El ABC de la Jurisprudencia

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El ABC de la Jurisprudencia

 

Prater caetera autem, memoriae nostrae pro summa regula est infigendum, ea quae nobis a Deo revelata sunt, ut omnium certissima esse credenda; et quamvis forte lumen rationis, quam maxime clarum et evidens, aliud quid nobis suggerere videretur, soli tamen auctoritati divinae potius quam proprio nostro judicio fidem esse abhibendam.

Descartes

            La labor jurisdiccional constituye una de las misiones más nobles de la sociedad. Son los individuos quienes, sumidos en la incertidumbre, someten al raciocinio del juzgador alguna problemática, y este, con el cincel de las palabras, construye de forma símil al artesano, con paciencia, exhaustividad y dedicación, la resolución que habrá poner fin a la controversia, devolviendo a las partes la certeza jurídica. Son estas mismas palabras y es esta misma certeza las que, a manera de argumentación, subsisten a través de la integración jurisprudencial.

            Gramaticalmente, la jurisprudencia es la ciencia del derecho, y además, el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Siendo una fuente del derecho, la labor jurisprudencial es la interpretación normativa, en la que cabe definir dos sistemas, legado del derecho anglosajón: el de la construction, que consiste en incluir, con base en una interpretación dentro del texto de una norma, situaciones que no estuvieron en el pensamiento de su autor, que quedan dentro de ella –la norma crece por yuxtaposición-; la interpretación, por otro lado, muestra el pensamiento del intérprete referido al momento en que la norma nace y que quiere reflejar lo que se llama el espíritu del legislador.[1]

            Es válido afirmar que la jurisprudencia descansa sobre el concepto de criterio, siendo este, pues, su génesis. Este criterio, será aquél que hubiere sido adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia. La Ley de Amparo reconoce tres mecanismos de integración jurisprudencial[2]:

a)  Por reiteración. Es aquélla a la que hace alusión la definición gramatical, es decir, nace de la concordancia de criterios en el mismo sentido. Se forma al cumplirse los siguientes requisitos: i) que se trate de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ii) que el órgano emisor sea terminal, iii) que sustenten un criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario,  iv) que tales sentencias alcancen una votación de ocho votos, si son de Pleno, cuatro si son de Sala y unanimidad si son de Tribunales Colegiados de Circuito y v) que las sentencias sean resueltas en diferentes sesiones.[3]

b)  Por contradicción de tesis. También llamada unificación, pretende preservar la unidad de la interpretación del orden jurídico nacional, al decidir los criterios que deben prevalecer cuando existe oposición entre los sustentados por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en torno a un mismo problema legal. Para que la denuncia de contradicción sea procedente, no se requiere que los criterios opuestos constituyan jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII, y 225 de la Ley de Amparo, no imponen tal condición.[4]

c)  Por sustitución. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito (figura novedosa en la Ley de amparo), podrá ser sustituida a petición de algún magistrado, en el caso de la jurisprudencia por contradicción establecida por los Plenos de Circuito, o a través de los Plenos, a petición de un magistrado aprobada por la mayoría de sus integrantes, o cualquiera de las Salas, previa petición de uno de los Ministros, aprobada por la mayoría de sus integrantes. En todos los casos deberá ser con motivo de caso concreto una vez resuelto, expresando las razones por las cuales la jurisprudencia debe sustituirse.[5]

           

            Además de los sistemas establecidos en la Ley de Amparo, la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales), establece que las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos de los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, Tribunales Colegiados, y en general, para todos los órganos jurisdiccionales, tanto locales como federales.

          Por último, derivado del Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con motivo de la consulta formulada en el Expediente Varios 912/2010, se estableció que las sentencias de los casos en que México hubiere sido parte, constituyen jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano, y por exclusión, lo resuelto en los demás casos constituye criterio orientador.[6]

            De lo anterior la importancia del quehacer del juzgador, que no fenece en la resolución aislada de los conflictos, sino que las argumentaciones vertidas por él en sus sentencias, constituyen criterios trascendentes que, desde luego, podrán orientar futuros asuntos y habrán de edificar, a través de la creación jurisprudencial, los principios de certeza y seguridad jurídica que impone la Constitución como piedra angular del Estado Mexicano.



[1] Consúltese para efectos ilustrativos a Peniche López, Vicente. Apuntes de Garantías y Amparo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006.

[2] Véase el artículo 215.

[3] Artículos 222, 223, 224.

[4] La jurisprudencia. Su integración. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda edición. México, 2012. P. 31 y 39.

[5] Artículo 230.

[6] Debe añadirse, sin embargo, que en el párrafo 339 de la referida Sentencia, la Corte señaló que en ejercicio del control difuso de convencionalidad, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

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