstos en la Ley General.

CAPÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN

Artículo 14.- La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. El Gobernador del Estado;

II. Secretaría de Gobierno;

III. Secretaría de Seguridad Pública;

IV. Secretaría de Salud;

V. Secretaría de Desarrollo Social e Indígena;

VI. Secretaría de Educación y Cultura;

VII. Secretaría de Desarrollo Económico;

VIII. Secretaría de Turismo;

IX. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

X. Procuraduría General de Justicia del Estado;

XI. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia;

XIII. Instituto Quintanarroense de la Mujer;

XIV. Los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado;

XV. Un representante del Poder Judicial, nombrado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y

XVI. Un representante del Poder Legislativo, nombrado por el Pleno.

Por cada miembro propietario de la Comisión Interinstitucional habrá un suplente designado por escrito por el titular, quien en su caso deberá tener por lo menos el nivel de Director de área o equivalente. El suplente contará con las mismas facultades que los propietarios y podrá asistir, con voz y voto, a las sesiones de la Comisión cuando el propietario respectivo no asista.

Artículo 15.- Podrán participar en las reuniones de la Comisión Interinstitucional, con derecho a voz pero sin voto:

I. El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado;

II. Tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto sea la realización de actividades encaminadas a prevenir y combatir la trata de personas, o hayan realizado actividades para hacerlo, y;

III. Tres expertos académicos vinculados con la trata de personas.

Los integrantes de la Comisión Interinstitucional podrán invitar a las personas, instituciones, organismos, dependencias o entidades estatales o municipales que por su experiencia, conocimientos o atribuciones, se vinculen con la materia de trata de personas, previa aprobación de sus integrantes.

Artículo 16.- La Comisión Interinstitucional será presidida por el Gobernador del Estado, y el Secretario Técnico quien será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

CAPÍTULO III

DE SU FUNCIONAMIENTO

Artículo 17.- La Comisión Interinstitucional sesionará ordinariamente de manera trimestral a convocatoria de su Presidente, y de manera extraordinaria cada vez que lo solicite el Presidente o las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

La Comisión Interinstitucional sesionará con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes.

Los acuerdos que se suscriban en las sesiones serán válidos cuando estén de acuerdo con ellos la mayoría de sus integrantes, quedando obligados los demás a cumplirlos.

Artículo 18.- La Comisión Interinstitucional podrá crear Comisiones Especiales para la atención o seguimiento de asuntos que así lo requieran.

CAPÍTULO IV

DE SUS ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 19.- La Comisión Interinstitucional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Estatal;

II. Desarrollar campañas de prevención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales;

III. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales, así como con los Municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito de trata de personas, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, apoyarlos en el regreso a su lugar de residencia, así como para prevenir este delito y sancionar a quienes intervengan o participen en él;

IV. Dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos de coordinación;

V. Capacitar a los servidores públicos y a la sociedad en general en materia de derechos humanos, promoviendo de manera particular el interés superior de los menores y la eliminación de la violencia contra las mujeres y niños, así como el conocimiento de los conceptos fundamentales e implicaciones de la trata de personas y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia;

VI. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la prevención, protección y atención a las víctimas de la trata de personas;

VII. Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas tales como daños físicos, psicológicos, adicciones, peligros de contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otros, así también sobre las diversas modalidades de sometimiento en la comisión de estos delitos y los mecanismos para prevenirlos;

VIII. Informar y advertir al personal de hoteles, servicios de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en la prevención de estos delitos;

IX. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que provoca la trata de personas;

X. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte acerca de las medidas necesarias para asegurar, en especial, la protección de las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, indígenas, así como de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad que viajen a través del territorio del Estado;

XI. Recopilar, con la ayuda del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de utilizarse en la toma de decisiones y para elaborar los contenidos de los programas en la materia. Dicha información deberá contener:

a) El número de detenciones, procesos judiciales, número de sentencias condenatorias en el que estén involucrados tratantes de personas y de quienes cometen delitos relacionados con la trata de personas en las diferentes modalidades, y

b) El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad y modalidad de victimización y, en su caso, calidad migratoria;

XII. Elaborar un informe anual, el cual contendrá los resultados obtenidos en el Programa Estatal, que será remitido al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado, para su conocimiento;

XIII. Coordinarse con la Comisión Intersecretarial Federal;

XIV. Integrar conforme a las atribuciones de sus miembros a las Comisiones Especiales;

XV. Servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y

XVI. Las demás que se establezcan en esta Ley o en el Programa Estatal.

CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 20.- Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:

I. El Titular del Ejecutivo coordinará a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en la ejecución del Programa Estatal aprobado por la Comisión Interinstitucional; determinar e impulsar acciones de prevención, protección y sanción en materia de trata de personas; promover y difundir los acuerdos, acciones y resultados de las evaluaciones de la Comisión;

II. El Tribunal Superior de Justicia impulsará la capacitación necesaria a fin de fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de la función judicial en el tratamiento de los delitos de trata de personas;

III. La Secretaría de Gobierno coordinará los trabajos de la comisión y servirá de enlace con los titulares de los Poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, en materia de políticas públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos en materia de trata de personas, así como de la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, incluyendo el apoyo de medidas para dar cumplimiento a la presente ley;

IV. La Secretaría de Seguridad Pública, apoyará a la autoridad federal en la vigilancia debida de terminales de autobuses, aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos, con el objeto de prevenir y detectar la probable comisión de los delitos en materia de trata de personas; brindar capacitación permanente a su personal sobre trata de personas, así como la detección de casos relacionados con los delitos de trata de personas; desarrollar campañas de información y difusión dirigidas a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas, los mecanismos de prevención y la promoción de la denuncia; inspeccionar periódicamente los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre la conducta delictiva;

V. La Secretaría de Desarrollo Social diseñará y aplicará medidas que permitan combatir causas estructurales que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos en materia de trata de personas en especial la relativa a la pobreza, marginación y la desigualdad social;

VI. La Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con la Secretaría de Gobierno, diseñará módulos de prevención de los delitos en materia de trata de personas que se establecerán a lo largo de los ciclos escolares; crear protocolos internos claros y precisos en los centros educativos para inhibir y prevenir la trata de personas con menores de edad; registrar las estadísticas sobre posibles casos de trata de personas; capacitar en el marco de su competencia en materia de trata de personas al personal adscrito a los centros educativos;

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social brindará capacitación para el trabajo, para lo cual, ofrecerá oportunidades de su bolsa de trabajo y firmará convenios con empresas para brindar oportunidades de rehabilitación y resocialización a las víctimas de los delitos de trata de personas a través de oportunidades de empleo, así como efectuará inspecciones a los centros de trabajo, para prevenir y detectar oportunamente dicho delito; difundir en sus políticas públicas la trata de personas y en especial la explotación laboral infantil; informar y advertir al personal de hoteles, servicios de transporte público, restaurantes, sindicatos de taxistas, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas relativas a la trata de personas, así como orientarlos en la prevención de este delito;

VIII. La Secretaría de Turismo diseñará programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, capacitando al personal de las áreas de servicio, así como diseñará e implementará campañas dentro y fuera del país para prevenir y desalentar la proliferación de los delitos en materia de trata de personas en cualquier actividad relacionada a su ámbito de competencia;

IX. El Instituto Quintanarroense de la Mujer proporcionará en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación a las mujeres víctimas de los delitos de trata de personas; denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado los delitos en materia de trata de personas; proporcionar a las víctimas de trata de personas sus servicios o en su caso, canalizarlas a otras instancias gubernamentales o no para su atención psicológica, emocional y médica requeridas, protección de su seguridad, teniendo en cuenta la perspectiva de género, derechos de la niñez, de personas pertenecientes a una comunidad indígena y de los migrantes; recopilar y dar a conocer datos estadísticos relacionados con los delitos de trata de personas, registrando número de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia; capacitar en el marco de su competencia al personal de instancias gubernamentales y no gubernamentales en materia de trata de personas, con perspectiva de género, derechos de la niñez, de personas pertenecientes a una comunidad indígena y de migrantes;

X. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado deberá promover y difundir el marco jurídico aplicable al tema de la trata de personas; organizar eventos académicos y culturales en donde se promuevan la denuncia, prevención y el combate de la trata de personas; llevar un registro estadístico de las quejas recibidas, las recomendaciones que se emitan relacionadas con el tema de la trata de personas, el seguimiento de las autoridades; atender las quejas que se presenten en contra de las autoridades estatales por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando han sido víctimas del delito de trata de personas;

XI. La Procuraduría General de Justicia del Estado elaborará y ejecutará programas de prevención de los delitos de trata de personas con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; se coordinará con el objeto de actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva con la finalidad de dar seguimiento a los procesos penales de aquellos sujetos detenidos y consignados por la comisión de delitos de trata de personas; será responsable de establecer una fiscalía especializada para perseguir de los delitos en materia de trata de personas y promoverá las medidas de protección procesal a su favor;

XII. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Quintana Roo, deberá proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación a niñas, niños y adolescentes, a sus progenitores, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su cuidado, en materia de delitos de trata de personas; denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado los posibles casos de delitos en materia de trata de personas y delitos conexos detectados y dar seguimiento a los mismos; patrocinar y representar a niñas, niños y adolescentes ante los órganos jurisdiccionales en los trámites o procedimientos relacionados con ellos; canalizar a las víctimas de los delitos de trata de personas a los servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia u otras instancias gubernamentales e incluso, a las no gubernamentales para la atención psicológica, emocional y médica requeridas y protección de su seguridad, teniendo en cuenta la perspectiva de género, los derechos de la niñez, los derechos de las personas pertenecientes a una comunidad indígena y los derechos de los migrantes; recopilar y dar a conocer los datos estadísticos relativos a los delitos de trata de personas, registrando el número de denuncias o casos recibidos y su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las canalizaciones realizadas de las víctimas, según su edad, sexo, estado civil, calidad migratoria en su caso, y nacionalidad; capacitar, en el marco de su competencia, al personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en materia de trata de personas, con perspectiva de género, derechos de la niñez, derechos de las personas pertenecientes a una comunidad indígena y derechos de los migrantes, y

XIII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado deberá proporcionar la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito de trata de personas; crear mecanismos de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial; proporcionar a las víctimas información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad; diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia inmediatas a víctimas o posibles víctimas ante la comisión o posible comisión de delitos en materia de trata de personas; garantizar a las víctimas, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la educación, empleo, hasta su total recuperación y resocialización, y garantizar a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

CAPÍTULO VI

DE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Artículo 21.- El Presidente tendrá las siguientes facultades:

I. Presidir las sesiones;

II. Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones;

III. Representar a la Comisión;

IV. Suscribir conjuntamente con el Secretario Técnico las minutas de trabajo de la Comisión;

V. Solicitar al Secretario Técnico un informe sobre el seguimiento de los acuerdos que tome la Comisión, y

VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimento de las atribuciones de la Comisión.

Artículo 22.- El Secretario Técnico tendrá a su cargo las siguientes facultades:

I. Apoyar al Presidente en la organización y logística de las sesiones de la Comisión;

II. Recibir las propuestas de temas que le envíen los integrantes de la Comisión para la conformación del orden del día;

III. Someter a consideración del Presidente el orden del día para las sesiones;

IV. Remitir las convocatorias de la sesión a los integrantes de la Comisión, adjuntando el orden del día y la documentación correspondiente de los temas a tratar;

V. Pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión y determinar la existencia del quórum para sesionar;

VI. Efectuar el conteo de las votaciones durante las sesiones de la Comisión;

VII. Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Presidente, las minutas correspondientes a las sesiones de la Comisión;

VIII. Dar el seguimiento de los acuerdos que se adopten en las sesiones de la Comisión;

IX. Solicitar a los integrantes de la Comisión la información necesaria y su documentación soporte para la integración de las propuestas, los programas e informes correspondientes;

X. Elaborar el proyecto del programa de trabajo anual de la Comisión;

XI. Elaborar el proyecto del informe anual de resultados de las evaluaciones que realice la Comisión del desarrollo del Programa Estatal, y

XII. Las demás que le instruya el Presidente.

TÍTULO TERCERO

LA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, VÍCTIMAS INDIRECTAS Y TESTIGOS DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

CAPÍTULO I

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

Artículo 23.- Las autoridades del Estado y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de la Ley de la materia.

Artículo 24.- El Estado y los Municipios a través de sus instancias competentes aplicarán medidas tales como la investigación y el establecimiento de campañas de información y difusión, así como coordinar el diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas, encaminadas a prevenir y combatir los delitos en la materia.

Artículo 25.- Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten relativas a la prevención de los ilícitos contenidos en la Ley General, deberán contemplar la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad.

Artículo 26.- Las autoridades del Estado y de los Municipios implementarán medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación que provoca la trata de personas y demás delitos objeto de la Ley General.

Artículo 27.- Las Autoridades Estatal y Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias auxiliarán en la supervisión de negocios susceptibles de ser propicios para la comisión de los delitos contenidos en la Ley General.

CAPÍTULO II

DE LA ATENCIÓN PREVENTIVA A ZONAS Y GRUPOS DE ALTA VULNERABILIDAD

Artículo 28.- La autoridad estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las siguientes actividades:

I. Atender de manera especial a las localidades aisladas y zonas urbanas que se les haya identificado como potencialmente con mayor posibilidad de que su población sea víctima de los delitos previstos en la Ley General, y las que tengan mayor incidencia de estos delitos;

II. Promover y difundir la existencia de los centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos que apoyen en forma continua y estable a las víctimas y su reinserción segura a la vida social;

III. Otorgar apoyos a grupos en riesgo con requerimientos específicos;

IV. Realizar campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de bienestar social y sensibilización de la población sobre el problema en todas sus manifestaciones;

V. Efectuar programas para las familias, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos en la prevención de estos delitos;

VI. Realizar campañas para que se promocione el registro de todas las niñas y niños que nazcan en territorio estatal;

VII. Otorgar estímulos a las asociaciones civiles que se dediquen a la prevención de este delito y a la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias;

VIII. Promover la participación de la sociedad en la prevención de los delitos en materia de trata de personas y en la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias;

IX. Conceder reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos de la presente ley, y

X. Realizar las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios de prevención de este delito y a la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias y posibles víctimas.

TÍTULO CUARTO

DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, VÍCTIMAS INDIRECTAS Y TESTIGOS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, VÍCTIMAS INDIRECTAS Y TESTIGOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

Artículo 29.- La protección de las víctimas, víctimas indirectas y testigos de los delitos de trata de personas comprenderán los siguientes rubros:

I. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

II. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General, atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

III. Esta atención deberá ser proporcionada por la autoridad estatal y municipal competente en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.

IV. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el libre desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 30.- Las víctimas, víctimas indirectas y testigos recibirán la asistencia material, jurídica, médica y psicológica que sea necesaria, por conducto de la autoridad estatal encargada de la materia, la que se podrá auxiliar de organizaciones privadas, comunitarias y de la sociedad civil.

En todo momento la autoridad estatal les informarán y gestionarán los servicios de salud y sociales y demás asistencia pertinente.

Artículo 31.- Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, se proporcionará al personal de policía, justicia, salud, servicios sociales y capacitación, que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como directrices que garanticen que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna.

Artículo 32.- Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las necesidades especiales que resulten por la índole de los daños sufridos o debido a cualquier situación de vulnerabilidad.

Artículo 33.- Al aplicar las disposiciones de esta Ley, las autoridades darán la debida consideración a factores humanitarios y personales, especialmente para la reunificación familiar en un entorno seguro.

Artículo 34.- Las víctimas, víctimas indirectas y testigos tendrán derecho a que se les dicten cualquier tipo de medidas cautelares, providencias precautorias y protección personal, que garanticen la vigencia y salvaguarda de sus derechos, las cuales tendrán vigencia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución de penas, y deberán ser adoptadas por el Ministerio Público del Fuero Común y el Poder Judicial del Estado.

Artículo 35.- Las autoridades del Estado y de los Municipios responsables de la atención a las víctimas del delito, adoptarán medidas tendientes a la protección y asistencia de las víctimas, víctimas indirectas y testigos, para lo cual deberán:

I. Establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas y posibles víctimas;

II. Crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo;

III. Deberán proporcionar a la víctima en un idioma o lengua que comprendan, información sobre sus derechos, garantizando en todo momento su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad;

IV. Diseñar y ejecutar modelos de protección y asistencia a favor de las víctimas o posibles víctimas ante la comisión o posible comisión de delitos en la materia;

V. Generar modelos y protocolos de asistencia y protección;

VI. Proveer la debida protección y asistencia en albergues durante la recuperación, rehabilitación y resocialización de la víctima, por sí o a través de instituciones especializadas públicas o privadas en las que podrá participar la sociedad civil con las áreas responsables, así como en los lugares adecuados para garantizar su seguridad, y

VII. Establecer alternativas dignas y apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus derechos humanos, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Artículo 36.- Las víctimas y víctimas indirectas de los delitos en materia de trata de personas, además de los derechos que les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los establecidos en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley de Víctimas del Estado, tendrán a su favor los siguientes:

I. Ser tratados con humanidad, respeto a su dignidad y con estricto apego a derecho, acceso inmediato a la justicia, restitución de sus derechos y reparación del daño sufrido;

II. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado, evitando cualquier tipo de revictimización;

III. Obtener todo tipo de información que requiera de las autoridades competentes;

IV. Solicitar y recibir asesoría por parte de autoridades competentes y proporcionada por experto en la materia, quien deberá mantenerla informada sobre la situación del proceso y los procedimientos, así como de los beneficios o apoyos a que tienen derecho;

V. Solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección durante la investigación y persecución de probables responsables de los delitos en la materia, y el consecuente aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

VI. Requerir al juez de la causa que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma se sentencie la reparación del daño a su favor;

VII. Contar con apoyo de especialistas que le asesore y apoye en sus necesidades a lo largo de las diligencias;

VIII. Se le permita rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de las audiencias, teniendo la obligación el Juez de resguardar sus datos personales e incluso hacer dicha diligencia con apoyo de medios electrónicos;

IX. Participar en diligencias judiciales a través de medios remotos;

X. Obtener de inmediato copia simple y gratuita de las diligencias en que intervenga;

XI. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el proceso;

XII. Conocer en todo momento de la ubicación del autor o partícipes del delito del que fue víctima, víctima indirecta o testigo;

XIII. Ser notificado de manera previa de la libertad del autor o autores del delito del que fue víctima, víctima indirecta o testigo, y ser proveído de la protección relativa de proceder la misma;

XIV. Ser notificado y proveído de la protección correspondiente en caso de fuga del autor o autores del delito del que fue víctima, víctima indirecta o testigo, y

XV. Tener el beneficio de la prueba anticipada, que podrá hacer valer el Ministerio Público de oficio o el representante de las víctimas y víctimas indirectas por delitos que sean menores de edad, cuando con la ayuda de un especialista se determine la necesidad de obtener su declaración anticipada, cuando por el transcurso del tiempo hasta que se llegase la audiencia oral la persona menor de edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su atesto sea altamente perjudicial en su desarrollo psicológico.

Artículo 37.- El Ministerio Público del Fuero Común y el Poder Judicial del Estado, deberán asegurar, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la Ley General, que durante las comparecencias y actuaciones de éstos sus declaraciones se desarrollen libres de intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas, por lo que al menos garantizará:

I. Medios remotos de distorsión de voz y rasgos;

II. Comparecencia a través de Cámara de Gesell, y

III. Resguardo de la identidad y otros datos personales.

En los casos en que la víctima, víctima indirecta o testigo declare en contra de grupos de la delincuencia organizada, el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptarán en coordinación de las autoridades del orden federal, un conjunto de medidas de carácter excepcional para resguardar su vida, libertad, integridad, seguridad e identidad.

TÍTULO QUINTO

EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y SANCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

CAPÍTULO I

DEL PROGRAMA ESTATAL

Artículo 38.- El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de prevención, persecución del delito, así como protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas.

CAPÍTULO II

DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA ESTATAL

Artículo 39.- La Comisión, en el diseño del Programa Estatal, deberá incluir los siguientes aspectos:

I. Un diagnóstico de la situación que prevalezca en la materia, así como la identificación de la problemática a superar;

II. Los objetivos generales y específicos del programa;

III. Las estrategias y líneas de acción del programa;

IV. Los mecanismos de cooperación interinstitucional y de enlace con instancias similares que atiendan a víctimas y que aborden la prevención;

V. Elaboración de estrategias sobre la participación activa y propositiva de la población;

VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil organizada;

VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y atención a víctimas;

VIII. Promover la cultura de prevención de la trata de personas y la protección a las víctimas;

IX. Generar alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del programa, y

X. Establecer metodología de evaluación y seguimiento de las actividades que deriven de este programa, fijando indicadores para evaluar los resultados.

CAPÍTULO III

DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL

Artículo 40.- Las autoridades del Estado y de los Municipios obligadas a la aplicación de la presente ley están obligadas a generar indicadores sobre la ejecución de métodos para prevenir y eliminar cualquier modalidad de los delitos de trata de personas previstos en la Ley General, con la finalidad de ser evaluados en su funcionamiento.

Los indicadores serán del dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

Artículo 41.- La autoridad estatal y de los municipios responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas, así como las responsables de prestar asistencia y protección a las víctimas, se reunirán de forma semestral con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa Estatal, con el fin de formular recomendaciones y convenir acciones encaminadas al apoyo en la lucha por la erradicación de los delitos en materia de trata de personas en todas sus manifestaciones y modalidades.

Estas reuniones serán presididas y convocadas por la Comisión Interinstitucional.

CAPÍTULO IV

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 42.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la participación de la sociedad en la prevención de los delitos en materia de trata de personas y en la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias, así como el apoyo de los particulares al financiamiento.

Artículo 43.- La Comisión Interinstitucional promoverá que se imparta a la población y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, capacitación en la prevención de la trata de personas. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos, así como fomentar la colaboración con organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil.

Artículo 44.- Las autoridades estatales y la Comisión Interinstitucional promoverán la participación ciudadana, a fin de que la población y la sociedad civil organizada:

I. Colaboren en la prevención del delito de trata de personas;

II. Participen en las campañas y en las acciones derivadas del Programa Estatal a que se refiere esta ley;

III. Colaboraren con las instituciones a fin de detectar a las víctimas del delito de trata de personas, así como denunciar a los posibles autores del delito;

IV. Denuncien cualquier hecho que resulte violatorio de lo establecido en esta ley;

V. Den parte al Ministerio Público de cualquier indicio de que una persona sea víctima del delito de trata de personas, y

VI. Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo de investigaciones y estadísticas en la materia.

Artículo 45.- Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, vinculadas a la prevención, persecución del delito de trata, así como de protección y asistencia a las víctimas cooperarán entre sí, intercambiando información, a fin de fortalecer las acciones encaminadas a prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, y asistir a las víctimas de este delito.

TÍTULO SEXTO

DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y SU SANCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y SU SANCIÓN

Artículo 46.- Los delitos en materia de trata de personas y sus sanciones serán los que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos.

Artículo 47.- En materia de investigación, procedimientos y sanciones, comprendidas en esta Ley, serán competentes por parte del Estado, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y demás instancias vinculadas para garantizar la reparación del daño de los delitos en materia de trata de personas se aplicarán las disposiciones de la Ley General, y en lo no previsto en ésta se aplicarán supletoriamente los Tratados Internacionales en materia de Trata de Personas, las jurisprudencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Ley General de Victimas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal para la Protección a personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

TÍTULO SÉPTIMO

LA REPARACIÓN DEL DAÑO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Artículo 48.- Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión de los delitos en materia de trata de personas previstos por la Ley General, el Juez deberá condenarla al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u víctima indirecta, en todos los casos.

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá por lo menos:

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado;

II. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al daño moral;

III. Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima;

IV. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá repararse el daño para que la víctima u víctima indirecta puedan acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias;

V. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo general vigente para el Estado, al tiempo del dictado de la sentencia;

VI. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales;

VII. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;

VIII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u víctima indirecta y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite, y

IX. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de autoridad.

Artículo 49.- La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas.

La reparación del daño se cubrirá con los bienes del responsable y subsidiariamente con el importe de la caución que otorgue para obtener su libertad provisional o sanción pecuniaria.

La reparación del daño tiene el carácter de pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin que medie formalidad alguna y fijada por el juzgador habiéndose demostrado la existencia del hecho y la responsabilidad del inculpado.

La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquier otra sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales.

Tienen derecho a la reparación del daño:

I. La víctima y la o las víctimas indirectas, y

II. A falta de la víctima o de la o las personas ofendidas, sus dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el derecho sucesorio.

Artículo 50.- La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado.

Artículo 51.- Son obligaciones de las autoridades para garantizar la reparación del daño:

I. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos;

II. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la recuperación de la víctima.

Artículo 52.- Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, el Estado, según le corresponda en función de su competencia, cubrirá dicha reparación con los recursos de su fondo.

Los derechos de la autoridad para exigir al sentenciado la reparación del daño, quedarán a salvo para hacerlos efectivos.

La reparación del daño se reconocerá en los términos de la presente ley, teniendo como obligación la autoridad competente que la deba determinar, sin perjuicio del reconocimiento que deberá hacer de los derechos implícitos en la reparación integral reconocida a través del Título Quinto de la Ley de Víctimas del Estado.

TÍTULO OCTAVO

EL FONDO PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CAPÍTULO I

DE LA DENOMINACIÓN DEL FONDO

Artículo 53.- El Ejecutivo Estatal en el ámbito de su respectiva competencia, de acuerdo con su capacidad y disponibilidad presupuestal, contará con un Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.

CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACIÓN DEL FONDO Y DEL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE LO COMPONEN

Artículo 54.- El Fondo se integrará de la siguiente manera:

I. Recursos previstos para dicho fin en el Presupuesto de Egresos, del Estado;

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales que correspondan a los delitos materia de trata de personas;

III. Recursos adicionales obtenido por los bienes que causen abandono;

IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén relacionados con la comisión de los delitos materia de trata de personas, y

V. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.

Artículo 55.- Los recursos del Fondo provenientes de las fracciones II, III y IV del artículo anterior, podrán utilizarse para el pago de la reparación del daño a las víctimas y víctimas indirectas en los términos de las legislaciones en materia de extinción de dominio, en caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador. Los recursos establecidos en las fracciones I y V serán destinados a crear refugios y albergues para las víctimas, víctimas indirectas y testigos de los delitos que la Ley General define como del fuero común, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos.

Artículo 56.- El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal local, así como de los diversos gravámenes a que pudieran estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado de Quintana Roo.

Artículo 57.- Los recursos que integren el Fondo serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, según corresponda.

CAPÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Artículo 58.- El Fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, en los mismos términos que se establecen por la Ley de Víctimas del Estado aplicables al fondo ahí regulado.

CAPÍTULO IV

DE LA OPERATIVIDAD DEL FONDO

Artículo 59.- Para efectos de la operatividad del Fondo y el acceso a los recursos que lo constituyen, será aplicable el mismo procedimiento que se señala en la Ley de Víctimas del Estado respecto del fondo que se regula.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 10 de diciembre del año 2010.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley.

CUARTO.- El Ejecutivo del Estado contará con un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para reglamentar los aspectos particulares que se requieran para la aplicación de la presente Ley.

QUINTO.- La Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo deberá instalarse a más tardar en los ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

SEXTO.- El Programa Estatal para la Prevención, Combate y Sanción de los Delitos en Materia de Trata de Personas se elaborará de conformidad a lo dispuesto en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

 

                                                                                                    HISTORIAL

PUBLICADO EN EL POE DEL 23/DIC/2014