El derecho de acceso a la información favorece la transparencia en la gestión pública y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema democrático.
Cualquier persona puede solicitar información a los poderes públicos estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los ayuntamientos; cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal; y obtenerla en forma rápida y sencilla, sin necesidad de identificarse, ni justificar el uso que dará a la misma. Además, esta ley garantiza el derecho de las personas a la vida privada, al obligar a las instituciones a proteger los datos personales que tienen en sus archivos o bases de datos.
