LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE QUITNANA ROO.

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY.

(PUBLICADA EN P.O.E 19 DE JUNIO DE 2013)

 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Quintana Roo y tienen por objeto, establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz y el enfoque de derechos humanos de la infancia y la juventud, orienten el diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiante en los niveles básico y medio superior que se imparten en el Estado de Quintana Roo.

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo;

II. Comunidad educativa: La conformada por las y los estudiantes, así como por los maestros y maestras, directivas estudiantes, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia y/o tutores;

III. Consejo: El Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo;

IV. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos, las dependencias y entidades del Estado de Quintana Roo, de dar respuesta eficiente, eficaz y oportuna y responsable para garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes;

V. Diagnóstico Especializado: Es el procedimiento encaminado a identificar los factores de riesgo de los estudiantes de los centros educativos de sufrir violencia en el entorno escolar con base en la recopilación de información, de las relaciones de alumno con sus compañeros, de su situación intrafamiliar, de su relación con los docentes y de los logros o deficiencias que el alumno presenta en relación a su desempeño escolar.

VI. Discriminación entre estudiantes: Toda distinción, exclusión o restricción que sufren los estudiantes por razón de género, edad, salud, características físicas, posición social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad, o cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto, menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus derechos;

VII. Estudiante: Persona que curse sus estudios en los niveles básico y medio superior que se imparten en el Estado de Quintana Roo;

VIII. Estudiante generador de violencia: Estudiante o estudiantes, que individual o conjuntamente infligen algún tipo de violencia o cooperen en su ejecución en cualquiera de sus tipos o modalidades mediante actos u omisiones anteriores, simultáneos o posteriores al hecho contra otra integrante o integrantes de la comunidad educativa;

IX. Estudiante receptor de violencia: Cualquier estudiante que sufra algún tipo de violencia por parte de un compañero o compañera de su comunidad educativa;

X. Ley: Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo;

XI. Medidas de prevención: Son aquellas que desde las competencias de las autoridades, están destinadas a toda la comunidad educativa del Estado, evitando la violencia entre estudiantes, fomentando la convivencia armónica y el desarrollo de los mismos;

XII. Modelo Único de Atención Integral: El que establece el conjunto de procedimientos y mecanismos específicos que buscan prevenir y atender la violencia entre estudiantes;

XIII. Prevención: Conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las autoridades educativas, los padres de familiar y/o tutores, para evitar la violencia entre estudiantes, atendiendo a los posibles factores de riesgos tanto sociales como culturales;

XIV. Procuraduría del Estado: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo;

XV. Programa: El Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo;

XVI. Receptor indirecto de la violencia entre estudiantes: Los familiares del estudiante receptor de violencia entre estudiantes y/o personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con él mismo y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida entre estudiantes; se considerarán también a aquellos estudiantes que presencien la violencia que ejerce un compañero contra otro, en calidad de testigos;

XVII. Registro Estatal para el Control de la Violencia entre Estudiantes: La compilación detallada de la incidencia de la violencia entre estudiantes en el Estado, que realizara la Secretaría de Educación, mismo que deberá contemplar la información que le señale el Reglamento de la presente ley;

XVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo;

XIX. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo;

XXI. Secretaría de Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; y

XXII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

Artículo 3. Son fines de la presente ley;

I. Garantizar la integridad física y psicológica de los educandos en un ambiente libre de violencia en las escuelas de educación básica y media superior, que propicia la protección y el plenos goce de los derechos humanos;

II. Sentar las bases para el diseño de mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las y los estudiantes a una vida libre de violencia en el contexto educativo, promoviendo su convivencia pacífica;

III. impulsar la coordinación interinstitucional para prevenir, atender y contribuir a erradicar la violencia entre estudiantes;

IV. Establecer mecanismos de participación y seguimiento en el diseño e instrumentación de las políticas publicas en materia de violencia entre estudiantes, con la participación de instituciones públicas federales o locales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familiar y comunidad educativa en general;

V. Canalizar, en su caso, para su adecuado tratamiento, a los estudiantes que sean victimas o generadores de la violencia entre estudiantes;

VI. Educar sobre la prevención de la violencia entre estudiantes en todas sus modalidades, de acuerdo con las edades de los educandos;

VII. Generar los programas de prevención e intervención ante la violencia entre estudiantes, que serán obligatorios en el sistema educativo quintanarroense hasta el nivel medio superior;

VIII. Capacitar al personal escolar para la prevención y atención de la violencia entre estudiantes;

IX. Establecer las bases para crear el Registro Estatal para el Control de la violencia entre Estudiantes; y

X. Promover la participación social en la instrumentación de políticas para prevenir y minimizar la violencia entre estudiantes;

Artículo 4. Son principios rectores de esta ley;

I. El interese superior del niño;

II. El respeto a la dignidad humana de las y los estudiantes;

III. La prevención de la violencia en el entorno escolar;

IV. La no discriminación;

V. La cultura de la paz;

VI. La perspectiva de género;

VII. Resolución no violenta de conflictos;

VIII. Interdependencia;

IX. Integridad;

X. Coordinación interinstitucional;

XI. La resiliencia; y

XII. El enfoque de derechos humanos.

Artículo 5. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones normativas compatibles con el objeto de la presente ley contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la legislación federal aplicable, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo, la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

 

CAPITULO II

DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES Y SUS TIPOS

 

Artículo 6. Se considera violencia entre estudiantes, todas aquellas conductas de maltrato, intimidación y discriminación que se presenten al interior de una comunidad educativa, así como las acciones negativas y/o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, que ocurren dos o más veces, y que tienen como intención causar daño, al herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el entorno escolar.

Artículo 7. Para efectos de esta ley, son tipos de violencia entre estudiantes los siguientes:

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencias, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica;

II. Violencia física directa: Toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal;

III. Violencia física indirecta: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias;

IV. Violencia sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de los estudiantes con fines sexuales;

V. Violencia a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Ciberbullying): Toda violencia psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación. Suele ser anónima y masiva, es decir, gran parte de la comunidad educativa se entera de la violencia ejercida; y

VI. Violencia verbal: Las acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, sobrenombres, humillaciones con el fin de desvalorizar ya sea en público o en privado, y todas aquellas que tengan como propósito causar daño.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES RECEPTORES Y ESTUDIANTES GENERADORES DE LA VIOLENCIA

 

Artículo 8. La o el estudiante, receptor de cualquier tipo de violencia en el entorno escolar, tendrá los derechos siguientes:

I. Ser tratados(as) con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades competentes;

II. Contar con la protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades del Estado, encargadas de la salvaguarda y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes, cuando se encuentre en riesgo su integridad física u psicológica;

III. Recibir información, veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de su atención y tratamiento, en su casa;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita de parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológica de parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia;

VII. A ser canalizados a la Procuraduría del Estado, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión de Derechos Humanos y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para su atención oportuna, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso; y

VIII. En caso de riesgo grave, a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integrad física y asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad.

Artículo 9. Las y los estudiantes generadores de violencia, tendrán los derechos siguientes:

I. Ser tratados(as) con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al ser receptores de violencia en otros contextos;

III. Recibir información, veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedirá de parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias gubernamentales de parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; y

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA

CAPÍTULO I

DE LAS AUTORIDADES, DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN

  

Artículo 10. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley, las siguientes:

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, por conducto de:

a) La Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo;

b) La Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo;

c) La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo;

d) La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo;

II. El Poder Judicial, por conducto del Tribunal Unitario para Adolescentes.

III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo;

IV. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; y

V. Los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.

CAPÍTULO II

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Artículo 11. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Educación, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer y coordinar la política estatal contra la violencia entre estudiantes;

II. Realizar el diseño e implementación del Modelo Único de Atención Integral;

 

III. Establecer los mecanismos de diagnóstico especializado de los casos de violencia entre estudiantes en el Estado;

 

IV. Suscribir convenios de colaboración, cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales para promover los derechos de las niñas, niños y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, prevención de la violencia, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de la comunidad educativa;

V. Establecer los mecanismos de denuncia, vigilancia y sanción de la violencia entre estudiantes;

VI. Fomentar la participación social en la educación, para el diseño e implementación del Modelo Único de Atención Integral;

VII. Vigilar el cumplimiento de las decisiones tomadas para el diseño e implementación del Modelo Único de Atención Integral;

VIII. Sancionar al personal escolar que incumpla con lo dispuesto en esta Ley y, en su caso, destituir a los directores escolares;

IX. Elaborar y publicar un informe anual sobre la violencia entre estudiantes en el Estado;

X. Recibir de las instituciones educativas los reportes de incidentes relacionados con violencia en el entorno escolar para su debida atención, así como llevar un control de los mismos, a fin de que se pueda vigilar la aplicación y cumplimiento de las sanciones;

XI. Gestionar ante otra autoridad competente de la ley, se brinde atención adecuada a nivel psicosocial al estudiante generador de violencia y al estudiante receptor de violencia, así como a los receptores indirectos de violencia dentro de la comunidad educativa;

XII. Realizar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer la incidencia del fenómeno de la violencia entre estudiantes en los centros educativos del Estado, así como su impacto en el entorno escolar, en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los estudiantes, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integrar de todas sus potencialidades, entre otros;

XIII. Implementar una encuesta anual dirigida a estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familiar o tutores, para identificar los centros educativos con mayor incidencia de violencia en el entorno escolar;

XIV. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas, la capacitación sobre el conocimiento, prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar al personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o tutores de instituciones educativas publicas y privadas y, a las personas que voluntariamente deseen recibirla;

XV. Realizar en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría del Estado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Salud, diplomados, cursos, talleres, conferencias, mesas redondas, actividades extraescolares, ejercicios, dinámicas, medios audiovisuales y cualquier otra actividad, dirigidos a los estudiantes, padres de familia y personal escolar del centro educativo, con la finalidad de propiciar la prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar;

XVI. Diseñar e instrumentar estrategias educativas tendientes a la generación de ambientes basados en una cultura de paz, prevención de la violencia, fortalecimiento de la cohesión comunitaria educativa y convivencia armónica dentro de los centros educativos del Estado;

XVII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de niñas, niños y jóvenes por causa de violencia en el entorno escolar, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales, en su caso;

XVIII. Elaborar y difundir materiales educativas para la prevención, atención y erradicación de los tipos y modalidades de violencia contenidas en la presente Ley, así como coordinar campañas de información sobre las mismas;

XIX. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de madres y padres de familia y vecinales, con el objeto de fomentar su participación en los programas de prevención que establece la Ley;

XX. Firmar convenios de colaboración con instituciones educativas o con organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, así como con instituciones del Extranjero, a fin de contar con manuales de buenas prácticas en materia de prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar;

XXI. Impulsar acciones con el fin de promover la convivencia, en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismos, a favor de los estudiantes, vinculadas al Marco para la Convivencia Escolar en Escuelas de Educación Básica; y

XXII. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III

DE LA SECRETARÍA DE SALUD

 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo;

I. Realizar investigaciones, recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de salud pública sobre los impactos que tiene la violencia entre estudiantes en la salud psicológica de las y los estudiantes, cuyos resultados contribuyan en la elaboración de políticas publicas para su prevención a cargo del Consejo;

II. Planear y desarrollar conjuntamente con los miembros del Consejo, campañas de información y prevención de la violencia entre estudiantes desde el ámbito familiar para promover la convivencia libre de violencia entre escolares;

III. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las y los estudiantes;

IV. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud mental de las y los estudiantes en contextos de violencia entre estudiantes;

V. Diseñar, Implementar y evaluar periódicamente un programa integral de apoyo a las y los estudiantes receptores de violencia entre estudiantes, receptores indirectos, así como a los estudiantes generadores de violencia entre estudiantes, para brindar asistencia médica y psicológica especializada, dando seguimiento a la recuperación postraumática;

VI. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia entre estudiantes, con el fin de brindar una atención adecuada o todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las y los estudiantes:

VII. Coordinarse con los integrantes del Consejo; y

VIII. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

I.      Intervenir y en su caso, dar parte a las autoridades correspondientes, en situaciones flagrantes de violencia en el entorno escolar;

II.    Coadyuvar con las acciones en materia de prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar;

III.   Llevar a cabo acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia en el entorno escolar, con el fin de brindar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantías de los derechos humanos de las y los estudiantes;

IV.     Brindar apoyo a los centros educativos, a fin de vigilar y prevenir conductas que puedan traducirse en violencia entre estudiantes; y

V.       Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

 

CAPÍTULO V

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

 

Artículo 14.  Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado:

I.             Elaborar e instrumentar acciones de política de prevención social que incidan a la prevención de la violencia entre estudiantes, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia;

II.        Planear y desarrollar conjuntamente con los miembros del Consejo, campañas de información y prevención de la violencia entre estudiantes desde el ambiro familiar para promover una convivencia libre de violencia;

III.        Capacitar y sensibilizar a su personal en el tema de violencia entre estudiantes, para poder brindar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las y los estudiantes;

IV.         Realizar bases de datos que contengan información de carácter publico a efecto que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde las y los estudiantes sean la victima de algún delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño;

V.          Coadyuvar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y canalización de la violencia entre escolares fuera o dentro de los centros educativos, así como practicas discriminatorias y violentas en la comunidad escolar;

VI.         Brindar por conducto de las unidades especializadas la atención debida a las o los estudiantes, que sean victimas de violencia en los términos de esta ley;

VII.        La atención que se brinde a las victimas de violencia entre estudiantes deberá sujetarse al Modelo Único de Atención Integral;

VIII.      Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los estudiantes receptores de violencia;

IX.        Informar a la Secretaría de Educación del Estado, sobre los casos que puedan constituir violencia entre estudiantes que detecte en los servicios que preste como parte de sus actividades; y

X.            Las demás que le señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VI

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

 

Artículo 15. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo:

I.  Planear y desarrollar conjuntamente con los miembros del Consejo, campañas de información y prevención de la violencia entre estudiantes desde el ámbito familiar, así como promover la convivencia libre de violencia entre estudiantes;

II. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y canalización de los casos de violencia entre estudiantes fuera o dentro de los centros educativos, así como practicas discriminatorias y violentas en la comunidad escolar;

III. Realizar acciones de capacitación

IV.  Coordinar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de la violencia entres estudiantes; y

V.    Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VII

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Artículo 16. Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado;

I. Recibir, conocer, investigar y en su caso, formular recomendaciones públicas, a las quejas recibidas por presuntas situaciones de violencia en el entorno escolar, por parte de servidores públicos de las instituciones educativas establecidas en el Estado;

II. Coadyuvar con las acciones necesarias en materia de prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar;

III. Llevar a cabo acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia en el entorno escolar, con el fin de brindar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las y los estudiantes; y

IV. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VIII

DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

Artículo 17. Corresponde a los Ayuntamientos del Estado;

I.            Coordinarse con las autoridades correspondientes para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, priorizando su prevención,

II.            Proponer y promover acciones de colaboración de los cuerpos de seguridad pública y protección civil con los centros educativos;

III.         Organizar campañas informativas en las que se destaque y estimula la participación de los miembros de la comunidad en favor de la seguridad escolar;

IV.         Coordinarse con la comunidad escolar para aplicar programas existentes relativos a la prevención de delitos, de protección civil y de seguridad dentro y fuera de la escuela, y de cualquier otro tema que pudiera contribuir a la seguridad escolar; y

V.             Las demás que deriven de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO

DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN

DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES

 CAPÍTULO I

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES

 

Artículo 18. La prevención es el conjunto de acciones positivas que deberán llevar a cabo principalmente los integrantes del Consejo para evitar la comisión de los distintos actos de violencia entre estudiantes, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto sociales como culturales.

Las medidas de prevención son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de las dependencias, están destinadas a toda la población de los centros educativos de nivel básico y medio superior del Estado de Quintana Roo, evitando la violencia entre estudiantes.

El cumplimiento de estas acciones es obligatorio y deberá revisarse, evaluarse y actualizarse cada dos años.

Artículo 19. La prevención tiene por objetivos:

I. Evitar y prevenir la violencia entre estudiantes en la escuela pública y privada de Estado de los niveles básico y medio superior;

II. Integrar a toda el alumnado mejorando las relaciones de convivencia entre todas y todos los estudiantes de la comunidad educativa, en un ambiente libre de violencia;

III. Difundir los derechos y deberes de las y los estudiantes;

IV. Implementar la política estala contra la violencia entre las y los estudiantes;

V. Fomentar la participación de estudiantes, personal escolar y autoridades, así como de padres y tutores, en la prevención de la violencia entre las y los estudiantes;

VI. Informar a la sociedad sobre las formas de prevención de la violencia entre estudiantes, sus consecuencias y procedimientos de intervención; y

VII. Fomentar el registro estadístico de los incidentes de violencia entre estudiantes y garantizar el acceso a la información, reservando los datos personales de los involucrados de conformidad con las leyes aplicables en la materia.

Artículo 20.- A través de la prevención se propone brindar las habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a desarrollar una armoniosa convivencia pacifica entres las y los estudiantes.

La Secretaría de Educación podrá firmar convenios de colaboración con instituciones educativas o con organizaciones de la sociedad civil para contar con manuales de buenas practicas en materia de prevención y atención de la violencia entres estudiantes.

En los servicios educativos que se impartan en el Estado de Quintana Roo, será obligatorio que el personal docente, directivos escolares y personal administrativo cursen los programas de capacitación que la Secretaría de Educación del Estado, diseñe a partir de los manuales de buenas practicas, para prevenir ya tender la violencia entre estudiantes.

Las instituciones públicas y privadas que presten servicios educativos en el Estado, podrán convenir con la Secretaría de Educación, la incorporación a dichos programas.

CAPÍTULO II

DE LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES

 

Artículo 21. La atención en materia de violencia entres las y los estudiantes se llevará a través de servicios psicológicos, médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en una situación de violencia entre estudiantes desarrollar las habilidades psicosociales para reparar las experiencias de violencia vividas, fomentando el empoderamiento de las y los estudiantes receptores de violencia y entre las y los estudiantes generadores de violencia, la modificación de actitudes y comportamientos en quien violenta y el cambio en los patrones de convivencia de los integrantes de las comunidades educativas de los centros escolares involucrados. La atención médica y psicológica será brindada por la Secretaria de Salud; la atención jurídica será brindada de acuerdo a las circunstancias, por la Procuraduría del Estado y la Comisión de Derechos Humanos.

Artículo 22. La atención para las y los estudiantes receptores de violencia se regirá por los siguientes principios:

I. Atención integral: Se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas de la situación de violencia, tales como: orientación psicológica, jurídica y atención médica;

II. Efectividad: Se adoptarán las medidas necesarias para que las y los estudiantes receptores de violencia, sobre todo aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les garantice el goce efectivo de sus derechos;

III. Legalidad: Apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos de las y los estudiantes receptores de violencia entre estudiantes;

IV. Auxilio oportuno: Brindar apoyo inmediato y eficaz a las y los estudiantes en situación de riesgo o que hayan sido receptores de violencia entre estudiantes, así como brindar protección a sus derechos humanos; este auxilio será extendido a las personas que sean generadores de violencia con el fin de combatir en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a que ejerza violencia; y

V. Respeto a los derechos humanos de las y los estudiantes: Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar o permitir actos de tortura y otros tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes en contra de las y los estudiantes.

 

Artículo 23. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a la violencia entre las y los estudiantes, se actuará a partir de un Modelo Único de Atención Integral, que garantice las intervenciones que en cada ámbito de la violencia correspondan, con base en una unidad conceptual y un conjunta de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la acción de las dependencias y entidades y la re victimización que sufren las personas receptoras de violencia al acudir a servicios de atención sin coordinación.

 

Artículo 24.- La elaboración  del Modelo Único de Atención Integral será coordinada por la Secretaría de Educación del Estado, quien lo someterá a aprobación del Consejo.

Artículo 25.- El Modelo Único de Atención Integral será de cumplimiento obligatorio y se revisará, evaluará y actualizará cada dos años, debiendo quedar establecido que los servicios de atención social, psicológica, jurídica y médica de las distintas dependencias y entidades se  coordinarán para operar a través del Consejo, mediante una cédula de registro único, de tal manera que con independencia de la institución a la que acudan por primera vez los estudiantes que vivan el fenómeno de violencia entre escolares, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.

Esta cédula deberá transmitirse a las dependencias y entidades del Estado a donde se canalicen a los receptores de violencia entre las  y los estudiantes o se preste el servicio subsecuente, a efecto de que se tenga un registro de la atención que se brinda desde el inicio hasta la conclusión de cada caso. Asimismo, la institución a la cual se le canaliza el caso, deberá completar una cédula adicional de contra referencia, indicando la atención brindada y el seguimiento que se le dará al caso recibido. El Reglamento de la presente Ley, contemplará las características y el mecanismo para instrumentar la cédula de registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos, cuya coordinación y seguimiento será responsabilidad específica de la Secretaría de  Educación del Estado.

 Artículo 26.- El Modelo Único de Atención Integral, tendrá las siguientes etapas:

I. Identificación de la problemática. Consiste en determinar las necesidades inmediatas y mediatas, así como las medidas de protección que en su caso requiera el estudiante receptor de violencia;

II. Orientación y canalización. La autoridad o entidad a la que acuda la persona por primera vez brindará de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al caso de violencia que presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente y/o brindando el servicio pertinente, si fuera de su competencia;

III. Acompañamiento. Cuando la condición física y/o psicológica de la persona lo requiera deberá realizar el traslado con personal especializado a la institución que corresponda;

IV. Seguimiento. Son las acciones para vigilar el cumplimiento de los procedimientos de canalización contenidos en esta Ley para atender los casos de violencia entre estudiantes, y

V. Intervención educativa.  Son las acciones que se realicen en el centro escolar, tendientes a medir el impacto de la situación de violencia vivida y restituir el clima escolar apropiado, a través de actividades que fomenten la construcción de una cultura de paz en el mismo.

 

Artículo 27. Las dependencias, entidades, instituciones y organismos que  conozcan y/o atienden a las y los estudiantes en el Estado en el ámbito de la  violencia entre estudiantes deberán:

I. Actuar en todo momento con la debida diligencia;

II. Canalizar de manera inmediata a las y los estudiantes receptores de violencia  entre estudiantes a las instituciones que conforman el Consejo; y

III. Las dependencias de gobierno que atiendan a los receptores de violencia entre escolares deberán llevar un registro y control de las incidencias reportadas de conformidad con lo que se determine en el Reglamento de la presente ley.

 

Artículo 28. Las dependencias y entidades de la administración pública del  Estado, así como las privadas que presten servicio de atención en materia de violencia entre escolares deberán contar con personal profesional y  especializado, quienes deberán recibir continuamente capacitación en materia  de violencia entre las y los estudiantes desde el enfoque de derechos de las y los estudiantes.

El Modelo Único de Atención Integral será de observancia obligatoria para la Administración Pública del Estado. La Comisión conservará sus competencias para atender directamente a los estudiantes víctimas de violencia y a sus familiares, así como para emitir las recomendaciones que estime procedentes.

TÍTULO CUARTO

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I

DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA

VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO.

 

Artículo 29.  El Consejo es un órgano especializado de consulta, análisis, asesoría y evaluación, de los planes, programas y acciones que en materia de prevención y atención de la violencia entre estudiantes realice el Gobierno del Estado para promover espacios educativos libres de violencia entre estudiantes.

El Consejo estará integrado de la siguiente forma:

  1. El Titular de la Secretaría de Educación del Estado, quien lo presidirá;

II. El Titular de la Secretaría de Salud del Estado, vocal;

III. El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, vocal;

IV. El Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, vocal;

V. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, vocal;

VI. EL Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vocal; y

VII. Un Secretario Técnico, que será designado por el propio Consejo.

El Cargo de los miembros del Consejo será de carácter honorífico, sin derecho a retribución económica por su desempeño y podrán designar mediante oficio o, en su caso, comunicado escrito, un suplente de nivel jerárquico inmediato inferior con derecho a voy a voto en las sesiones, con la finalidad de garantizar su participación en las mismas, quienes desempeñarán las mismas funciones del miembro propietario.

A las sesiones podrán asistir personas expertas invitadas en materia de violencia entre estudiantes de los sectores público, social y privado que se considere conveniente para emitir opiniones, aportar información, o apoyar acciones sobre los temas que se aborden.

 Artículo 30. Corresponde a la Secretaría de Educación instalar el Consejo, como  un órgano plural especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre  estudiantes, al que le corresponde realizar diagnósticos en materia de violencia  entre estudiantes, elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen propuestas y recomendaciones de actuación, que contribuyan a mejorar la eficacia de las acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar el fenómeno de violencia entre estudiantes.

De igual forma dictará las medidas pertinentes para la difusión de las reglas de  conducta que al efecto emita, para garantizar al inicio de cada ciclo escolar, su conocimiento y cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa.

 Artículo 31. Corresponden al Consejo las siguientes atribuciones:

I. Expedir el Programa de Atención y Prevención de la Violencia entre Escolares en el Estado, considerando un diseño transversal, así como la protección de los  derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales;

II. Analizar y evaluar las políticas públicas y acciones institucionales  de prevención y atención de la violencia entre estudiantes para evitar su reproducción y la deserción escolar por dicha causa, así como promover la convivencia pacífica entre estudiantes, desarrollando un clima de buen trato y no violencia;

III. Fungir como órgano de consulta en temas de violencia entre escolares;

IV. Realizar, por sí o través de terceros, investigaciones multidisciplinarias e intersectoriales, en colaboración con instituciones académicas, organismos de la sociedad civil e internacionales, que permita conocer el estado que guarda la violencia en las escuelas;

V. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación oficial o social, sobre los tipos y modalidades de la violencia entre escolares, así como de las instituciones que atienden a los posibles estudiantes generadores de violencia, estudiantes receptores de violencia, y receptores indirectos de violencia entre estudiantes;

VI. Promover la celebración de convenios de colaboración con las autoridades federales, locales, universidades, institutos de investigación, así como con organismos de la sociedad civil interesados en el estudio de la violencia entre estudiantes;

VII. Establecer y definir los lineamientos y criterios de coordinación y transversalidad de los programas de prevención y atención de la violencia entre estudiantes;

VIII. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia;

IX. Coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes, y la cultura de no violencia y buen trato en la comunidad educativa;

X. Rendir un informe anual que dé cuenta del estado que guarda el clima de convivencia entre estudiantes, las medidas adoptadas y los indicadores sobre el avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia entre estudiantes;

XI. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como los protocolos de atención más adecuados para esta problemática;

XII. Establecer grupos de trabajo organizados en función de las materias concretas cuyo estudio y análisis se les encomiende; y

XIII. Las demás que señalen el Reglamento de la presente Ley, así como otras disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 32. El Consejo sesionará de manera ordinaria de forma cuatrimestral y de manera extraordinaria cuando sea necesario o a petición de cualquiera de sus miembros.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente o su suplente y el Secretario Técnico. Si la sesión no pudiera celebrarse el día señalado por falta de quórum, se emitirá una nueva convocatoria, en la cual se indicará la fecha para celebrar la sesión.

Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos de los integrantes presentes del Consejo, teniendo el presidente o su suplente, en ausencia de éste, voto de calidad en caso de empate.

Artículo 33. La convocatoria de la sesión respectiva deberá realizarse a los integrantes del Consejo por el presidente o su suplente a través del Secretario técnico, cuando menos cinco días hábiles antes de la celebración de la misma, tratándose de sesiones ordinarias; y con 24 horas de anticipación tratándose de sesiones extraordinarias.

La convocatoria deberá realizarse por oficio o por cualquier medio electrónico que asegure su recepción, y contendrá, cuando menos, lo siguiente:

I. Número de sesión;

II. Tipo de sesión;

III. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión;

IV. Orden del día; y

V. La documentación necesaria para el análisis de los asuntos que se revisarán en la sesión correspondiente.

Sólo podrán tratarse en las sesiones los asuntos que se incluyeron y aprobaron en el orden de día; sin embargo, cuando la importancia de los mismos lo requiera, podrán tratarse otros  asuntos que no se hayan indicado en la convocatoria siempre y cuando los miembros del Consejo aprueben su desahogo.

Por cada sesión que se celebre, deberá levantarse el acta correspondiente, misma que para su validez deberá ser firmada por todos los asistentes. En ella constarán, en su caso, los compromisos adquiridos por cada una de las áreas y el nombre del responsable de su ejecución, mismos que serán enviados por el Secretario Técnico al Presidente del Consejo para su puntual seguimiento.

 Artículo 34.- El Presidente, por conducto del Secretario Técnico, podrá invitar a las sesiones a los titulares de las dependencias y órganos de gobierno vinculados a la aplicación de la presente Ley, cuando se considere necesaria su participación, tomando en cuenta las acciones que realizan, quienes podrán participar en las sesiones, únicamente con derecho a voz.

Adicionalmente, podrán invitar a las sesiones, con voz pero sin voto, a  representantes del sector público, social y privado; a representantes de instituciones públicas locales o federales; a representantes de instituciones educativas y de investigación y/o a representantes de organismos internacionales cuando se traten asuntos relacionados con sus respectivas atribuciones o especialidades o cuya experiencia profesional sea útil para el  análisis de los casos particulares que se presenten a deliberación.

 

Artículo 35.- Al Presidente del Consejo le corresponden las siguientes funciones:

I. Representar al Consejo;

II. Emitir, por sí o por conducto del Secretario Técnico, las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo;

III. Presidir las sesiones y conducir los debates y deliberaciones del Consejo;

IV. Instalar la sesión correspondiente, cuanto se acredite que se tiene el quórum necesario;

V. Procurar el cabal y estricto cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo;

VI. Suscribir, junto con el Secretario Técnico y los asistentes, las actas de las sesiones;

VII. Proponer en la primera sesión del año que se realice, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio correspondiente;

VIII. Formular, por sí o por conducto del Secretario Técnico, las invitaciones a quienes se considere deban participar en las sesiones en calidad de invitados; y

IX. Las demás que le confiera el Consejo.

Artículo 36. El Secretario Técnico del Consejo, tendrá cargo, las siguientes funciones:

I.  Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, de conformidad con las formalidades establecidas en el presente capítulo;

II. Recibir y revisar las propuestas de asuntos a tratar en el Orden del Día para la siguiente sesión, que en su caso, los vocales propietarios lleguen a formular;

III. Formular el orden del día correspondiente para cada sesión, integrar la documentación necesaria que será revisada en cada sesión y remitirla a los integrantes del Consejo;

IV. Registrar la lista de asistencia en cada sesión y verificar el quórum;

V. Realizar y registrar el conteo de la votación de los acuerdos deliberados;

VI. Elaborar un acta de las sesiones del Consejo y  firmadas conjuntamente con todos los asistentes a la misma;

VII. Remitir mediante oficio al Presidente del Consejo, los compromisos adquiridos por las áreas para su puntual seguimiento;

VIII. Registrar las designaciones de suplencia que realicen los vocales propietarios y verificar que estén debidamente documentadas mediante el oficio correspondiente;

IX. Llevar el control y seguimiento de los asuntos que se someten a consideración del Consejo, así como de los acuerdos que al efecto se adopten;

X. Elaborar y dar seguimiento al reporte sobre el grado de avance en el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo, el cual se hará del conocimiento de la misma;

XI. Informar al Presidente del Consejo, respecto de las actividades realizadas por el Consejo, durante el año calendario;

XII. Expedir copia certificada de los acuerdos o de la documentación que obre en los expedientes de la Secretaría Técnica;

XIII. Coordinar las sesiones del Consejo y proporcionar el apoyo administrativo que requiera la misma; y

XIV. Las demás que le encomiende el Consejo.

 

Artículo 37. Los vocales miembros del Consejo tendrán las siguientes funciones:

I.  Someter a consideración del Presidente y del Secretario Técnico, la propuesta de asuntos que consideren deban formar parte del Orden del Día de las sesiones, por considerarlos del interés y competencia del Consejo;

II. Formular y proponer estrategias de trabajo para mejorar el desempeño del Consejo;

III. Participar en las sesiones de manera constructiva y propositiva, emitiendo su opinión y voto respecto de los asuntos abordados en las sesiones;

IV. Dar cumplimiento oportuno a los acuerdos del Consejo que sean de su competencia;

V. Dar cuenta y rendir informe, en lo particular o por comisiones permanentes o especiales, al Consejo respecto de las acciones y programas que le hayan sido encomendados de conformidad con sus atribuciones;

VI. Firmar los acuerdos adoptados en las sesiones a las que hubiesen asistido; y

VII. Los demás que les encomiende el Consejo.

 

Artículo 38. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Actuar como órgano de asesoría, análisis y difusión periódica de información especializada en temas de convivencia y violencia entre estudiantes;

II. Recopilar, analizar y difundir la información generada, administrada o en posesión de los miembros del Consejo o de cualquier otra autoridad del Estado, sobre medidas y actuaciones realizadas por las diferentes instancias, públicas y privadas, para prevenir, detectar y evitar situaciones de violencia entre estudiantes;

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan determinar si existe vínculo causal entre la violencia familiar y la violencia que se ejerce entre escolares, con el fin de elaborar propuestas que permitan combatir la raíz de la violencia entre estudiantes;

IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación del estudiante generador de violencia entre estudiantes;

V. Difundir las buenas prácticas educativas que favorecen un clima escolar libre de violencia entre estudiantes;

VI. Actuar como espacio de encuentro interdisciplinario respecto del aprendizaje de la convivencia escolar libre de violencia;

VII. Realizar informes, estudios, diagnósticos e investigaciones multidisciplinarias sobre el fenómeno de violencia en el entorno escolar, como cultura de paz, clima escolar, victimización, sentimiento de inseguridad en las escuelas, participación e involucramiento de las autoridades educativas en la prevención y erradicación de la violencia, así como el rol que juega la familiar en la violencia que se genera entre estudiantes, entro otros;

VIII. Desarrollar un centro de documentación especializado, que fungirá como un espacio de referencia para la investigación y publicación de estudios sobre la problemática de violencia entre estudiantes y temas afines;

IX. Formular observaciones y definir medidas para enfrentar y atender la violencia en las escuelas de manera integral, con base en el respeto de los derechos humanos de las y los estudiantes;

X. Realizar consulta con los actores de la vida escolar-alumnos, docentes, padres de familia, autoridades, organismo de la sociedad civil e instituciones académicas, y

XI. Elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Programa, recomendaciones y tendencias presentes y futuras del fenómeno de la violencia entre estudiantes.

Para el desarrollo de sus funciones, todos los entes públicos estarán obligados a brindar la información especializada que el Consejo requiera.

CAPÍTULO II

DEL PERSONAL CAPACITADO

 

Artículo 39. Los planteles educativo deberán contar con un área que participe en la implementación del Modelo Único de Atención Integral; estará conformada por uno o varios integrantes de la plantilla académica o administrativa y deberán contar con la capacitación bianual que impartirá la Secretaría de Educación.

Artículo 40. El área de Prevención e Intervención ejercerá una acción de tutela que se encargue de:

I.  Orientar a los educandos conforme al Modelo Único de Atención Integral;

II. La formación en los valores y principios protegidos en esta Ley;

III. La enseñanza sobre la solución de controversias sin violencia;

IV. El aprendizaje de habilidades sociales para una mejor convivencia; y

V. Concientizar a los educandos sobre la problemática en torno a la violencia entre estudiantes

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO ESTATAL PARA EL CONTROL

DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES

 

Artículo 41. Se crea el Registro Estatal para el Control de la Violencia entre Estudiantes, que cumplirá con detalle, las estadísticas de los casos de violencia en el entorno escolar que tengan lugar en el Estado y que servirá como base para la elaboración de un informe anual sobre la violencia entre estudiantes.

Artículo 42. El informe anual contendrá, como mínimo, la información relativa a:

I. La incidencia de la violencia entre estudiantes y represalias en la entidad, por municipio, por escuela y por grado escolar;

II. La vigilancia y la implementación de los Planes de Prevención e intervención en las escuelas;

III. Los casos de violencia en el entorno escolar y su repercusión en el sector salud y seguridad pública;

IV. La implementación de sanciones; y

V. En todos los casos, el informe reservará los datos personales de los involucrados en la violencia en el entorno escolar, de conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 43.- Las escuelas deberán presentar un Informe Anual a la Secretaría de Educación, con respecto a los incidentes de violencia en el entorno escolar, a efecto de éste sea considerado en el Registro Estatal para el Control de la Violencia entre Estudiantes.

TÍTULO QUINTO

DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL

 CAPÍTULO ÚNICO

DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Artículo 44. Los integrantes del Consejo deberán prever en sus anteproyectos de presupuesto, el monto correspondiente que deberá destinarse expresamente para la prevención y atención de la violencia entre estudiantes, de conformidad con la normatividad aplicable; siendo que deberán prever los recursos suficientes para la realización de las atribuciones encomendadas por la normatividad aplicable.

Artículo 45. El Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual deberá incluir como prioritarios, con base en los presupuestos operativos anuales enviados por las dependencias involucradas en la aplicación de esta ley, las partidas y recursos necesarios para la aplicación y cumplimiento de la presente Ley.

TÍTULO SEXTO

DEL RÉGIMEN DE SANCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 CAPÍTULO I

DE LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS APRA LOS ESCOLARES

GENERADORES DE VIOLENCIA

Artículo 46.  Las sanciones a medidas disciplinarias para los autores, a coparticipes de la violencia entre estudiantes en las modalidades establecidas en esta Ley serán las siguientes:

I. Amonestación privada: Advertencia verbal y mediante un reporte escrito de manera preventiva que se hace al generador de violencia o coparticipe sobre las consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una futura reincidencia:

II. Tratamiento: Obligación del generador de violencia o coparticipe de dar cumplimiento a las medidas correctivas a que haya lugar:

III. Suspensión de clases: Cese temporal de asistencia a clases, acompañada de las tareas que, de acuerdo al programa de estudio vigente, deba realizar durante el tiempo que determine el Director del Centro Escolar; y

IV. Transferencia a otra escuela: Baja definitiva de la escuela donde se encuentre el generador de violencia o coparticipe, cuando hayan sido agotadas las sanciones anteriores y exista reincidencia en su conducta. Se canalizará al Sistema Educativo para su reubicación.

Artículo 47. Cuando la gravedad de la violencia entre estudiantes, tenga consecuencias penales, se procederá conforme al Modelo Única de Atención Integral, dando parte a la autoridad competente.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PARA

EL PERSONAL ESCOLAR.

 

Artículo 48. El personal escolar se hará acreedor a una sanción cuando:

I. Tolere o consienta la violencia en el entorno escolar;

II. Tolere o consiente por parte de personal directivo de un centro educativo, que maestros o personal de apoyo realicen conductas de acoso o violencia en contra de los estudiantes por cualquier medio;

III. Proporcione información falsa u oculte información a las autoridades competentes, sobre hechos de violencias a esta Ley;

IV. Cometa otra acción u omisión contrarias a este ordenamiento; y

V. Cuando se viole la confidencialidad de los datos contenidas en los expedientes de los estudiantes generadores de violencia y coparticipes y de los receptores de violencia en el entorno escolar.

Artículo 49. Para el personal escolar que incumpla con las disposiciones establecidas en esta Ley se prevén las sanciones establecidas en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

El procedimiento para el fincamiento de sanciones administrativas para el personal escolar que incumpla con esta Ley, será el establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

CAPÍTULO III

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN

 

Artículo 80.- Para los efectos de este capítulo se estará a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Queda facultado el Ejecutivo del Estado para que en un término no mayor de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, expida el Reglamento de la presente ley.

TERCERO.- La Secretaría de Educación, en coordinación con las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, implementará el Registro Estatal para el Control de la Violencia entre Estudiantes, dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales posteriores al inicio de vigencia de la presente Ley.

CUARTO.- El Modelo Único incluirá anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que envíe al Congreso del Estado, la propuesta de recursos necesarios para la aplicación de la política y los programas a que esta Ley se refiere.

 

 

 

DECRETO FECHA    

 

285 

 

19 DE JUNIO DE 2013 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.