LEY PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

                                                             (PUBLICADO EN EL POE DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2014)

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Objeto, sujetos, principios y definiciones

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de Quintana Roo. Tiene por objeto establecer las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta en el procedimiento penal, o bien, de los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en aquel, a fin de garantizar su seguridad y eficaz intervención en un procedimiento penal al no ser obstaculizados o sujetos de intimidación, presión, amenaza o cualquier forma de violencia.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables.

Artículo 2. Son sujetos en situación de riesgo: la víctima, el ofendido, los denunciantes, los testigos, los peritos, los jueces, los agentes del Ministerio Público, los defensores públicos, los defensores de derechos humanos, los servidores públicos del Estado, que como consecuencia de su intervención en el procedimiento penal, tienen un riesgo real e inminente que, de actualizarse, expone su vida, integridad física o psicológica, libertad o seguridad.

Dentro de dicho concepto se considerarán a las personas ligadas por vínculos de parentesco o afectivos con la víctima, el ofendido, el denunciante, el testigo, los peritos o los servidores públicos en situación de riesgo por su intervención en el procedimiento penal.

Artículo 3. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta los siguientes principios:

I. Celeridad: Las actuaciones tendientes a la protección de los sujetos en situación de riesgo se ejecutarán sin dilación alguna, así como el cese de las mismas;

II. Confidencialidad y reserva: Toda la información relacionada con el ámbito de protección del sujeto en situación de riesgo se empleará sólo para los fines del procedimiento y será de carácter reservada;

III. Gratuidad: El acceso a las medidas de protección otorgadas no generará costo alguno;

IV. Igualdad y no discriminación: En todos los procedimientos a los que se refiere la presente ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos;

V. Oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección del sujeto en situación de riesgo y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo;

VI. Proporcionalidad y necesidad: Las medidas de protección deberán ser proporcionales al riesgo y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar la vida, integridad física o psicológica, libertad o seguridad del sujeto;

VII. Temporalidad: Las medidas de protección subsistirán mientras exista la situación de riesgo, y

VIII. Voluntariedad: El sujeto expresará por escrito su voluntad de acogerse y recibir las medidas de protección y, en su caso, los beneficios que la ley en la materia prevé, además de obligarse a cumplir con todas las disposiciones establecidas en el mismo. Asimismo, en cualquier momento podrá solicitar su retiro, sin perjuicio de los casos en que proceda su separación del Programa de Protección por las causales establecidas en esta ley y en las demás disposiciones reglamentarias.

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entiende por:

 I. Convenio de entendimiento: El documento que suscriben la Unidad y el sujeto en situación de riesgo de manera voluntaria e informada;

II. Ley: La Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo del Estado de Quintana Roo;

III. Órgano jurisdiccional: Los jueces o magistrados que intervienen en las etapas del procedimiento penal;

IV. Programa de Protección: El Programa de Protección de Sujetos en Situación de Riesgo del Estado de Quintana Roo;

V. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado;

VI. Procedimiento Penal: Las etapas comprendidas desde la investigación inicial hasta la sentencia ejecutoriada, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y

VII. Unidad: La Unidad de Atención a Sujetos en Situación de Riesgo de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.

TÍTULO SEGUNDO AUTORIDADES COMPETENTES

CAPÍTULO I

Procuraduría General de Justicia

SECCIÓN PRIMERA

Ministerio Público

Artículo 5. La Procuraduría General de Justicia del Estado, es el órgano encargado de garantizar la protección de los sujetos en situación de riesgo y otorgar, a quienes considere pertinente las medidas de protección necesarias con base en los criterios orientadores; sin perjuicio de las facultades que corresponden a la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables.

Artículo 6. El agente del Ministerio Público en la primera entrevista a los intervinientes en el procedimiento penal, deberá informarles sobre la posibilidad de aplicar medidas para protegerlos, y la importancia de dar aviso sobre cualquier evento que pueda constituir un riesgo o presión por el hecho de su intervención en el procedimiento penal.

Artículo 7. El agente del Ministerio Público canalizará a los intervinientes del procedimiento penal que se encuentren en riesgo, a la Unidad para el resguardo y la protección de su integridad física y psicológica.

SECCIÓN SEGUNDA

Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito

Artículo 8. La Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de la Procuraduría será la encargada de vigilar la implementación y ejecución de las medidas de protección, del Programa de Protección y del cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

SECCIÓN TERCERA

Unidad de Atención a Sujetos en Situación de Riesgo

Artículo 9. La Unidad de Atención a Sujetos en Situación de Riesgo, dependerá orgánicamente de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de la Procuraduría y gozará de autonomía técnica y operativa para implementar y ejecutar las medidas de protección así como el Programa de Protección.

A cargo de esta Unidad estará un titular, nombrado y removido libremente por el Procurador General de Justicia del Estado.

Artículo 10. El titular de la Unidad tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Autorizar la aplicación de las medidas de protección;

II. Informar al agente del Ministerio Público sobre la necesidad de solicitar a la autoridad judicial la aplicación o modificación de alguna medida de protección;

III. Ordenar la realización de los estudios técnicos;

IV. Mantener un mecanismo de comunicación eficaz que opere las veinticuatro horas del día, con personal especialmente capacitado, para atender a los sujetos en situación de riesgo;

V. Ejercer el mando directo sobre el personal que le esté adscrito;

VI. Procurar que el personal bajo su mando sea de carácter multidisciplinario;

VII. Vigilar que el personal encargado trate con apego a los derechos humanos a los sujetos en situación de riesgo;

VIII. Dar seguimiento a las medidas de protección que se apliquen;

IX. Llevar una estadística de los servicios proporcionados, para el análisis y el mejoramiento del servicio;

X. Elaborar los protocolos para atender las solicitudes de protección y someterlos a la aprobación del Procurador General de Justicia del Estado, a través de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;

XI. Requerir a las instancias públicas y privadas la colaboración que sea necesaria para el mejor desarrollo de sus atribuciones;

XII. Asesorar, en materia de protección, a las instancias que coadyuven en la ejecución de las medidas;

XIII. Proponer los convenios de colaboración o coordinación con las entidades, organismos, dependencias o instituciones que resulten pertinentes para facilitar la protección de los sujetos en situación de riesgo, así como la normatividad necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

XIV. Generar proyectos de difusión a la sociedad de las actividades que realiza;

XV. Elaborar anualmente Programa de Protección así como el presupuesto estimado necesario para su ejecución, someterlos a la aprobación del Procurador General de Justicia del Estado, a través de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, y

XVI. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. La Unidad se auxiliará de los abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás servidores públicos profesionistas de la Procuraduría que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y obligaciones.

CAPÍTULO II

Poder Judicial

Artículo 12. Para los efectos de esta ley, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado deberán:

I. Hacer del conocimiento a las partes del procedimiento penal, de las medidas de protección a las que se refiere esta ley;

II. Dictar las medidas pertinentes para el resguardo de la identidad y otros datos personales de los sujetos en situación de riesgo;

III. Confirmar, revocar o modificar las medidas de protección mediante la aplicación de medidas cautelares en los términos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales;

IV. Canalizar a la Unidad los sujetos que en los términos de esta ley se encuentren en riesgo;

V. Vigilar que no se violente el ejercicio del derecho de defensa u otros derechos fundamentales, con motivo del cumplimiento de las medidas de protección, y

VI. Las demás que contribuyan al cumplimiento de la presente ley.

CAPÍTULO III

Autoridades Auxiliares

Artículo 13. Las dependencias, entidades y organismos estatales o municipales, en el ámbito de su competencia, así como las instituciones privadas, con los que se haya celebrado convenio, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría, por conducto de la Unidad para la aplicación de las medidas de protección previstas en esta ley, sin exigir contraprestación o cuota de recuperación alguna.

Las instancias mencionadas también están obligadas a mantener en reserva y estricta confidencialidad toda la información que adquieran en virtud de su participación en las actividades de colaboración que ordena esta ley.

Artículo 14. Las instituciones de Seguridad Pública estatal o municipal deben brindar las medidas de vigilancia ordenadas por la Unidad.

TÍTULO TERCERO

PROTECCIÓN DE SUJETOS EN SITUACIÓN DE RIESGO

CAPÍTULO I

Programa de Protección de Sujetos en Situación de Riesgo

del Estado de Quintana Roo

Artículo 15. El Programa de Protección de Sujetos en Situación de Riesgo del Estado de Quintana Roo tiene como objetivo implementar las medidas de protección de acuerdo al procedimiento previsto en esta ley. Este Programa de Protección será elaborado anualmente por la Unidad sometiéndolo a la aprobación del Procurador General de Justicia del Estado, a través de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito y debe contener los criterios establecidos en el artículo 48 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Artículo 16. Son medidas de protección todas las acciones tendentes a eliminar o reducir los riesgos a los que estén expuestos los sujetos en situación de riesgo, optando por aquella que resulte menos lesiva o restrictiva.

Su duración máxima será de sesenta días, prorrogables hasta por treinta días, pudiendo ser renovadas cuantas veces fuere necesario.

La administración y ejecución de las medidas de protección, son independientes del desarrollo del procedimiento penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo del sujeto a protección.

Artículo 17. Las medidas de protección serán de dos tipos:

I. De asistencia. Estas medidas, se aplicarán a través de profesionales organizados interdisciplinariamente, inclusive sin ser sujeto del Programa de Protección, de acuerdo a la problemática a abordar, procurando asegurar al sujeto que su intervención en el procedimiento penal no significará un daño adicional o el agravamiento de su situación personal o patrimonial, y

II. De seguridad. Estas medidas tendrán como finalidad primordial brindar las condiciones necesarias para preservar la vida, la libertad y la integridad física de los sujetos en situación de riesgo.

 Las medidas de protección podrán aplicarse en forma indistinta.

Artículo 18. Son medidas de protección de asistencia las siguientes:

I. El apoyo y/o tratamiento psicológico, médico y/o sanitario a través de los servicios de asistencia y salud pública;

II. El apoyo y el asesoramiento jurídico gratuito, a fin de asegurar el debido conocimiento de las medidas de protección y demás derechos;

III. Colaborar con el sujeto para la gestión de trámites, y

IV. Cualquier otra medida que de conformidad con la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar.

Artículo 19. Son medidas de protección de seguridad las siguientes:

I. La custodia personal o del domicilio, mediante la vigilancia directa o a través de otros medios;

II. La prevención a las personas que generen un riesgo para que se abstengan de acercarse a cualquier lugar donde se encuentre el sujeto en situación de riesgo o de comunicarse. Esta medida, dentro de los cinco días siguientes su imposición, debe ser cancelada, ratificada o modificada por la autoridad jurisdiccional en audiencia mediante la imposición de medidas cautelares, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales;

III. El traslado con custodia a las dependencias donde se deba practicar alguna diligencia o a su domicilio;  

IV. Las consultas telefónicas periódicas de la policía al sujeto en situación de riesgo;

V. El alojamiento temporal en lugares reservados o en centros de protección;

VI. El aseguramiento del domicilio del sujeto en situación de riesgo;

VII. El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva del sujeto en situación de riesgo, en las diligencias en que intervenga. La aplicación de esta medida no deberá coartar la defensa adecuada del imputado, y

VIII. Cualquier otra medida que de conformidad con la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas de protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 20. Tratándose de sujetos en situación de riesgo que se encuentren recluidos en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, la autoridad jurisdiccional o la autoridad penitenciaria adoptarán las siguientes medidas de protección:

I. Separación de la población general del centro de internamiento, asignándolos a áreas especiales;

II. Traslado a otro centro de internamiento con las mismas medidas de seguridad o superiores;

III. Otras que se consideren necesarias para garantizar la protección de dichos sujetos, y

IV. Las demás que determinen otras disposiciones aplicables.

Artículo 21. El resguardo de la identidad y de otros datos personales es una medida de protección a cargo de las autoridades jurisdiccionales, y se aplicará invariablemente desde la primera actuación hasta el final del procedimiento, o hasta que se considere conveniente, en los casos de:

I. Menores de edad;

 II. Delitos contra la libertad y seguridad sexual, contra el libre desarrollo de la personalidad o violencia familiar, y

III. Cuando el juzgador lo estime necesario.

En cualquier otro caso, el agente Ministerio Público debe solicitar la aplicación de esta medida de protección cuando estime riesgo del sujeto.

Artículo 22. Las medidas de protección serán aplicadas atendiendo a los siguientes criterios orientadores y al resultado del estudio técnico:

I. La presunción de un riesgo real e inminente para la integridad de los sujetos, a consecuencia de su intervención y/o conocimiento del procedimiento penal;

II. La viabilidad de la aplicación de las medidas de protección;

III. La urgencia del caso;

IV. La trascendencia de la intervención del sujeto en el procedimiento penal;

V. La vulnerabilidad del sujeto, y

VI. Otros que justifiquen las medidas.

Artículo 23. La aplicación de las medidas de esta ley estará condicionada, en todo caso, a la aceptación por parte del sujeto tanto de las medidas de protección como de las obligaciones a que se refiere esta ley y las que en cada caso concreto se determinen.

CAPÍTULO II

Derechos y obligaciones de los sujetos en situación de riesgo

Artículo 24. Además de los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la demás legislación aplicable, todo sujeto en situación de riesgo tendrá los siguientes derechos:

I. A que en todo momento se respeten sus derechos humanos;

II. A recibir, en forma gratuita, asistencia psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o médica, cuando sea necesario;

III. A que no se capten ni transmitan imágenes de su persona ni de los sujetos con los que tenga vínculo de parentesco o algún tipo de relación afectiva, que permitan su identificación. La autoridad judicial competente, de oficio o a solicitud del agente del Ministerio Público o del interesado, ordenará la retención y el retiro del material fotográfico, cinematográfico, videográfico, o cualquier tipo que contenga imágenes de alguno de aquéllos, y

IV. A ser escuchada antes de que se le apliquen, le nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen medidas de protección.

Artículo 25. Los sujetos en situación de riesgo tendrán las obligaciones siguientes:

I. Colaborar con la procuración y la administración de justicia, siempre que legalmente esté obligado a hacerlo;

II. Proporcionar información veraz y oportuna para el procedimiento;

III. Comprometerse a intervenir en los actos procesales que se le requieran;

IV. Someterse al estudio técnico a que se refiere esta ley;

V. Cumplir con las instrucciones y órdenes que se le hayan dado para proteger sus derechos;

VI. Cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio de entendimiento;

VII. Atender las recomendaciones que le formulen;

VIII. Mantener absoluta y estricta confidencialidad respecto de su situación de protección y de las medidas que se le apliquen;

IX. No divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona o de otros;

X. No revelar ni utilizar la información relativa al Programa de Protección para obtener ventajas en provecho propio o de terceros;

XI. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares;

XII. Someterse a tratamientos médicos o de rehabilitación a que hubiere lugar;

XIII. Abstenerse de concurrir a lugares que impliquen algún riesgo para su persona;

XIV. Abstenerse de frecuentar personas que puedan poner en riesgo su seguridad o la de las personas con las que tiene vínculos de parentesco o algún tipo de relación afectiva;

XV. Respetar a las autoridades y a todo el personal encargado de su protección;

XVI. Informar a la autoridad de la medida impuesta, con el fin de que se valore su continuación o suspensión, y

XVII. Las demás que les sean impuestas.

Estas obligaciones deben quedar debidamente expresadas en el convenio de entendimiento.

En todo caso, el sujeto será responsable de las consecuencias que se deriven por su incumplimiento.

CAPÍTULO III

Procedimiento

SECCIÓN PRIMERA

Solicitud, estudio técnico y convenio de entendimiento

Artículo 26. Las medidas de protección podrán iniciarse de oficio o a petición de parte.

Artículo 27. En el supuesto de que el agente del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional adviertan que un sujeto se encuentra en situación de riesgo real e inminente, podrán dictar las medidas de protección provisionales que sean necesarias.

Establecidas las medidas, el agente del Ministerio Público o en su caso el órgano jurisdiccional remitirá inmediatamente a la Unidad la solicitud de ingreso al Programa de Protección para que realice el estudio técnico correspondiente, con la finalidad de valorar su incorporación.

Artículo 28. Cuando una persona requiera protección para sí o para otra u otras, el agente del Ministerio Público le informará las medidas de protección que pudieren resultar idóneas para el caso y presentará una solicitud a la Unidad que realice el estudio técnico.

Artículo 29. La solicitud para ingresar al Programa de Protección deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación;

II. Datos acerca de la investigación o procedimiento penal en el que interviene;

III. Papel que detenta en la investigación o en el procedimiento y la importancia que reviste su intervención;

IV. Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él, y

V. Las demás que señale el reglamento de esta ley.

Artículo 30. Una vez presentada la solicitud, el personal de la Unidad deberá realizar el estudio técnico en un término de veinticuatro horas, contadas a partir del momento de su recepción y determinar lo conducente.

Hasta en tanto se determine la incorporación al Programa de Protección, seguirán aplicándose las medidas de protección provisionales que en su caso se hayan impuesto.

Artículo 31. El estudio técnico, deberá de contener por lo menos:

I. Los datos que de modo razonable revelen la existencia o no de un nexo entre la intervención del sujeto a proteger en el procedimiento penal y los factores de riesgo en que se encuentre el mismo;

II. En los casos en que se haya concluido la intervención del sujeto en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar la continuidad o terminación de las medidas de protección;

III. El consentimiento expreso e informado del sujeto a proteger;

IV. La información que haya proporcionado el sujeto a proteger, para realizar el estudio técnico. Al efecto, deberá haberse apercibido a aquél de que, si hubiera faltado a la verdad, dicha circunstancia bastará para que no sea incorporado al Programa de Protección;

V. La propuesta de medidas de protección específicas que se consideren idóneas para garantizar la seguridad del sujeto a proteger, y

VI. Cualquier otra información o elemento necesario que justifique las medidas o que señale el reglamento de esta ley.

Artículo 32. Una vez que la Unidad autorice la aplicación las medidas de protección, el sujeto en situación de riesgo y la Unidad deberán suscribir un convenio de entendimiento.

El convenio de entendimiento contendrá como mínimo:

I. La manifestación sobre su admisión al Programa de Protección de manera voluntaria, con pleno conocimiento, sin coacción y que las medidas de protección a otorgar no serán entendidas como pago, compensación o recompensa por su intervención en el procedimiento penal;

II. La manifestación de estar enterado sobre la temporalidad de las medidas de protección, las cuales se mantendrán mientras subsistan las circunstancias que les dieron origen;

III. Los alcances y el carácter de las medidas de protección que se le van a otorgar;

IV. La facultad de la Unidad o, en su caso, de la autoridad jurisdiccional de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección, cuando exista una solicitud o cuando se incumpla con cualquiera de las condiciones aceptadas o se haya conducido con falsedad;

V. Las obligaciones del sujeto;

VI. Las sanciones por infracciones cometidas por el sujeto a proteger, incluida la separación del Programa de Protección, y

VII. Las condiciones que regulan la terminación de su incorporación al Programa de Protección.

 En caso de que el sujeto sea un menor de edad o éste bajo de tutela, el convenio de entendimiento deberá ser suscrito por el padre o tutor o quien ejerza la patria potestad o representación.

En caso de que varios sujetos sean incorporados al Programa de Protección de manera simultánea por un mismo hecho o circunstancia, el hecho de que alguno de ellos incumpla con las obligaciones impuestas, no afectará a los demás que se encuentren relacionadas con ésta.

SECCIÓN SEGUNDA

Terminación de las medidas y desincorporación del Programa de Protección

Artículo 33. La suspensión o revocación de las medidas de protección o la desincorporación del sujeto al Programa de Protección, será determinada por el titular de la Unidad, cuando el sujeto incumpla con cualquiera de las obligaciones o condiciones aceptadas, se haya conducido con falsedad o haya ejecutado un delito doloso durante la permanencia en el Programa de Protección, excepto las medidas impuestas por el órgano jurisdiccional.

El titular de la Unidad también podrá dar por concluida la permanencia del sujeto en el Programa de Protección, cuando dejen de actualizarse las circunstancias de riesgo que originaron su incorporación.

La anterior resolución en todo caso será notificada por escrito al sujeto.

El sujeto podrá renunciar de manera voluntaria a las medidas de protección o al Programa de Protección, para lo cual la Unidad deberá realizar las gestiones necesarias para dejar constancia de esa circunstancia.

SECCIÓN TERCERA

Medio de impugnación

Artículo 34. Las determinaciones del titular de la Unidad o en su caso del agente del Ministerio Público, que apliquen, nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las medidas de protección, deberán ser notificadas al sujeto quien las podrá impugnar ante el órgano jurisdiccional dentro de los cinco días posteriores a que sean notificadas. En estos casos, se convocará a una audiencia, dentro del término de tres días, para decidir en definitiva sobre la confirmación, revocación o en su caso modificación de la determinación, citando a las partes interesadas.

En caso de no comparecer a pesar de haber sido debidamente citados, el órgano jurisdiccional declarará sin materia la impugnación.

La resolución que el órgano jurisdiccional dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.

Artículo 35. La impugnación podrá ser promovida por cualquier sujeto a quien cause perjuicio la medida de protección impuesta; sin que ello suspenda los efectos de la medida impugnada.

Asimismo, el imputado, acusado o su defensor, podrán impugnar cuando estimen que la medida impuesta vulnera sustancialmente su derecho a la defensa.

TÍTULO CUARTO

SANCIONES

Artículo 36. Los servidores públicos activos o que dejen de prestar sus servicios en la Procuraduría, así como aquellos que estuvieron sujetos a las medidas de protección, están obligadas a no revelar información sobre la operación del Programa de Protección, apercibidos de las consecuencias civiles, administrativas o penales, según corresponda por su incumplimiento.

Artículo 37. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el agente del Ministerio Público o, en su caso, el órgano jurisdiccional, podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. El reglamento de la presente ley deberá ser expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado en un plazo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La implementación de esta ley será con cargo a los respectivos presupuestos aprobados a las instancias obligadas a cumplir con lo establecido.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones contrarias al objeto de esta ley.

QUINTO. Las disposiciones de esta ley que refieran al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando sea el caso, se entenderán hechas al Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables para los Distritos Judiciales en los cuales no haya iniciado la vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.