LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 

(PUBLICADA EN EL  POE DEL 07 DE ABRIL DE 2014)

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO I

DE LA APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano, la Ley General de Víctimas y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso del Estado, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

La presente ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. El objeto de esta ley es: 

 I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los Tratados internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas, y

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Artículo 3. Esta ley se interpretará de conformidad con la Constitución Federal, la

Constitución Estatal, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y la Ley General de Víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

CAPÍTULO II

DE LOS CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

 

 Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente ley, con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

Dignidad. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado y sus municipios están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado y sus municipios están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

Complementariedad. Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

Debida diligencia. El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta ley, en especial la prevención, ayuda,  atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

Enfoque diferencial y especializado. Esta ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Enfoque transformador. Las autoridades que deban aplicar la presente ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta ley, serán gratuitos para la víctima.

Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil,  condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Todos los derechos contemplados en esta ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.

Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

Mínimo existencial. Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.

No criminalización. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

Victimización secundaria. Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

Participación conjunta. Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas. 

 La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad. Las autoridades que deben aplicar la presente ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas. Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la ley, así como de los planes y programas que esta ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

Transparencia. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado y los municipios en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

Trato preferente. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

El desarrollo de los mecanismos, medidas y procedimientos que refiere la presente ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal, con el fin de darles, en su conjunto, continuidad y progresividad, a efecto de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.

Sostenibilidad. El desarrollo de los mecanismos, medidas y procedimientos que refiere la presente ley, deberá hacerse de tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal, con el fin de  darles, en su conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Asesor Jurídico Estatal: Asesor Jurídico de Atención a Víctimas del Estado de

Quintana Roo;

II. Asesoría Jurídica Estatal: Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo;

III. Comisión Ejecutiva Estatal: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo;

IV. Comisión Ejecutiva Nacional: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del

Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

V. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Constitución Estatal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

VII. Daño: Muerte o lesiones corporales o perjuicios morales y materiales, con excepción de los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten;

VIII. Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable que sanciona la legislación penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

IX. Estrategia de divulgación de los derechos de las víctimas: La cual permite a las víctimas, a las organizaciones y a la población en general el conocimiento de los derechos contemplados en la presente ley y otras normas relacionadas;

X. Estrategia especial para el trato de casos de delitos en contra de la libertad sexual y el libre desarrollo de la personalidad: La cual prevé una asistencia diferenciada a las víctimas de estos delitos, informar a la víctima y su representante legal de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde que se tenga conocimiento del hecho delictivo;

XI. Fondo Estatal: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo;

XII. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, la Constitución Estatal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

XIII. Ley: Ley de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo; 

XIV. Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas: Aquel que fijará una metodología que permita establecer para cada víctima un plan individual de reparación, donde se determinen los derechos vulnerados, el daño y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral;

XV. Plan de Divulgación, Capacitación y Actualización: El cual contempla el procedimiento a seguir por parte de los servidores públicos para la recepción de la declaración de la víctima hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Estatal;

XVI. Programa de Capacitación y Formación para servidores públicos que atienden a víctimas: Aquel programa dirigido a los servidores públicos en el que se garantiza la formación de éstos en materia de derechos de las víctimas;

XVII. Programa de Protección de Sujetos en Situación de Riesgo del Estado de Quintana Roo: Aquel que tiene como objetivo implementar las medidas de protección integral a la víctima, el ofendido, los denunciantes, los testigos, los jueces, los agentes del ministerio público, los defensores públicos, los defensores de derechos humanos y los servidores públicos del Estado, que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su intervención en el proceso penal;

XVIII. Programa Estatal: Programa de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo;

XIX. Programa Nacional: Programa de Atención Integral a Víctimas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XX. Registro Estatal: Registro de Víctima del Estado de Quintana Roo;

XXI. Reglamento: Reglamento de la presente ley;

XXII. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Atención a Víctimas;

XXIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XXIV. Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución Estatal o en los tratados internacionales aplicables, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de Derechos Humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público;

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente ley son de carácter enunciativo y no limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de este cuerpo normativo, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

 I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los Derechos Humanos y a su reparación integral;

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de las violaciones a Derechos Humanos;

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que les fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones y de los derechos que en su favor contemplan la Constitución Federal y Constitución Estatal, así como en las leyes de la materia;

IV. A que se les brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

VIII. A la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentre dentro de un proceso penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar ella y sus familiares con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima o del ejercicio de sus derechos;

 

IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente ley y en la Ley General de Víctimas;

X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, respetando los procedimientos que establezcan las leyes;

XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;

XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;

XIV. A ser notificado de las resoluciones que se dicten la Comisión Ejecutiva Estatal relativas a las solicitudes de ingreso al Registro Estatal y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;

XV. A que el Consulado del país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;

XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, asistencia, atención y reparación integral;

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a los menores de edad, los adultos mayores y población indígena;

 

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los Derechos Humanos;

XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;

XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;

XXIX. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;

XXX. A que se les otorgue, en los casos que procedan, la ayuda provisional y humanitaria;

XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no hablen el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;

XXXIII. A participar con espacios colectivos donde se proporcione el apoyo individual o colectivo y que le permitan relacionarse con otras víctimas;

XXXIV. A recibir la protección de su identidad, datos personales y confidencialidad en los casos que proceda, conforme a la normatividad en la materia, y

XXXV. Los demás señalados por las normas internacionales, federales y locales. 

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente ley.

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en esta ley, se brindarán por las instituciones públicas del Estado y los municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.

 

 Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.

Artículo 10. El Estado ofrecerá y prestará ayuda, asistencia y atención, independientemente de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que la motivan.

CAPÍTULO III

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 11. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

CAPÍTULO IV

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo 12. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 11 de la presente ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución Federal, en la Constitución Estatal, en los tratados internacionales, en las leyes locales y federales aplicables.

Además de los derechos establecidos en la presente ley, las víctimas en el proceso penal gozarán de los siguientes derechos:

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Federal, la Constitución Estatal, los tratados internacionales y esta ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

 

 II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere esta ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o el asesor jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III. A coadyuvar con el Ministerio Público para que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico. En los casos en que quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta ley y su reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, en los casos que proceda, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

IX. A expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e instancias correspondientes de procuración e impartición de justicia y a que ésas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten a sus intereses;

X. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;

 

XI. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

XII. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;

XIII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y

XIV. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las  organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

Cuando las víctimas no se expresen en el idioma castellano o presenten alguna discapacidad, se dispondrá de la presencia de traductores o intérpretes durante todo el proceso. Las sentencias serán traducidas para dicha comprensión.

Artículo 13. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio sin autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen.

Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal y de los tratados internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o  extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su asesor jurídico o la persona que consideren.

Artículo 16. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 17. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

Para el efecto, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Alternativa aplicable en materia penal. No podrá celebrarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado, a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión y en los casos en que la ley lo prohíba.

La Procuraduría General de Justicia del Estado llevará un registro y una auditoría puntual sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de los mecanismos alternativos de solución de controversias, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer y la defensa del menor y la familia, a fin de que se verifique que la víctima tuvo la asesoría necesaria para la toma de dicha decisión.

Los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conllevan, serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Artículo 18. La Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y trata de personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, elaborará una estrategia especial para el trato de casos de delitos en contra de la libertad sexual y el libre desarrollo de la personalidad, en la cual se debe prever una asistencia diferenciada a las víctimas de estos delitos, informar a la víctima y su representante legal de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde que se tenga conocimiento del hecho delictivo.

La autoridad aplicará, como mínimo, las siguientes reglas:

 

 I. Contar con la presencia de personal especializado y experto en situaciones traumáticas, tales como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras o terapeutas, entre otros;

II. La víctima tendrá derecho a elegir el género de la persona ante la cual desea rendir declaración;

III. El consentimiento de la víctima respecto del hecho victimizante no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la misma cuando la violencia, la amenaza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre, y

IV. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza del compromiso anterior o posterior de la víctima o de un testigo.

CAPÍTULO V

DEL DERECHO A LA VERDAD

Artículo 19. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Artículo 20. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.

Artículo 21. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.

Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

 

Artículo 22. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. 

 Artículo 23. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:

I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;

II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;

III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas;

IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación, y

V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.

Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose su presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes designados.

La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con las debidas formalidades de ley.

Artículo 24. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

 

 Artículo 25. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.

El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.

En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.

Artículo 26. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Civil para el

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

CAPÍTULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

 

Artículo 27. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de  derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Para los efectos de la presente ley, la reparación integral comprenderá:

I. La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV. La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas, y

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos humanos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

Artículo 28. Para los efectos de la presente ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Artículo 29. Para la determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral, la Comisión Ejecutiva Estatal elaborará el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas.

El Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas fijará una metodología que permita establecer para cada víctima un plan individual de reparación, donde se determinen los  derechos vulnerados, el daño y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral y los términos.

Las personas colectivas objeto de reparación también deberán ser objeto del plan individual.

Las medidas desarrolladas en el marco del Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas se desarrollarán con cargo al Fondo Estatal.

CAPÍTULO VII

DE LAS OBLIGACIONES DE LA VÍCTIMA

Artículo 30. A la víctima le corresponde:

I. Actuar de buena fe;

II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes;

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o

puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos

entregados, cuando la autoridad así lo requiera y por el lapso que se determine

necesario, y

IV. Cuando tenga acceso a información reservada o confidencial, respetar y guardar la

secrecía de la misma. Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá

permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y

procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque

esto implique ausentismo.

TÍTULO TERCERO

DE LAS MEDIDAS DE AYUDA

CAPÍTULO I

MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA

Artículo 31. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará la prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Los servicios a que se refiere la presente ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena. 

Artículo 32. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado de Quintana Roo y sus municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 33. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

I. Hospitalización;

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;

III. Medicamentos;

IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI. Transporte y ambulancia;

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos;

IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, el Estado de Quintana Roo o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 34. El Estado de Quintana Roo o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban  cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 35. La Comisión Ejecutiva Estatal, velará por la aplicación eficaz del Modelo de Atención Integral en Salud establecido en la Ley General de Víctimas, en concordancia con los programas de salud establecidos en la Ley General de Salud.

Artículo 36. El Estado de Quintana Roo a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar la credencial que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las víctimas de daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con dicha credencial y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria.

Artículo 37. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de las unidades médicas públicas estatales y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por cada víctima. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente ley, las cuales, si así lo determina el profesionista, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II. El Estado de Quintana Roo, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán otorgar citas médicas, en un periodo no   mayor a ocho días, previa solicitud, salvo que sean casos de atención de urgencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la receta médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral;

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al diagnóstico dado por el especialista en la materia, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho delictuoso o la violación a sus derechos humanos;

V. Las autoridades estatales y, en su caso, las Municipales, proporcionarán atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso, incluyendo programas de nutrición, y

VII. En aquellos lugares en donde no se cuente con infraestructura hospitalaria o médica, se deberán garantizar las condiciones necesarias de acceso al servicio de salud o atención para evitar que las víctimas tengan que recorrer grandes distancias y que permita atender a las víctimas de urgencia, para después hacer la debida derivación a centros de salud especializados, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 38. A toda víctima de violación sexual o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de la profilaxis post exposición para Virus de Inmunodeficiencia Humana y aquellos que se contemplen y prevean de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Víctimas, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

 

 Artículo 39. El Estado de Quintana Roo, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

Artículo 40. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no

cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la

víctima, la autoridad competente del orden de gobierno que corresponda, se los

reembolsará de manera completa y expedita, teniendo dichas autoridades, el derecho de

repetir contra los responsables. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el

procedimiento necesario para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.

CAPÍTULO II

MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Artículo 41. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y demás instituciones públicas que existan y brinden estos servicios en el ámbito Estatal o Municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del hecho delictuoso cometido contra ellas o de la violación de derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

Se podrán establecer convenios de coordinación con instituciones privadas para la prestación de estos servicios.

CAPÍTULO III

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE

Artículo 42. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, el Estado de Quintana Roo o los municipios, en el ámbito de su competencia, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN

 Artículo 43. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, el Estado de Quintana Roo o los municipios de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:

Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;

Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, y

Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 44. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.

Artículo 45. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo elaborará el Programa de Protección de Sujetos en Situación de Riesgo del Estado de Quintana Roo, el cual tendrá como objetivo implementar las medidas de protección integral a la víctima, el ofendido, los denunciantes, los testigos, los jueces, los agentes del ministerio público, los defensores públicos, los defensores de derechos humanos y los servidores públicos del  Estado , que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su intervención en el proceso penal.

En el caso de defensores y defensoras de derechos humanos, el sólo ejercicio de la actividad fundamenta la protección si de ella se deviene un riesgo.

Las medidas de protección serán determinadas según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y en la medida en que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, atendiendo a la normatividad existente sobre la materia.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, como coordinadora de este programa, llevará un registro de todas las medidas adoptadas y velará porque las acciones adelantadas por otras entidades para garantizar la protección se realicen de forma coordinada, integral y efectiva. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de evitar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de los sujetos en riesgo así como respetar, en todos los casos, su dignidad.

Cuando las mujeres soliciten protección y ésta sea aprobada, se deberá tener en cuenta el enfoque diferenciado y que las medidas respondan a éste. Para otorgar dicha protección y definir sus aspectos se deberá realizar un estudio por la autoridad correspondiente para determinar el nivel de riesgo que se podrá definir como ordinario y extraordinario.

Este programa será supervisado por el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice la Comisión Ejecutiva Estatal.

Artículo 46. Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo, remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente designada de acuerdo al programa, para que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección del sujeto, de acuerdo a la evaluación de riesgo.

Artículo 47. Las medidas de protección podrán extenderse al núcleo familiar, siempre que ello sea necesario, según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y exista amenaza contra los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de los miembros del mismo. El estudio técnico de nivel de riesgo será de carácter reservado y confidencial.

Artículo 48. El Programa de Protección de Sujetos en Situación de Riesgo del Estado de Quintana Roo, deberá incluir los siguientes criterios:

I. Adopción de las medidas proporcionales al nivel de riesgo del sujeto antes, durante y después de su participación en el proceso penal; 

 II. Valoración e identificación del riesgo y factores que lo generan, debiendo ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha evaluación;

III. Protección, sin discriminación alguna, del sujeto en riesgo cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo con ocasión a su participación en el proceso penal contemplado en la normatividad relacionada con el programa. Por consiguiente, el programa establecerá las medidas sin perjuicio del tipo de delito que se investigue o juzgue, del imputado del hecho delictuoso, de la fecha en que ocurrió el hecho o el proceso penal para el reclamo de los derechos, siempre y cuando exista un claro nexo causal entre las amenazas y la participación del sujeto en riesgo;

IV. Adopción de los criterios necesarios para la evaluación de riesgo y las decisiones sobre las medidas que deberán atender y tomar en consideración los aspectos diferenciales por género, capacidad y cultura;

V. Coordinación permanente con los programas de atención a víctimas, con el fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante y la situación de riesgo generada;

VI. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de los beneficiarios del programa. Una vez decidida la medida de protección por parte de la autoridad que corresponda, el sujeto en riesgo podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a la medida otorgada si considera que ésta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso. La autoridad que corresponda determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad;

VII. Las entrevistas realizadas dentro del marco del programa deberán efectuarse en espacios que garanticen la seguridad y confidencialidad, en particular cuando involucren a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y

VIII. Se deberá dar información permanente a las autoridades jurisdiccionales y administrativas que atiendan los procesos de investigación que ocasionaron o agravaron el riesgo, con la finalidad de que en el transcurso del mismo se tenga en cuenta la situación del sujeto en riesgo.

Especialmente, se tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la participación de aquellos en las diligencias y se adoptarán las oportunas medidas de apremio que lo garanticen.

CAPÍTULO V

MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA

 

 Artículo 49. Las autoridades Estatales y Municipales brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima.

La Comisión Ejecutiva Estatal garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica Estatal, en los términos del título correspondiente.

Artículo 50. La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.

TÍTULO CUARTO

DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 51. La Comisión Ejecutiva Estatal garantizará que el acceso de las víctimas al Registro Estatal se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidas en la presente ley.

Artículo 52. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva Estatal, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del Estado en los sectores salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres, menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores y población indígena.

Artículo 53. Las políticas y acciones establecidas en este capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios.

Artículo 54. Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación de manera que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.

 

 Artículo 55. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.

Artículo 56. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran. Igualmente, se buscará garantizar mecanismos de apoyo económicos para que las víctimas accedan a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 57. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 58. La víctima o sus hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione.

Artículo 59. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

Artículo 60. Las instituciones de educación superior públicas y privadas podrán crear programas específicos de becas cuyos beneficiarios sean población víctima, que contribuyan para el desarrollo integral de los mismos.

CAPÍTULO II

MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO

Artículo 61. Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.

Artículo 62. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los  relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Federal, Constitución Estatal y de los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 63. El Estado de Quintana Roo y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 64. Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 65. Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:

I. La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de víctima;

II. La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;

III. La asistencia a la víctima durante el juicio, y

IV. La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.

Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la víctima el Asesor Jurídico Estatal.

TÍTULO QUINTO

DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL

 

CAPÍTULO I

MEDIDAS DE RESTITUCIÓN

 

Artículo 66. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. 

 

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada;

II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;

III. Restablecimiento de la identidad;

IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

V. Restablecimiento de los derechos civiles y políticos;

VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia;

VII. Reintegración en el empleo, y

VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales, al momento que cause ejecutoria dicha resolución.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN

Artículo 67. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana; 

 IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y

VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

Artículo 68. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

Artículo 69. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, esta ley y su reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;

 

 VI. El pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico privado;

VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Las normas reglamentarias estatales, de acuerdo a los lineamientos federales aplicables, establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de la Ley General de Víctimas, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 72 de esta ley.

Artículo 70. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

I. Un órgano jurisdiccional nacional;

II. Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los tratados internacionales ratificados por México;

III. Un organismo público de protección de los derechos humanos;

IV. Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los tratados internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente ley.

En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 72 de esta ley.

Artículo 71. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al  patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 72 de esta ley.

Artículo 72. La Comisión Ejecutiva Estatal correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo Estatal en términos de la presente ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

I. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;

II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial;

La determinación de la Comisión Ejecutiva Estatal correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, será hasta de quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 73. La Comisión Ejecutiva Estatal correspondiente ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la misma sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:

I. Las constancias del agente del Ministerio Público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la judicialización de la investigación y por lo tanto hace imposible el ejercicio de la acción penal;

II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar;

III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.

Artículo 74. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondo Estatal en términos de esta ley y su reglamento.

 

 Artículo 75. La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo Estatal los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 76. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

Artículo 77. Si con posterioridad al otorgamiento de la compensación subsidiaria se demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o lo hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas de compensación otorgadas, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y se hará del conocimiento a la autoridad competente para la investigación y el deslinde de responsabilidad a que haya lugar.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

Artículo 78. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;

II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

CAPÍTULO V

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

Artículo 79. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:

I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;

II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;

III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial del Estado;

IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;

V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;

VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;

VII. La protección de los defensores de los derechos humanos;

VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los servidores públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver, por medios pacíficos, los conflictos sociales, y

 

 XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.

Artículo 80. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes:

I. Supervisión de la autoridad;

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro inminente para la víctima;

III. Caución de no ofender;

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y

V. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante, en los términos de la ley de la materia.

Artículo 81. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.

El Estado garantizará la implementación de esta medida de acuerdo a los lineamientos del área de reinserción social.

Artículo 82. El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si el acusado violase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a la víctima. Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.

Artículo 83. Para garantizar las medidas de no repetición, cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los derechos humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.

TÍTULO SEXTO

DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO I

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 84. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas será la instancia de coordinación entre el Sistema Nacional y la Comisión Ejecutiva Estatal y estará integrado de la siguiente manera:

I. Poder Ejecutivo:

a) El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

b) El Secretario de Gobierno;

c) El Procurador General de Justicia del Estado;

d) El Secretario de Finanzas y Planeación del Estado;

e) El Secretario de Salud del Estado;

f) El Secretario de Seguridad Pública;

g) El Secretario de Trabajo y Previsión Social;

h) El Secretario de Desarrollo Social e Indígena, y

i) El Secretario de Educación y Cultura.

II. Poder Legislativo:

a) El Presidente de la Comisión de Justicia, y

b) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

III. Poder Judicial:

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

IV. Organismos descentralizados o autónomos:

a) El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

b) La Presidenta del Instituto Quintanarroense de la Mujer, y

c) El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

V. El Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal.

Artículo 85. Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema Estatal las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del pleno deban participar en la sesión que corresponda.

 

 El reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 86. Por cada miembro titular del Sistema Estatal se nombrará un suplente, que será la única persona facultada para representarlo cuando el titular no asista a las sesiones que se celebren.

Artículo 87. Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes, o en su caso sus respectivos suplentes, tienen obligación de comparecer a las sesiones.

El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto, en caso de empate el Presidente o su suplente tendrá voto de calidad.

Artículo 88. El Sistema Estatal, tendrá las funciones siguientes:

I. Coordinarse con el Sistema Nacional para establecer los mecanismos de

organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de

protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación

integral a víctimas, previstos en esta ley;

II. Formular propuestas para la elaboración del Programa Estatal y demás instrumentos

programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa

de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral

de las víctimas;

III. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;

IV. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

V. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;

VI. Atender los criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimas del delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas, fijados por el Sistema Nacional;

VII. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;

VIII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de  atención a víctimas;

 

 IX. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento, y

X. Las demás que le otorga esta ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Artículo 89. Se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, como órgano operativo del Sistema Estatal, y será un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

El reglamento de esta ley establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva Estatal.

El organismo tendrá su sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, pero con capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de la entidad.

Artículo 90. La Comisión Ejecutiva Estatal será la responsable de la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas, por lo cual estará a cargo del Registro Estatal, del Fondo Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal.

Artículo 91. La Comisión Ejecutiva Estatal, a través del Comisionado, para su adecuada función, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional;

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

III. Elaborar anualmente el Programa Estatal con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, en apego al Programa Nacional;

IV. Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta ley;

 

 V. Dar cumplimiento a los mecanismos de seguimiento y evaluación aprobados por el Sistema Nacional;

VI. Desarrollar las medidas previstas en esta ley para la protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo;

VII. Coordinar a las instituciones estatales para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;

VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de servidores públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

IX. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal;

X. Cumplir las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas;

XI. Proporcionar un informe anual al Sistema Estatal, sobre los avances del Programa Estatal y demás obligaciones previstas en esta ley;

XII. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo Estatal y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XIII. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a los servidores públicos que incumplan con lo dispuesto en la presente ley;

XIV. Hacer recomendaciones al Sistema Estatal, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;

XV. Nombrar a los titulares del Fondo Estatal, Asesoría Jurídica Estatal y del Registro Estatal y demás responsables de las áreas que se establezca en el Estatuto Orgánico;

XVI. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva Estatal;

XVII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el proyecto de reglamento de la presente ley y otros reglamentos que resulten necesarios, así como sus reformas y adiciones;

 

 XVIII. Emitir los lineamientos de organización, operación y coordinación de los Centros de Atención a Víctimas y del Centro de Atención a Víctimas u ofendidos del delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo;

XIX. Formular propuestas de política pública de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta ley;

XX. Proponer al Sistema Estatal medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

XXI. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos estatales y municipales;

XXII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;

XXIII. Proponer al Sistema Estatal las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;

XXIV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz del capital humano, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos estatal y municipal;

XXV. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al

Registro Estatal;

XXVI. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos;

XXVII. Elaborar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo establecido por la normatividad de la materia en sus protocolos;

XXVIII. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes  de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral;

XXIX. Constituir y coordinar los Comités Especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos previstos en esta ley;

XXX. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

XXXI. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en materia de capacitación, capital humano, y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva.

XXXII. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a víctimas;

XXXIII. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;

XXXIV. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, emitirán recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXXV. Brindar apoyo técnico a los Municipios del Estado, con el fin de desarrollar bajo el principio de corresponsabilidad las acciones contenidas en la presente ley y en la Ley General de Víctimas;

XXXVI. Crear mecanismos para la generación de recursos o aportes con el fin de atender al cumplimiento de los objetivos fijados en esta ley;

XXXVII. Recibir y evaluar los informes rendidos el titular del Fondo Estatal, de la Asesoría Jurídica Estatal y del Registro Estatal, así como emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y 

 XXXVIII. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable.

 Artículo 92. La Comisión Ejecutiva Estatal estará a cargo de un Comisionado designado por las dos terceras partes de la Legislatura o de la Diputación Permanente, en su caso. El Comisionado se desempeñará en su cargo por tres años, pudiendo ser ratificado por el Congreso del Estado por una sola vez, para un período de igual duración. Durante este tiempo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El titular del Poder Ejecutivo Estatal enviará al Congreso del Estado, previa convocatoria pública, una terna para elegir al Comisionado, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 93 de esta ley así como al procedimiento que se establezca en el reglamento de la misma.

La Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, a través de las

Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la selección dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de que se recibió la terna.

Si la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, no resolviere en el término señalado, rechaza la terna o no alcanza la votación requerida, el Ejecutivo Estatal dentro de los quince días posteriores, propondrá una nueva terna, que se ajustará a lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo.

Si presentada la segunda terna a la Legislatura del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, ésta la rechaza, se abstiene de resolver o no se reúne la votación requerida, el Ejecutivo Estatal, dentro de los quince días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna.

En la elección del Comisionado, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

Artículo 93. Para ser Comisionado, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener residencia mínima de cinco años en el Estado de Quintana Roo inmediatos anteriores a la fecha de su designación;

III. Tener como mínimo treinta años de edad cumplidos, el día de su designación;

 

 IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley;

V. Tener modo honesto de vivir;

VI. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta;

VII. No ser ministro de algún culto religioso;

VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público;

IX. No haber ocupado cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación, y

X. No haber sido sancionado en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública estatal o municipal con motivo de una recomendación de algunos de los organismos públicos defensores de los derechos humanos.

Artículo 94. La Legislatura del Estado, o en su caso, la Diputación Permanente, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán revocar de su cargo al Comisionado, cuando deje de reunir alguno de los requisitos de elegibilidad, por incumplimiento de sus atribuciones o de las obligaciones establecidas en el artículo 142 de esta ley o incurra en responsabilidad en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

 

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 

SECCIÓN PRIMERA

DE SU CONFORMACIÓN

Artículo 95. Se crea el Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo como un mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta

el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional creado por la Ley General de Víctimas, de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas.

 

 Artículo 96. El Registro Estatal estará a cargo de un titular quien deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener residencia mínima de cinco años en el Estado de Quintana Roo inmediatos anteriores a la fecha de su designación;

III. Tener como mínimo veinticinco años de edad cumplidos, el día de su designación;

IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta, y

V. No haber sido sancionado en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública estatal o municipal con motivo de una recomendación de algunos de los organismos públicos defensores de los derechos humanos.

Artículo 97. El Registro Estatal será integrado por las siguientes fuentes:

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva Estatal;

II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o municipal, y

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente ley, que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal así como de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Las entidades generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas a nivel estatal y que posean registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Estatal la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

Artículo 98. Las solicitudes de ingreso en el Registro Estatal se realizarán en forma totalmente gratuita y en ningún caso el servidor público responsable podrá negarse a recibir la solicitud de registro. 

 Artículo 99. Para ser tramitada la incorporación de datos al Registro Estatal deberá, como mínimo, contener los establecidos en el artículo 99 de la Ley General de Víctimas.

Artículo 100. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al Registro Estatal:

I. Garantizar que las personas que soliciten el ingreso en el Registro Estatal sean atendidas y orientadas de forma digna y respetuosa;

II. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva Nacional del Sistema Nacional defina y el formato que suministrarán para tal efecto;

III. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa al siguiente día hábil a la toma de la declaración a la Comisión Ejecutiva Estatal;

IV. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;

V. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en esta ley y en la Ley General de Víctimas;

VI. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;

VII. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante y relacionar el número de anexos que se adjunten con la declaración;

VIII. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de inscripción para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta ley y a las relativas a la protección de datos personales;

IX. Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por la Comisión Ejecutiva Estatal para garantizar la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Estatal;

X. Entregar una copia, recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud, y

 

 XI. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva Estatal.

Artículo 101. La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro Estatal.

Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro Estatal y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único diseñado por la Comisión Ejecutiva Nacional junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

Para adelantar esa valoración, la Comisión Ejecutiva Estatal, podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades estatales o municipales, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales.

Si hubiera una duda razonable sobre los hechos, se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado el ingreso en el Registro Estatal, quien podrá acudir ante la Comisión Ejecutiva Estatal. En caso de hechos probados o de naturaleza pública, deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II. Exista una determinación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que dé cuenta de los hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aún cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter, emitido por algún organismo internacional de protección de derechos humanos al que el Estado Mexicano le reconozca competencia, y

V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.

 

 Artículo 102. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal cuando la Comisión Ejecutiva Estatal encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima, lo cual podrá efectuarse después de realizada la valoración contemplada en el artículo 101 de esta ley, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.

La decisión que cancela el ingreso en el Registro Estatal deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la Comisión Ejecutiva Estatal, para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento de la presente ley.

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal, se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de telefónico o a la dirección de correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información, a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

Artículo 103. La información sistematizada en el Registro Estatal incluirá:

I. El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de declaración. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos;

II. La descripción del daño sufrido;

III. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;

IV. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;

V. La identificación de la persona o entidad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente;

VI. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;

 

 VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima, y

VIII. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima.

La información que se asiente en el Registro Estatal deberá garantizar que se respeta el enfoque diferencial.

La Comisión Ejecutiva Estatal deberá elaborar un Plan de Divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Estatal. Este plan debe estar enfocado no sólo en las víctimas que soliciten su ingreso, sino a los diferentes servidores públicos, asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de víctimas y la población en general.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO ESTATAL

Artículo 104. El ingreso de la víctima al Registro Estatal se hará por la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Artículo 105. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.

El Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos estatales y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, no podrán negarse a recibir dicha declaración.

Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán las obligaciones que la Ley General de Víctimas establece.

Artículo 106. Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas.

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados a recibir su declaración las autoridades competentes de la custodia. 

 Cuando un servidor público, en especial los que tienen la obligación de tomar la denuncia de la víctima sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos, como: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato.

Artículo 107. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro Estatal, aportando con ello los elementos que tenga.

Cuando la víctima sea mayor de 12 años, podrá solicitar su ingreso al Registro Estatal por sí misma o a través de sus representantes.

En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en esta ley.

Artículo 108. Para efectos de esta ley, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. El juzgador penal mediante sentencia ejecutoriada;

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV. La Comisión Ejecutiva Estatal, que podrá tomar en consideración las determinaciones del Ministerio Público, la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter, los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

Artículo 109. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

I. Acceder a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de la Ley General de Víctimas, esta ley y sus disposiciones reglamentarias;

II. Facilitar el acceso a los recursos del Fondo Estatal y la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Víctimas, la presente ley y su reglamento, y

III. Las demás que señale la Ley General de Víctimas. 

CAPÍTULO IV

DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y

REPARACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 

SECCIÓN PRIMERA

DE SU CREACIÓN, OBJETO E INTEGRACIÓN

Artículo 110. Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo y tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo Estatal en los términos de esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

 Artículo 111. El Fondo Estatal estará a cargo de un titular quien deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener residencia mínima de cinco años en el Estado de Quintana Roo inmediatos anteriores a la fecha de su designación;

III. Tener como mínimo veinticinco años de edad cumplidos, el día de su designación;

IV. Poseer, al día de la designación, título y cédula en materia contable o administrativa, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación;

V. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta, y

VI. No haber sido sancionado en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública estatal o municipal con motivo de una recomendación de algunos de los organismos públicos defensores de los derechos humanos.

 

Artículo 112. Para ser beneficiario del apoyo del Fondo Estatal, además de los requisitos que al efecto establece la Ley General de Víctimas, esta ley y su reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y en su caso, la compensación.

 Artículo 113. El Fondo Estatal se conformará con:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo en el rubro correspondiente, en un porcentaje no inferior al 0.014 por ciento del total de los mismos, sin que pueda disponerse de dichos recursos para fines diversos a los señalados por esta ley;

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales, en términos de lo previsto por la legislación correspondiente;

III. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa cuando se violen deberes reconocidos por esta ley, en términos de la normatividad aplicable;

IV. Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones a derechos humanos, que en términos de esta ley y su reglamento se establezcan;

V. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista;

VI. El monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame dentro del plazo legal establecido;

VII. Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a ello, en términos de ley;

VIII. Las sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, que se dirijan en contra de los servidores públicos que hayan sido encontrados como responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos;

IX. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo Estatal;

X. Los recursos recuperados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima a que refiere el artículo 75 de esta ley, y 

XI. Los montos que se recuperen en virtud de la caución de no ofender impuesta por el juez competente, en los términos de esta ley.

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo Estatal correspondiente al Ejercicio Fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión

Ejecutiva Estatal velará por la optimización del uso de los recursos, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

 Artículo 114. El Fondo Estatal estará exento de toda imposición de carácter fiscal local, así como de los diversos gravámenes que pudieran estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado de Quintana Roo.

 

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 115. Los recursos del Fondo Estatal serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, siguiendo criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

Artículo 116. El manejo, administración y ejercicio de los recursos del Fondo Estatal y su fiscalización se regirá por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y demás normatividad aplicable.

 Artículo 117. El Titular del Fondo Estatal, tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes:

I. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo Estatal a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta ley;

II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo Estatal ingresen oportunamente al mismo;

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas al Comisionado;

IV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo Estatal, y

V. Las demás que señale el reglamento.

Artículo 118. El Titular del Fondo Estatal será el responsable de entregar la indemnización o compensación que corresponda otorgar a la víctima, previa autorización que al respecto  emita la Comisión Ejecutiva Estatal. El pago de las indemnizaciones se regirá en los términos dispuestos por la presente ley y conforme al reglamento.

Artículo 119. El Fondo Estatal será fiscalizado anualmente por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo.

SECCIÓN TERCERA

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 120. Para acceder a los recursos del Fondo Estatal, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos y agotar el procedimiento que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

Artículo 121. La Comisión Ejecutiva Estatal deberá integrar un expediente, el cual deberá contener como mínimo:

I. Los documentos presentados por la víctima;

II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;

III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y

IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos.

Artículo 122. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo Estatal en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima:

I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación;

II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;

III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y

IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal. 

Artículo 123. Las solicitudes que se presenten en términos de este capítulo se atenderán considerando:

I. La condición socioeconómica de la víctima;

II. La repercusión del daño en la vida familiar;

III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

IV. El número y la edad de los dependientes económicos;

V. El enfoque diferencial, y

VI. Los recursos disponibles en el Fondo Estatal.

 

Artículo 124. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de reparación integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal, deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

CAPÍTULO V

DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Artículo 125. Se crea la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, como área especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, que gozará de independencia técnica y operativa.

Artículo 126. La Asesoría Jurídica Estatal, estará integrada por un titular, asesores jurídicos, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Contará con las áreas administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señale el reglamento.

Artículo 127. La Asesoría Jurídica Estatal tiene a su cargo las siguientes funciones:

I. Coordinar el servicio de asesoría jurídica para víctimas en asuntos del fuero común, a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en esta ley, en tratados internacionales y demás disposiciones aplicables;

II. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal y de derechos humanos del fuero común, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral; 

 III. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Estatal;

IV. Designar por cada unidad investigadora del Ministerio Público del Estado, juzgados que conozcan de materia penal y visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, cuando menos a un Asesor Jurídico de las víctimas y al personal de auxilio necesario;

V. Celebrar convenios de coordinación, con anuencia del Comisionado, con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas, y

VI. Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas.

Artículo 128. La estructura, operación y funcionamiento de la Asesoría Jurídica Estatal se establecerán en el reglamento de esta ley.

Artículo 129. El titular de la Asesoría Jurídica Estatal, los asesores jurídicos y el personal técnico serán considerados servidores públicos de confianza.

Artículo 130. El titular de la Asesoría Jurídica Estatal deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener residencia mínima de cinco años en el Estado de Quintana Roo inmediatos anteriores a la fecha de su designación;

III. Tener como mínimo veinticinco años de edad cumplidos, el día de su designación;

IV. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación;

V. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta, y

VI. No haber sido sancionado en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública estatal o municipal con motivo de una  recomendación de algunos de los organismos públicos defensores de los derechos humanos.

El Comisionado procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya desempeñado el cargo de Asesor Jurídico Estatal, defensor público o similar.

Artículo 131. El titular de la Asesoría Jurídica Estatal tendrá las atribuciones siguientes:

I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de asesoría jurídica que se presten, así como las unidades administrativas a su cargo;

II. Conocer de las quejas que se presenten contra los Asesores Jurídicos y, en su caso, investigar la probable responsabilidad de los empleados de la Asesoría Jurídica Estatal;

III. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los Asesores Jurídicos;

IV. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal las políticas públicas que estime convenientes para la mayor eficacia de la defensa de los derechos e intereses de las víctimas;

V. Promover y fortalecer las relaciones de la Asesoría Jurídica Estatal con las instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones, puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los Asesores Jurídicos, el cual deberá ser difundido a la ciudadanía por medio los medios electrónicos u otros disponibles, y

VII. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

Artículo 132. Se establece la figura del Asesor Jurídico Estatal, quien deberá cubrir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener residencia mínima de dos años en el Estado, inmediatos anteriores a la fecha de su designación;

III. Tener como mínimo veinticinco años de edad cumplidos el día de su nombramiento;

IV. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente;

 

V. Contar con experiencia mínima de dos años en el manejo de las ramas del derecho;

VI. Gozar de conocida buena conducta y reconocimiento profesional;

VII. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes;

VIII. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año, y

IX. No haber sido sancionado en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública estatal o municipal con motivo de una recomendación de algunos de los organismos públicos defensores de los derechos humanos.

Artículo 133. El Asesor Jurídico Estatal, tendrá las funciones siguientes:

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral;

II. Formular denuncias o querellas;

III. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

IV. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales y administrativas tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;

V. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera en materia penal;

VI. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;

VII. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;

VIII. Informar y asesorar al entorno familiar de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta ley, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables; 

 IX. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

X. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;

XI. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio

Público, y

XII. Informar y asesorar a la víctima sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, y velar por que las mismas se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad, y

XIII. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.

Artículo 134. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico Estatal, el cual elegirá libremente desde su solicitud de ingreso al Registro Estatal.

La víctima tendrá el derecho de que el Asesor Jurídico Estatal comparezca a todos los actos en los que sea requerido.

El servicio de la asesoría jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o no pueden contratar a un abogado particular y en especial a:

I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III. Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV. Los miembros de los pueblos o comunidades indígenas, y

V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Artículo 135. El Asesor Jurídico Estatal será asignado inmediatamente por la Comisión Ejecutiva Estatal, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil.

 

CAPÍTULO VI

DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO

Artículo 136. Las áreas adscritas al Centro de Atención a Víctimas u ofendidos del delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo deberán estar al alcance de las víctimas en diferentes lugares del Estado de Quintana Roo. Estos centros contarán con el personal competente y capacitado para atender a víctimas en materia jurídica, psicológica y de trabajo social así como canalizar a las instituciones competentes a las víctimas para que reciban la ayuda, asistencia y atención apropiada y especializada.

Se podrá establecer otros Centros de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal, en los que se comprenda puntos geográficos estratégicos que permitan la rápida, fácil y diligente proximidad con quienes requieran su atención en cualquier momento.

Para cumplir con los objetivos de los Centros la Comisión Ejecutiva Estatal debe establecer rutas de atención y coordinación entre instituciones estatales y municipales, las cuales deberán constar en el Programa Estatal.

Artículo 137. La Comisión Ejecutiva Estatal será la responsable de emitir los lineamientos de organización, operación y coordinación de los Centros de Atención a Víctimas y del Centro de Atención a Víctimas u ofendidos del delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en apego a los programas, políticas y acciones del Sistema Nacional.

CAPÍTULO VII

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Artículo 138. Con el propósito de desarrollar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que implemente el Sistema Nacional, para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal diseñará el Programa de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo; en el que además se deberá especificar lo siguiente:

I. Los responsables de la ejecución del Programa Estatal;

II. Los plazos de cumplimiento del Programa Estatal, y

III. Los mecanismos de coordinación, evaluación, monitoreo y seguimiento de las tareas previstas.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

 

CAPÍTULO I

DEL ESTADO

Artículo 139. Corresponde al Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley;

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional;

IV. Participar en la elaboración del Programa Nacional;

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI. Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa Nacional;

VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al Modelo de Atención Integral en Salud diseñado por el Sistema Nacional;

IX. Impulsar una estrategia de divulgación de los derechos de las víctimas;

X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de la Ley General de Atención a Víctimas y esta ley;

XII. Rendir ante el Sistema Nacional un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y  defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales; 

 XV. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración;

XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Víctimas y la presente ley;

XVIII. Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma;

XIX. Hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución Federal y la ley que garanticen la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles estatal y municipal;

XX. Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta ley, y

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

Artículo 140. El Gobierno del Estado de Quintana Roo garantizará los recursos necesarios para la implementación de la presente ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento institucional, el capital humano, los recursos técnicos, materiales y otros que resulten necesarios.

CAPÍTULO II

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 141. Corresponde a los Municipios del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, lo siguiente:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y estatal, la política municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II. Coadyuvar con el gobierno federal y estatal, en la adopción y consolidación del

Sistema Nacional;

 

 III. Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Nacional y del Programa Estatal;

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;

VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la presente ley, la Ley General de Víctimas u otros ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO III

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 142. Los servidores públicos del Estado, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán las siguientes responsabilidades:

I. Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan;

II. Desarrollar con la debida diligencia sus atribuciones en cumplimiento con los principios reconocidos en esta ley;

III. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos;

IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;

V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;

VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los términos de la Ley General de Víctimas; 

 VII. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la presente ley y la Ley General

de Víctimas;

VIII. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación;

IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta ley y en la Ley General de Víctimas;

X. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta ley reciban. Dicha presentación oficial deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su asesor jurídico, formuló o entregó la misma;

XI. Ingresar a la víctima al Registro Estatal;

XII. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de esta ley y en la Ley General de Víctimas;

XIII. Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de las víctimas;

XIV. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía así como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta ley y en la Ley General de Víctimas;

XV. Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas, cadáveres o restos encontrados;

XVI. Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificarlos y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y comunidad;

XVII. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada; 

 

XVIII. Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones a derechos humanos;

XIX. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole;

XX. Dar vista al ministerio público sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho;

XXI. Se nieguen, cuando estén obligados a ello, a dar una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, y

XXII. Abstenerse de alterar los documentos, registros o informes oficiales que estén bajo su responsabilidad, cuando éstos se relacionen con la comisión de un hecho delictivo o la violación a derechos humanos.

El incumplimiento de los deberes señalados en esta ley para los servidores públicos será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente.

Artículo 143. Todo particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de concesión, permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeto a los deberes antes detallados, con los alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima en cumplimento de las medidas a que se refiere esta ley.

CAPÍTULO IV

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 144. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución Federal, la Constitución Estatal y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

 

II. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;

III. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos;

IV. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;

V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta ley y la Ley General de Víctimas;

VI. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;

VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta ley;

VIII. Informar sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias que ofrece la ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;

IX. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación y las consecuencias que acarrea para el proceso;

X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y

XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

CAPÍTULO V

DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

Artículo 145. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su

competencia:

 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución

Federal, la Constitución Estatal y los tratados internacionales;

II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;

III. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;

IV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten;

V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas y sus bienes jurídicos;

VI. Garantizar que la opción y ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad;

VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses;

X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación y las consecuencias que acarrea para el proceso, y

XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención a víctimas de delito y reparación integral.

CAPÍTULO VI

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Artículo 146. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, los servidores públicos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en el ámbito de su competencia, deberán:

I. Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;

 

II. Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las mismas al

Ministerio Público;

III. Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos;

IV. Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para documentación de casos de presuntas violaciones de derechos humanos;

V. Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o bienes jurídicos;

VI. Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso de advertir omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por las vías pertinentes;

VII. Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos humanos;

VIII. Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en la presente ley, y

IX. Las demás que establezcan otras leyes.

CAPÍTULO VII

DE LAS POLICÍAS

Artículo 147. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las policías del Estado y los Municipios, en el ámbito de su competencia, les corresponde:

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución Federal, la Constitución Estatal y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

II. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;

III. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad;

 

 IV. Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, la Procuraduría General de Justicia del Estado, contralorías y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;

V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con los principios establecidos en la presente ley;

VI. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos, y

VII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta ley y de las leyes conforme su competencia.

TÍTULO OCTAVO

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

 

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 148. El Sistema Estatal garantizará:

I. La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por la Ley General de Víctimas y la presente ley, así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, en la Constitución Estatal y tratados internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, y

II. El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos servidores públicos, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.

Artículo 149. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir, dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a derechos humanos.

Artículo 150. Los servicios periciales en el Estado deberán capacitar a su personal con el objeto de que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Federal, la Constitución Estatal y los tratados internacionales de derechos humanos.

 

 Artículo 151. El Poder Ejecutivo del Estado, elaborará un Programa de Capacitación y Formación para servidores públicos que atienden a víctimas. Este programa será continuo y deberá garantizar como mínimo:

I. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral;

II. Enfoque diferencial para mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades o pueblos originarios y otros grupos vulnerables;

III. Procedimientos administrativos y judiciales;

IV. Normatividad internacional, nacional y estatal relacionada; y

V. Rutas y procedimientos de atención a víctimas del Programa Estatal.

Artículo 152. El Poder Ejecutivo del Estado, implementará una estrategia de divulgación de los derechos de las víctimas en todo el territorio estatal que permita a las mismas, a las organizaciones y a la población en general, el conocimiento de los derechos contemplados en la presente ley y otras normas relacionadas.

Artículo 153. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como los lineamientos mínimos impuestos por el presente capítulo y la Ley General de Víctimas.

Así mismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades, otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas dependencias.

Las obligaciones enunciadas en el presente artículo rigen también para las entidades homólogas de capacitación, formación, actualización y especialización de los miembros del Poder Judicial del Estado.

Artículo 154. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.

La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima, programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo  a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima.

Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme a su interés, condición y contexto.

Para el cumplimiento de lo descrito, se aplicarán los programas existentes en los tres órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. El Reglamento de la presente ley deberá expedirse dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha en que la ley entre en vigor.

TERCERO. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas que se refiere la presente ley deberá instalarse dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha en que la ley entre en vigor.

CUARTO. El procedimiento de convocatoria, selección, formulación de terna y designación del Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, deberá iniciarse a los treinta días naturales siguientes a la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, en apego a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

QUINTO. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo se instalará por primera vez con la designación del Comisionado que al efecto realice el Congreso del Estado.

Una vez instalada deberá emitir su Estatuto Orgánico, dentro de los sesenta días naturales siguientes.

SEXTO. El Programa de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo se elaborará de conformidad a lo dispuesto en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

SÉPTIMO. El Gobierno del Estado deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente ley.

 

OCTAVO. Todas las autoridades estatales y municipales relacionadas con el cumplimiento de esta ley, deberán adecuar su normatividad interna.