LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL POE DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones que corresponden a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, así como la distribución de las competencias de los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público le competen.

Artículo 2. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, es el órgano del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la organización, el control y la supervisión de la institución del Ministerio Público, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, esta Ley Orgánica y los demás ordenamientos legales aplicables. De igual manera, es la representante legal del Estado en defensa de sus intereses, consultoría jurídica de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado y vigilante del respeto y cumplimiento de las leyes, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos legales señalados.

Artículo 3. La Procuraduría General de Justicia del Estado es un órgano único, indivisible y jerárquico en su organización, que goza de autonomía técnica y de gestión, encargada de promover el ejercicio de la acción penal, la defensa de los intereses de la sociedad, brindar protección a las víctimas u ofendidos del delito, testigos y en general a todos los sujetos que se encuentren en riesgo por su intervención en el procedimiento penal, así como la persecución e investigación de los delitos que sean competencia de los tribunales penales del Estado de Quintana Roo, a través del Ministerio Público, cuyo procedimiento tiene como fin el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen integralmente.

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley son obligatorias para todo el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, debiendo ser observadas, en cuanto a los deberes que impongan y facultades que concedan.

Artículo 5. La presente ley deberá aplicarse e interpretarse en armonía con las normas constitucionales e internacionales relativas a la función ministerial y sus principios rectores.

Artículo 6. Cuando la ley no señale un procedimiento especial o una forma determinada para la realización de un acto, serán admisibles y válidas todas aquellas formas que resulten adecuadas para lograr los fines del mismo, siempre que no sean ilícitas ni contrarias a derecho.

Artículo 7. Para los efectos, aplicación e interpretación de esta Ley, se entenderá por:

I. Auxiliares del Ministerio Público: Personal de la Procuraduría que auxilia al Ministerio Público en el desempeño de sus facultades y atribuciones, independientemente de las dependencias, instituciones, corporaciones, autoridades y demás que señalen los ordenamientos aplicables;

II. Consejo: Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia de la Procuraduría;

III. Ley adjetiva en vigor: Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo o al Código Procesal para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que resulte aplicable;

IV. Código Penal: Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

V. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Constitución Estatal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

VII. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo;

VIII. Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y

IX. Procurador: Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Artículo 8. La actuación del personal que integra la Procuraduría se regirá por los siguientes principios rectores: legalidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, certeza, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, responsabilidad, transparencia, equidad de género y respeto a los derechos humanos.

CAPÍTULO II

DE LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA

Artículo 9. Son funciones y atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado:

A. EN EJERCICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO:

I. Las que señalan la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, esta Ley Orgánica y las demás disposiciones legales aplicables;

II. Ejercer la conducción y mando de la investigación de los delitos, con las excepciones que señala la ley adjetiva en vigor, a efecto de establecer que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;

III. Recibir las denuncias y querellas que se presenten en forma oral, por escrito o por algún otro medio, en los términos de las disposiciones aplicables, sobre hechos que puedan constituir delito;

IV. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, realizar u ordenar la recolección de indicios y medios de prueba necesarios para sustentar las determinaciones ministeriales y resoluciones judiciales que procedan, así como para determinar el daño causado por el delito y su cuantificación para los efectos de su reparación;

V. Ordenar y dirigir las actividades de la Policía Ministerial en la investigación y persecución de los delitos, así como de las demás instituciones policiales cuando intervengan, vigilando que en todo caso se cumplan con los requisitos de legalidad de los actos de investigación que se lleven a cabo y determinando los hechos concretos, personas, domicilios y demás lugares u objetos que deban ser investigados;

VI. Dirigir las actividades de los peritos de la Procuraduría en la investigación y persecución de los delitos, así como de cualquier otro personal profesional o técnico que en los mismos términos brinde auxilio o colaboración a la Procuraduría;

VII. Dictar y supervisar en su caso, las medidas y providencias necesarias para impedir que los indicios o evidencias se pierdan, destruyan o alteren, así como cerciorarse de que se han seguido las disposiciones aplicables para su levantamiento, preservación y procesamiento;

VIII. Asegurar que las víctimas u ofendidos, o testigos del delito, puedan llevar a cabo la identificación del indiciado sin riesgo para ellos;

IX. Ejercitar la acción penal en los casos en que proceda, de conformidad con lo establecido por la ley adjetiva en vigor, interviniendo y realizando todas las acciones conducentes de acuerdo a sus facultades y atribuciones en las distintas etapas y fases procesales, de conformidad con la legislación aplicable;

X. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de técnicas de investigación y demás actuaciones que requieran autorización judicial y que resulten necesarias para la investigación, así como la aplicación de providencias precautorias y medidas cautelares al imputado, en atención a las disposiciones legales conducentes;

XI. Conocer y ejercer sus funciones de investigación en auxilio del Ministerio Público de la Federación, sobre la comisión de delitos que sean competencia de esa autoridad federal y en los casos de materias o competencias concurrentes;

XII. Intervenir en los asuntos judiciales que interesen a las personas a quienes las leyes aplicables les concede especial protección, en la forma y términos que las mismas determinen, asistiendo y conduciéndose con diligencia en las actuaciones o audiencias en que tenga que intervenir;

XIII. Decidir sobre la aplicación de alguna forma de terminación anticipada de la investigación o la aplicación de los criterios de oportunidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los lineamientos que para tal efecto emita el Procurador;

XIV. Promover y aplicar cuando procedan, en los términos de la legislación aplicable, los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como promover ante el órgano jurisdiccional las formas anticipadas de terminación del proceso penal;

XV. Comunicar al Juez que corresponda los hechos, los elementos que lo sustenten y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo de cada etapa del proceso;

XVI. Formular en su caso, la acusación dentro del término legalmente establecido para ello, sometiendo a los lineamientos dictados y la autorización del Procurador, la decisión de no formular acusación, para su confirmación, revocación o modificación;

XVII. Aportar los medios de prueba para la debida comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del acusado, las circunstancias en que hubiese sido cometido, la existencia de los daños y la fijación del monto de la reparación de éstos;

XVIII. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan, el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito y la aplicación en su caso, de las agravantes o atenuantes que procedan, conforme a las disposiciones legales aplicables;

XIX. Interponer los recursos legales que procedan, formulando los agravios o alegatos correspondientes para la substanciación de los mismos, así como intervenir en las audiencias de modificación y duración de las penas;

XX. Otorgar las órdenes de protección previstas en los ordenamientos aplicables, cuando de acuerdo a las mismas resulte legalmente procedente;

XXI. Proporcionar atención, orientación y asesoría jurídica a las víctimas u ofendidos del delito, así como a los testigos y demás sujetos procesales, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

XXII. Ordenar la detención de los indiciados cuando resulte procedente y poner a las personas detenidas a disposición de la autoridad competente, en los términos previstos por las leyes;

XXIII. Conducirse durante las audiencias procesales con absoluta lealtad para el imputado, acusado o sentenciado, su defensor, víctimas u ofendidos y demás sujetos procesales, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

XXIV. Solicitar las órdenes de cateo, aprehensión, comparecencia, presentación o de medidas precautorias, que requieran autorización judicial, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales aplicables;

XXV. Coordinarse con la autoridades competentes para formar equipos conjuntos de recopilación de información e investigación, cuando las actividades delictivas se realicen en todo o en parte, fuera del territorio estatal o se les atribuya a personas ligadas a una organización de carácter regional, nacional, o internacional, de conformidad con los convenios de colaboración existentes y/o los acuerdos de investigación conjunta que apruebe el Procurador;

XXVI. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso penal, en atención a las disposiciones legales conducentes y al riesgo o peligro para la víctima u ofendido, testigo o cualquier otro de los sujetos procesales;

XXVII. Hacer valer de oficio en su caso, las causas de justificación del delito y de exculpación a favor del imputado;

XXVIII. Solicitar a los órganos jurisdiccionales de la federación que correspondan, las autorizaciones para la intervención de comunicaciones privadas, en apego a las disposiciones legales aplicables;

XXIX. Vigilar y asegurar que durante el proceso penal se respeten los derechos humanos del imputado y de la víctima u ofendido, reconocidos por la Constitución Federal, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Estatal y demás disposiciones legales en vigor;

XXX. Intervenir en las distintas etapas del proceso especial para adolescentes y realizar todas las acciones conducentes de acuerdo a las facultades y atribuciones que le confiera la legislación de la materia;

XXXI. Vigilar la correcta aplicación de la ley en todos los casos que conozca; especialmente en aquellos en que alguna de las partes sea miembro de una comunidad indígena; XXXII. Conocer y resolver sobre delitos federales, en términos del artículo 73 fracción XXI párrafo tercero de la Constitución Federal;

XXXIII. Conocer de los delitos en materia de secuestro, atendiendo la distribución de competencias y la forma de coordinación en términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal;

XXXIV. Determinar el destino final de los objetos, instrumentos o productos del delito que se encuentren a su disposición, en los términos de lo dispuesto en la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables, y

XXXV. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales aplicables.

B. EN EJERCICIO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA:

I. Coordinarse con las demás Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para:

a) Integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y cumplir con sus fines y objetivos;

b) La formulación de políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

c) Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones de seguridad pública, a través de las instancias previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

d) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de Seguridad Pública en términos de las disposiciones aplicables;

e)Desarrollar las actividades específicas que se le asignen, como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

f) Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación, registro de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y elementos de la Policía Ministerial;

g) Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas para el personal de la Procuraduría;

h) Realizar acciones y operativos conjuntos con las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno;

i) Coadyuvar en la Política Estatal de prevención del delito;

j) Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas para coadyuvar con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, y

k) Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública en el Estado.

II. Realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos de política criminal y promover reformas que tengan por objeto hacer más eficiente la función de seguridad pública, contribuyendo al mejoramiento de la procuración e impartición de justicia;

III. Administrar, suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de Seguridad Pública dentro del territorio del Estado, a través de las bases de datos que con tales fines se encuentren constituidas. Por información en materia de Seguridad Pública, se entiende la que hace referencia el artículo 5, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IV. Atender la regulación en materia de certificación y registro de los miembros del servicio profesional de carrera, en términos de esta ley, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de los ordenamientos reglamentarios correspondientes;

V. Intervenir en la entrega de los imputados, acusados y sentenciados, así como practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad en cualquier otra Entidad Federativa o del Gobierno Federal que los requiera, en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebren las instituciones de cada entidad federativa;

VI. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, para la prevención e investigación de los delitos;

VII. Asesorar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con intervención de la Consejería Jurídica, y asistirlo en su calidad de integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en temas relacionados con la competencia de la Procuraduría;

VIII. Administrar los fondos de procuración de justicia, así como realizar las funciones que deriven de las disposiciones aplicables, respecto de la constitución y administración de los fondos que le competan;

IX. Establecer mecanismos e indicadores que sirvan para que la sociedad pueda coadyuvar en la evaluación de las políticas en materia de procuración de justicia, en los términos de los ordenamientos legales aplicables;

X. Resolver los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las determinaciones del Ministerio Público;

XI. Resolver sobre la responsabilidad e imposición de sanciones del personal de la Procuraduría en los procedimientos administrativos que correspondan;

XII. Velar por el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en la Constitución Estatal, en la esfera de su competencia.

En el ejercicio de esta atribución, la Procuraduría deberá:

a) Fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a los derechos humanos; b) Atender las visitas, quejas, y en su caso propuestas de conciliación y recomendaciones que emitan las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, así como otros organismos internacionales de protección de esos derechos, cuya competencia haya sido reconocida por el Estado Mexicano, conforme a las disposiciones legales aplicables, y

c) Proporcionar información a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, cuando lo soliciten en el ejercicio de sus funciones y en los términos de las disposiciones legales aplicables sobre dicha información.

XIII. Promover la celebración de acuerdos interinstitucionales en asuntos relacionados con sus atribuciones;

XIV. Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas, que estén vinculadas con las materias de su competencia;

XV. Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades, conforme a las disposiciones legales aplicables;

XVI. Celebrar acuerdos y convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar la disponibilidad de intérpretes de señas o traductores, en caso de ser insuficiente el personal a que se refiere la fracción XL de este apartado; (Fracción reformada en el Periódico oficial del Estado el día 19 de diciembre de 2014)

XVII. Emitir los lineamientos para la recolección, levantamiento, la preservación y el traslado de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, y aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad;

XVIII. Establecer las disposiciones reglamentarias correspondientes del servicio profesional de carrera;

XIX. Consultar los antecedentes de los aspirantes a ingresar en el Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría, en las bases de datos con las que cuente, así como en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XX. Contar con Agentes del Ministerio Público Especializados para Adolescentes, en términos de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo;

XXI. Prestar al Poder Judicial el auxilio necesario para el debido ejercicio de sus atribuciones;

XXII. Instruir el procedimiento de responsabilidad que corresponda para el personal de la Procuraduría, por incumplimiento de los requisitos de permanencia o de sus obligaciones en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la normatividad aplicable;

XXIII. Representar legalmente al Gobierno del Estado en defensa de sus intereses;

XXIV. Informar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado sobre las leyes y reglamentos que sean contrarios a la Constitución Federal o a la Constitución Estatal, proponiendo las medidas necesarias para su corrección;

XXV. Proporcionar al Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones competentes, los informes y datos que sean solicitados para el registro del personal de la Procuraduría, armamento y equipo relacionados con la función policial;

XXVI. Vigilar y procurar el respeto de las leyes por parte de las autoridades del Estado, en especial del personal que integre la Procuraduría;

XXVII. Establecer, conducir, supervisar y difundir, con base en los términos constitucionales y legales aplicables, la política específica referente a la institución del Ministerio Público;

XXVIII. Coordinar su actuación con las autoridades federales en la persecución de los delitos de competencia de aquéllas;

XXIX. Participar en acciones coordinadas con las dependencias competentes para auxiliar a la población en casos de emergencia o desastre; así como apoyar las acciones que realice el cuerpo de Seguridad Pública, a fin de garantizar el orden público y la paz social;

XXX. Instrumentar, actualizar y difundir la información estadística criminal y la relacionada con las materias propias de la institución del Ministerio Público, así como operar y optimizar el sistema de información correspondiente;

XXXI. Formular programas de capacitación para el personal de la Procuraduría, con el objetivo de elevar la calidad en la prestación de los servicios de procuración de justicia, así como dentro de los procesos judiciales que le competan, teniendo como objetivo la profesionalización y sensibilización del personal;

XXXII. Participar como integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la coordinación, regulación y evaluación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, procurando que en su instrumentación, aplicación y supervisión, participen las diferentes unidades de su estructura orgánica;

XXXIII. Concertar y promover con la Federación los programas, acciones y recursos que se emprendan en el Estado para desarrollar la institución del Ministerio Público de la Entidad; así como ejercer, por delegación, las atribuciones que en el ámbito de su competencia establezcan los convenios suscritos entre el Poder Ejecutivo del Estado y la administración pública federal, y promover, instrumentar y supervisar aquellos que se celebren con los sectores público, social y privado;

XXXIV. Consolidar y regular los servicios regionales de las zonas, procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios de eficiencia, productividad y ahorro en el gasto público y mayor cercanía y calidad de servicios a la población;

XXXV. Opinar sobre los otorgamientos de permisos y autorizaciones de parte de las autoridades locales, a los prestadores de servicios de seguridad privada, así como intervenir, con las autoridades competentes en la instrumentación del registro de centros y de programas educativos y de capacitación para la formación del personal que brinde dichos servicios;

XXXVI. La formulación de proyectos de ley, reglamentos y decretos, así como la expedición de circulares y acuerdos relativos a la procuración de justicia, serán sometidos a consideración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

XXXVII. Certificar copias sobre las constancias de actuaciones o registros que obren en su poder en los casos que permita la ley;

XXXVIII. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado le envíe para su estudio; Fracción reformada en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de diciembre de 2014

XXXIX. Capacitar, a través del Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica, al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la debida atención y defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Para efectos de lo anterior, la Procuraduría deberá emitir un programa para la atención y defensa de las personas en condición de vulnerabilidad, mismo que será actualizado cada tres años; Se considerarán personas en condición de vulnerabilidad, aquellas que por razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales tengan dificultad para ejercer con plenitud sus derechos en el sistema de procuración de justicia.

XL. Determinar la designación de uno o varios intérpretes de lengua de señas y traductores adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y

XLI. Las que le encomienden expresamente los demás ordenamientos legales aplicables. Artículo reformado en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de diciembre de 2014

TÍTULO SEGUNDO

ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA

CAPÍTULO I

ÓRGANOS QUE LA INTEGRAN

Artículo 10. La titularidad de la Procuraduría corresponde al Procurador General de Justicia del Estado, quien ejerce autoridad jerárquica sobre todo el personal de la misma; preside la institución del Ministerio Público y le compete el ejercicio originario de las facultades, atribuciones y funciones que le otorgan a la Procuraduría y al Ministerio Público la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. El personal de la Procuraduría se organizará de la siguiente manera:

I. Los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Ministerial y Peritos quedarán sujetos al servicio profesional de carrera, en los términos de los ordenamientos aplicables;

II. El personal de base se regirá por sus disposiciones legales aplicables, y

III. El personal distinto a los señalados en las fracciones anteriores se considerará como de confianza, en ningún caso será considerado como del servicio profesional de carrera y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento, conforme a los ordenamientos aplicables.

Artículo 12. La Procuraduría desarrollará el sistema de profesionalización en el que deberá participar todo el personal de la misma, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables.

Artículo 13. El personal de la Procuraduría, con las excepciones previstas en los ordenamientos aplicables, estará sujeto a las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, así como al sistema de profesionalización, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 14. Para cumplir con sus funciones y atribuciones la Procuraduría se integra por:

I. Un Procurador General;

II. Subprocuradores;

III. Un Subprocurador de Asuntos Indígenas;

IV. Un Secretario Particular;

V. Las Direcciones Generales de:

a) La Policía Ministerial;

b) Planeación e Implementación del Sistema de Justicia Penal;

c) Visitaduría, y

d) Servicios Periciales;

VI. El Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica;

VII. Las Direcciones de:

a) Asuntos Jurídicos;

b) Control de Procesos;

c) Bienes Asegurados;

d) Del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;

e) Del Centro de Justicia para Mujeres;

f) Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad;

g) Comunicación Social;

h) Del Ministerio Público Especializado para Adolescentes;

i) Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

j) Administrativa, y

k) Control y Seguimiento;

VIII. Las siguientes Fiscalías:

a) Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas;

b) Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros;

c) Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos;

d) Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo; (Inciso reformado en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de diciembre de 2014)

e) Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, y (Inciso reformado en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de diciembre de 2014)

f) Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Contra de los Migrantes; (Inciso adicionado en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de diciembre de 2014

IX. La siguientes Unidades:

a) Unidad de Derechos Humanos, y

b) Unidad de Justicia Alternativa Penal.

X. Así como por las demás áreas administrativas, fiscalías o unidades especializadas de la Procuraduría, sin importar su denominación, que el servicio requiera y la partida presupuestal lo permita. (Fracción reformada en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de diciembre de 2014)

CAPÍTULO II

REQUISITOS

Artículo 15. Para ser Procurador General de Justicia del Estado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Ser nativo de la Entidad o con residencia efectiva no menor de 5 años en el Estado;

III. Ser mayor de treinta años el día de su nombramiento;

IV. Ser Licenciado en Derecho con título y cédula profesional legalmente registrados;

V. Tener como mínimo ocho años de ejercicio profesional;

VI. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

VII. Tener modo honesto de vivir;

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

IX. No ser ministro de algún culto religioso;

X. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, y

XI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. Para ocupar el cargo de Subprocurador, se deben reunir los mismos requisitos exigidos para ser Procurador.

Artículo 17. Para ser Subprocurador de Asuntos Indígenas se requieren los mismos requisitos que para ser Procurador y además:

I. Gozar de reconocida honorabilidad en la comunidad indígena a la que pertenezca;

II. Dominar el idioma indígena de la región, y

III. Conocer los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena.

Artículo 18. Para ocupar el cargo de Secretario Particular, Director General, Director, Titular de Fiscalía, Unidad o cualquier otro órgano de la Procuraduría, se requieren los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Nativo de la Entidad o con residencia efectiva no menor de 5 años en el Estado;

III. Ser mayor de veinticinco años el día de su nombramiento;

IV. Tener la licenciatura con título y cédula profesional legalmente registrados, en un área estrictamente afín al cargo que fuere nombrado, el Procurador podrá dispensar este requisito en las áreas de Comunicación Social, Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, cuando se trate de personas con amplios conocimientos y experiencia en la materia;

V. Tener como mínimo ocho años de ejercicio profesional;

VI. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

VII. Tener modo honesto de vivir;

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

IX. No ser ministro de algún culto religioso;

X. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, y

XI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones legales aplicables. Para ocupar el cargo de Titular de cualquiera de las Fiscalías Especializadas, se requerirá además contar con la suficiente experiencia en la materia.

CAPÍTULO III

DEL PROCURADOR

Artículo 19. El Procurador será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dicho nombramiento deberá ser aprobado o rechazado por la Legislatura o la Diputación Permanente en su caso, conforme a lo siguiente:

I. Una vez dado a conocer en sesión del Pleno de la Legislatura o de la Diputación Permanente el nombramiento que contenga la documentación que avale los requisitos para ser Procurador, se turnará a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su trámite;

II. Dichas comisiones procederán a analizar si el nombramiento satisface los requisitos legales al cargo de Procurador, establecidos en la Constitución Estatal y la presente ley; citando, de ser procedente, a la persona propuesta, para efectos de entrevistarlo y proceder a elaborar el dictamen correspondiente;

III. El citado dictamen se presentará en sesión plenaria de la Legislatura o la Diputación Permanente, según corresponda, para efecto de aprobar o desechar el nombramiento;

IV. La aprobación del nombramiento del Procurador se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado, y

V. La persona nombrada al cargo de Procurador deberá comparecer ante la propia Legislatura o la Diputación Permanente, a rendir la protesta de ley. El nombramiento de Procurador, será aprobado o desechado en el improrrogable término de diez días naturales contado a partir de la fecha de celebración de la sesión del Pleno de la Legislatura o de la Diputación Permanente, en la que ingresó el nombramiento.

Transcurrido ese término sin que nada resolviere el órgano legislativo correspondiente, se tendrá por aprobado el nombramiento y el designado entrará en el ejercicio de sus funciones previa la protesta de ley ante el órgano respectivo, de conformidad al artículo 75 fracción XLIV y 76 fracción XLIV de la Constitución Estatal. Si fuere desechado el nombramiento, se procederá a realizar otro y si también fuere desechado, no se realizará uno nuevo, sino hasta iniciado el próximo período ordinario de sesiones. En tanto, continuará en el ejercicio de sus funciones el titular a sustituir, a menos que esté imposibilitado legalmente para hacerlo, y en este último caso, se desempeñará interinamente el Subprocurador que el Titular del Poder Ejecutivo designe. La ratificación del Procurador, en los casos que corresponda, deberá agotar el procedimiento descrito en este numeral.

Artículo 20. Son atribuciones del Procurador las siguientes:

I. Ser el titular de la Procuraduría y establecer sus bases de organización;

II. Garantizar la autonomía técnica de la Procuraduría;

III. Presidir al Ministerio Público y ejercer originariamente las facultades que le corresponden a éste, determinar la política institucional así como los criterios y prioridades en la investigación y persecución de los delitos y, en su caso, del ejercicio de la acción penal;

IV. Vigilar la constitucionalidad de las leyes del Estado y en su caso, proponer las reformas e iniciativas de ley que resulten necesarias;

V. Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Procuraduría y ejercer la disciplina entre sus integrantes;

VI. Dirigir y coordinar el desarrollo de la función investigadora y acusatoria, directamente o a través del personal bajo su mando;

VII. Coadyuvar en la política estatal de prevención del delito, así como en la política criminal del Estado, en los términos que establezcan las leyes;

VIII. Expedir los acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos, instructivos, bases y demás normas administrativas internas que resulten necesarias para el buen funcionamiento de los órganos y unidades administrativas de la Procuraduría;

IX. Resolver por sí o por conducto del servidor público que designe, sobre el ingreso, promoción, adscripción, renuncias, sanciones y estímulos de sus subalternos, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales;

X. Emitir instrucciones generales o particulares al personal de la Procuraduría sobre el ejercicio de sus funciones y la prestación del servicio;

XI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado el nombramiento y remoción de los Subprocuradores;

XII. Nombrar y remover a los titulares de todos los órganos o unidades administrativas de la Procuraduría conceder licencias y aceptar renuncias;

XIII. Adscribir y rotar por sí o por conducto de quien designe en cada caso, de acuerdo a las necesidades del servicio, a todo el personal de la Procuraduría, únicamente con las excepciones previstas en los ordenamientos aplicables;

XIV. Emitir los lineamientos y políticas con relación a la aplicación de los criterios de oportunidad, las formas de terminación anticipada de la investigación y salidas alternas del proceso, así como de aplicación de la justicia alternativa y restaurativa al interior de la Procuraduría;

XV. Resolver por sí o a través del servidor público en quien delegue dicha facultad, los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre las facultades de abstenerse de investigar, archivo temporal de la investigación, su negativa u omisión en determinados actos de investigación o el no ejercicio de la acción penal;

XVI. Establecer las directrices del Programa para la protección y asistencia de las víctimas u ofendidos, testigos y demás sujetos procesales;

XVII. Conocer y resolver sobre las excusas y recusaciones que sean interpuestas en contra del Ministerio Público;

XVIII. Comparecer ante el Congreso del Estado para informar sobre los asuntos a su cargo;

XIX. Poner en conocimiento de las autoridades competentes por sí o por el servidor público en quien delegue esta facultad, las irregularidades que se adviertan en el desempeño de las funciones de la Procuraduría, cometidas por servidores públicos o elementos de cualquier otra institución, dependencia o corporación, incluso de empresas de seguridad privada;

XX. Intervenir con la representación jurídica del Gobierno del Estado en los procedimientos en que éste sea parte y defender sus intereses;

XXI. Acordar con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado los asuntos de su competencia;

XXII. Delegar en los Subprocuradores o personas bajo su mando, las facultades y atribuciones que no sean indelegables;

XXIII. Crear a través de los acuerdos respectivos las unidades de servicio que se estimen necesarias, de conformidad con los reclamos de la ciudadanía y que se traduzcan en el mejor desempeño de las funciones encomendadas;

XXIV. Vigilar la exacta aplicación de la ley, principalmente por parte del personal de la Procuraduría;

XXV. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que le confiera el Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su ejecución personal, e informarle sobre el desarrollo de las mismas;

XXVI. Someter a consideración el proyecto presupuestal anual de egresos de la Procuraduría y en su caso, sus modificaciones;

XXVII. Vigilar que se dé el debido seguimiento a los acuerdos que se tomen en las Conferencias Nacionales de Procuradores Generales de Justicia, y

XXVIII. Las que con tal carácter le señalen los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 21. Serán indelegables aquellas atribuciones que deban ser atendidas personalmente por el Procurador, por disposición legal o por instrucción expresa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

CAPÍTULO IV

DE LOS SUBPROCURADORES

Artículo 22. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, las Subprocuradurías se delimitarán geográficamente de la siguiente manera:

I. La Subprocuraduría de la Zona Sur, con sede en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo y con jurisdicción territorial en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar;

II. La Subprocuraduría de la Zona Norte, con sede en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo y con jurisdicción territorial en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas;

III. La Subprocuraduría de la Zona Centro, con sede en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y con jurisdicción territorial en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, y

IV. La Subprocuraduría de la Riviera Maya, con sede en la Ciudad de Playa del Carmen y con jurisdicción territorial en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel.

Artículo 23. Para el debido funcionamiento de dichas Subprocuradurías, tendrán adscritas a sus correspondientes zonas las direcciones, órganos y áreas administrativas que sean necesarias a juicio del Procurador y la partida presupuestal permita. Las facultades, atribuciones y obligaciones que le correspondan de las Direcciones Generales, se entenderán delegadas a las Direcciones de Zona dentro de su circunscripción territorial.

Artículo 24. Son atribuciones de los Subprocuradores las siguientes:

I. Suplir en ausencias temporales al Procurador, de conformidad con el orden jerárquico que corresponda o por delegación expresa de éstos;

II. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia y de las áreas administrativas a su cargo y responsabilidad;

III. Desempeñar las funciones y comisiones que le encomiende el Procurador e informarles sobre el desarrollo de las mismas;

IV. Someter a la aprobación del Procurador los estudios y proyectos que se elaboren en la Subprocuraduría bajo su responsabilidad o áreas a su cargo;

V. Supervisar los órganos y unidades administrativas de la Procuraduría para verificar su correcto funcionamiento, resolviendo sobre lo conducente e informando al Procurador sobre las acciones llevadas a cabo y las anomalías detectadas;

VI. Acordar con los titulares de los órganos o unidades administrativas bajo su mando, los asuntos que deban resolverse con su conocimiento o anuencia;

VII. Auxiliar al Procurador en el ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren las leyes, cuando no se traten de facultades o atribuciones indelegables, suscribiendo los documentos correspondientes;

VIII. Dictaminar los asuntos que el Procurador reciba en consulta o revisión y que le sean turnados por éste para su atención;

IX. Formular los anteproyectos de presupuesto y de los programas correspondientes a las unidades administrativas de su adscripción;

X. Proporcionar la información o cooperación técnica que le sea requerida por otras dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad a las normas y políticas establecidas para tal fin;

XI. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las demás disposiciones que resulten aplicables;

XII. Proponer al Procurador la expedición de manuales, acuerdos, criterios, instrucciones, circulares, lineamientos, políticas y demás documentos normativos para eficientar el servicio que presta la Procuraduría, y

XIII. Las demás que se señalen en los ordenamientos legales aplicables o que le encomiende el Procurador.

CAPÍTULO V

DEL SUBPROCURADOR DE ASUNTOS INDÍGENAS

Artículo 25. El Subprocurador de Asuntos Indígenas tiene las atribuciones inherentes al cargo de Subprocurador y las ejerce sobre los Agentes del Ministerio Público Comunitario, coadyuvando además en la aplicación de la Ley de Justicia Indígena y de Derechos, Cultura y Organización Indígena, ambas del Estado de Quintana Roo.

Artículo 26. Son facultades del Subprocurador de Asuntos Indígenas las señaladas para los Subprocuradores y además:

I. Promover la difusión de los usos, costumbres, tradiciones, idioma y cultura ante la comunidad indígena maya en general;

II. Orientar a los miembros de las comunidades mayas en los derechos y obligaciones que les otorgan la Ley de Justicia Indígena y la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena, ambas del Estado de Quintana Roo, así como en los procedimientos para acceder a estos derechos o cumplir sus obligaciones en los términos de estas leyes;

III. Intervenir en los asuntos de orden jurídico que se susciten entre los miembros de las comunidades a que se refiere la Ley de Justicia Indígena del Estado;

IV. Investigar y procurar la aplicación de la sanción correspondiente por las violaciones a los derechos sociales de las comunidades indígenas;

V. Poner en conocimiento de los Magistrados de Asuntos Indígenas las irregularidades que se adviertan en las funciones del Juez Tradicional, para los efectos que señala la Ley de justicia Indígena del Estado, y

VI. Procurar la aplicación de las sanciones correspondientes por las irregularidades en que incurran los Agentes del Ministerio Público Comunitario, escuchando la opinión del Gran Consejo Maya.

CAPÍTULO VI

DEL SECRETARIO PARTICULAR

Artículo 27. Son atribuciones del Secretario Particular, las siguientes:

I. Recibir y atender a las personas que soliciten audiencia con el Procurador, cuando así él lo instruya, o proveer lo necesario para su atención directa y oportuna;

II. Recibir, clasificar y dar trámite a la correspondencia dirigida al Procurador, llevando el control respectivo;

III. Supervisar y controlar los servicios secretariales y de apoyo del personal adscrito al despacho del Procurador;

IV. Auxiliar al Procurador en la elaboración y seguimiento de su agenda, manteniéndola actualizada;

V. Trasmitir las instrucciones del Procurador a los titulares de los diferentes órganos o unidades administrativas;

VI. Recabar de los órganos o unidades de la Procuraduría los datos o informes que requiera el Procurador;

VII. Turnar con la oportunidad debida al Procurador, los documentos que contengan la información dirigida a él o aquellos que requieran de su autorización y firma;

VIII. Verificar el cumplimiento de las instrucciones dadas por el Procurador al personal de la Procuraduría;

IX. Convocar y verificar la asistencia puntual de los servidores públicos citados a las reuniones de trabajo en las que intervenga el Procurador, proveyendo de los elementos materiales y técnicos necesarios para su realización, y

X. Las demás que le confiera el Procurador.

CAPÍTULO VII

DE LAS DIRECCIONES GENERALES

SECCIÓN I

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES COMUNES

Artículo 28. Son atribuciones y obligaciones comunes de los titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Fiscalías, Unidades y demás órganos de la Procuraduría las siguientes:

I. Dirigir, coordinar y supervisar al personal bajo su mando, en el desempeño de las funciones y atribuciones conferidas a los órganos que representen;

II. Planear, programar y coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de integración e interrelación que propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la Procuraduría, así como formular los anteproyectos que les sean requeridos;

III. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de las unidades adscritas a su cargo y desempeñar las comisiones que éste le delegue, informándole oportunamente sobre su desarrollo y cumplimiento;

IV. Someter a consideración del Procurador los estudios y proyectos que se elaboren en las unidades administrativas que tengan adscritas;

V. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que resulten aplicables;

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

VII. Elaborar los análisis, estadísticas y sistemas de registro de los asuntos a su cargo;

VIII. Proporcionar a otras unidades administrativas la información y cooperación técnica especializada que soliciten, de acuerdo con las normas y políticas institucionales;

IX. Participar en el ámbito de su competencia, en el sistema de planeación e innovación gubernamental de la Procuraduría;

X. Formular propuestas para lograr la cooperación con diversos organismos públicos, sociales y privados, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer y consolidar las funciones de la Procuraduría;

XI. Formular los informes que le sean encomendados por el Procurador, respecto de los asuntos que sean propios de su competencia;

XII. Asesorar técnicamente a los servidores públicos a su cargo y a las demás áreas de la Procuraduría en asuntos de su especialidad;

XIII. Vigilar el resguardo de la documentación que se genere en las áreas de su competencia, con motivo del ejercicio de sus funciones;

XIV. Dar parte al órgano competente sobre las irregularidades, responsabilidades, actos u omisiones en que incurra el personal a su cargo, que puedan ameritar las sanciones contenidas en las leyes aplicables, y

 XV. Las demás que les confieran los ordenamientos legales aplicables.

SECCIÓN II

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL

Artículo 29. La Dirección General de la Policía Ministerial bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director, tiene las siguientes funciones y obligaciones:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, solo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberá informar de inmediato sobre las mismas y de las diligencias practicadas al respecto;

II. Recibir las denuncias anónimas y cerciorarse de la veracidad de los datos aportados, notificándolo de inmediato al Ministerio Público, de confirmarse la información sobre la existencia de un hecho delictivo;

III. Practicar detenciones en los casos de flagrancia o cuando el Ministerio Público lo ordene por escrito, en caso de urgencia;

IV. Hacerle saber a los detenidos los derechos que a su favor le otorgan la Constitución Federal y la Constitución Estatal;

V. Actuar en la investigación de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos;

VI. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores, salvo en los casos de las técnicas especiales de investigación previstas en las leyes;

VII. Poner a disposición de las autoridades ministeriales o judiciales competentes a las personas detenidas, con estricto cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para ello;

VIII. Registrar en los archivos institucionales e inscribir en el Registro Administrativo de Detenciones la detención de cualquier persona, así como remitir la información al Ministerio Público, conforme a las disposiciones legales aplicables;

IX. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos probablemente delictivos y la identidad de quien posiblemente lo cometió o participó en su comisión;

X. Informar al Ministerio Público cuando para el cumplimiento de las diligencias de investigación se requiera autorización judicial, para que con base en los elementos que se proporcionen, pueda solicitarla al Juzgador;

XI. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y la integridad de todos los indicios, dando inmediato aviso al Ministerio Público, conforme a las disposiciones aplicables;

XII. Cuando sea procedente y necesario, procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los hechos o del hallazgo, en términos de las disposiciones aplicables;

XIII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;

XIV. Solicitar a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, informes y documentos para los fines de la investigación del delito y, en caso de negativa, informarlo al Ministerio Público para que en su caso, éste los requiera;

XV. Garantizar que se deje registro de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de las mismas;

XVI. Proporcionar atención a las víctimas u ofendidos y testigos del delito, debiendo para tales efectos:

a) Brindar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

b) Informar sobre los derechos que en su favor se encuentran establecidos;

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica;

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos, y

f) Llevar a cabo las demás obligaciones que señalen los ordenamientos legales aplicables.

XVII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y judiciales;

XVIII. Emitir oportunamente los informes, partes policiales y demás documentos que correspondan, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables; pudiendo para tal efecto apoyarse en los conocimientos científicos que resulten necesarios, sin que ello los constituya en dictámenes periciales;

XIX. Evitar que se dificulte de cualquier forma la investigación de los delitos;

XX. Cumplir las órdenes o medidas de protección que le ordene el Ministerio Público a favor de las víctimas u ofendidos, testigos y demás sujetos procesales, en los términos de los ordenamientos legales aplicables;

XXI. Cumplir con las encomiendas que le ordene el Procurador y los Subprocuradores, y

XXII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

Artículo 30. El Director de la Policía Ministerial tendrá además la obligación de dar parte al órgano competente sobre las irregularidades, responsabilidades, actos u omisiones en que incurra el personal de dicha corporación a su cargo, que puedan ameritar las sanciones contenidas en esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN III

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Artículo 31. La Dirección General del Sistema de Justicia Penal bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director General, quién también tendrá el carácter de Ministerio Público, cumplirá las siguientes funciones y obligaciones además de las inherentes a la institución del Ministerio Público:

I. Dirigir y supervisar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos y en la actuación dentro del proceso, bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

II. Dirigir, coordinar y vigilar la actuación del personal adscrito a la Direcciones, Unidades y demás áreas bajo su mando, en la atención a la ciudadanía, la promoción y aplicación de la justicia alternativa y restaurativa penal, en la investigación y persecución de los delitos y en la actuación dentro del proceso, bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

III. Informar a las partes en conflicto por el delito, sobre los beneficios y bondades que otorgan los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia alternativa, proveyendo lo necesario para su atención por parte de la Unidad de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría, en caso de aceptar voluntariamente sujetarse a los mismos;

IV. Desarrollar y supervisar todas las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los órganos y unidades administrativas competentes de la Procuraduría;

V. Elaborar y vigilar la ejecución de los lineamientos, políticas, procedimientos, programas y mecanismos necesarios para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio al interior de la Procuraduría;

VI. Conocer y dirigir la ejecución al interior de la Procuraduría, de los planes y programas de evaluación de la implementación y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

VII. Coordinar la ejecución de los métodos o mecanismos de administración y gestión para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría;

VIII. Presentar al Procurador los estudios y proyectos de planeación estratégica de las áreas de la Procuraduría relacionadas con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

IX. Proponer al Procurador los programas de reorganización institucional que permitan alcanzar la eficiencia, efectividad y calidad en la operación del Sistema de Justicia Penal, así como vigilar su implementación;

X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría;

XI. Proponer al Procurador los proyectos de capacitación, infraestructura, equipamiento, tecnologías de la información y los demás que resulten necesarios para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría, así como vigilar su desarrollo y cumplimiento, y XII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales, o que el Procurador le confiera.

SECCIÓN IV

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA VISITADURÍA

Artículo 32. La Dirección General de la Visitaduría es un órgano de evaluación técnica-jurídica responsable de supervisar las actividades de las distintas áreas de las Procuraduría, así como de control interno de la misma respecto de las actuaciones de los Ministerios Públicos y Peritos de la Procuraduría, con el objeto de coadyuvar en la prevención, combate y erradicación de prácticas de corrupción y de impunidad en el personal de la Procuraduría.

Artículo 33. La Dirección General de la Visitaduría será encabezada por un Director, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, será auxiliado por los ministerios públicos adscritos a la Visitaduría, y demás personal administrativo que el Procurador designe.

Artículo 34. Para la atención de los asuntos de su competencia, la Dirección General de la Visitaduría se conformará de la Unidad de Visitas, Unidad de Quejas y Procedimientos y Unidad de Resoluciones. El personal será adscrito a cada una de las diversas unidades por el Director, de acuerdo a las necesidades del servicio.

Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección General de la Visitaduría:

A. EN MATERIA DE VISITAS:

I. Elaborar el programa de trabajo para el desarrollo de visitas de control, inspección y evaluación técnico-jurídicos de acuerdo a las normas y lineamientos aplicables;

II. Ordenar la práctica de visitas de inspección, supervisión, control y evaluación técnicojurídicas a las subprocuradurías, direcciones, coordinaciones, unidades, jefaturas, agencias investigadoras, policía ministerial, servicios periciales, fiscalías especializadas y demás áreas administrativas de la Procuraduría;

III. Requerir a los titulares de las unidades administrativas, los informes, datos, registros, libros de gobierno, expedientes y documentos necesarios para el despacho de los asuntos encomendados a la Visitaduría así como a las instalaciones correspondientes y la documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

IV. Llevar el control y registro de las visitas realizadas, estableciendo un sistema de seguimiento de las mismas;

V. Formular con base en los resultados de las visitas de inspección y evaluación las observaciones y recomendaciones tendientes a mejorar la eficiencia en las operaciones de todas las áreas administrativas de la Procuraduría, con el apercibimiento que de no cumplir con las mismas se dará inicio al correspondiente Procedimiento Administrativo.

VI. Elaborar un diagnóstico para el Procurador sobre los resultados de la inspección, supervisión y evaluación técnica-jurídica de las unidades administrativas que hayan sido objeto de visitas y proponerle las medidas preventivas y correctivas para mejorar la eficiencia de cada una de las áreas de la Procuraduría;

VII. Dar atención, por conducto de los servidores públicos adscritos a esa Dirección, a las quejas que se formulen durante las visitas respecto de la actuación del personal integrante del área visitada;

VIII. Atender y recibir las quejas que se realicen durante las visitas respecto de la actuación del personal integrante del área visitada;

IX. Dar vista a la autoridad que corresponda de las irregularidades detectadas durante las visitas respecto de la actuación de los Ministerios Públicos, Peritos, Policía Ministerial y demás personal de la Procuraduría;

X. Ejercer las normas que en materia de control y evaluación técnico jurídicas que fije el Procurador;

XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Manuales de Organización y Procedimientos de todas las direcciones y unidades administrativas de la Procuraduría;

XII. Participar en coordinación con otras autoridades, en los procesos de entrega y recepción de las direcciones y unidades administrativas de la Procuraduría;

XIII. Presentar propuestas de adecuaciones a la estructura orgánica de la Visitaduría;

XIV. Actuar coordinadamente con los titulares de las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, cuando así lo ordene el Procurador, y

XV. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia.

B. EN MATERIA DE INSTRUCCIÓN:

I. Recibir y tramitar las quejas formuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los Ministerios Públicos y Peritos;

II. Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos en contra de los Ministerios Públicos y Peritos de la Procuraduría con motivo del incumplimiento de sus obligaciones o por faltas en que incurra en el servicio o con motivo de este;

III. Requerir a los titulares de las unidades administrativas los informes, datos, registros, libros de gobierno, expedientes y documentos necesarios para la sustanciación del procedimiento administrativo;

IV. Recabar de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y federal los informes y documentos necesarios para la instrucción del procedimiento administrativo;

V. Requerir al superior jerárquico o a la unidad administrativa correspondiente información sobre la existencia de correctivos disciplinarios y sanciones que le hayan sido impuestos al sujeto de probable responsabilidad administrativa;

VI. Solicitar de las instituciones públicas y privadas, datos e información necesaria para la instrucción del procedimiento administrativo;

VII. Requerir a los titulares de las direcciones y unidades administrativas su colaboración para realizar notificaciones y demás diligencias que a juicio de la Visitaduría deban llevarse fuera del lugar de residencia de la misma;

VIII. Realizar todas las diligencias necesarias para la correcta integración del procedimiento administrativo, quedando investidos sus agentes ministeriales de fe pública y de la facultad para certificar documentos;

IX. Formular y presentar al Procurador los proyectos de resolución derivados de los procedimientos administrativos seguidos ante la Visitaduría a efecto de que aquél resuelva si existe en el caso responsabilidad y si ha lugar a la imposición de una sanción;

X. Efectuar los trámites correspondientes ante las instancias competentes cuando la aplicación de las sanciones no sea competencia de la Visitaduría;

XI. Dar vista a la autoridad competente de hechos realizados por parte del servidor público de la Procuraduría que puedan ser constitutivos de delito, a efecto de que se determine lo que en derecho corresponda;

XII. Turnar las quejas presentadas en contra de personal de la Procuraduría con motivo de la probable responsabilidad administrativa de las cuales deba conocer el Consejo;

XIII. Formular los informes previos y justificados en los juicios de amparos promovidos contra actos de la Visitaduría así como presentar las promociones y los recursos que deban interponerse;

XIV. Rendir en tiempo y forma la información y proyectos que le sean encomendados por el Procurador, y

XV. Las demás que dispongan otras disposiciones legales, o que el Procurador o los Subprocuradores le confieran.

SECCIÓN V

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

Artículo 36. La Dirección General de Servicios Periciales bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director, actuará con la autonomía técnica e independencia de juicio que le corresponda en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen y rendirá sus correspondientes informes, certificados y dictámenes en las diversas especialidades pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Cuando las disposiciones aplicables lo permitan, el Procurador podrá habilitar a peritos en cualquier área, siempre y cuando cumplan con los requisitos dispuestos en esta ley. La Dirección de Servicios Periciales contará para la rendición de los correspondientes informes, certificados y dictámenes, con las especialidades que resulten necesarias y la partida presupuestal autorice.

Artículo 37. Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Servicios Periciales:

I. Auxiliar al Ministerio Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos;

II. Establecer y operar los mecanismos de atención y registro de las solicitudes de servicios periciales en las diferentes especialidades, formuladas por el Ministerio Público y, en su caso, por los órganos jurisdiccionales y demás autoridades, así como los programas de supervisión y seguimiento de la atención a tales solicitudes;

III. Brindar asesoría técnica a las unidades administrativas y órganos de la Procuraduría, así como a otras instancias que lo requieran, en el ámbito de su competencia;

IV. Establecer y cumplir los requisitos mínimos de los dictámenes e informes, así como, en coordinación con las unidades administrativas competentes, las guías y los manuales técnicos que deban observarse en la intervención pericial y para la formulación de dictámenes de las diversas especialidades periciales, velando porque se cumplan con las formalidades y requisitos que establecen las leyes del procedimiento, así como con las normas científicas y técnicas aplicables;

V. Opinar sobre los anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y manuales para regular la función pericial y la actuación de los peritos;

VI. Supervisar técnica y administrativamente la emisión de los informes y dictámenes periciales, a efecto de que éstos cumplan con la metodología pericial y la normatividad aplicables;

VII. Dirigir, supervisar y operar los laboratorios adscritos a los Servicios Periciales;

VIII. Atender las instrucciones del Ministerio Público así como los procedimientos y protocolos para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como para asegurar su integridad a través de la cadena de custodia;

IX. Operar los bancos de datos criminalísticos de la Procuraduría, que sean materia de su competencia y que se encuentren integrados al Sistema Nacional de Seguridad Pública;

X. Operar y administrar, siempre que existan las condiciones necesarias para ello, un sistema informático de registro y análisis de perfiles genéticos de personas, vestigios biológicos, huellas y otros elementos relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el acceso a este sistema y su uso;

XI. Operar y administrar, siempre que existan las condiciones necesarias para ello, un sistema informático de registro y análisis de la huella balística, análisis de voz, sistemas biométricos y otros elementos relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el acceso a este sistema y su uso;

XII. Proponer a las unidades administrativas competentes la adquisición del equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales, así como promover la cooperación en la materia con las Procuradurías de las demás entidades del país y otras instituciones competentes;

XIII. Certificar la cadena de custodia antes que el Ministerio Público la utilice en su investigación, cuando los indicios hayan sido localizados y recolectados por los Servicios Periciales;

XIV. Solicitar y supervisar el mantenimiento necesario para los equipos de los laboratorios adscritos a los Servicios Periciales;

XV. Poner a disposición del Ministerio Público en la forma prevista por las disposiciones legales aplicables, el material sensible significativo que resulte de sus intervenciones en la investigación del hecho delictivo;

XVI. Realizar la identificación de los sujetos procesados en los términos señalados por las disposiciones legales aplicables;

XVII. Comparecer a las audiencias cuando sean citados para ello, y

XVIII. Las demás que se dispongan en otros ordenamientos legales o que el Procurador o los Subprocuradores les confieran.

CAPÍTULO VIII

DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Artículo 38. El Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica es un órgano desconcentrado de la Procuraduría, jerárquicamente subordinado a ella, cuya organización y funcionamiento se rige por esta ley y las disposiciones reglamentarias aplicables, siendo el encargado de la selección, evaluación, capacitación, especialización y actualización del personal de la Procuraduría, así como de desarrollar labores de investigación académica.

Artículo 39. Son funciones y obligaciones del Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica al personal de la Procuraduría;

III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial;

IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización del personal de la Procuraduría;

V. Promover los servicios educativos que correspondan, entre el personal de la Procuraduría;

VI. Proponer y aplicar las estrategias y planes para la profesionalización del personal de la Procuraduría;

VII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización para el personal de la Procuraduría;

VIII. Revalidar equivalencias de estudios de la profesionalización;

IX. Diseñar y actualizar los lineamientos, políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes, así como vigilar su aplicación en la Procuraduría;

X. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación del personal de la Procuraduría y proponer los cursos correspondientes;

XI. Elaborar y publicar las convocatorias para el ingreso a la Procuraduría;

XII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;

XIII. Expedir constancias de las actividades de capacitación y profesionalización que impartan;

XIV. Gestionar la celebración de convenios con instituciones educativas locales, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con el objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos de la Procuraduría;

XV. Supervisar que los aspirantes e integrantes de la policial ministerial se sujeten a los manuales de las academias e institutos;

XVI. Proponer los procedimientos de reclutamiento y selección de los aspirantes a miembros del Servicio Profesional de Carrera, atendiendo las normas y políticas institucionales, en coordinación con las autoridades competentes, vigilando que se sujeten a los procedimientos correspondientes;

XVII. Operar los programas de reclutamiento, formación, capacitación, actualización, especialización y adiestramiento para el personal de la Procuraduría;

XVIII. Llevar a cabo acciones para la formación y profesionalización de los aspirantes a elementos de la policía ministerial, agentes del ministerio público y peritos;

XIX. Elaborar el sistema de profesionalización del personal ministerial, policial y pericial del Servicio Profesional de Carrera;

XX. Capacitar, actualizar y especializar a los servidores públicos distintos a los del servicio profesional de carrera, conforme a los lineamientos, políticas y necesidades operativas de la Procuraduría;

XXI. Participar en los procesos de evaluación de conocimientos y, en su caso, de aptitud física, para la certificación, promoción, reconocimiento y reingreso de los miembros del Servicio Profesional de Carrera y, en lo conducente, del resto del personal de la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones aplicables, vigilando que en todo caso se sujeten a los procedimientos correspondientes;

XXII. Diseñar los modelos de profesionalización, basados en los perfiles de cada cargo y la competencia profesional que se requiere para la función de procuración de justicia;

XXIII. Efectuar el estudio y análisis de nuevos contenidos y métodos relativos a la formación del personal para su posterior inclusión en los programas institucionales correspondientes;

XXIV. Llevar el respectivo registro de la capacitación que se imparta a los integrantes de la Procuraduría;

XXV. Implementar y administrar la Biblioteca de la Procuraduría, tendiendo a la conservación, identificación, clasificación, incremento, divulgación y consulta, para los fines del servicio, de los materiales bibliográficos y de cualquier otra naturaleza, que formen parte de la misma;

XXVI. Elaborar el reglamento del Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica y presentarlo al Procurador;

XXVII. Coordinarse con la institución encargada de la organización del servicio social de pasantes para la celebración de los convenios que se requieren para la participación de los mismos en las actividades de la Procuraduría, sometiéndolos a la aprobación y firma del Procurador;

XXVIII. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia;

XXIX. Llevar a cabo los planes y programas para la evaluación y la certificación de las competencias del personal de la Procuraduría, y

XXX. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador General le encomiende.

CAPÍTULO IX

DE LAS DIRECCIONES, FISCALÍAS Y UNIDADES

SECCIÓN I

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Artículo 40. Son atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Representar a la Procuraduría en todos los procedimientos administrativos o jurisdiccionales de los que forme parte;

II. Formular dictámenes y opiniones en los asuntos que disponga el Procurador o los Subprocuradores;

III. Revisar las determinaciones del no ejercicio de la acción penal que le sean enviadas para su consulta de archivo definitivo, para que previo acuerdo con el Procurador se determine lo que en derecho corresponda;

IV. Recibir y resolver previo acuerdo con el Procurador los recursos de inconformidad interpuestos en contra de las determinaciones del Ministerio Público;

V. Desahogar las consultas internas de la Procuraduría;

VI. Revisar anteproyectos de disposiciones normativas y administrativas que le encomiende el Procurador o el Subprocurador correspondiente;

VII. Actuar con el carácter de Ministerio Público cuando así lo disponga el Procurador, con todas y cada una de las atribuciones inherentes a dicha calidad;

VIII. Integrar debidamente las carpetas de investigación, determinando lo conducente, en las que se encuentren involucrados en calidad de indiciados o imputados, servidores públicos adscritos a la Procuraduría;

IX. Elaborar y acordar con el Procurador, anteproyectos de iniciativas de ley, reglamentos, manuales y demás disposiciones normativas y administrativas relacionados con la procuración de justicia, así como de sus reformas y adiciones;

X. Contestar las consultas que se formulen al Procurador en su carácter de representante jurídico del Gobierno del Estado;

XI. Dar debida contestación y cumplimiento a los informes que en materia de amparo se soliciten al Procurador y/o al Subprocurador de zona que le corresponda, de conformidad con su adscripción;

XII. Promover, gestionar y vigilar el trámite y procedimiento de extradición o traslado, y/o las solicitudes de colaboración de conformidad con lo establecido por la ley de la materia y tratados internacionales, así como en el convenio de colaboración celebrado y los que se celebren entre las Procuradurías de Justicia de los Estados, el Distrito Federal, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar;

XIII. Elaborar, previo acuerdo con el Procurador, los convenios de coordinación y colaboración entre la Procuraduría y otras dependencias del orden federal, estatal, municipal y de la sociedad civil, tendientes al mejoramiento de la procuración e impartición de justicia;

XIV. Dar vista al órgano competente de las conductas que sean probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, que deriven de actos u omisiones del personal bajo su mando;

XV. Suplir las ausencias temporales del Subprocurador de zona que le corresponda, de conformidad con su adscripción;

XVI. Recibir y resolver previo acuerdo con el Procurador, las solicitudes de anulación de registros de antecedentes penales, y

XVII. Las demás que dispongan otros ordenamientos legales aplicables o que el Procurador o los Subprocuradores le confieran.

SECCIÓN II

DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS

Artículo 41. La Dirección de Control de Procesos bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director, quién también tendrá el carácter de Ministerio Público, cumplirá las siguientes funciones y obligaciones:

I. Dictaminar en los asuntos en que el Procurador o el Subprocurador correspondiente, deban decidir sobre la procedencia del desistimiento de la acción penal o formulación de conclusiones no acusatorias;

II. Desahogar las consultas que formulen los Ministerios Públicos adscritos;

III. Vigilar la secuela de las causas penales para cuyo debido control se llevará un expediente de cada una de ellas;

IV. Actuar con el carácter de Ministerio Público, cuando así lo disponga el Procurador, con todas y cada una de las atribuciones inherentes a dicha calidad;

V. Llevar el estricto control de los registros en los libros que sean necesarios, para las anotaciones correspondientes de cada proceso;

VI. Rendir oportunamente a la Dirección de Informática, las estadísticas correspondientes a su área respecto al seguimiento de cada causa penal;

VII. Intervenir en los procesos, promoviendo las diligencias tendientes a comprobar el hecho delictuoso, la responsabilidad penal de los imputados y la reparación del daño;

VIII. Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en los Juzgados y Salas Penales de su adscripción, desahogando las vistas que se les den;

IX. Conocer de las órdenes de comparecencia, aprehensión, reaprehensión o cateo que reciban;

X. Estudiar y analizar los expedientes en los que se les dé vista a los Ministerios Públicos adscritos, por estimar que existan hechos que puedan constituir delito, promover lo procedente e informar sobre el particular al Procurador o Subprocurador que corresponda, expresando su opinión debidamente fundada y motivada;

XI. Supervisar que los Ministerios Públicos bajo su cargo, soliciten en los casos que proceda y en los términos del artículo 16 de la Constitución Federal, las órdenes de cateo que sean necesarias;

XII. Vigilar el exacto cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta, expedita y eficaz impartición de Justicia e informar al Procurador sobre el particular;

XIII. Vigilar y coordinar las actuaciones de los Ministerios Públicos adscritos a los Juzgados Penales, Familiares, Civiles y a las Salas correspondientes, a fin que intervengan en los juicios en que sean parte los menores e incapaces y los relativos a la familia, al estado civil de las personas, sucesorios, y en todos aquellos en que por disposición legal, sea parte o deba darse vista al Ministerio Público;

XIV. Vigilar y coordinar que los Ministerios Públicos adscritos a los Juzgados Penales, Familiares, Civiles y a las Salas correspondientes, concurran puntualmente e intervengan eficazmente en las diligencias y audiencias que se practiquen en los Juzgados o Salas de su adscripción y desahoguen las vistas que les den;

XV. Vigilar que los Ministerios Públicos adscritos a los Juzgados Penales, Familiares, Civiles y a las Salas correspondientes, formulen y presenten los pedimentos procedentes en los términos y formas legales, así como también interpongan los recursos legales en los casos que procedan, formulando los agravios en el tiempo y forma previsto por la ley;

XVI. Promover e intervenir por sí o por conducto de los Ministerios Públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales, en el desahogo de actuaciones procesales a que haya lugar en los asuntos que intervenga como parte;

XVII. Establecer las políticas institucionales para la actuación de los Ministerios Públicos adscritos a los órganos judiciales;

XVIII. Organizar y llevar el control riguroso y puntual de los procesos radicados en los Tribunales del Estado;

XIX. Dar instrucciones a los Ministerios Públicos adscritos, tendientes a unificar criterios en la impugnación de las resoluciones judiciales, atendiendo a lo sustentado por los Juzgados Estatales, en protección de los intereses de la sociedad y del Estado;

XX. Mantener la coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo la investigación de delitos, a fin de sustentar y sostener el ejercicio de la acción penal y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos judiciales;

XXI. Dar trámite a la entrega de carpetas de investigación y/o documentos, de manera rápida y oportuna a los Ministerios Públicos adscritos al Juzgado Penal correspondiente;

XXII. Recibir y entregar las órdenes de aprehensión, y/o reaprehensión para que su cumplimiento sea más rápido y oportuno;

XXIII. Brindar una adecuada y completa atención a la víctima u ofendido del delito dentro de la etapa del proceso;

XXIV. Aplicar por sí o a través del personal a su cargo, durante el curso de los procesos penales regidos, la ley adjetiva en vigor, relativos a los mecanismos alternativos de solución de controversias, suspensión del proceso a prueba, y procedimiento abreviado;

XXV. Rendir en tiempo y forma la información, documentación y proyectos cuya realización le sea delegado por el Procurador, o en su defecto el Subprocurador de la zona correspondiente, y

XXVI. Las demás que otras disposiciones legales, el Procurador o los Subprocuradores le confieran.

SECCIÓN III

DE LA DIRECCIÓN DE BIENES ASEGURADOS

Artículo 42. Son funciones y obligaciones de la Dirección de Bienes Asegurados bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento, por parte de todas las áreas de la Procuraduría, de la normatividad, políticas y lineamientos correspondientes en materia de captura, retención, disponibilidad, custodia, resguardo, control y destino final de bienes, objetos, valores y vehículos relacionados con investigaciones a cargo de la Procuraduría;

II. Representar y en su caso coordinar la representación con otras áreas de la Procuraduría u órganos que resulten competentes, de los intereses de la Procuraduría en los procesos judiciales que se generen, en relación con los bienes, objetos, valores y vehículos asegurados que estén a disposición de ésta y de la misma forma desahogar los requerimientos que se formulen al Procurador como superior jerárquico;

III. Llevar a cabo el inventario y la vigilancia del resguardo y la custodia de los bienes, objetos, valores y vehículos que sean puestos a su disposición;

IV. Implementar, administrar y operar, bajo su más estricta responsabilidad, las bodegas de indicios y evidencias del delito, con la finalidad de garantizar la autenticidad e inalterabilidad de los mismos;

V. Actualizar periódica y sistemáticamente la información correspondiente a la situación jurídica, estado de conservación, lugar de depósito, resguardo, custodia y demás información que resulte necesaria, de los bienes, objetos, valores y vehículos que se encuentren a su disposición o relacionados con investigaciones a cargo de la Procuraduría;

VI. Adoptar las medidas necesarias que en lo posible permitan mantener en las mismas condiciones de su aseguramiento, los bienes, objetos, valores y vehículos que se encuentren a su disposición, con la finalidad de evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan, acordando lo conducente con el Procurador, tomando en cuenta la opinión del Ministerio Público que corresponda;

VII. Requerir a cualquiera de las áreas de la Procuraduría todos aquellos bienes, objetos, valores y vehículos que estén relacionados en investigaciones a cargo de la Procuraduría y que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones;

VIII. Solicitar al Ministerio Público, cuando así resulte procedente de acuerdo a la normatividad aplicable, la determinación del destino final de los bienes, objetos, valores y vehículos que se encuentren relacionados con investigaciones a cargo de la Procuraduría, acordando lo conducente con el Procurador y tomando en cuenta la opinión del Ministerio Público que corresponda;

IX. Para los efectos de esta Ley se entiende por destino final:

a) La liberación, devolución o entrega, con carácter de definitiva, que se haga de los bienes, objetos, valores y vehículos asegurados, a las personas físicas o morales que legítimamente acrediten tener derecho a ello;

b) La entrega definitiva de los bienes, objetos, valores y vehículos asegurados, a los diversos órganos o autoridades que resulten competentes;

c) La enajenación, destrucción o incineración de los bienes, objetos, valores y vehículos asegurados, que no hayan sido recogidos por quien tenga legítimo derecho a ello, dentro de los noventa días naturales siguientes a la notificación que se le haga sobre su aseguramiento, incorporándose en su caso, el producto de la enajenación, a los fondos correspondientes previstos en las leyes;

d) La destrucción o incineración, después de haberse practicado las diligencias policiales, periciales y ministeriales para su fijación, de las ropas de difuntos o lesionados y objetos en general, que signifiquen un riesgo para la salud conforme a las disposiciones legales aplicables, o que por su estado físico o su naturaleza, no sea factible su comercialización;

e) La entrega o solicitud de aprovechamiento institucional de armas de fuego y explosivos, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y

f) Las demás disposiciones o acciones que se lleven a cabo por la Procuraduría o por los órganos que resulten competentes, que tengan el carácter de definitivas y que se funden en ordenamientos jurídicos aplicables.

X. Acordar con el Procurador los asuntos de su competencia, y

XI. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales aplicables o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN IV

DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO

Artículo 43. Son funciones y obligaciones de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Elaborar y ejecutar programas de atención a víctimas u ofendidos de delito en las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social y efectuar su canalización a las instituciones competentes para la atención médica de urgencia;

II. Elaborar y proponer al Procurador la suscripción de convenios de coordinación o colaboración u otros instrumentos jurídicos, con autoridades federales, estatales, municipales, organismos internacionales, nacionales, públicos, sociales e instituciones académicas en materia de atención a víctimas u ofendidos de delito;

III. Solicitar a cualquier autoridad dentro del Estado de Quintana Roo, conforme a las disposiciones legales, la información que requiera para una mejor atención a las víctimas u ofendidos del delito;

IV. Coordinar las acciones que realicen las áreas que la integran, planeando, instrumentando, registrando, controlando, supervisando y evaluando su debido cumplimiento, adoptando las medidas necesarias a fin de resolver los problemas que se presenten en materia de protección y auxilio a las víctimas u ofendidos de delito;

V. Coordinar, dirigir y evaluar los programas, lineamientos, criterios, acciones, trabajos y actividades del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;

VI. Trabajar de manera coordinada con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en el desarrollo de programas para la atención a las víctimas u ofendidos de delito, así como impulsar las acciones necesarias para promover y proteger sus derechos fundamentales entre la autoridades y la población del Estado de Quintana Roo;

VII. Realizar el seguimiento de los servicios gratuitos de asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social proporcionados por la Procuraduría a las víctimas u ofendidos de delito, así como los de atención médica de urgencia brindados por las instituciones de Salud;

VIII. Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura de protección y atención a las víctimas u ofendidos de delito, principalmente cuando estos sean menores de edad, mujeres, personas de la tercera edad o que pertenezcan a grupos vulnerables de la sociedad, ya sea económica o culturalmente;

IX. Garantizar la intervención, coadyuvancia y la coordinación con las instancias encargadas de la investigación y persecución del delito y la asistencia social;

X. Promover la participación de la comunidad en los planes, programas y acciones de protección a la víctima u ofendido, y prevención del delito;

XI. Proveer lo necesario al establecimiento de la base de datos que accese, controle, clasifique y procese la información resultante de la intervención y cumplimiento de las funciones del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;

XII. Presentar al Procurador informes de las actividades realizadas por el Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;

XIII. Dirigir y actualizar la base de datos con la información de los reportes de personas extraviadas o ausentes, coordinando esta información con aquella que en la materia contengan otras dependencias federales, estatales y municipales;

XIV. Promover, a través del Ministerio Público, que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y perjuicios que le fueren causadas a las víctimas u ofendidos, cuando sea procedente;

XV. Integrar a los demás órganos que conforman la Procuraduría, en acciones de protección a las víctimas u ofendidos del delito;

XVI. Elaborar el reglamento de usuarios del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito y presentarlo al Procurador;

XVII. Elaborar los manuales de procedimientos y de organización del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito;

XVIII. Vigilar la implementación y ejecución de los programas de protección a sujetos protegidos, conforme lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, y

XIX. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN V

DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES

Artículo 44. Son funciones y obligaciones de la Dirección del Centro de Justicia para Mujeres bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Recibir los informes que de manera semanal presentarán las instituciones que formen parte del Centro de Justicia para Mujeres;

II. Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales;

III. Formular, en coordinación con la unidad administrativa, los mecanismos para la dotación del material específico para la correcta operación del Centro de Justicia para Mujeres;

IV. Diseñar y ejecutar, en su caso, en Coordinación con la Dirección de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica, programas de capacitación constante en materia de género de los servidores públicos y miembros de las organizaciones no gubernamentales que formen parte del Centro de Justicia para Mujeres;

V. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos necesarios para la solución, trámite y ejecución de las acciones para dar respuesta real, material, eficiente y eficaz a los problemas de las víctimas u ofendidos de delitos por razón de género;

VI. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de herramientas relacionadas con los delitos por razón de género;

VII. Elaborar los proyectos de guías y manuales técnicos para la investigación de los delitos por razón de género y la formulación de dictámenes en materia de estos delitos, que requieran los Ministerios Públicos en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos en donde se encuentren relacionados mujeres, niños, niñas y adolescentes;

VIII. Organizar su participación en programas, congresos, conferencias, seminarios, foros y reuniones nacionales, estatales y municipales, a fin de promover, difundir y fomentar el desarrollo y aplicación de herramientas, planes, programas, estrategias, acciones y resultados de la Procuraduría; así como para dar a conocer el Centro de Justicia para Mujeres;

IX. Atender los asuntos del Centro de Justicia para Mujeres;

X. Coordinar el desarrollo y cumplimiento de la Procuración de Justicia del Estado, con las funciones de las instituciones y organizaciones no gubernamentales que integren el Centro de Justicia para Mujeres, vigilando se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables;

XI. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

XII. Elaborar el reglamento de usuarios del Centro de Justicia para Mujeres y presentarlo al Procurador;

XIII. Informar periódicamente al Procurador sobre los avances de las actividades propias del Centro de Justicia para Mujeres, y

XIV. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 45. El Director del Centro de Justicia para Mujeres se auxiliará de los demás servidores públicos de la Procuraduría que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y obligaciones.

SECCIÓN VI

DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN

DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Artículo 46. Son funciones y obligaciones de la Dirección de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Promover y organizar la participación ciudadana en todos los núcleos de población en la Entidad, a fin de involucrar a la ciudadanía en la solución de los problemas que enfrenta la procuración de justicia en el Estado. Para los efectos de esta función, podrá entre otras acciones, organizar consejos ciudadanos que reciban propuestas de la comunidad para la mayor efectividad y transparencia de la función del Ministerio Público y de la Policía Ministerial;

II. Recibir y estudiar todas las propuestas que en materia de procuración de justicia le presente la comunidad, debiendo rendir un informe al Procurador sobre las mismas;

III. Promover la producción y difusión de libros, folletos, audiovisuales y otros medios que permita a la ciudadanía el conocimiento de la función y organización de la Procuraduría a fin de que se fortalezca la confianza en la procuración de justicia;

IV. Formular y ejecutar programas y campañas de prevención de conductas ilícitas, fomentando particularmente las de prevención primaria con los sectores educativos y de salud, así como evaluar sus resultados;

V. Proponer la suscripción de convenios de coordinación o colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos, nacionales o internacionales e instituciones académicas en materia de prevención del delito;

VI. Promover la coordinación con dependencias federales, estatales y municipales a fin de facilitar el acceso de la comunidad a los servicios de la competencia de la Procuraduría;

VII. Diseñar programas de vinculación entre el Ministerio Público y la Policía Ministerial con la sociedad, a fin de fomentar la prevención del delito;

VIII. Formular y proponer al Procurador las medidas que puedan adoptarse a corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad;

IX. Realizar foros de consulta social y participar en el sistema de evaluación interinstitucional;

X. Efectuar estudios sobre las causas de las conductas antisociales y sus impactos en el ámbito personal, familiar, escolar, comunitario y social, para lo cual podrá coordinarse con instituciones públicas, privadas o sociales que persigan propósitos afines;

XI. Brindar asesoría técnica a las diversas instancias de la administración pública, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y asociaciones civiles, en materia de programas de prevención al delito;

XII. Diseñar un sistema de coordinación interdisciplinario de información entre las instituciones encargadas de la prevención del delito y las autoridades de seguridad pública en el Estado, que contribuya a generar información técnica, táctica y estratégica sobre el fenómeno delictivo y sus formas de combate y prevención;

XIII. Promover acciones específicas de prevención del delito involucrando en esta tarea al sector educativo y de salud, sindicatos de trabajadores, agrupaciones empresariales y de comerciantes, sociedades de padres de familia, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada, y XIV. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN VII

DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 47. Son funciones y obligaciones de la Dirección de Comunicación Social bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Elaborar y actualizar el programa de comunicación social, en donde se establezcan las políticas y lineamientos necesarios para garantizar el análisis objetivo y oportuno de la opinión pública;

II. Captar y sistematizar la información relacionada con las actividades que realice la Procuraduría, misma que deberá hacerse pública en la prensa, radio y televisión, así como la emisión y proyección de información que se genere en la Procuraduría;

III. Auxiliar a la Dirección de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la estructuración de un sistema de vinculación entre la Procuraduría y los diversos sectores representativos de la comunidad;

IV. Coordinarse con los diversos medios de difusión para mantener informada a la opinión pública de las acciones de la Procuraduría, en los casos que proceda legalmente;

V. Ejecutar acciones de difusión y promoción de valores y hábitos que tiendan a fomentar el respeto a las leyes y la prevención de los delitos;

VI. Implementar la difusión de mensajes que contribuyan a sensibilizar a la ciudadanía acerca del fenómeno de la violencia y la necesidad de brindar protección a los derechos de la mujer, del menor de edad, de las personas de la tercera edad y de los grupos vulnerables de la sociedad;

VII. Coleccionar las publicaciones locales y las nacionales que interesen a la Procuraduría;

VIII. Mantener y proporcionar un servicio de síntesis de dichas publicaciones para el Procurador y las áreas que requieran de dicha información;

IX. Difundir comunicados de contenido social dentro de la esfera de competencia de la Procuraduría;

X. Tener a su cargo en el archivo general de los servicios hemerotecarios para uso de la Procuraduría y sus órganos, y

XI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN VIII

DE LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES

Artículo 48. Son funciones y obligaciones de la Dirección del Ministerio Público Especializado para Adolescentes bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Investigar y perseguir las conductas tipificadas como delitos por las leyes del Estado, atribuidas a adolescentes, en los términos previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, y en las disposiciones aplicables;

II. Recibir las denuncias o querellas que les presenten, sobre hechos que puedan constituir conductas delictivas por las normas penales, y en su caso desecharlas cuando sea notorio que los hechos que la integran no lo son;

III. Vigilar en todo momento, en los asuntos de su conocimiento, que el personal a su cargo se conduzca con respeto, integridad, dignidad y estricto cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes sujetos a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo;

IV. Informar de inmediato al adolescente y a sus familiares su situación jurídica, así como los derechos que les asisten;

V. Vigilar que los agentes del Ministerio Público a su cargo soliciten a la dirección de servicios periciales, las diligencias correspondientes tendientes a la investigación del hecho delictivo;

VI. Vigilar que se verifique la identidad del adolescente sujeto a investigación, para determinar que sea precisamente la persona a la que se refiere la investigación;

VII. Informar a las partes en qué consiste la aplicación de las formas alternativas de justicia y su procedencia;

VIII. Resolver dentro de los plazos y términos previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la situación jurídica de los adolescentes que sean puestos a su disposición;

IX. Ejercer la acción de remisión y poner a los adolescentes a disposición del Juez para adolescentes, en los casos en que resulte procedente;

X. Vigilar y garantizar que durante la fase de detención, no se mantenga al adolescente incomunicado ni se le coaccione, intimide, someta a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;

XI. Vigilar que los adolescentes, durante su detención, estén custodiados y en lugares separados de los mayores de edad;

XII. Dirigir personalmente la investigación y práctica de diligencias que sean conducentes para la comprobación de la conducta atribuida al adolescente;

XIII. Realizar durante el procedimiento todas las actuaciones y promociones conducentes que sean necesarias para la procuración de la justicia;

XIV. Asesorar a la víctima durante la fase de investigación y proceso;

XV. Solicitar la reparación del daño para la víctima cuando proceda, y realizar todas las acciones tendientes a obtenerla;

XVI. Decretar la suspensión del procedimiento en los casos y condiciones previstas en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo;

XVII. Promover las formas alternativas de solución de conflictos entre las partes, solicitando la intervención al área de Justicia Penal Alternativa, en las conductas tipificadas como delito en las leyes del Estado, cuando resulte procedente;

XVIII. Decretar el no ejercicio de la acción de remisión, y en su caso, ordenar el archivo definitivo;

XIX. Solicitar al Juez para adolescentes la aplicación de las medidas cautelares;

XX. Aplicar los criterios de oportunidad en los casos que proceda de conformidad con esta Ley, La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, y demás normatividad aplicable;

XXI. Dar vista a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para los efectos dispuestos en la ley del ramo, y

XXII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN IX

DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Artículo 49. Son funciones y obligaciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Implementar y asegurar el desarrollo de nuevos sistemas informáticos y tecnologías en comunicaciones;

II. Garantizar la seguridad de la información de los sistemas;

III. Establecer los lineamientos en materia de seguridad informática institucional, con sus respaldos, protecciones, licencias, políticas y procedimientos;

IV. Establecer las políticas y procedimientos de las funciones del área en la Procuraduría y asegurar su cumplimiento;

V. Establecer los lineamientos de verificación para mantener en óptimas condiciones la correcta operación de los equipos de cómputo y telecomunicaciones en las diversas áreas de la Procuraduría;

VI. Proponer, solicitar y justificar ante el Procurador la adquisición de tecnologías informáticas más efectivas para la procuración de justicia, en todas sus modalidades;

VII. Recabar y procesar toda la información necesaria relativa a las distintas áreas que comprende la Procuraduría para la elaboración de las estadísticas;

VIII. Llevar un control riguroso y sistemático de las estadísticas de la Procuraduría;

IX. Requerir a las diversas direcciones, unidades administrativas y fiscalías especializadas, la información necesaria para el control de la estadística institucional;

X. Preservar la información estadística que se recabe guardando la discreción correspondiente;

XI. Proporcionar toda aquella información y estadística que soliciten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las correspondientes al Gobierno del Estado, así como de otras autoridades y entidades, cuando dicha información sea necesaria para el debido ejercicio de sus atribuciones, previa autorización del Procurador;

XII. Desarrollar los sistemas informáticos y de comunicación de datos, voz e imagen que requiera la Procuraduría, vigilando su adecuada operación mediante supervisión, asesoría, capacitación y mantenimiento;

XIII. Proporcionar la asesoría, el apoyo y los dictámenes técnicos que los servidores públicos y unidades de la Procuraduría le requieran en materia de adquisición, instalación, mantenimiento, desarrollo y operación de equipos, programas de cómputo y transmisión de datos, voz e imagen;

XIV. Proponer la normatividad y los programas tendientes a lograr en la Procuraduría un desarrollo informático y de comunicación, caracterizado en la actualización tecnológica y óptima utilización de los equipos y programas de cómputo;

XV. Proporcionar los servicios de proceso, soporte técnico y mantenimiento al equipo de cómputo de la Procuraduría;

XVI. Recabar la información para elaborar la estadística criminológica, que sirva de sustento para los proyectos de prevención y combate al delito;

XVII. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia, y

XVIII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN X

DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 50. Son funciones y obligaciones de la Dirección Administrativa bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Recibir, registrar, distribuir y enviar con prontitud la correspondencia;

II. Tramitar, previa autorización del Procurador, ante la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, lo relativo a nombramientos, ascensos, renuncias, remociones, vacaciones, licencias, dotación de identificaciones y demás trámites administrativos del personal de la Procuraduría;

III. Elaborar y presentar al Procurador, estudios sobre organización y funcionamiento de la Procuraduría en el ramo administrativo y someterlos a la aprobación de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado;

IV. Formular el anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría; considerando y valorando las necesidades y proyectos de cada área administrativa de la Procuraduría;

V. Tramitar el pago de arrendamientos y servicios de los inmuebles de la Procuraduría, previa autorización del Procurador;

VI. Proveer lo necesario para el mantenimiento y conservación de los vehículos, equipos e instalaciones de la Procuraduría;

VII. Llevar un control riguroso del control de vehículos, mobiliarios, equipo e instalaciones de la Procuraduría;

VIII. Proveer los recursos materiales que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de cada una de las áreas de la Procuraduría;

IX. Gestionar el pago de viáticos y gastos que correspondan a las actividades inherentes a la procuración de justicia;

X. Proporcionar los servicios generales de archivo, depósito de objetos, intendencias, inventario, proveeduría y vehículos, en coordinación con la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado;

XI. Administrar con autorización del Procurador, el presupuesto de la Procuraduría;

XII. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia, y

XIII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN XI

DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Artículo 51. Son funciones y obligaciones de la Dirección de Control y Seguimiento bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Director:

I. Aportar, por parte de la Procuraduría la información requerida para el Plan Estatal de Desarrollo;

II. Promover la celebración de acuerdos y convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno;

III. Proponer los proyectos y posturas de la Procuraduría, para la concertación de programas entre la federación, estados y municipios;

IV. Desempeñar comisiones y funciones especiales que el Procurador le confiera y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;

V. Elaborar el presupuesto por programas en concordancia con las estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo en la materia de su competencia;

VI. Realizar el proceso de Licitaciones y Adquisiciones de la Procuraduría en términos de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo;

VII. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública;

VIII. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante la Procuraduría General de la República en el Sistema E-TRACE relativo a la planeación, análisis e información para el combate a la delincuencia;

IX. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, respecto a los trabajos de elaboración, validación, aprobación y publicación del Plan Estatal de Desarrollo;

X. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, respecto a la Integración del Programa Operativo Anual;

XI. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante la Contraloría del Estado, respecto del Sistema de Entrega-Recepción;

XII. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante el Archivo General del Estado, respecto a la organización y registro del acervo documental en los inventarios documentales;

XIII. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los procesos de respuesta a la ciudadanía en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo;

XIV. Dar seguimiento en calidad de enlace de la Procuraduría, ante la Secretaría de la Gestión Pública del Estado en el Sistema de Registro e Inventario de Trámites y Servicios;

XV. Ser representante del Procurador ante la Comisión de Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

XVI. Verificar las solicitudes presentadas ante el Comité del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia, y darle seguimiento a las solicitudes aprobadas para la realización de los procesos de acuerdo a las modalidades correspondientes, bajo la normatividad vigente para tales procesos;

XVII. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones y servicios de la Procuraduría;

XVIII. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución;

XIX. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están adscritas, se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas;

XX. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y participación, respecto de las obligaciones a su cargo, y

XXI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN XII

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL,

EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y TRATA DE PERSONAS

Artículo 52. El Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas, tendrá la calidad de Ministerio Público y será designado y removido por el Procurador, por lo que deberá reunir los requisitos establecidos en esta Ley para su nombramiento.

Artículo 53. Son funciones y obligaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas, además de las inherentes al Ministerio Público, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Federal, las leyes y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público;

II. Participar en la Comisión Intersecretarial prevista en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

III. Participar, en coordinación con las áreas de la Procuraduría que correspondan, en el cumplimiento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

IV. Coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que integran la fiscalía, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables;

V. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

VI. Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y la operación de la fiscalía, de conformidad con esta ley y demás disposiciones aplicables;

VII. Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades Federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales;

VIII. Proponer al Procurador los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público en el ámbito de su competencia;

IX. Coordinar a los Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía, pudiendo en su caso atraer las investigaciones que se consideren procedentes;

X. Conocerá de los delitos que se cometan contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y trata de personas, de conformidad a la legislación aplicable;

XI. Conocerá de los asuntos relacionados con los delitos de referencia sobre los que el Ministerio Público sea competente;

XII. Ejercerá las atribuciones previstas en la presente Ley, de acuerdo a su especialidad; XIII. Informar al Procurador sobre los asuntos encomendados a la Fiscalía, y

XIV. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 54. Cuando La Fiscalía Especializada en delitos contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas conozca de un asunto de las cuales se desprenda la probable comisión de delitos que sean de la competencia del Ministerio Público de la Federación, declinará competencia por razón de fuero y coadyuvará con dicha instancia, para dar cumplimiento a los acuerdos en la materia, asumidos en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Artículo 55. En materia de trata de personas tendrá además las siguientes funciones y obligaciones:

I. Brindar información, asesoramiento a la víctima u ofendido, en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el proceso de los trámites judiciales y administrativos, de manera gratuita y expedita, acorde a su edad y madurez;

II. Canalizar al área correspondiente a la víctima, para la pronta atención médica y psicológica;

III. Tratar con respeto a la víctima u ofendido, con respeto en su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos, tomando en cuenta su edad, especialmente cuando se trate de menores de dieciocho años;

IV. Adoptar las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;

V. Proteger la identidad de la víctima y la de su familia, y

VI. Las demás que señalan los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha firmado en esta Materia, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y demás disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN XIII

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS

Artículo 56. Son funciones y obligaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros, además de las inherentes al Ministerio Público, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Recibir y atender toda denuncia o aviso que tenga relación con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de su especialidad;

II. Atraer y recibir las investigaciones que se hayan iniciado en unidades diversas por los delitos de su especialidad, para continuar con su atención y resolución procedente; salvo en los casos que para la mejor investigación del delito, resulte más idóneo que la diversa unidad continúe conociendo del asunto, para lo cual el titular de la Fiscalía deberá habilitar al Ministerio Público mediante el oficio correspondiente, previo acuerdo con el Procurador;

III. Dirigir la investigación de los delitos que conozca, practicando y ordenando para ello todas las actividades que resulten necesarias para su comprobación y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

IV. Restituir a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, cuando ello se encuentre al alcance de la Procuraduría, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

V. Acordar y en su caso solicitar al órgano jurisdiccional, la práctica de las actividades necesarias para la investigación, así como la aplicación de las medidas cautelares que resulten pertinentes, conforme a las disposiciones legales aplicables;

VI. Dictar el aseguramiento de los objetos, valores, bienes, instrumentos, huellas, efectos, vestigios o productos relacionados con el delito, conforme a lo dispuesto en los ordenamiento legales aplicables;

VII. Solicitar y recabar de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como de los demás Estados y Municipios de la República, en los términos de las disposiciones legales aplicables, los informes, opiniones, documentos, dictámenes y demás elementos necesarios para la investigación de los delitos de su especialidad;

VIII. Solicitar y recabar de las personas físicas y morales, los informes, documentos y objetos que se consideren necesarios para la adecuada investigación del delito;

IX. Auxiliar al Ministerio Público Federal y de las demás entidades federativas, en los términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y los convenios de colaboración que al efecto se suscriban, así como solicitar el auxilio y colaboración de ellos en los mismos términos señalados, y

X. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 57. El Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros tendrá además las siguientes funciones y obligaciones:

I. Proponer y en su caso ejecutar, políticas y lineamientos en materia de prevención y combate a los delitos de su especialidad;

II. Dirigir y vigilar la generación y el suministro de la información de la Fiscalía a su cargo, sobre la incidencia delictiva, las modalidades del delito, los medios comisivos y demás información que resulte necesaria, con la finalidad de establecer los mecanismos que permitan eficientar sus funciones, y

III. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 58. Cuando la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros conozca de un asunto del cual se desprenda la probable comisión de delitos que sean de la competencia del Ministerio Público de la Federación, declinará competencia por razón de fuero y coadyuvará con dicha instancia, para dar cumplimiento a los acuerdos en la materia, asumidos en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. De conformidad con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, al personal que integra las Unidades Especializadas en Investigación del Secuestro se requerirá, además de los requisitos previstos en esta Ley, lo siguiente:

I. Cartas de compromiso laboral;

II. Sujeción a vigilancia no intrusiva;

III. Carta de confidencialidad, y

IV. Los demás requisitos que se señalen en los ordenamientos legales aplicables.

SECCIÓN XIV

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS

Artículo 59. Son funciones y obligaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, además de las inherentes al Ministerio Público, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Recibir y atender toda denuncia, aviso que tenga relación con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de su especialidad;

II. Atraer y recibir las investigaciones que se hayan iniciado en unidades diversas por los delitos de su especialidad, para continuar con su atención y resolución procedente; salvo en los casos que para la mejor investigación del delito, resulte más idóneo que la diversa unidad continúe conociendo del asunto, para lo cual el Titular de la Fiscalía deberá habilitar al Ministerio Público mediante el oficio correspondiente, previo acuerdo con el Procurador;

III. Dirigir la investigación de los delitos que conozca, practicando y ordenando para ello todas las actividades que resulten necesarias para su comprobación y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

IV. Restituir a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, cuando ello se encuentre al alcance de la Procuraduría, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

V. Acordar y en su caso solicitar al órgano jurisdiccional, la práctica de las actividades necesarias para la investigación, así como la aplicación de las medidas cautelares que resulten pertinentes, conforme a las disposiciones legales aplicables;

VI. Dictar el aseguramiento de los objetos, valores, bienes, vehículos, instrumentos, huellas, efectos, vestigios o productos relacionados con el delito, conforme a lo dispuesto en los ordenamiento legales aplicables;

VII. Solicitar y recabar de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como de los demás Estados y Municipios de la República, en los términos de las disposiciones legales aplicables, los informes, opiniones, documentos, dictámenes y demás elementos necesarios para la investigación de los delitos de su especialidad;

VIII. Solicitar y recabar de las personas físicas y morales, los informes, documentos y objetos que se consideren necesarios para la adecuada investigación del delito;

IX. Auxiliar al Ministerio Público Federal y de las demás entidades federativas, en los términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y los convenios de colaboración que al efecto se suscriban, así como solicitar el auxilio y colaboración de ellos en los mismos términos señalados, y

X. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 60. El Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos tendrá además las siguientes funciones y obligaciones:

I. Acordar con el Procurador los asuntos de su competencia;

II. Proponer y en su caso ejecutar, políticas y lineamientos en materia de prevención y combate a los delitos de su especialidad;

III. Dirigir y vigilar la generación y el suministro de la información de la fiscalía a su cargo, sobre la incidencia delictiva, las modalidades del delito, los medios comisivos y demás información que resulte necesaria, con la finalidad de establecer y operar los mecanismos y registros que permitan eficientar sus funciones, y

IV. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 61. Cuando la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos conozca de un asunto del cual se desprenda la probable comisión de delitos que sean de la competencia del Ministerio Público de la Federación, declinará competencia por razón de fuero y coadyuvará con dicha instancia, para dar cumplimiento a los acuerdos en la materia, asumidos en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

SECCIÓN XV

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS

CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO

Artículo 62. Son funciones y obligaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo, además de las inherentes al Ministerio Público, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Recibir y atender toda denuncia o aviso que tenga relación con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de su especialidad;

II. Atraer y recibir las investigaciones que se hayan iniciado en unidades diversas por los delitos de su especialidad, para continuar con su atención y resolución procedente; salvo en los casos que para la mejor investigación del delito, resulte más idóneo que la diversa unidad continúe conociendo del asunto, para lo cual el titular de la Fiscalía deberá habilitar al Ministerio Público mediante el oficio correspondiente, previo acuerdo con el Procurador;

III. Dirigir la investigación de los delitos que conozca, practicando y ordenando para ello todas las actividades que resulten necesarias para su comprobación y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

IV. Solicitar a las autoridades sanitarias competentes, la intervención necesaria para la prevención y tratamiento médico de consumidores o farmacodependientes, según sea el caso, relacionados con las investigaciones de su competencia;

V. Remitir al Ministerio Público Especializado para Adolescentes la información y en su caso, copia autorizada de los documentos de la investigación, cuando se encuentre relacionado con los hechos probablemente delictivos un adolescente, a efecto de que se determine lo que conforme a derecho corresponda;

VI. Restituir a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, cuando ello se encuentre al alcance de la Procuraduría, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

VII. Acordar y en su caso solicitar al órgano jurisdiccional, la práctica de las actividades necesarias para la investigación, así como la aplicación de las medidas cautelares que resulten pertinentes, conforme a las disposiciones legales aplicables;

VIII. Dictar el aseguramiento de los objetos, valores, bienes, vehículos, instrumentos, huellas, efectos, vestigios o productos relacionados con el delito, conforme a lo dispuesto en los ordenamiento legales aplicables;

IX. Aplicar el protocolo de actuación del Ministerio Público de la Federación, del Ministerio Público del Fuero Común y demás personal que integran los Centros de Operaciones Estratégicas;

X. Solicitar y recabar de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como de los demás Estados y Municipios de la República, en los términos de las disposiciones legales aplicables, los informes, opiniones, documentos, dictámenes y demás elementos necesarios para la investigación de los delitos de su especialidad;

XI. Solicitar y recabar de las personas físicas y morales, los informes, documentos y objetos que se consideren necesarios para la adecuada investigación del delito;

XII. Auxiliar al Ministerio Público Federal y de las demás entidades federativas, en los términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y los convenios de colaboración que al efecto se suscriban, así como solicitar el auxilio y colaboración de ellos en los mismos términos señalados, y

XIII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 63. El Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo tendrá además las siguientes funciones y obligaciones:

I. Acordar con el Procurador los asuntos de su competencia;

II. Proponer y en su caso ejecutar, políticas y lineamientos en materia de prevención y combate a los delitos de su especialidad;

III. Dirigir y vigilar la generación y el suministro de la información de la Fiscalía a su cargo, sobre la incidencia delictiva, las modalidades del delito, los medios comisivos y demás información que resulte necesaria, con la finalidad de establecer y operar los mecanismos y registros que permitan eficientar sus funciones, y

IV. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 64. Cuando la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo conozca de un asunto del cual se desprenda la probable comisión de delitos que sean de la competencia del Ministerio Público de la Federación, declinará competencia por razón de fuero y coadyuvará con dicha instancia, para dar cumplimiento a los acuerdos en la materia, asumidos en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

SECCIÓN XVI

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Artículo 65. Son funciones y obligaciones de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, además de las inherentes al Ministerio Público, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Preparar la Acción de Extinción de Dominio y para ello:

a) Recibirá del Ministerio Público, copia certificada de la investigación respectiva;

b) Practicará las diligencias necesarias para obtener las pruebas que acrediten los eventos típicos descritos en la Ley de Extinción de Dominio del Estado;

c) Recabará los medios de prueba para la identificación indiciaria de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, realizando el inventario y dejando constancia de ello;

d) Ordenará la elaboración del avalúo de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, a fin de presentarlo en el procedimiento respectivo, y

e) Solicitará, en su caso, la ampliación del término para dicha preparación.

II. Solicitar a la autoridad judicial, las medidas cautelares procedentes, a fin de evitar que los bienes respecto de los que existan indicios suficientes para presumir que son materia de extinción de dominio, sean menoscabados, extraviados o destruidos, ocultados, mezclados u objeto de actos traslativos de dominio, y en su caso, su ampliación. Una vez que haya decretado las medidas cautelares, dará intervención a la Dirección de Bienes Asegurados, para los efectos de su competencia;

III. Solicitar al juez requiera información o documentos del sistema financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria y demás entidades públicas o privadas, que puedan servir para la sustanciación del procedimiento;

IV. Solicitar a la autoridad judicial gire los exhortos correspondientes, y las solicitudes de asistencia jurídica internacional, cuando los bienes se encuentren en una entidad federativa o en el extranjero, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los tratados e instrumentos internacionales, con la finalidad de ejecutar las medidas cautelares y, en su oportunidad, la sentencia respectiva;

V. Acordar las medidas de custodia y conservación de los bienes afectos a la extinción de dominio, hasta en tanto la autoridad judicial no determine la medida cautelar respectiva;

VI. Ejercer la acción de extinción de dominio, cuando se encuentren reunidos los extremos que para tal efecto señala la ley de la materia;

VII. Ofrecer los medios de prueba conducentes para acreditar la existencia de los hechos ilícitos y que los bienes son de los señalados en la ley de la materia;

VIII. Proponer al Procurador, la improcedencia de la acción de extinción de dominio;

IX. Desistirse de la acción de extinción de dominio, previo visto bueno del Procurador;

X. Presentar los medios de impugnación que señale la ley en la materia, cuando sea procedente, y

XI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN XVI BIS

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LOS MIGRANTES (Sección adicionada en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de diciembre de 2014)

Artículo 65 BIS. Son funciones y obligaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Contra de los Migrantes, además de las inherentes al Ministerio Público, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Conocer de las denuncias y querellas que se presenten, por hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos del fuero común, en agravio de cualquier migrante;

II. Recibir y atender toda denuncia o aviso que tenga relación con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de su especialidad. Cuando lo requiera podrá auxiliarse de un perito traductor;

III. Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar el auxilio y colaboración de los titulares de la representación diplomática o consular del país del que provenga el migrante, en los términos de los convenios internacionales y las disposiciones legales aplicables;

IV. Atraer y recibir las investigaciones que se hayan iniciado en unidades diversas, por los delitos de su especialidad, para continuar con su atención y resolución procedente;

V. Dirigir la investigación de los delitos que conozca, practicando y ordenando para ello todas las actividades que resulten necesarias para su comprobación y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

VI. Solicitar al Procurador, la atracción de los asuntos que tengan vinculación con los delitos que persigue, y las materias que tienen encomendadas, de acuerdo con su especialidad;

VII. Brindar atención jurídica, así como atención médica y psicológica a los migrantes que sean víctimas u ofendidos de los delitos, canalizándolos sin dilación al área o institución que corresponda;

VIII. Restituir a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

IX. Acordar y en su caso, solicitar al órgano jurisdiccional, la práctica de las actividades necesarias para la investigación, así como la aplicación de las medidas cautelares que aseguren los derechos de los migrantes y todas aquellas que resulten pertinentes y la legislación así lo establezca;

X. Dictar el aseguramiento de los objetos, valores, bienes, vehículos, instrumentos, huellas, efectos, vestigios o productos relacionados con el delito de su especialidad, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables;

XI. Solicitar y recabar de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como de los demás Estados y Municipios de la República, en los términos de las disposiciones legales aplicables, los informes, opiniones, documentos, dictámenes y demás elementos necesarios para la investigación de los delitos de su especialidad;

XII. Solicitar y recabar de las personas físicas y morales, los informes, documentos y objetos que se consideren necesarios para la adecuada investigación del delito de su especialidad;

XIII. Llevar el registro de los hechos delictivos cometidos en contra de migrantes que sean de su conocimiento, a efecto de realizar las estadísticas por el área correspondiente;

XIV. Intercambiar información referente a su especialidad, con las autoridades estatales y federales, con el objeto de dar seguimiento a los hechos delictivos cometidos en perjuicio de los migrantes y proponer al Procurador las políticas y acciones en materia de prevención del delito en este sector;

XV. Proponer al Procurador cursos y talleres de capacitación para la sensibilización del trato a los migrantes, así como de prevención e investigación de su especialidad;

XVI. Acordar con el Procurador los asuntos de su competencia, y

XVII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

Artículo 65 TER. La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Contra de los Migrantes, estará ubicada físicamente en el lugar donde determine el Procurador, siendo de preferencia en las cercanías de la franja fronteriza del Estado. Además, contará con el número de agentes del Ministerio Público y personal que el servicio y el buen funcionamiento de dicha Fiscalía requiera y la partida presupuestal lo permita.

Artículo 65 QUÁTER. Para efectos de los asuntos que conocerá la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Contra de los Migrantes, se entenderá por Migrante a cualquier persona física que sale de su país de origen y que por cualquier tipo de motivación, transita o llega al territorio del Estado, sin importar su estatus migratorio.

SECCIÓN XVII

DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 66. Son funciones y obligaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Realizar las funciones de enlace de la Procuraduría con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; así como, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Quintana Roo;

II. Dar seguimiento y atención a las visitas, solicitudes de información, propuestas de conciliación y recomendaciones, que formulen las comisiones de derechos humanos a las unidades administrativas de la Procuraduría;

III. Solicitar informes necesarios a las unidades administrativas a fin de dar respuesta oportuna a las comunicaciones que por presuntas violaciones remitan las comisiones de derechos humanos a la Procuraduría y comunicar al superior jerárquico sobre las omisiones y deficiencias en la integración de los mismos;

IV. Establecer mecanismos de consulta, así como de solicitud de información a los titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría, en relación con la atención a las quejas que reciba la unidad;

V. Supervisar el avance del cumplimiento de las propuestas de conciliación y recomendación formuladas por las comisiones de derechos humanos;

VI. Instrumentar los mecanismos para que se realice el registro de las quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos;

VII. Solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa o penal a los servidores públicos que hubieren incurrido en violaciones a los derechos humanos;

VIII. Establecer, en coordinación con la Instituto de Formación Profesional, Capacitación e investigación Jurídica y otras instituciones, los programas de orientación y difusión en materia de derechos humanos que se impartan a los servidores públicos de la Procuraduría;

IX. Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de violaciones a los derechos humanos en las unidades administrativas de la Procuraduría y proporcionar orientación en la materia;

X. Realizar programas de difusión y orientación mediante conferencias, cursos, seminarios y eventos tendientes a fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos dirigidos a los servidores públicos de la Procuraduría;

XI. Coordinarse con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la formulación de los informes previos y justificados en los juicios de amparo promovidos contra actos de los servidores públicos adscritos a esta Unidad Especializada en Derechos Humanos, así como en la presentación de las promociones y los recursos que deban interponerse;

XII. Proponer e instrumentar las políticas institucionales para la capacitación y promoción en materia de derechos humanos, en coordinación con la unidad administrativa competente;

XIII. Fomentar entre los servidores públicos de la Procuraduría una cultura de respeto a los derechos humanos que ampara la legislación federal y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano;

XIV. Establecer las relaciones de la Procuraduría con los Organismos Públicos de Derechos Humanos y las Organizaciones No Gubernamentales, así como proponer la celebración de convenios y bases de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para la capacitación y promoción en materia de derechos humanos;

XV. Intervenir conforme a las normas aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de las quejas que haga del conocimiento de la Procuraduría, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en las visitas que ésta realice a la misma;

XVI. Atender y dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de las medidas cautelares que soliciten las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos;

XVII. Resolver oportunamente las solicitudes de información e inconformidades que plantee la ciudadanía, en relación con el respeto y observancia de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de la Procuraduría;

XVIII. Conducir conforme a la normatividad aplicable, las acciones de prevención, observancia e inspección en derechos humanos que se realicen en las diversas unidades administrativas de la Procuraduría;

XIX. Dirigir unidades de protección y promoción de los derechos humanos instaladas en las unidades administrativas de la Procuraduría, y

XX. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

SECCIÓN XVIII

DE LA UNIDAD DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL

Artículo 67. Son funciones y obligaciones de la Unidad de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría, bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular:

I. Promover y aplicar, en los términos previstos en la ley adjetiva en vigor y la Ley de Justicia Alternativa del Estado, los mecanismos alternativos de solución de controversias mediante la justicia alternativa y restaurativa penal;

II. Intervenir en los conflictos que sean competencia de la Procuraduría y que no se encuentren sujetos a los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de brindar opciones alternas a las partes para la solución pacifica de sus controversias;

III. Aplicar los mecanismos de conciliación, negociación y mediación a petición de las partes interesadas, conforme a las disposiciones conducentes de la Ley de Justicia Alternativa del Estado;

IV. Elaborar y registrar los acuerdos y convenios tomados voluntariamente por las partes para la solución de sus controversias, mismos que deberán ser validados por el Titular de la Unidad y sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Justicia Alternativa del Estado;

V. Dar seguimiento a los convenios firmados por las partes para hacer constar su cumplimiento o incumplimiento, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la conclusión del procedimiento alternativo;

VI. Proponer y ejecutar los mecanismos de difusión para informar a la sociedad sobre los servicios que brinda la unidad y los beneficios que brinda la justicia alternativa penal;

VII. Informar al Ministerio Público el incumplimiento de los convenios firmados por las partes, a efecto de que se continúe con la investigación del delito y en su caso, el ejercicio de la acción penal, y

VIII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

TÍTULO TERCERO

DEL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS

Artículo 68. El Ministerio Público es el órgano del Estado, único e indivisible, con independencia técnica para ejercer las facultades, atribuciones y funciones de su competencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, el cual ejercerá la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales del Estado de Quintana Roo en la forma establecida por la ley adjetiva en vigor y practicará las diligencias idóneas, pertinentes y suficientes para determinar la existencia o inexistencia del delito. Dirigirá la investigación, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran y, brindará la protección a las víctimas u ofendidos del delito, testigos y demás sujetos procesales.

Artículo 69. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la ley adjetiva en vigor, la presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. En el ejercicio de sus funciones, los agentes del ministerio público, no podrán ser detenidos por autoridad alguna, sin autorización expresa del Procurador. Cuando los agentes del ministerio público, peritos y elementos de la policía ministerial incurran en un delito flagrante que amerite privación de la libertad, se procederá a su detención inmediata si ésta no perjudica el servicio que presta; en caso contrario se deberá informar al superior jerárquico del servidor público de la Procuraduría, quien deberá tomar las medidas necesarias para evitar la suspensión del servicio, sin perjuicio de que se adopten las medidas necesarias para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. El mismo procedimiento se observará cuando exista una orden de aprehensión o mandamiento judicial en contra de los servidores públicos antes señalados, caso en el cual además deberán ser previamente separados de su cargo.

Artículo 70. El Ministerio Público podrá disponer de las medidas de apremio que la ley adjetiva en vigor prevea para el cumplimiento de sus actos de investigación en ejercicio de sus funciones, debiendo estar fundada y motivada la resolución que determine su imposición. La actuación del Ministerio se sujetará a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, la Constitución Estatal y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

CAPÍTULO II

FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 71. Además de las funciones y atribuciones contempladas en esta ley para la Procuraduría, corresponden al Ministerio Público las siguientes:

I. Vigilar la observancia de las leyes;

II. Conducirse con secrecía en las actuaciones de la investigación de los delitos y respecto a los datos de las víctimas u ofendidos, testigos y demás intervinientes en el proceso, conforme a las disposiciones legales aplicables;

III. Hacer la clasificación legal de los hechos delictivos que le sean denunciados;

IV. Abstenerse de iniciar la investigación y persecución penal, o abandonar la ya iniciada, estrictamente en los casos y con los requisitos previstos en las leyes;

V. Respetar los derechos humanos del imputado y de la víctima u ofendido, establecidos en los ordenamientos legales aplicables;

VI. Disponer las medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar la fuga del imputado, la sustracción de documentos o cosas que constituyan el objeto de las diligencias que deban practicarse, y

VII. Las demás que expresamente le confieran los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 72. El archivo temporal de la investigación será comunicado de inmediato a la víctima u ofendido, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a ella por sus destinatarios. Siempre que no haya prescrito la acción penal, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura del proceso y la realización de diligencias de investigación; de ser negada esta petición, podrá reclamarla ante el Procurador, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dentro de los cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal, quien contará hasta con treinta días hábiles para resolver si ha lugar o no, a la reapertura al proceso de investigación para la realización de diligencias.

Artículo 73. La decisión de abstención de investigación será comunicada de inmediato a la víctima u ofendido, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, podrá reclamarla ante el Procurador, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dentro de los cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal, quien contará hasta con treinta días hábiles para resolver si ha lugar o no, la reapertura al proceso de investigación para la realización de diligencias.

Artículo 74. El Ministerio Público de manera fundada y motivada podrá abstenerse de iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, cuando se trate de un hecho comprendido en los supuestos de los criterios de oportunidad previstos en la ley adjetiva en vigor y demás ordenamientos aplicables, comunicándole a los intervinientes tal determinación en el caso de que los hubiera. La víctima u ofendido, contará con un plazo de diez días hábiles para inconformarse ante el Procurador, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, término que se computará a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal, quien contará hasta con treinta días hábiles para verificar si la decisión del Ministerio Público se ajusta a las políticas generales del servicio y a las normas dictadas al respecto.

Artículo 75. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstención de la investigación y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas ante el Juez de Control.

CAPÍTULO III

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO COMUNITARIO

Artículo 76. Se establecerán agencias del Ministerio Público Comunitario escuchando la opinión del Gran Consejo Maya, preferentemente en los lugares donde no exista Juez Tradicional, y tendrán las siguientes funciones y obligaciones bajo el mando, supervisión y responsabilidad del Subprocurador de Asuntos Indígenas:

I. Promover ante la comunidad en general la difusión de los usos, costumbres, tradiciones, idioma y cultura de la comunidad indígena;

II. Orientar e informar a los miembros de las comunidades mayas de los derechos y obligaciones que le otorga la Ley de Justicia Indígena y la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, y los procedimientos para acceder a estos derechos o cumplir sus obligaciones en los términos de estas leyes;

III. Vigilar el cumplimiento de las sanciones u obligaciones establecidas en los convenios que haya señalado el Juez tradicional;

IV. Atender y apoyar a los indígenas que lo soliciten en los trámites legales y administrativos, en términos de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo;

V. Presentar preferentemente sin medios coercitivos ante el Juez tradicional a los responsables de infracciones administrativas o penales que señala la Ley de Justicia Indígena o la ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo;

VI. Solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 64 de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo;

VII. Denunciar ante la agencia del Ministerio Público competente la comisión de hechos delictivos considerados como graves y que perturben la paz social cuando el agraviado o el probable responsable sean indígenas;

VIII. Disponer sólo en caso de que sea estrictamente necesario del auxilio de la Policía Judicial o de la fuerza pública para presentar o detener a un miembro de la comunidad indígena, cuando haya cometido algún hecho que las leyes indígenas señalen como infracción penal o administrativa, siempre en los términos de la Constitución Federal, con respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos;

IX. Ejercer acción penal ante los jueces tradicionales por la comisión de delitos previstos en la Ley de Justicia Indígena, en los términos del artículo 22 párrafo segundo de la misma Ley; se ejercerá acción penal sin más formalidades y requisitos que los que señala el capítulo séptimo de la Ley de Justicia Indígena; el agente del Ministerio Público Comunitario procurará antes de usar los medios coercitivos que señala la ley, agotar los métodos de convencimiento y conciliación;

X. En las actuaciones y acciones del Ministerio Público Comunitario deberán observarse los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena, y

XI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le encomiende.

CAPÍTULO IV

IMPEDIMENTOS

Artículo 77. Los Agentes del Ministerio Público, Peritos, elementos de la Policía Ministerial y demás Auxiliares del Ministerio Público que tengan intervención directa o indirecta en los asuntos de que se trate, se abstendrán de conocer de los mismos en los siguientes casos:

I. Cuando hayan intervenido en el mismo proceso como defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, acusador coadyuvante, haber ejercido la acción penal particular, haber actuado como perito particular, consultor técnico o conocer del hecho investigado como testigo, o tener interés directo en el proceso;

II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, o tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado, con alguno de los interesados, o éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos;

III. Ser o haber sido tutor o curador, o haber estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados, o ser o haber sido administrador de sus bienes por cualquier título;

IV. Cuando el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados expresados, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguno de los interesados, o cuando no haya transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del juicio respectivo, hasta la fecha en que éste haya tomado conocimiento del asunto;

V. Cuando el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados expresados, sean acreedores, deudores, arrendadores, arrendatarios o fiadores de alguno de los interesados o tengan alguna sociedad con éstos;

VI. Cuando antes de comenzar el proceso, haya presentado el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados expresados, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción legal en contra de alguno de los interesados, o hubiera sido denunciado o acusado por alguno de ellos;

VII. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados;

VIII. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados;

IX. Cuando el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado, con alguno de los interesados, o éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos, hubieran recibido o reciban beneficios de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso, hubieran recibido presentes o dádivas independientemente de cuál haya sido su valor;

X. Cuando en el proceso hubiera intervenido o intervenga como juez, algún pariente suyo dentro del segundo grado de consanguinidad, y

XI. Cualquier otra causa fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad, o que se prevea en algún ordenamiento diverso aplicable. La inobservancia a lo previsto en este artículo se considerará como causal de la aplicación de la sanción administrativa que corresponda, por lo que los servidores públicos que se encuentren en alguna de las hipótesis señaladas, deberán excusarse de conocer del asunto, por escrito y ante el titular del órgano o unidad al que se encuentren adscritos.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO ÚNICO

DEL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 78. Las decisiones del Ministerio Público que obstaculicen, impidan o extingan el ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Procurador o ante el servidor público en quien éste delegue esa facultad, dentro del término establecido en la ley adjetiva en vigor, el cual se contará a partir del día siguiente en que se notifique personalmente y por escrito la resolución materia de la inconformidad.

Artículo 79. El Procurador o el servidor público en quien delegue esa facultad, dentro del plazo de treinta días hábiles, analizará los argumentos vertidos en el escrito de inconformidad con el objeto de determinar la procedencia de las decisiones del Ministerio Público y dictará la resolución que las confirme, modifique o revoque.

Artículo 80. Las resoluciones del Procurador o del servidor público en quien delegue la facultad de que se trata, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el órgano jurisdiccional competente en la forma y términos fijados por la ley adjetiva en vigor.

Artículo 81. El órgano jurisdiccional competente, dentro de los plazos legalmente establecidos, convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso, al imputado y a su defensor, en la que se expondrán los motivos y fundamentos de las partes, procediendo a dictar la resolución que corresponda.

Artículo 82. Cuando la víctima u ofendido no comparezcan a la audiencia fijada, a pesar de haber sido debidamente citados para ello, la autoridad jurisdiccional declarará sin materia la impugnación y confirmará la decisión del Ministerio Público.

Artículo 83. El Juez de Control podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO

DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 84. El Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia del Estado de Quintana Roo, tiene por objeto dotar a la Procuraduría con recursos económicos adicionales orientados al mejoramiento de su infraestructura, a la adquisición de mobiliario, equipo y demás bienes y servicios necesarios para el óptimo funcionamiento e imagen de las unidades, al fomento de la capacitación profesional y técnica del personal de la Procuraduría, a la atención de las víctimas u ofendidos del delito, así como a la contratación de los servicios indispensables para su debido funcionamiento y fiscalización.

Artículo 85. El Fondo tendrá un Comité Técnico que se integra de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que será el Procurador;

II. Uno de los Subprocuradores de Justicia, designado por el Procurador;

III. El Secretario de Gobierno del Estado;

IV. El Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, y

V. El Oficial Mayor del Estado. Los tres últimos actuando en su calidad de vocales propietarios, quienes podrán tener suplente designado por el Titular Propietario, quien deberá acreditarse de manera fehaciente a través de designación escrita, que tendrán las mismas facultades del Titular en su ausencia.

Artículo 86. El Comité Técnico celebrará cuando menos cuatro sesiones ordinarias al año y de forma extraordinaria sesionará cuantas veces sea necesario.

Artículo 87. El Fondo estará dirigido y administrado por un Titular designado por el Procurador, quien actuará como Secretario Técnico del Comité Técnico; participando en las sesiones con derecho a voz pero sin voto y tendrá las facultades que se le otorguen en la presente Ley, además de las que le fueran delegadas por el Comité Técnico.

Artículo 88. El Titular del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia del Estado de Quintana Roo, tendrá las siguientes facultades:

I. Representar al Fondo y realizar todos los actos y actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto;

II. Presentar para su aprobación ante el Comité Técnico, lo relativo a las cauciones, los decomisos, las donaciones y los ingresos por concepto de concesiones, inversiones, multas, subastas o rentas;

III. Supervisar y concentrar la información sobre la recaudación diaria que se obtenga por las cuotas de los conceptos de: antecedentes no penales, copias certificadas, donativos, antidoping, rendimientos que se tengan establecidas en el Fondo y cualquier otro ingreso que se obtenga;

IV. Someter ante el Comité Técnico, la autorización de recursos para financiar a la Procuraduría, en el mantenimiento y modernización de la misma de conformidad a la normatividad aplicable;

V. Celebrar contratos y convenios con entidades de la Administración Pública Paraestatal, en cualquiera de los tres niveles de gobierno o con las personas físicas o morales, que sean necesarios para el mejor funcionamiento y desarrollo del Fondo; cuando en dichos convenios exista una afectación patrimonial o presupuestaria éstos deberán ser sometidos a la aprobación del Comité Técnico;

VI. Administrar los recursos financieros y demás bienes, requeridos para el desarrollo del fondo, siempre en apego a la normatividad establecida y con atención a las recomendaciones y necesidades que correspondan, y proponer al Comité Técnico en su caso, todos aquellos casos no previstos en la presente ley y su reglamento;

VII. Supervisar la elaboración y presentación al Comité Técnico en cada sesión, del informe del avance presupuestal del fondo y de manera anual el cierre presupuestal del ejercicio inmediato anterior;

VIII. Elaborar y presentar al Comité Técnico el Programa Operativo Anual para su aprobación;

IX. Elaborar y presentar al Comité Técnico para su aprobación, el calendario anual de adquisiciones y los montos de gastos a efectuarse;

X. Elaborar y presentar al Comité Técnico los estados financieros que se elaboren los cuales serán revisados y en su caso aprobados por el Comité Técnico, así como toda la demás información financiera y contable que presente el Secretario Técnico, debiendo dictar las medidas preventivas o correctivas que estime procedentes;

XI. Elaborar en conjunto con las unidades correspondientes y someter a aprobación del Comité Técnico, los proyectos de reforma a la presente Ley, los manuales, instructivos y circulares que fueran necesarios para el cumplimiento del objeto del Fondo y para el mejor aprovechamiento de sus recursos e instalaciones;

XII. Nombrar en caso necesario a quien le asista para la elaboración y redacción de las actas de sesión del Comité Técnico;

XIII. Dar cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico;

XIV. Proponer, otorgar y en su caso, revocar y cancelar, previa autorización del Comité Técnico, los permisos y concesiones expedidos para el Fondo, así como de sus instalaciones y servicios; podrá sin necesidad de autorización del Comité Técnico, suspender provisionalmente la operación de dichos permisos o concesiones en casos de emergencia; cuando se ponga en peligro la integridad del fondo, o cuando los operadores de los mismos sean notoriamente morosos y/o contravengan las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento, en sus contratos individuales o en cualquier otra disposición de carácter legal y normativo, sean Federales, Estatales o Municipales, debiendo informar en un plazo conveniente que no exceda de 5 días hábiles, a los miembros del Comité Técnico las acciones tomadas y el motivo de las mismas debiendo en todo caso fundar y motivar su actuación; la suspensión continuará mientras subsistan las circunstancias que dieran lugar a la misma o en su caso hasta que el Comité Técnico tome una decisión definitiva sobre el asunto en particular que fuera motivo de la misma;

XV. Observar los principios de transparencia y publicidad en sus actos y respetar el derecho al libre acceso a la información pública, a toda persona que lo solicite, en los términos que establece la normatividad en la materia;

XVI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y demás normas de carácter legal;

XVII. Expedir certificaciones de los documentos existentes que obren bajo su resguardo en los archivos del Fondo, en los casos permitidos por la Ley;

XVIII. Rendir ante el Comité Técnico, los informes relativos a la administración de los recursos del Fondo, cuantas veces le sea solicitado;

XIX. Presentar al Comité Técnico los informes o dictámenes que se le soliciten en relación con sus obligaciones;

XX. Formular el inventario general de bienes del fondo para el mejoramiento de la procuración de justicia;

XXI. Ser apoderado jurídico del Fondo para el mejoramiento de la procuración de justicia ante instancias judiciales o administrativas en los que el fondo sea parte;

XXII. Aperturar cuentas bancarias a nombre del Fondo para el Mejoramiento de procuración de justicia del Estado para el manejo de los recursos;

XXIII. Auxiliar al Ministerio Público, tanto federal como estatal, en el ejercicio de sus facultades constitucionales cuando éstos lo soliciten;

XXIV. Verificar que los contratos y convenios que celebre el Fondo con personas físicas o morales se ajusten a las disposiciones legales aplicables;

XXV. Vigilar que la erogación de recursos del fondo sea realizado en la forma y términos previstos en las disposiciones aplicables;

XXVI. Remitir al Comité Técnico, la cuenta pública del Fondo, del ejercicio inmediato anterior, para su revisión y fiscalización;

XXVII. Presentar al Comité Técnico iniciativas de reformas respecto a las reglas de operación y demás disposiciones administrativas de observancia general;

XXVIII. Requerir para el cumplimiento de sus objetivos: informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de las correspondientes del Estado, así como de otras autoridades y entidades en la medida en que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, podrá requerir informes y documentos de las distintas autoridades municipales y de los particulares para los mismos fines, en los términos previstos por las leyes respectivas.

XXIX. Substanciar el procedimiento de subasta pública conforme al reglamento de esta ley, en coordinación con la Dirección de Bienes Asegurados de la Procuraduría, para lo cual se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en lo no previsto en los ordenamientos legales señalados, y

XXX. Las demás que les confieran esta ley y las demás disposiciones legales o acuerdos que emita el Comité Técnico.

TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO ÚNICO

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Artículo 89. Para los efectos del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría, se aplicará en lo conducente lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Artículo 90. El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial en la Procuraduría, comprende lo relativo a los Agentes del Ministerio Público, a los elementos de la Policía Ministerial y a los Peritos, cualquiera que sea su denominación o adscripción dentro de la Procuraduría, y se sujetará a las bases siguientes:

I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio profesional de carrera, así como de la reincorporación al mismo, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Tendrá carácter obligatorio y permanente, abarcando los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las ramas ministerial, policial y pericial, los cuales se realizarán por las unidades y órganos que determinen las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de coadyuvancia con instituciones públicas o privadas para lograr sus objetivos;

III. Se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y de respeto a los derechos humanos, teniendo como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en el desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia.

IV. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización fomentarán que los Agentes del Ministerio Público, los elementos de la Policía Ministerial y los Peritos, logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y objetivos, y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño del servicio;

V. Contendrá las normas para la emisión, revalidación, registro y el reconocimiento de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que el personal ministerial, policial y pericial deberá tener para desempeñar su función y acceder a los niveles superiores;

VI. Contará con un sistema de rotación del personal del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y de los Peritos, dentro de la Procuraduría, y

VII. Determinará los perfiles, categorías y funciones de los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Ministerial y de los Peritos.

Artículo 91. Son requisitos para ser Agente del Ministerio Público Titular o Auxiliar de carrera:

A. DE INGRESO:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedidos y registrados legalmente;

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

IV. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan los ordenamientos correspondientes;

V. Presentar y aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;

VI. Sustentar y acreditar el concurso de oposición, en los términos que señalen las disposiciones aplicables;

VII. No estar sujeto a proceso penal;

VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

IX. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso;

X. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

XI. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

B. DE PERMANENCIA:

I. Cumplir con los requisitos de ingreso que resulten aplicables, durante el servicio;

II. Cumplir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función, que establezcan las disposiciones aplicables;

III. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;

IV. No ausentarse del servicio sin causa justificada por más de tres días consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales;

V. Participar en los procesos de ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

VI. Mantener vigente la certificación a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VII. Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;

VIII. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas;

IX. No incurrir en actos u omisiones que afecten la prestación del servicio, y

X. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 92. Son requisitos para ser elemento de la Policía Ministerial de carrera:

A. DE INGRESO:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;

II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;

IV. Acreditar que se han concluido por lo menos los estudios correspondientes a la educación media superior o equivalente;

V. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso;

VI. Seguir y aprobar los cursos de formación;

VII. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

VIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;

XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

XIII. Cumplir con los deberes establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables, y

XIV. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

B. DE PERMANENCIA:

I. Cumplir con los requisitos de ingreso que resulten aplicables, durante el servicio;

II. Mantener actualizado su certificado único policial, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

IV. Cumplir con los programas de formación, capacitación, actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función, que establezcan las disposiciones aplicables;

V. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño que establezcan el reglamento respectivo y las demás disposiciones aplicables;

VI. No ausentarse del servicio sin causa justificada por más tres días consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales;

VII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

VIII. Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;

IX. No incurrir en actos u omisiones que afecten la prestación del servicio, y

X. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 93. Son requisitos para ser Perito de carrera:

A. DE INGRESO:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Acreditar que se han concluido por lo menos los estudios correspondientes a la educación media-superior o su equivalente;

III. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;

IV. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;

V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan os ordenamientos correspondientes;

VI. Presentar y aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;

VII. Sustentar y acreditar el concurso de oposición en los términos que señalen las disposiciones aplicables;

VIII. No estar sujeto a proceso penal;

IX. No estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

X. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso;

XI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

XII. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

B. DE PERMANENCIA:

I. Cumplir con los requisitos de ingreso que resulten aplicables, durante el servicio;

II. Cumplir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función, que establezcan las disposiciones aplicables;

III. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, de evaluación del desempeño y de competencias profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;

IV. No ausentarse del servicio sin causa justificada por más de tres días consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales;

V. Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;

VI. Mantener vigente la certificación a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VII. Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; VIII. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y IX. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 94. Los requisitos descritos para ocupar los cargos de Agente del Ministerio Público Titular o Auxiliar, Perito y elemento de la Policía Ministerial, serán valorados con estricto respeto a los derechos humanos y a la perspectiva de género, velando siempre por su equidad.

Artículo 95. Los Agentes del Ministerio Público, los elementos de la Policía Ministerial y los Peritos, podrán ser por designación especial. Para los efectos de esta ley se entiende por Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Ministerial y Peritos, por designación especial, aquéllos que sin pertenecer al Servicio Profesional de Carrera son nombrados por el Procurador en los términos de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 96. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Ministerial o Peritos, dispensando la presentación de los concursos correspondientes. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos siguientes:

I. Para ser Agente del Ministerio Público por designación especial, los señalados en el artículo 91 apartado A de esta ley, con excepción de la fracción VI;

II. Para ser elemento de la Policía Ministerial por designación especial, los señalados en el artículo 92 apartado A de esta ley, con excepción de la fracción V, y III. Para ser Perito por designación especial, los señalados en el artículo 93 apartado A de esta ley, con excepción de las fracciones I y VII. Los Agentes del Ministerio Público, los elementos de la Policía Ministerial y los Peritos, por designación especial, no serán miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas conforme a este artículo, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento de separación previsto en esta ley. El número de Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Ministerial y Peritos, por designación especial, será el estrictamente necesario para atender los requerimientos del servicio.

Artículo 97. Previo al ingreso como Agente del Ministerio Público, elemento de la Policía Ministerial o Perito, incluyendo los casos a que se refiere el artículo anterior, será obligatorio que la Procuraduría consulte los antecedentes del candidato de que se trate en los registros correspondientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 98. Para el ingreso como Agente del Ministerio Público, elemento de la Policía Ministerial o Perito, de Carrera, se realizará concurso de ingreso por oposición interna o libre. En los concursos de ingreso para Agente del Ministerio Público, elemento de la Policía Ministerial o de Perito, en igualdad de circunstancias se preferirá al personal que ocupe dichos cargos por designación especial, así como a los ministeriales auxiliares, con sujeción a las condiciones que determine el Consejo.

Artículo 99. Los Agentes del Ministerio Público serán adscritos por el Procurador o por otros servidores públicos de la Procuraduría en quienes delegue esta función, a las diversas unidades y órganos de la misma, de conformidad con las necesidades del servicio y las disposiciones aplicables. De la misma forma los elementos de la Policía Ministerial y los Peritos serán adscritos a las unidades u órganos a cargo de la función policial ministerial y de los servicios periciales, respectivamente.

Artículo 100. Los ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y de los Peritos, se realizarán por concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial y los acuerdos del Consejo.

TÍTULO SÉPTIMO

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO I

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 101. Los servidores públicos de la Procuraduría serán sujetos de responsabilidad civil, administrativa y penal que correspondan por hechos u omisiones que realicen en el ejercicio de sus funciones. Por lo que deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que forme parte nuestro país;

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozca, en términos de las disposiciones aplicables;

III. Prestar auxilio y protección a los sujetos en situación de riesgo;

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;

V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se han de oponer a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;

X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de indicios; XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por la Procuraduría e instituciones de Seguridad Pública;

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

XIII. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;

XIV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;

XV. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;

XVI. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

XVII. Registrar las detenciones conforme a las disposiciones aplicables;

XVIII. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;

XIX. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso debe turnarlo al área que corresponda;

XX. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Procuraduría, bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;

XXI. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del Servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;

XXII. Abstenerse de consumir en las instalaciones de la Procuraduría o en actos del Servicio, bebidas embriagantes;

XXIII. No permitir que personas ajenas a la Procuraduría realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio;

XXIV. Ejercer su función en plena observancia de las Constituciones Federal y Estatal, así como con apego al orden jurídico respetando los derechos humanos amparados por éstas, los tratados internacionales en los que México sea parte, así como las normas que rigen sus actuaciones;

XXV. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, sujetándose a los principios de la jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o falta administrativa;

XXVI. En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de la fuerza por los medios a su alcance;

XXVII. Comparecer a declarar en audiencia en caso de ser citados para ello;

XXVIII. En el caso de que con motivo de sus funciones, tengan arma de cargo, solamente deberá utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere la fracción XXVI de este artículo;

XXIX. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el Servicio;

XXX. Participar en los programas de formación obligatoria a que se refieren los procedimientos de los Sistemas de Formación Inicial y Formación Continua y Especializada, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;

XXXI. Conocer la escala jerárquica de la corporación, debiendo guardar a los superiores, subordinados o iguales el respeto y la consideración debidos;

XXXII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

XXXIII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, de su superior jerárquico, respetando la línea del mando;

XXXIV. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que le suministre la Procuraduría, mientras se encuentre en servicio;

XXXV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará exclusivamente para actos del servicio que así lo demanden;

XXXVI. Preservar las evidencias o indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

XXXVII. Registrar en el libro de gobierno todos los datos de importancia que incidan en las actividades, investigaciones o indagaciones que realice;

XXXVIII. Entregar, al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades encomendadas, sin importar su índole, ejecutándolo en la periodicidad que las instrucciones o los manuales operativos señalen, debiendo elaborarlo en el apego más estricto a las actividades realizadas y a los hechos ocurridos;

XXXIX. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus investigaciones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras áreas de la Procuraduría, para substanciar procedimientos jurisdiccionales o administrativos;

XL. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la Procuraduría;

XLI. Apoyar, junto con el personal bajo su mando, a las autoridades que así se lo soliciten en caso de investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

XLII. Prestar apoyo en la investigación y acciones contra la delincuencia organizada;

XLIII. Realizar aseguramientos que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y la paz públicos;

XLIV. Proporcionar al público su nombre cuando se lo solicite y mostrar su identificación de manera respetuosa y cortés en el desempeño de su servicio;

XLV. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible y por escrito, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica. Tratándose de actos u omisiones de un superior jerárquico deberá informarlo al Jefe inmediato de éste;

XLVI. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad, rebeldía o indisciplina en contra del mando o alguna otra autoridad;

XLVII. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, categoría jerárquica o grado y cargo que ostente;

XLVIII. Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto de salvaguardar la seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud deberá formularse dentro de la disciplina y subordinación debida;

XLIX. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las reciba, o que sean contradictorias, injustas o impropias;

L. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Procuraduría, dentro o fuera del servicio;

 LI. Identificar los indicadores de delitos con mayor incidencia, para instrumentar las acciones que correspondan;

LII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, sino media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia,

LIII. Realizar la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto;

LIV. Cumplir con el servicio y las obligaciones que le sean encomendadas;

LV. Abstenerse de faltar de manera injustificada durante tres jornadas de servicio consecutivas; cuatro jornadas en el período de un mes y seis jornadas en un lapso de noventa días naturales. Se entenderá por jornada el período de tiempo en que el servidor público de la Procuraduría deberá prestar el servicio ininterrumpidamente y que se definirá de acuerdo a la naturaleza y necesidades de la propia función;

LVI. Abstenerse de ausentarse del servicio durante las horas de trabajo sin autorización del superior jerárquico;

LVII. Abstenerse de alterar documentación oficial relacionada con sus funciones;

LVIII. Abstenerse de destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente, documentos o expedientes de la Procuraduría;

LIX. Abstenerse de portar su arma de cargo cuando se encuentren fuera de servicio;

LX. Abstenerse de poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la Procuraduría y la vida de las personas;

LXI. Abstenerse de negar indebidamente a la víctima u ofendido el acceso a los servicios que presta el Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de la Procuraduría;

LXII. Remitir al Fondo del Mejoramiento de la Procuración de Justicia, todas y cada una de las cantidades que con motivo de sus funciones, reciba por concepto de caución, en el término máximo e improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que lo recibe;

LXIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna, sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Federal y en los ordenamientos legales aplicables;

LXIV. Abstenerse de distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo y elementos materiales bajo su custodia o de la Procuraduría;

LXV. Las demás que prevean otros ordenamientos legales aplicables a su calidad de servidores públicos y el cargo que desempeñen, y

LXVI. Las demás que disponga el Procurador.

Artículo 102. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, todo el personal de la Procuraduría, sea por sí mismo o por interpósita persona no podrá desempeñar otro cargo oficial. No podrá ejercer la abogacía sino en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubino, de sus ascendientes o descendientes en línea recta, de sus hermanos, adoptante o adoptado. Tampoco podrá desempeñar funciones de depositario o apoderado judicial, tutor, curador o albacea judicial, a no ser que en este último cargo, tenga el carácter de heredero o legatario. El mismo impedimento habrá para ser síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, comisionista, árbitro o arbitrador, o ejercer el notariado mientras este en funciones.

El órgano de control y evaluación interna de la Procuraduría dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública substanciará los procedimientos de responsabilidad administrativa cometidas por los servidores públicos que no funjan como agentes del ministerio público, peritos o policías ministeriales, por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este capítulo así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, conforme al procedimiento previsto en esa ley.

CAPÍTULO II

CAUSALES DE RESPONSABILIDAD

Artículo 103. Cuando en el desempeño de sus funciones los Ministerios públicos o los Peritos de la Procuraduría, incurran en el incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en esta ley, su reglamento, y demás normatividad aplicable, se iniciará el procedimiento respectivo ante el órgano interno competente de la Procuraduría, sin perjuicio del que corresponda realizar a otra autoridad por la responsabilidad administrativa, penal y/o civil que proceda.

Artículo 104. Son motivos de cese del personal de la Procuraduría, al que alude el artículo 11, fracción I de esta Ley, además de no acreditar las evaluaciones de control y confianza, aplicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas o de cualquier índole aplicables.

CAPÍTULO III

SANCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA VISITADURÍA

Artículo 105. Las sanciones que se pueden imponer a los Ministerios Públicos y Peritos de la Procuraduría, que incurra en alguna de las causales que implique incumplimiento de sus obligaciones, serán:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa de hasta trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado;

III. Suspensión en el empleo, sin goce de sueldo hasta por noventa días, y

IV. Destitución o remoción.

Artículo 106. La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta. La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en ambos casos, se archivará una copia de la misma en el expediente personal del infractor. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso o promoción del Servicio Profesional de Carrera.

Artículo 107. La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento cuando la falta cometida no amerite remoción.

Artículo 108. En el caso de las multas que se impongan, cuando el servidor público sea reincidente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, se aplicará hasta el doble de la multa impuesta. En caso de que se imponga una sanción de esta naturaleza se remitirá a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado copia certificada de la resolución firme correspondiente para que la misma se haga efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en la legislación fiscal de esta entidad federativa. Una vez realizado el cobro del crédito fiscal respectivo, la autoridad hacendaria deberá remitir su importe al Fondo del Mejoramiento para la Procuración de Justicia.

Artículo 109. Procederá la remoción en los casos de infracciones graves a juicio del Procurador.

Artículo 110. Cuando se imponga alguna sanción al servidor público perteneciente a la Procuraduría, deberá realizarse la respectiva anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública a que alude la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin perjuicio de que se realice otro registro correspondiente en las bases de datos de la Procuraduría.

Artículo 111. Las sanciones a que se refiere el artículo 105 del presente ordenamiento serán impuestas por el Procurador.

Corresponderá a la Dirección General de la Visitaduría instruir el procedimiento administrativo respectivo y formular el proyecto de resolución correspondiente.

Artículo 112. El procedimiento administrativo disciplinario al que alude el numeral anterior de esta ley se realizará de la manera siguiente:

I. Se iniciará de oficio, por queja presentada por los particulares afectados, por vista que realicen los superiores jerárquicos del personal infractor o con motivo de la vista o recomendaciones emitidas por los órganos constitucionales autónomos en materia de derechos humanos. Las autoridades de cualquier orden de gobierno podrán comunicar a la Dirección General de la Visitaduría la existencia de alguna conducta probablemente constitutiva de responsabilidad realizada por los Ministerios Públicos o Peritos de la Procuraduría que cometan infracciones. En estos casos se seguirá el procedimiento establecido en este capítulo;

II. Las quejas o vistas que se formulen se acompañarán de los elementos probatorios con los que cuente el denunciante;

III. Con independencia de lo anterior, la Dirección General de la Visitaduría recabará oficiosamente en cualquier momento del procedimiento, el material probatorio necesario para el esclarecimiento de los hechos motivo del procedimiento administrativo.

Toda autoridad que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder, que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a rendir informe y a exhibir los documentos al ser requeridos por la Dirección General de la Visitaduría o cuando dicha documental sea ofrecida como prueba por el probable infractor.

Todos los servidores públicos de la Procuraduría están obligados a entregar toda la información y la documentación que les sea requerida de manera oral o escrita por la Dirección General de la Visitaduría respecto de las investigaciones que lleve a cabo, y asimismo deberán permitir el acceso a expedientes, libros de gobierno, registros y toda clase de documentos y archivos.

Será causal de responsabilidad administrativa disciplinaria dejar de atender los requerimientos de la Dirección General de la Visitaduría o dilatarse injustificadamente en el desahogo de los mismos. Para hacer cumplir sus determinaciones la Dirección General de la Visitaduría podrá hacer uso de los siguientes medios de apremio:

a) Apercibimiento;

b) Multa de diez a sesenta días de salario mínimo vigente en el Estado, y

c) Presentación de personas con auxilio de la fuerza pública.

IV. Si de los elementos aportados por el quejoso, de la vista o de la recomendación formuladas, o de las pruebas recabadas oficiosamente, se desprende la probable responsabilidad del elemento ministerial o pericial, la Dirección General de la Visitaduría enviará una copia de la queja, de la vista, de la recomendación y sus anexos al servidor público, así como del material recabado oficiosamente, en caso de que no exceda de veinticinco fojas, para que en un término de diez días hábiles manifieste por escrito lo que a su derecho corresponda sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes.

En caso de que los documentos necesarios para el emplazamiento excedan de veinticinco fojas, quedarán a disposición del probable infractor en las instalaciones de la Dirección General de la Visitaduría para que pueda imponerse de su contenido.

La contestación deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja o en la vista, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la queja o en la vista sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario. En el caso de que el servidor público tenga su adscripción en un lugar distinto a la ciudad de Chetumal, podrá remitir su contestación por correo certificado con acuse de recibo, teniéndose como fecha de presentación aquélla en que fue depositada ante la oficina postal correspondiente.

En el acuerdo sobre la contestación se tendrán por admitidas las pruebas ofrecidas que tengan relación con la litis, con excepción de la confesional a cargo de las autoridades y de los quejosos, las que resulten inútiles para dirimir el procedimiento administrativo y las que sean contrarias a la moral y al derecho.

V. Una vez realizado el desahogo de todo el material probatorio, se concederá al servidor público un término de cinco días hábiles para formular sus alegatos por escrito; Concluido el período de alegatos, la Dirección General de la Visitaduría declarará cerrada la instrucción y procederá a formular el proyecto de resolución para que sea el Procurador quien determine sobre la existencia de la responsabilidad y en su caso, sobre la sanción que resulte aplicable. Se remitirá copia certificada de la resolución recaída al procedimiento respectivo al Consejo, por conducto de su Secretario Técnico, para los efectos legales a que haya lugar en lo que corresponda al Servicio Profesional de Carrera.

VI. Si de la contestación no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del probable responsable o de otras personas, la Dirección General de la Visitaduría podrá disponer la práctica de investigaciones, así como la obtención y desahogo de otras pruebas para el conocimiento de los hechos, y

VII. En cualquier momento, previo o posterior a la contestación, la Dirección General de la Visitaduría podrá determinar la suspensión preventiva del probable responsable sin goce de sueldo, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, o bien cuando considere que con su permanencia pueda causarse perjuicio o trastorno al servicio o a la Procuraduría, la cual cesará si así lo resuelve, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo.

La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma.

Artículo 113. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del probable infractor o cuando no haya podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren, para que se requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible, exhibiendo copia del escrito sellado de recibido por el lugar donde se encuentre la prueba referida con cuando menos cinco días antes de la presentación del escrito de contestación. Se entiende que el interesado tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.

En los casos en que la autoridad requerida no sea parte de la Procuraduría, la Dirección General de la Visitaduría podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de una multa de cincuenta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado a la autoridad omisa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por las responsabilidades en que incurra.

Artículo 114. Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse hasta antes del cierre de instrucción, deberán referirse a hechos ocurridos con posterioridad a la contestación formulada por el probable infractor; o bien, a hechos ocurridos previamente, siempre y cuando su oferente, bajo protesta de decir verdad, manifieste que le eran desconocidos.

Artículo 115. Los asistentes a las diligencias derivadas del procedimiento administrativo deberán guardar orden y permanecer en silencio mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. No podrán portar armas u otros elementos aptos para interrumpir el desarrollo de la audiencia, ni manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Se negará el acceso a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad y los propósitos de la diligencia.

La Dirección General de la Visitaduría cuidará que se mantenga el orden y de exigir que les guarde, tanto a ellos, como a los asistentes, el respeto y consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: a) Apercibimiento; b) Multa de uno a cincuenta salarios mínimos; c) Expulsión de la diligencia, y d) Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 116. Las notificaciones de emplazamientos, citaciones, requerimientos, así como la resolución se realizarán personalmente al probable infractor. Las notificaciones se practicarán por lista de estrados, ubicadas en las instalaciones de la Dirección General de la Visitaduría, cuando así lo solicite la parte interesada, cuando no proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Chetumal desde su primera comparecencia, o se trate de actos distintos a aquéllos que se precisan en el párrafo anterior. Las notificaciones personales podrán ser realizadas por el personal de la Dirección General de Visitaduría o por el personal de las Direcciones o Unidades Administrativas de la Procuraduría, esto último en el supuesto de que las notificaciones deban realizarse fuera del lugar de residencia de la referida Dirección. En todos los casos los servidores públicos encargados de realizar las notificaciones derivadas de los procedimientos administrativos se encontrarán investidos de fe pública.

Artículo 117. A falta de disposición expresa sobre el presente procedimiento administrativo y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este título, se estará a lo dispuesto por el reglamento de la presente ley, al Reglamento de la Dirección General de Visitaduría y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE SANCIÓN

Artículo 118. Las sanciones serán impuestas por el Procurador. Dicha imposición se realizará considerando los factores siguientes:

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III. La gravedad de la infracción;

IV. La reincidencia del infractor;

V. La capacidad económica del infractor;

VI. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;

VII. La antigüedad;

VIII. Daños infligidos a la ciudadanía;

IX. Prácticas que vulneren el funcionamiento de la Procuraduría, y

X. Las circunstancias y medios de ejecución.

Artículo 119. Las sanciones que en su caso se impongan en términos de esta ley, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales en que incurran los servidores públicos de la Procuraduría.

CAPÍTULO V

EFECTOS DE LA DESTITUCIÓN O REMOCIÓN INJUSTIFICADA

Artículo 120. En el supuesto, que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone destitución o remoción es injustificada, la Procuraduría sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación a la Procuraduría, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido, de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

El monto de las prestaciones a las que tenga derecho la persona cuya remoción sea considerada como injustificada, se calculará desde la fecha en que sea enterado de esa determinación y hasta la fecha en que se cumplimente la sentencia ejecutoriada. La indemnización a que se refiere el primer párrafo consistirá en tres meses de salario base y veinte días por cada año de servicios prestados. Las personas sujetas al procedimiento, sus abogados, o representantes que promuevan alguna actuación notoriamente improcedente e infundada ante la autoridad administrativa con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de los medios de defensa promovidos en contra de las determinaciones de remoción, destitución, cese o baja, se les impondrá una multa de cien a un mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado.

TÍTULO OCTAVO

DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN, HONOR Y JUSTICIA

CAPÍTULO I

ÓRGANOS QUE LA INTEGRAN

Artículo 121. El Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia será el órgano superior del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría, y se integrará por:

I. El Procurador, quien lo presidirá y en su ausencia será suplido por la persona en quien delegue esta facultad;

II. Un Subprocurador;

III. El Director Administrativo;

IV. El Director General de Visitaduría;

V. El Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna de la Secretaría de la Gestión Pública;

VI. El Director General de Planeación e Implementación del Sistema de Justicia Penal;

VII. El Director General de la Policía Ministerial;

VIII. El Director General de Servicios Periciales;

IX. El Director del Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica;

X. Un Agente del Ministerio Público, un elemento de la Policía Ministerial y un Perito, miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, de reconocido prestigio profesional, buena reputación y excelente desempeño, cuya designación estará a cargo del Procurador;

XI. El Secretario Técnico del Consejo, que será nombrado por el Procurador, y

XII. Los demás servidores públicos que determinen las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial o los acuerdos del Procurador o del Consejo.

Artículo 122. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Normar, desarrollar, supervisar y evaluar el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, y establecer políticas y criterios generales para tal efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. Aprobar las convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera;

III. Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y de ascensos del personal de carrera;

IV. Recomendar al Procurador la adscripción inicial y los cambios de adscripción del personal de carrera;

V. Resolver en única instancia los procedimientos de terminación del Servicio Profesional de Carrera Policial a que se refiere el artículo 125 de esta ley.

VI. Resolver en única instancia los procedimientos de terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial a que se refiere el artículo 125 de esta Ley, con excepción del procedimiento de remoción.

VII. Resolver en única instancia sobre las solicitudes de reingreso al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial que le sean presentadas de acuerdo con la normatividad aplicable;

VIII. Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización, especialización, rotación, cambio de adscripción y licencias del personal de carrera;

IX. Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento;

X. Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones, y

XI. Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

Artículo 123. La organización y el funcionamiento del Consejo y de los órganos que habrán de auxiliarlo en el cumplimiento de sus funciones serán determinados por esta Ley y por las normas reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

Artículo 124. Corresponde al Consejo normar, desarrollar, supervisar, operar y evaluar lo relacionado con el desarrollo policial de la Policía Ministerial, en términos de las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 125. La terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial será:

I. Ordinaria, que comprende:

a) La renuncia;

b) La incapacidad permanente para el desempeño de las funciones;

c) La jubilación o retiro, y

d) La muerte.

II. Extraordinaria, que comprende:

a) La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia o, en el caso de elementos de la Policía Ministerial, cuando en los procesos de promoción hayan alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, dejen de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que hayan sido convocados o no obtengan el grado inmediato superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto, o que en su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia, y

b) La remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones o incumplimiento de sus deberes.

Artículo 126. La terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial por separación con motivo de las causas a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 125 de esta ley, se realizará como sigue:

I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Secretario Técnico del Consejo, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;

II. El Consejo notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;

III. El Consejo podrá suspender provisionalmente al servidor público, hasta en tanto resuelva lo conducente;

IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo resolverá sobre la queja respectiva, y

V. Contra la resolución del Consejo no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 127. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior será substanciado por los órganos auxiliares del Consejo, cuya integración, operación y funcionamiento se definirán en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

CAPÍTULO II

DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN

Artículo 128. El Órgano Auxiliar de Instrucción es una instancia auxiliar del Consejo. Será el encargado de substanciar los procedimientos de separación entablados en contra de los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la policía ministerial, así como los procedimientos administrativos de remoción iniciados en contra de los elementos de la policía ministerial. Se encontrará integrado de un Secretario General Instructor y secretarios instructores, quienes tendrán unidad de actuación. El titular de la Secretaría Técnica del Consejo será quien coordine al Órgano Auxiliar de Instrucción.

Artículo 129. La función de Secretario General Instructor podrá corresponder al Director de Visitaduría General, en tanto que la función a cargo de los Secretarios Instructores podrá ser desempeñada por los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección General de Visitaduría.

Artículo 130. El Secretario General Instructor tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir de la Secretaría Técnica las quejas, vistas y denuncias;

II. Distribuir las quejas, vistas y denuncias entre los secretarios instructores para su substanciación;

III. Supervisar la debida substanciación de los procedimientos a cargo del Órgano Auxiliar de Instrucción;

IV. Remitir a la Secretaría Técnica los proyectos de resolución que deberán ser sometidos a la consideración del Consejo para su resolución;

V. Llevar a cabo el control, registro y estadística de los expedientes en trámite y resueltos;

VI. Ejercer directamente las facultades que corresponden a los Secretarios Instructores;

VII. Habilitar notificadores en auxilio de las funciones del Órgano Auxiliar de Instrucción;

VIII. Dictar cualquier disposición de carácter administrativo para el funcionamiento y despacho de los asuntos encomendados al Órgano Auxiliar de Instrucción;

IX. Representar legalmente al Órgano Auxiliar de Instrucción ante cualquier instancia o autoridad, y

X. Las demás que le sean conferidas por esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables, o aquéllas que le sean conferidas por acuerdo del Consejo.

Artículo 131. Los Secretarios Instructores tendrán las siguientes facultades:

I. Substanciar los procedimientos administrativos derivados de las quejas, denuncias y vistas planteados ante la Secretaría Técnica del Consejo;

II. Requerir a las diversas instancias administrativas de la Procuraduría, la información necesaria para la substanciación de los procedimientos administrativos a su cargo;

III. Requerir al Superior Jerárquico del elemento de que se trate o bien a la Unidad correspondiente, información sobre la existencia de correctivos disciplinarios que le hayan sido impuestos;

IV. Solicitar, cuando existiere procedimiento penal o administrativo de responsabilidad en contra del elemento, a la autoridad que tuviere a su cargo el expediente, un informe sobre el estado del expediente relativo, y de ser necesario copia certificada del mismo;

V. Dar vista a la autoridad ministerial competente, cuando de la investigación se desprenda la probable comisión de algún delito;

VI. Solicitar de las autoridades judiciales e instituciones públicas y privadas, información y copias certificadas de todo documento necesario para la investigación;

VII. Allegarse de cualquier persona, bien o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que aquellas resulten inútiles para dirimir el procedimiento y las que sean contrarias a la moral y el derecho.

VIII. Ordenar la presentación de cualquier persona cuya declaración sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos;

IX. Realizar las demás diligencias que considere necesarias para la debida integración del expediente relativo al procedimiento administrativo;

X. Dictar el acuerdo que ordene la suspensión temporal del elemento sujeto a procedimiento, cuando así se considere necesario para la debida integración del expediente respectivo;

XI. Ordenar la práctica de diligencias y la obtención de pruebas para mejor proveer;

XII. Cuidar el buen orden en las diligencias imponiendo las medidas disciplinarias establecidas en esta Ley, de acuerdo a la gravedad de la falta;

XIII. Dictar las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones;

XIV. Suplir las ausencias temporales del Secretario General Instructor, y

XV. Las demás que le sean conferidas por esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables, o aquéllas que le sean conferidas por acuerdo del Consejo.

Artículo 132. El personal de la Secretaría Técnica recibirá los documentos mediante los cuales se informan los resultados de los exámenes de control y confianza, las quejas en contra de los policías ministeriales por incumplimiento a sus obligaciones, vistas y recomendaciones emitidas por las Comisiones de Derechos Humanos para iniciar el respectivo procedimiento administrativo.

Artículo 133. Todos los servidores públicos de la Procuraduría están obligados a entregar toda la información y la documentación que les sea requerida por el Órgano Auxiliar de Instrucción respecto de los procedimientos que lleve a cabo, y asimismo deberán permitir el acceso a expedientes, libros de gobierno, registros y toda clase de documentos y archivos.

CAPÍTULO III

REGLAS COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN.

Artículo 134. Las actuaciones que se instruyan ante al Órgano Auxiliar de Instrucción deberán practicarse con arreglo a las siguientes disposiciones:

I. Todas las actuaciones deberán ser firmadas por el Secretario Instructor que intervenga.

II. Los Secretarios Instructores podrán ordenar de oficio o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observen en la tramitación del procedimiento. Únicamente tendrá por efecto su regularización, sin que ello implique que se puedan revocar sus propias determinaciones.

III. Los Secretarios Instructores cuidarán que los expedientes a su cargo sean foliados al agregarse cada una de sus fojas, las rubricarán y pondrán el sello oficial del Órgano Auxiliar de Instrucción en el fondo del expediente, de manera que queden selladas las dos caras.

IV. Ante el extravío o pérdida de los autos que integran el procedimiento, se procederá a su reposición, lo cual se sustanciará incidentalmente. El Secretario Instructor hará constar, desde luego, la falta del expediente o de alguna de las constancias que lo integraban. En todo caso, el Secretario Instructor podrá, de oficio, investigar el extravío, pérdida parcial o total del expediente, solicitando el auxilio del elemento sujeto al procedimiento para su reposición. Independientemente de lo anterior, se podrá dar vista al Ministerio Público para los efectos correspondientes.

V. El Secretario Instructor guardará, con la seguridad debida y bajo su responsabilidad, los documentos originales que presenten las partes. Al expediente se agregarán copias cuidadosamente cotejadas por el mismo secretario, sin perjuicio de que, a petición verbal de cualquiera de los interesados, se le muestren y devuelvan los originales.

VI. En el procedimiento se podrán presentar copias certificadas de documentos y solicitar que, previo cotejo con su original, sean devueltas a los interesados.

VII. En caso de que proceda la expedición de copias, se emitirán previo pago de derechos correspondientes en términos de lo establecido en las disposiciones que resulten aplicables.

VIII. El secretario instructor en ningún caso, entregará los expedientes a las partes para llevarlos fuera de las instalaciones del órgano auxiliar de instrucción. Las frases “dar vista” o “correr traslado”, solo significan que los autos quedan a disposición del interesado, para que se imponga de su contenido, en la oficina del secretario instructor.

IX. No se admitirán promociones notoriamente improcedentes, las cuales serán desechadas de plano, sin necesidad de correr traslado.

X. Las promociones y actuaciones se presentarán y realizarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, excluidos los sábados y domingos así como los señalados como festivos en el calendario oficial, o los que así sean declarados por disposición del Consejo. Son horas hábiles, las comprendidas entre las ocho y las diecinueve horas.

El secretario instructor puede habilitar los días y horas inhábiles para realizar cualquier actuación o diligencia, cuando hubiere causa urgente que lo exija; exponiendo la misma en el acuerdo que al efecto expida, precisando las diligencias que hayan de practicarse, notificándolo al interesado. Si una diligencia se inició en día y hora hábil, puede continuar hasta concluir sin interrupción, sin necesidad de habilitación expresa.

Queda prohibida la habilitación de días y horas inhábiles que produzcan o puedan producir el efecto de que se otorgue un nuevo plazo o se amplíe éste para interponer algún medio de defensa. La permanencia de personal de guardia no habilitará los días.

XI. Cuando no se lleve a cabo una actuación o diligencia el día y hora señalados, el secretario instructor hará constar la razón por la cual no se practicó y podrá señalar el día y hora en los cuales se llevará a cabo la misma.

XII. Los términos empezarán a correr al día siguiente a aquel en que surta sus efectos el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día de su vencimiento. Surtirán sus efectos al día siguiente de practicada la notificación.

XIII. Transcurridos los plazos fijados para ejercer un derecho, se tendrá por precluido, sin necesidad de declaración expresa o certificación al respecto.

XIV. Cuando no se señale plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días hábiles. Las promociones presentadas por los elementos sujetos a procedimientos serán acordadas en igual término.

XV. Todos los elementos sujetos a procedimiento, en el primer escrito o en la primera diligencia que intervengan, deberán designar domicilio ubicado en la población en la que resida el Órgano Auxiliar de Instrucción, para que se le hagan las notificaciones que deban ser personales. Serán personales las notificaciones de inicio y conclusión del procedimiento correspondiente y aquellas otras que determine el secretario instructor.

XVI. Cuando un elemento sujeto a procedimiento no cumpla con lo previsto en la fracción anterior, las notificaciones personales se realizarán por lista de estrados, que será fijada en lugar visible en la sede del Órgano Auxiliar de Instrucción. Las notificaciones personales se harán al interesado o su representante por conducto del personal del Órgano Auxiliar de Instrucción o por el servidor público que haya sido habilitado al efecto, dejándole copia íntegra y autorizada de la actuación que se le notifica.

Si se tratare de la notificación del inicio del procedimiento respectivo, se le notificará en el centro de trabajo o en el domicilio registrado en la unidad administrativa de su adscripción. Si a la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser notificado, se dejara citatorio para que espere a hora fija del día siguiente hábil y, si no espera, se le notificará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en el que se realice la diligencia; en caso de negarse a recibirla, o bien, si no ocurrieren al llamado del notificador, la notificación se entenderá con el vecino más cercano a quien se entregará copia simple del acuerdo o resolución que se notifica, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. En todo caso si la persona que recibe el citatorio o la constancia de notificación es distinta al interesado, deberá tener capacidad de ejercicio. El notificador se cerciorará, por cualquier medio, que el domicilio sea el designado para ello y practicará la diligencia, debiendo levantar constancia de todo lo que acontezca. En caso de que el notificador no pueda cerciorarse de que sea el domicilio correcto, así lo hará constar y se abstendrá de practicar la diligencia. Cuando no pudiese notificarse al interesado en su domicilio, se hará la notificación en el lugar en el que desempeñe sus funciones. Puede igualmente hacerse la notificación al interesado en cualquier lugar en que se encuentre. Cuando hubiere que notificar el inicio del procedimiento a algún elemento que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos que se publicarán por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal y nacional. El edicto contendrá una relación sucinta de la queja o denuncia, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación. De la misma manera, se le hará saber al interesado que pasado ese término sin comparecer personalmente, el procedimiento seguirá su curso y que las notificaciones posteriores se realizarán por lista de estrados.

Además, se fijará en la lista de estrados una copia íntegra del acuerdo correspondiente, por todo el tiempo de emplazamiento. Las notificaciones que no deban ser personales se harán por lista de estrados ubicada en las oficinas del Órgano Auxiliar de Instrucción, que deberá contener el nombre de la persona a quien se notifica, número de expediente y la fecha de los acuerdos o resoluciones de que se trate. El notificador autorizará con su firma la lista de estrados. De toda notificación por lista, se agregará a los autos un tanto de aquella, asentándose la razón correspondiente. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esa circunstancia, por lo que tal notificación surtirá sus efectos legales correspondientes. A toda persona se le dará copia autorizada de la determinación que se le notifique. En caso de enfermedad del elemento sujeto a procedimiento administrativo que deba ser notificado, debidamente comprobada por institución oficial, o en caso de que esté privado legalmente de su libertad, el secretario instructor o la persona por él habilitada, se trasladará al domicilio de aquél o al lugar en donde se encuentre, donde efectuará la diligencia para lo cual solicitará el apoyo y las facilidades necesarias por parte de las autoridades respectivas.

XVII. En el caso de los procedimientos de separación, las notificaciones para la audiencia de ley deberán expresar el lugar, día y hora en que tendrá verificativo, la autoridad ante la cual habrá de desarrollarse, los actos u omisiones que se le imputen al elemento sujeto al procedimiento y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor que deberá ser licenciado en derecho, así como a ofrecer los documentos o elementos probatorios que estime procedentes.

XVIII. Entre la fecha de citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de dos días hábiles.

XIX. No serán admisibles promociones, peticiones e incidentes notoriamente improcedentes.

XX. En cualquier momento, previo o posterior a la comparecencia del elemento sujeto a procedimiento, el Secretario Instructor podrá determinar la suspensión preventiva del procesado sin goce de sueldo, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación del procedimiento, o bien, cuando considere que con su permanencia pueda ocasionar perjuicio o trastorno al servicio o la Procuraduría. La suspensión podrá cesar antes de la terminación del procedimiento cuando el Secretario Instructor así lo determine. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma.

XXI. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento y su reglamento en cuanto a los procedimientos administrativos competencia del Consejo, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Artículo 135. Los procedimientos que se substancien ante el Órgano Auxiliar de Instrucción serán improcedentes por las siguientes causas: I. Cuando se instaure en contra de una persona que ejerza un cargo distinto al de Agente del Ministerio Público, Perito o Policía Ministerial; II. Cuando un elemento sujeto a procedimiento administrativo ante el Consejo, deje de tener tal calidad; III. Cuando los hechos hayan sido o sean materia de otro procedimiento del mismo tipo, y IV. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna imposición legal o reglamentaria. Las causales de improcedencia que se prevén en el presente artículo, serán examinadas de oficio.

Se dará por terminado el procedimiento en caso de que sobrevenga alguna de las causas de improcedencia previstas, deje de tener efectos el acto materia del procedimiento o se haya alcanzado el fin perseguido con el mismo.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN

Artículo 136. Una vez recibida la queja, el secretario general instructor deberá verificar que no se advierta alguna causal de notoria improcedencia, que se encuentre señalado en los requisitos de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido, y que se hayan adjuntado los documentos y las demás pruebas correspondientes. Si se advierte que la queja carece de los requisitos o pruebas señalados en el párrafo anterior, sin proveer sobre su admisión o desechamiento, requerirá a la autoridad promovente para que subsane las deficiencias en un término de treinta días hábiles. Transcurrido dicho término sin que se hubiere desahogado el requerimiento, dará vista al órgano de control y evaluación interna en la Procuraduría para los efectos legales que correspondan y se procederá a desechar la queja.

Artículo 137. Cuando la causa del procedimiento sea a consecuencia de la no aprobación de las evaluaciones de control de confianza o de desempeño, el Secretario General Instructor requerirá a la autoridad correspondiente copias certificadas del expediente que contenga los exámenes practicados al elemento del Servicio Profesional de Carrera.

Artículo 138. De reunir los requisitos previstos en el artículo 136, primer párrafo de esta ley, el secretario instructor dictará acuerdo de inicio, citará al elemento del servicio profesional de carrera a una audiencia notificándole que deberá comparecer personalmente a manifestar lo que en su derecho convenga en torno a los hechos que se le imputen, corriéndole traslado con el escrito de queja.

Artículo 139. Una vez iniciada la audiencia, el secretario instructor dará cuenta con las constancias que integren el expediente. Acto seguido, concederá al elemento sujeto al procedimiento, el uso de la voz para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Si el miembro del servicio profesional de carrera dejare de comparecer sin causa justificada a la audiencia, ésta se desahogará sin su presencia, se tendrán por ciertas la imputaciones hechas en su contra y por precluido su derecho a ofrecer pruebas y a formular alegatos.

Artículo 140. Contestada que sea la imputación, dentro de la propia audiencia se abrirá la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Si las pruebas requieren de preparación, el secretario instructor proveerá lo condecente y señalará fecha para su desahogo. Si el servidor público dejare de comparecer a la diligencia, se desahogarán las pruebas que se encuentren preparadas y aquellas cuya preparación corra a cargo del servidor público, se declararán desiertas. Los asistentes a las diligencias derivadas del procedimiento administrativo deberán guardar orden y permanecer en silencio mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. No podrán portar armas u otros elementos aptos para interrumpir el desarrollo de la audiencia, ni manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Se negará el acceso a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad y los propósitos de la diligencia.

Artículo 141. El Secretario Instructor cuidará que se mantenga el orden y de exigir que les guarde, tanto a ellos, como a los asistentes, el respeto y consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: I. Apercibimiento; II. Multa de uno a cincuenta salarios mínimos; III. Expulsión de la diligencia, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 142. Concluido el desahogo de pruebas, si las hubiere, el miembro del servicio profesional de carrera podrá formular alegatos en forma oral o por escrito. Cuando se formulen verbalmente no podrá exceder de quince minutos la exposición de los respectivos alegatos. Una vez concluido lo anterior, se declarará cerrada la instrucción y se procederá a la formulación del proyecto de resolución que en derecho corresponda.

Artículo 143. Una vez elaborado el proyecto de resolución, el secretario general instructor lo remitirá al secretario técnico para efectos de que éste emita la convocatoria a los integrantes del Consejo.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN A CARGO DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN,

HONOR Y JUSTICIA

Artículo 144. El procedimiento de remoción dará inicio por instrucciones del Procurador o a solicitud escrita de los titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría, autoridades estatales o federales y particulares, por la comisión de actos u omisiones que revelen el probable incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de los elementos de la policía ministerial, la probable responsabilidad en el desempeño de sus funciones o la realización de conductas consideradas causales de remoción. Los particulares podrán formular su queja a través de comparecencia realizada ante la Secretaría Técnica del Consejo. Recibida la queja, denuncia o vista por parte del secretario técnico, este lo remitirá al secretario general instructor. Una vez recibida la queja, denuncia o vista que le sea remitida, el secretario general instructor la distribuirá entre los secretarios instructores a su cargo. El secretario instructor al que le hubiera correspondido el conocimiento del asunto, verificará que no exista causal de improcedencia notoria y que cumpla los requisitos para el inicio del procedimiento.

De advertir que carece de dichos requisitos, requerirá al promovente para que aporte los medios de prueba necesarios, en un término de quince días hábiles. De reunir los requisitos de Ley, el Secretario Instructor iniciará la investigación correspondiente respecto de los hechos o conductas señaladas por los quejosos.

Artículo 145. Una vez agotada la investigación a la que alude el artículo anterior, sí se encuentra demostrado el acto o conducta sancionable y existan indicios que revelen la probable responsabilidad del elemento de la policía ministerial, el secretario instructor dictará acuerdo de inicio y notificara copia de la denuncia y de sus anexos al elemento de la policía ministerial sujeta al procedimiento para que en un término de diez días hábiles comparezca por escrito dando respuesta a todos y cada uno de los hechos que se le imputan y para que ofrezca pruebas. En caso de que el elemento de la policía ministerial sujeto al procedimiento no formule su contestación o bien en el mismo no suscitare explícitamente controversia, se tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen. En caso de no ofrecer pruebas, precluirá su derecho para ofrecerlas con posterioridad.

Artículo 146. Presentada la contestación o transcurrido el término para ello, el secretario instructor admitirá las pruebas ofrecidas que tengan relación con la Litis con excepción de la confesional a cargo de las autoridades y de los quejosos, las que resulten inútiles para dirimir el procedimiento administrativo y las que sean contrarias a la moral y al derecho. Si la prueba requiriere un especial desahogo, el secretario instructor fijará hora y fecha para tal efecto. En el caso de que el elemento sujeto a procedimiento de remoción dejare de comparecer sin causa justificada a la diligencia se procederá al desahogo de la prueba que estuviere preparada y, aquellas cuya preparación corra a cargo del miembro de la policía ministerial, se tendrán por desiertas, por falta de interés procesal de su parte.

Artículo 147. Los asistentes a las diligencias derivadas del procedimiento administrativo deberán guardar orden y permanecer en silencio mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. No podrán portar armas u otros elementos aptos para interrumpir el desarrollo de la audiencia, ni manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Se negará el acceso a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad y los propósitos de la diligencia.

Artículo 148. El Secretario Instructor cuidará que se mantenga el orden y de exigir que les guarde, tanto a ellos, como a los asistentes, el respeto y consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas:

I. Apercibimiento;

II. Multa de uno a cincuenta salarios mínimos; III. Expulsión de la diligencia, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 149. Una vez realizado el desahogo de pruebas, el secretario instructor concederá al elemento sujeto a procedimiento un término de cinco días hábiles para formular sus alegatos por escrito.

Artículo 150. Concluido el periodo de alegatos, el secretario instructor declarara cerrada la instrucción y procederá a formular el proyecto de resolución respectiva. Una vez elaborado el proyecto de resolución, el secretario general instructor lo remitirá al secretario técnico para efectos de que éste emita la convocatoria a los integrantes del Consejo para que sea ese cuerpo colegiado quien determine sobre la existencia de responsabilidad y en su caso, la sanción que resulte aplicable.

Artículo 151. Si de la contestación no se desprenden elementos para resolver o se adviertan otros que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del probable responsable o de otras personas, el Órgano Auxiliar de Instrucción podrá disponer la práctica de investigaciones, así como la obtención y desahogo de pruebas para el conocimiento de los hechos.

Artículo 152. Son causales de remoción de los elementos de la policía ministerial las siguientes:

I. Faltar a su jornada más de tres veces en un lapso de 30 días sin causa justificada;

II. Acumular más de doce inasistencias injustificadas en un lapso de un año;

III. Concurrir al servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de algún narcótico, droga o enervante;

IV. Abandonar, sin el consentimiento de un superior, el área de servicio asignada;

V. Abandonar, sin el consentimiento de un superior, las instalaciones de la Procuraduría;

VI. Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto;

VII. Tener incapacidad parcial o total física o mental que le impida el desempeño de sus labores;

VIII. Cometer actos inmorales durante su jornada;

IX. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio;

X. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico;

XI. Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, instalaciones; así como, en las tarjetas de control de asistencia; marcar por otro dicha tarjeta, firmar por otro elemento de Carrera las listas de asistencia o permitir a otra persona suplantar su firma en las mismas;

XII. Revelar información relativa a la Procuraduría, a su funcionamiento, dispositivos de seguridad, armamento y en general todo aquello que afecte directamente la seguridad de la Procuraduría o la integridad física de cualquier persona;

XIII. Introducir, consumir o comercializar bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, narcóticos o instrumentos a la Procuraduría, cuyo uso pueda afectar la seguridad de la misma;

XIV. Destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente, documentos o expedientes de la Procuraduría, así como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función cuando se le solicite;

XV. Sustraer u ocultar intencionalmente, material, equipo, vestuario, armamento y en general todo aquello propiedad de la Procuraduría, de sus compañeros y demás personal de la Procuraduría;

XVI. Causar intencionalmente daño o destrucción de material, equipo, vestuario, armamento y en general todo aquello propiedad de la Procuraduría, de sus compañeros y demás personal de la misma;

XVII. Hacer uso indebido del equipo, armas, uniformes, vehículos y en general todo aquello propiedad de la Procuraduría, de sus compañeros y demás personal de la misma;

XVIII. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus compañeros a realizar la misma conducta;

XIX. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerárquicos, de sus compañeros y demás personal de la Procuraduría;

XX. Organizar o realizar manifestaciones públicas con respecto a su inconformidad contra las políticas de la Procuraduría en horas de servicio;

XXI. Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la Procuraduría y la vida de las personas, y

XXII. Incurrir en el número de inasistencias señaladas en las fracciones I o II del presente artículo, durante la impartición de los cursos de formación, capacitación, especialización y cualquier otro que tenga referencia con la profesionalización.

CAPÍTULO VI

SANCIONES DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN, HONOR Y JUSTICIA

Artículo 153. El Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia podrá imponer a los elementos de la policía ministerial, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones las sanciones disciplinarias siguientes:

I. Amonestación por escrito.

II. Suspensión temporal de funciones y sueldo hasta por noventa días, y III. Destitución o remoción.

Artículo 154. La amonestación, es el acto por medio del cual se reprende al Policía Ministerial de Carrera sobre la acción u omisión indebida en que incurrió y se le advierte de las consecuencias de su reincidencia. Podrá ser pública o privada.

Artículo 155. Dependerá de la gravedad de la falta, aplicar una u otra forma de amonestación; pero en todo caso, procederá la amonestación pública cuando el probable infractor se niegue a recibir la notificación de la resolución.

Artículo 156. La sanción de amonestación pública la ejecutará el superior jerárquico y se hará frente a los elementos de Carrera de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el infractor, quienes deberán ostentar el mismo o mayor grado que el sancionado. Nunca se amonestará a un infractor en presencia de subordinados en categoría o jerarquía. La sanción de amonestación privada se realizará en recinto cerrado. La ejecutará el superior jerárquico ante dos testigos que deberán ser Policías Ministeriales de Carrera del mismo o mayor grado del infractor.

Artículo 157. La suspensión es la interrupción temporal de la relación administrativa existente entre el infractor y la Procuraduría, decretada por el Consejo.

Artículo 158. La suspensión procederá contra quien en forma reiterada o particularmente indisciplinada incurra en falta a sus deberes y cuya naturaleza no amerite la destitución a juicio del Consejo.

Artículo 159. El policía al día siguiente de ser notificado de la conclusión de la suspensión, comparecerá ante el titular de la unidad de su adscripción, a quien solicitará por escrito de su reingreso al servicio.

Artículo 160. Las sanciones deberán estar fundadas y motivadas. Para su individualización se tomarán en consideración los siguientes aspectos:

I. Gravedad de la conducta o infracción;

II. Daños causados a la Institución;

III. El nivel jerárquico, la antigüedad en el servicio y las condiciones del infractor;

IV. Los antecedentes de conductas irregulares y sancionadas;

V. La reincidencia;

VI. El monto del beneficio derivado de la conducta o infracción, y

VII. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

Artículo 161. Declarada la destitución, remoción o separación por el Consejo, no procede la reinstalación del elemento sujeto a procedimiento, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatirla y en su caso, procederá la indemnización consistente en el pago de tres meses de salario y se realizará el pago de las prestaciones que acredite tener derecho.

Artículo 162. El elemento de la Policía Ministerial al ser apartado del cargo, ya sea por suspensión o destitución deberá entregar su identificación, armamento, municiones, equipo y todo material que se le haya proporcionado para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO VII

DE LAS PRUEBAS

SECCIÓN I DEL OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS

Artículo 163. Se reconocen como medios de prueba los siguientes:

I. Documentos públicos;

II. Documentos privados;

III. Dictámenes periciales;

IV. Testigos;

V. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio o video y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

VI. demás medios que produzcan convicción en el Consejo.

Artículo 164. Las pruebas deben ser ofrecidas al momento de comparecer a la audiencia, en el caso del procedimiento de separación, o al presentar el escrito de contestación en el caso del procedimiento de remoción a cargo del Consejo, relacionándolas en forma precisa con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el nombre y domicilio de testigos y peritos. Si no se cumpliere con todos los requisitos anteriores, serán desechadas. Se tendrán por admitidas las pruebas ofrecidas que tengan relación con la litis, con excepción de la confesional a cargo de las autoridades y de los quejosos, las que resulten inútiles para dirimir la controversia y las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Artículo 165. El acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas no admite recurso alguno.

Artículo 166. La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, o la mande la ley, y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará, sin lo cual no será admitida.

Artículo 167. Los documentos deberán ser presentados al ofrecerse la prueba documental. Después de este período, no podrán admitirse sino los que dentro del término concedido para la contestación hubieren sido solicitados y no fueren remitidos al Órgano Auxiliar de Instrucción sino hasta después; así como los documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad a la contestación, o de los anteriores cuya existencia ignoraba quien los presente, aseverándolo así bajo protesta de decir verdad.

Artículo 168. El oferente de algún documento que asegure, bajo protesta de decir verdad, que no lo tiene en su poder, deberá expresar el archivo en que se encuentren, o si se encuentran en poder de tercero y si son propios o ajenos, en caso contrario será desechada.

Artículo 169. Los documentos que obren en las constancias y autos de los respectivos expedientes de procedimientos administrativos tramitados por el Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo, se tomarán como prueba aunque no se ofrezcan.

Artículo 170. Al ofrecer la prueba de inspección se deberá indicar con precisión el objeto de la misma, el lugar en donde deba practicarse y la relación con los hechos que se quisieran probar. Sin esos requisitos no se admitirá la referida probanza. No será admisible la prueba de inspección sobre documentos.

SECCIÓN II

PRUEBA DOCUMENTAL

Artículo 171. Son documentos públicos:

I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho;

II. Los documentos auténticos expedidos por servidores que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;

III. Los documentos auténticos, expedientes, oficios, libros de actas, estatutos, registros, y catastros que se hallen en los archivos públicos dependientes del Gobierno Federal, de los Estados, de los Ayuntamientos o del Distrito Federal;

IV. Las certificaciones de los documentos auténticos, expedientes, oficios, libros de actas, estatutos, registros, y catastros que se hallen en los archivos públicos dependientes del Gobierno Federal, de los Estados, de los Ayuntamientos o del Distrito Federal;

V. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades, asociaciones, universidades, siempre que estuvieren aprobadas, por el Gobierno Federal o de los Estados y del Distrito Federal y las copias certificadas que de ellos se expidieren, y

VI. Las actuaciones judiciales y ministeriales de toda especie.

Artículo 172. Los documentos públicos expedidos por autoridades federales, servidores públicos de los Estados y del Distrito Federal, harán fe en el Estado, sin necesidad de legalización.

Artículo 173. Para que haga fe en el Estado los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán llenar los requisitos que fija el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 174. Los documentos que se presenten en otro idioma del español, deberá estar acompañado de su respectiva traducción, sin la cual será desechado.

Artículo 175. Son documentos privados los no señalados como documentos públicos en este ordenamiento.

Artículo 176. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en el procedimiento por vía de prueba y no impugnados en su autenticidad se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Cualquiera de las partes puede exigir el reconocimiento expreso de las documentales privadas, exponiendo en todo caso los motivos por los cuales requiere la ratificación y será el Secretario Instructor

Artículo 177. Los documentos privados se presentarán en originales.

Artículo 178. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del oferente o cuando no haya podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, se deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren, para que se requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible, exhibiendo copia del escrito sellado de recibido por el lugar donde se encuentre la prueba referida con cuando menos tres días antes al momento de comparecer a la audiencia, en el caso del procedimiento de separación, o al presentar el escrito de contestación en el caso del procedimiento de remoción a cargo del Consejo. Se entiende que el interesado tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En los casos en que la autoridad requerida no sea parte de la Procuraduría, el Secretario Instructor podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de una multa de diez a sesenta días de salario mínimo vigente en el Estado a la autoridad omisa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por las responsabilidades en que incurra. Si el documento se encuentra en poder de algún particular, libros o papeles de casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el documento o la constancia, deberá fijar con precisión cuál sea el lugar en que se encuentre, y si el Consejo estimare pertinente dicha prueba requerirá tal documental.

Artículo 179. Sólo pueden reconocer un documento privado el que lo firma.

Artículo 180. Las partes sólo podrán objetar los documentos en el momento del desahogo de la respectiva prueba.

Artículo 181. Se considerarán indubitables para el cotejo:

I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo;

II. Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidos en la audiencia por aquél a quien se atribuya la dudosa;

III. Los documentos cuya letra o firma ha sido judicialmente declarada propia por aquel a quien se atribuye la dudosa, y

IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique.

SECCIÓN III

PRUEBA PERICIAL

Artículo 182. Se reconoce como peritos aquellos servidores públicos nombrados como tales y que pertenecen a la Procuraduría y a los autorizados por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrá ser nombrada cualquier persona con experiencias en la materia correspondiente, aun cuando no tengan título.

Artículo 183. Cada parte podrá ofrecer al perito que estime conveniente en el momento, presentar escrito de solicitud de procedimiento o escrito de contestación, según corresponda, debiendo su respectivo oferente señalar con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver; así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste. La falta de cualquiera de los requisitos anteriores motivará el desechamiento de la prueba. El perito tercero en discordia será nombrado por el Consejo. Secretario Instructor. Los peritos ofrecidos por las partes deberán estar presentes al momento de la celebración de la audiencia de ley, en caso contrario se declarará desierta la respectiva prueba.

Artículo 184. Cuando la diligencia de que se trate deba presidirla el Secretario Instructor se señalará lugar, día y hora para que aquella se practique. En cualquiera otro caso se fijará a los peritos un término prudente para que presenten el dictamen correspondiente. El Secretario Instructor puede en todo caso formular a los peritos cuestiones que sean pertinentes al momento que emitan su opinión técnica.

SECCIÓN IV

DEL RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR

Artículo 185. El reconocimiento se practicará siempre previa citación de las partes, fijándose día, hora y lugar, misma diligencia que será realizada por personal de la Secretaría Instructora o el de la unidad a quien se le solicite la colaboración en caso de tratarse de un lugar distinto a la sede del Consejo. Los interesados pueden concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.

También podrán concurrir a ellas los peritos que fueren necesarios y previamente ofrecidos para tal efecto.

Artículo 186. Del reconocimiento se levantará acta, que firmarán los que a él concurran, asentándose los puntos que lo provocaron, las observaciones, declaraciones de peritos y todo lo necesario para esclarecer la verdad. Cuando fuere necesario se levantarán planos, grabaciones de audio o video o se sacarán vistas fotográficas del lugar u objetos inspeccionados.

SECCIÓN V

PRUEBA TESTIMONIAL

Artículo 187. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deban de probar, están obligados a declarar como testigos. Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos. Sin embargo, cuando realmente estuvieren imposibilitados para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad al Secretario Instructor y pedirán que los cite. El Secretario Instructor ordenará la citación con apercibimiento de imponer alguno de los medios de apremio señalados en el presente ordenamiento, que se aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada, o que se niegue a declarar. La prueba se declarará desierta si el testigo no es presentado por el oferente o si ejecutado los medios de apremio antes mencionados, no se logra dicha presentación. En caso de que el señalamiento de domicilio de algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al promovente una multa hasta de veinte días de salario mínimo vigente en el Estado, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido. Asimismo deberá declararse desierta la prueba testimonial.

Artículo 188. No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubinario o concubina del sujeto a procedimiento, ni a sus parientes por consanguinidad, afinidad o civil en la línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni a los que estén ligados con el acusado por amor, respeto, cariño, o estrecha amistad; pero si estas personas quisieren declarar, se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declaración.

Artículo 189. Antes de que los testigos comiencen a declarar, se les instruirá de las penas que el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece para los que se producen con falsedad o se niegan a declarar.

Artículo 190. A las personas menores de dieciocho años, que deban declarar como testigos, en vez de hacérseles saber las penas en que incurren los que se producen con falsedad, se les exhortará para que se conduzcan con verdad.

Artículo 191. Después de identificar y tomar al testigo la protesta de decir verdad, se le preguntará su nombre, apellido, edad, lugar de origen, habitación, estado civil, profesión u ocupación; si se encuentra ligado con alguna de las partes por vínculos de parentesco, amistad o cualesquiera otros y si tiene algún motivo de odio o rencor en contra de alguno de ellos.

Artículo 192. Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer las respuestas que tengan escritas; pero podrán consultar algunas notas o documentos que lleven consigo, cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto y a juicio del Secretario Instructor. En todo caso el testigo dará la razón de su dicho.

Artículo 193. El autor de la queja, el elemento sujeto a procedimiento por sí o a través de su defensor, podrán interrogar al testigo; las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes. El Secretario Instructor calificará la legalidad de las preguntas previa a su contestación y se desecharán aquellas que no guardan relación con la litis, las notoriamente impertinentes, capciosas, ofensivas, contrarias al derecho o a la moral y aquellas que comprendan más de un hecho y confusas, o bien se refieran a hechos o circunstancias que ya constan en el expediente. Contra la desestimación de preguntas no procede recurso alguno.

Artículo 194. El Secretario Instructor tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos las preguntas que estime conducente a la investigación de la verdad respecto de los puntos controvertidos.

Artículo 195. El Secretario Instructor podrá dictar las providencias necesarias para que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por medio de otra persona, antes de que rindan su declaración.

SECCIÓN VI

OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS

Artículo 196. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el asunto que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, copias fotostáticas, cintas cinematográficas u otras producciones fotográficas, registros dactiloscópicos, fonográficos, grabaciones de audio o video y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, así como los demás medios que produzcan convicción. La parte que presente esos medios de prueba deberá ministrar al Órgano Auxiliar de Instrucción en el momento en que así lo requiera, los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras; apreciándolos de ese modo y apercibiéndolos que de no proporcionarlos oportunamente se declarará desierta la prueba.

SECCIÓN VII

VALORACIÓN

Artículo 197. El Consejo tendrá la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, mediante la aplicación de las reglas de la lógica y de la sana crítica; así como para determinar su valor, apreciándolas en su conjunto, a menos que esta ley o el reglamento del Consejo establezcan las reglas específicas para hacer la valoración.

Artículo 198. No tendrán valor las pruebas rendidas contrarias a lo dispuesto en este ordenamiento, a menos que sean el único medio por el que el Consejo pueda formar su convicción respecto a los hechos de que se trata. En este caso, deberá fundar especial y cuidadosamente esta parte de su resolución.

Artículo 199. Los hechos propios aseverados en las comparecencias, harán prueba plena en contra de quien las haya formulado, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

Artículo 200. Los documentos públicos hacen prueba plena. Harán prueba plena los hechos legalmente afirmados por la autoridad en documentos públicos, pero, si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad o fedatario que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Artículo 201. Las copias certificadas hacen fe de la existencia de los originales.

Artículo 202. La documental privada, el reconocimiento e inspección, la pericial, la testimonial, el cotejo, las fotografías, copias fotostáticas, dispositivos de almacenamiento de datos, videos, cintas cinematográficas, discos compactos o magnéticos y demás pruebas aportadas por la ciencia, técnica o arte quedan a la prudente calificación del Consejo.

Artículo 203. El Consejo podrá invocar los hechos notorios.

TÍTULO NOVENO

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS

Artículo 204. Son correctivos disciplinarios la amonestación privada y los arrestos administrativos hasta por treinta y seis horas, que se impongan a los policías ministeriales de carrera, cuyos actos u omisiones sólo constituyan faltas menores en el cumplimiento de la disciplina.

Artículo 205. La amonestación privada es el acto por el cual el superior jerárquico advierte al momento y de manera verbal al subalterno, la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes conminándolo a corregir su actuación.

Artículo 206. Se castigará al elemento de la Policía Ministerial con arresto las siguientes faltas:

I. La desobediencia a las órdenes de los superiores jerárquicos siempre y cuando no causen una paralización o retardo del servicio;

II. Poner en riesgo de sufrir alguna afectación a la integridad física o salud de alguno de los elementos policiacos con su conducta imprudente o irreflexiva;

III. No conservar en condición de funcionamiento eficiente las armas y el equipo táctico;

IV. Dejar de asistir a los cursos que se impartan dirigidos a los policías ministeriales o a las prácticas de acondicionamiento físico;

V. No llegar con puntualidad en el pase de lista diario;

VI. No cumplir con las órdenes encomendadas en forma personal;

VII. Abandonar el servicio o comisión antes de ser revelado;

VIII. Participar en forma activa en manifestaciones públicas de inconformidad contra autoridades de gobierno o mandos así como en reuniones de tipo político, aun encontrándose franco;

IX. Incitar a cualquier compañero a incurrir en desacato o en actos de indisciplina;

X. No cumplir una orden superior,

XI. No reportarse con su superior jerárquico cuando por cualquier motivo deba de abandonar su plaza o cuando llegue a otra, aun y cuando no se encuentre de servicio, y

XII. Las demás previstas en esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 207. Los arrestos serán impuestos a los Policías Ministeriales de Carrera por su respectivo superior jerárquico, ya sea con motivo de su grado o de su cargo, pero sólo serán graduados por el Director o quien tenga el mando en la unidad en que se encuentra asignado.

Artículo 208. Todo arresto deberá darse por escrito, salvo cuando el superior jerárquico se vea precisado a comunicar el arresto verbalmente, en cuyo caso lo ratificará por escrito a la brevedad, anotando el motivo de la orden emitida.

Artículo 209. El arresto deberá ejecutarse de manera inmediata, haciéndoselo saber al Policía quien deba cumplirlo. El correctivo disciplinario no exime de la responsabilidad administrativa o penal que proceda.

Artículo 210. Los correctivos disciplinarios no admiten recurso alguno. Estas medidas serán aplicadas sin perjuicio del servicio, realizando normalmente sus actividades dentro o fuera de las instalaciones, debiendo cumplir previamente, con los horarios establecidos, al término de los cuales cumplirá las sanciones correspondientes.

TÍTULO DÉCIMO

MEDIOS DE DEFENSA

Artículo 211. En contra de las resoluciones definitivas del Consejo y del Procurador, procederá el juicio de nulidad ante la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado, que se tramitará y resolverá en los términos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Los elementos ministeriales, periciales y de la policía ministerial que aún no formen parte del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría, podrán ser separados de su cargo en caso de no acreditar las evaluaciones de control y confianza como requisito de permanencia, o por incurrir en algún tipo de responsabilidad en el desempeño de sus funciones, de conformidad a lo que establece el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal.

Artículo 212. En el supuesto, que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone separación o remoción es injustificada, la Procuraduría sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su incorporación a la Procuraduría, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido, de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal. El monto de las prestaciones a las que tenga derecho la persona cuya remoción sea considerada como injustificada, se calculará desde la fecha en que sea enterado de esa determinación y hasta la fecha en que se cumplimente la sentencia ejecutoriada, sin que el monto total de aquéllas pueda exceder de un período de siete meses. La indemnización a que se refiere el primer párrafo consistirá en tres meses de salario base. Las personas sujetas a procedimiento, sus abogados, o representantes que promuevan alguna actuación notoriamente improcedente ante la autoridad administrativa o resolución de los medios de defensa promovidos en contra de las determinaciones de remoción, destitución, cese o baja, se les impondrán una multa de cien a un mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado.

Artículo 213. Las conductas u omisiones de los elementos de la Procuraduría, no sancionadas en esta Ley, previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se sujetarán a lo establecido en esta última.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.Se derogan en lo conducente, todos los acuerdos de creación y otorgamiento de facultades a los órganos o unidades administrativas que ahora se contienen en la presente Ley, dictados por el Procurador General de Justicia del Estado.

TERCERO. El reglamento de esta ley, el Reglamento de la Dirección General de la Visitaduría, el Reglamento del Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica, el Reglamento de Usuarios del Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, el Reglamento de Usuarios del Centro de Justicia para Mujeres, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Reglamento del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia, deberán expedirse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta ley. En tanto no se emitan los reglamentos antes referidos, se continuarán aplicando, siempre que no se opongan al presente ordenamiento, las disposiciones vigentes a la entrada en vigor de esta Ley.

CUARTO. En virtud de la implementación gradual del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Entidad, conforme a la Declaratoria de que el Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido incorporado en el Estado de Quintana Roo, que para tal efecto emita el Congreso del Estado y se publique en el Periódico Oficial del Estado, se faculta al Procurador General de Justicia del Estado para adecuar la estructura orgánica de la Procuraduría, conforme a esta ley y a las necesidades correspondientes para la implementación de dicho sistema.

QUINTO. En tanto no se implemente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada Distrito Judicial del Estado, las disposiciones de esta ley relativas a las facultades y procedimientos de dicho sistema, se aplicarán en las fechas que contendrá la declaratoria señalada en el artículo anterior. Conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, las Direcciones que resulten competentes con sus correspondientes unidades y áreas, continuarán conociendo de la atención y resolución de las denuncias y querellas que se formulen, hasta que entre en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Distrito Judicial al que correspondan.

SEXTO. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de octubre de mil novecientos ochenta, así como la Ley Orgánica que se abroga, seguirán rigiendo en lo conducente en los procedimientos iniciados con anterioridad a la nueva Ley Adjetiva y, quedará abrogado en la medida en que aquellos queden concluidos, conforme a la calendarización establecida en la Declaratoria a que hace referencia el artículo cuarto transitorio de la presente Ley.

SÉPTIMO. Los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera que sea su naturaleza, se continuarán tramitando y se resolverán conforme a las disposiciones aplicables al momento de su inicio.

OCTAVO. La Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 167

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2014.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Para garantizar el cumplimiento del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, establecerá las partidas presupuestales pertinentes en el Presupuesto de Egresos del Estado.

TRANSITORIOS DEL DECRETO 241

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2014.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura del Estado deberá aprobar y publicar el Programa para la atención y defensa de las personas en condición de vulnerabilidad en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La Procuraduría General de Justicia del Estado deberá aprobar y publicar el Programa para la atención y defensa de las personas en condición de vulnerabilidad en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

 

HISTORIAL:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo

PRIMERA PUBLICACIÓN: 18 de Marzo de 1983

( Deroga a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Quintana Roo, publicada el 15 de Diciembre de 1975)

 

REFORMAS:

Fecha, Mes y Año

Decreto Número:

Artículos Reformados:

29 de Abril de 1983.

  Fe de Erratas.
29 de Agosto de 1983.   Fe de Erratas.

 

SEGUNDA PUBLICACIÓN: 15 de Abril de 1991

REFORMAS: No Tuvo.

 

TERCERA PUBLICACIÓN: 15 de Febrero de 1999

 

Fecha, Mes y Año

Decreto Número:

Artículos Reformados:

20 de Octubre de 2006.

 
Se Reforma la Fracción VIII Del Artículo 35.
27 de Noviembre de 2007.
   
1 de Marzo 2010
 
Se REFORMA el Artículo 14.
25 de febrero de 2011
 
Se Reforma el Artículo 14

 CUARTA PROMULGACION: 24 de diciembre de 2013

 9 de diciembre de 2014     Decreto 167       Se reforman los incisos d) y e) de la fracción VIII y la fracción X, del artículo 14; y se adicionan el inciso f) a la fracción VIII del artículo 14, la Sección XVI BIS denominada “De la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en contra de los Migrantes”, al Capítulo IX del Título Segundo, que comprende los artículos 65 Bis, 65 Ter y 65 Quáter;

 19 de diciembre de 2014        Decreto 241          Se reforman las fracciones XVI y XXXVIII y se adicionan las fracciones XXXIX y XL, recorriéndose en su orden la última fracción, todas del apartado B del artículo 9,