Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Most Hit
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

LIBRO PRIMERO

TÍTULO PRELIMINAR

De las Garantías Penales.

(ULTIMA MODIFICACIÓN P.O.E 16 DICIEMBRE 2013)

Artículo 1.- Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión, si no están expresamente previstas como delito por la Ley Penal vigente al tiempo en que se cometieron, o si la pena o medida de seguridad no se encuentran establecidas en ella.

Queda prohibida la aplicación analógica en perjuicio de persona alguna y consecuentemente, nadie podrá ser sancionado por acción u omisión que no corresponda a las descritas por la Ley Penal.

Artículo 2.- Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión descritas en la Ley como delito, si no han sido cometidas con dolo, culpa o preterintención; por lo que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

Artículo 3.- No podrá aplicarse medida de seguridad alguna, sino por la comisión de un hecho previsto como delito y siempre que de éste y de las circunstancias personales del sujeto pueda derivarse la necesidad racional de su aplicación.

Artículo 4.- No podrá imponerse pena ni medida de seguridad alguna, sino por la resolución de autoridad judicial competente. Tampoco alguien podrá ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

Artículo 5.- Las penas y medidas de seguridad se entienden impuestas en los términos y con las modalidades previstas en este Código y ejecutadas por las autoridades competentes conforme a lo dispuesto por la Ley de Ejecución correspondiente, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

TÍTULO PRIMERO

La Ley Penal.

CAPÍTULO I

Aplicación de la Ley en el Espacio.

Artículo 6.- Este Código se aplicará por los delitos que se realicen en el Estado de Quintana Roo y sean competencia de sus Tribunales.

Este Código se aplicará asimismo, cuando:

I.- Los efectos del delito se produzcan en el Territorio del Estado, aunque aquél se haya cometido en otra Entidad Federativa, o;

II.- El acusado se encuentre en el territorio del Estado y no haya sido ejercitada la acción penal en su contra en la Entidad Federativa donde se cometió el delito que sea de la competencia de sus tribunales.

CAPÍTULO II

Aplicación de la Ley en el Tiempo.

Artículo 7.- Cuando entre la perpetración del delito y la sentencia que con relación a éste debiera emitirse, entrase en vigor una Ley más favorable, se aplicará la nueva Ley; igualmente se aplicará ésta en los casos en que se hubiera dictado sentencia irrevocable; disminuyéndose la sanción en la misma proporción que guarden las sanciones establecidas en ambas leyes, con excepción de la reparación del daño.

En caso de que la Nueva Ley cambiase la naturaleza de la pena a petición del condenado se sustituirá la sanción.

En caso de que la nueva Ley deje de considerar una determinada conducta u hecho como delictuoso, se sobreseerán los procedimientos y cesarán los efectos de las sentencias en sus respectivos casos, ordenándose la libertad de los procesados o sentenciados, con excepción de la reparación del daño cuando se haya efectuado el pago.

Artículo 8.- La Ley dictada para regir por tiempo determinado o en una situación excepcional, se aplicará por los hechos cometidos durante aquél o ésta aún después de haber cesado en su vigencia.

 

CAPÍTULO III

Aplicación de la Ley en Relación de las Personas.

Artículo 9.- Las disposiciones de este Código se aplicarán por igual a todas las personas, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la constitución y otras Leyes del Estado.

Las personas menores de dieciocho años que incurran en las conductas previstas por este Código no serán sujetos de sus consecuencias jurídicas.

CAPÍTULO IV

Concurso Aparente de Normas.

Artículo 10.- Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general, la de mayor alcance absorberá a la de menor amplitud y la principal excluirá a la subsidiaria.

CAPÍTULO V

Leyes Especiales.

Artículo 11.- Las disposiciones generales de este Código se aplicarán por los delitos contenidos en leyes especiales en lo no previsto por éstas.

TÍTULO SEGUNDO

El Hecho Punible.

CAPÍTULO I

Calificación y Formas.

Artículo 12.- El delito puede realizarse por acción o por omisión.

Será atribuido el resultado típico producido a quien teniendo el deber jurídico de actuar para evitarlo no lo impida.

Artículo 13.- Para los efectos de este Código el delito es:

I.- Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal;

II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga por un tiempo más o menos largo, y

III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas se viola el mismo precepto legal, tratándose de bienes disponibles.

Artículo 14.- El delito puede ser realizado dolosa, culposa o preterintencionalmente.

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere o acepta el resultado prohibido por la Ley.

Obra culposamente el que realiza el hecho típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en poder evitarlo, infringiendo un deber de ciudadano que podría y debía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Obra preterintencionalmente el que causa un resultado típico más grave al querido o aceptado, si aquel se produce culposamente.

CAPÍTULO II

Tentativa.

Artículo 15.- Además del delito consumado, también es punible la tentativa del mismo.

Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando u omitiendo, en parte o totalmente, los actos que deberían producir o evitar el resultado, si aquellos se interrumpen o el resultado no acontece por causas ajenas a la voluntad del agente.

Existe delito imposible, cuando los medios empleados no sean idóneos para producir el resultado o por inexistencia del bien jurídico u objeto material.

Si el sujeto desistiere espontáneamente de la ejecución o impidiere la consumación del delito no se impondrá pena o medida de seguridad alguna, a no ser que los actos ejecutados u omitidos constituyan por sí mismos delitos.

CAPÍTULO III

Autoría y Participación.

Artículo 16.- Son responsables del delito cometido:

I.- Los que lo realicen por sí;

II.- Los que lo realicen conjuntamente con otro;

III.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

IV.- Los que inciten dolosamente a otro a cometerlo;

V.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilio a otro para su comisión;

VI.- Los que con posterioridad a su ejecución, auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito; y

VII.- Los que intervengan con otro en su comisión, aunque no conste quién de ellos produjo el resultado.

Artículo 17.- Si varias personas toman parte en la ejecución de un delito determinado y alguno de ellos comete uno distinto sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, siempre que éste sea una consecuencia necesaria del primeramente convenido o sirva de medio para cometerlo, salvo:

I.- Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito; o

II.- Que habiendo estado presentes, hayan tratado de impedir su ejecución.

Artículo 18.- Cuando un miembro o representante de una persona jurídica colectiva, con excepción de las Entidades del Estado y Municipios, cometa algún delito con los medios que para tal objeto la misma persona jurídica colectiva le proporcione, de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de ésta, el juzgador impondrá en la sentencia, previo el juicio correspondiente y con la intervención del representante legal, las penas previstas por este Código para las personas colectivas, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas.

CAPÍTULO IV

Concurso de Delitos.

Artículo 19.- Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos.

Existe concurso real cuando con la pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

CAPÍTULO V

Causas Excluyentes de Incriminación.

Artículo 20.- No hay delito cuando:

I.- La actividad o inactividad del agente sean involuntarias;

II.- Falte alguno de los elementos objetivos de la descripción legal:

III.- Se repela una agresión real actual o inminente, sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional de la defensa empleada y no medie provocación suficiente o inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende; se presumirá como legítima defensa, salvo prueba en contrario, el hecho de causar un daño a quien, a través de la violencia o de cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias o a los de cualquier otra persona que tenga la obligación de defender, o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión.


En el ejercicio de la legítima defensa en los casos de violencia familiar, el juez tomará en consideración el ejercicio sistemático de la violencia, la posible indefensión en que se encontraba el pasivo y la desigualdad existente;

IV.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y no se tuviera el deber jurídico de afrontar.

V.- Se obre en virtud de obediencia jerárquica legítima; aún cuando el mandato constituya un delito si esta circunstancia no es notoria ni se pruebe que el agente la conocía.

VI.- Se obre en forma legítima en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y no se haga con el solo propósito de perjudicar a otro;

VII.- Se actúe con el consentimiento del titular del derecho en los casos en que éste sea disponible de acuerdo con la Ley;

VIII.- Se contravenga lo dispuesto en una Ley Penal por impedimento legítima o insuperable;

IX.- Al momento de realizar el hecho típico, el agente padezca enajenación mental, trastorno mental transitorio, desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro estado mental, que le impida comprender el carácter ilícito de aquel o conducirse de acuerdo con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio agente haya provocado esa incapacidad para cometer el delito.

Tratándose de enajenación mental y de desarrollo intelectual retardado, se estará siempre a lo dispuesto por el artículo 47 de este Código. En el caso de trastorno mental transitorio o de cualquier otro estado mental, sólo se estará a lo dispuesto por el artículo 47 mencionado si el sujeto requiere tratamiento; en caso contrario se le pondrá en absoluta libertad;

X.- Se realice el hecho bajo un error invencible respecto a alguno de los elementos esenciales que integran la descripción legal, o, por error igualmente invencible, estime el sujeto activo que su conducta está amparada por una causa de licitud, o cuando el hecho se realice por error invencible sobre la existencia de la Ley o del alcance de ésta.

Si el error es vencible, se estará a lo dispuesto por el artículo 56 de este Código;

XI.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta antijurídica, no sea racionalmente posible exigir al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar conforme a derecho, o;

XII.- Se produzca un resultado típico por caso fortuito.

Las causas que excluyen el delito se investigarán y harán valer, en cualquier estado del procedimiento de oficio o a petición de la parte interesada.

TÍTULO TERCERO

Penas y Medidas de Seguridad.

CAPÍTULO I

Reglas Generales.

Artículo 21.- Las penas y medidas de seguridad son:

I.                    Prisión;

II.                  Tratamiento libertad de imputables;

III.                Semilibertad

IV.                Vigilancia de la autoridad

V.                  Multa

VI.                Reparación de daños y perjuicios;

VII.              Trabajo en favor de la comunidad

VIII.            Suspensión, privación e inhabilitación de derechos o funciones;

IX.                Publicación de sentencia condenatoria;

X.                  Prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella:

XI.                Decomiso, perdida de instrumentos y objetos relacionados con el delito;

XII.              Tratamiento en internamiento o en libertad de inimputables o de imputables disminuidos;

XIII.            Intervención, remoción, prohibición de realizar determinadas operaciones y extinción de las personas jurídico-colectivas;

XIV.            Tratamiento psicoterapéutico reeducativo;

XV.       La separación del agresor, como medida de seguridad dictada por autoridad judicial competente, en la cual se establezca con precisión la prohibición expresa de acercarse a cierta distancia de la víctima, en el afán de proteger a la misma en cualquier tipo de modalidad de violencia, y

XVI.            Las demás que prevenga la ley.

(REFORMADO P.O.E 06 DE SEPTIEMBRE 2013)

CAPÍTULO II

Prisión.

Artículo 22.- La prisión consiste en la privación de la libertad y su duración será de seis meses a cincuenta años o pena vitalicia. Sólo en los casos en que la Ley expresamente lo autorice, se podrá imponer prisión vitalicia.

CAPÍTULO III

Tratamiento en Libertad.

Artículo 23.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas o curativas, en su caso, autorizadas por la Ley y conducente a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión señalada al delito de que se trate.

Cuando el sujeto haya sido sentenciado por un delito que obedezca a la inclinación o el abuso de bebidas alcohólicas, de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, se le aplicará, independientemente de la pena que corresponda un tratamiento de deshabituación o desintoxicación, según el caso, que no podrá exceder del término de la pena impuesta por el delito cometido.

Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de la libertad, el tratamiento no excederá de seis meses.

CAPÍTULO IV

Semilibertad.

Artículo 24.- La semilibertad implica alternación de períodos de privación de la libertad y de tratamiento en libertad. Se aplicará, según las circunstancias del caso, del siguiente modo:

Externación durante la jornada de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana, salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta, o salida diurna con reclusión nocturna.

La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión asignada al delito de que se trate.

CAPÍTULO V

Vigilancia de la Autoridad.

Artículo 25.- Cuando la sentencia determine restricción de la libertad o derechos, o suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, el Juez determinará la vigilancia de la autoridad sobre el sentenciado, cuya duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena o medida impuesta.

La vigilancia consistirá en ejercer sobre aquel, observación y orientación de su conducta por personal especializado dependiente de la autoridad ejecutora, para la readaptación social del sentenciado y la protección de la comunidad.

CAPÍTULO VI

Multa.

Artículo 26.- La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de tres mil.

Para los efectos de este Código el día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se cometió el delito.

Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta; para el permanente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación.

Artículo 27.- Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por prestación de trabajo en favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldará un día de multa.

Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por prestación de servicios, la autoridad judicial podrá poner al sentenciado en libertad bajo vigilancia, cuya duración no excederá del número de días multa sustituido.

CAPÍTULO VII

Reparación de Daños y Perjuicios.

Artículo 28.-La reparación de daños y perjuicios, que deba ser hecha por el delincuente, tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar la víctima o el ofendido, sus derechohabientes o sus representantes en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales.


Cuando dicha reparación deba exigirse a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidentes, en los términos que fija el propio Código de Procedimientos Penales

Artículo 29.- Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el Juez Penal en virtud del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente.

Artículo 30.- Son terceros obligados a la reparación de daños y perjuicios:

I.- Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad;

II.- Los tutores o custodios, por los delitos de los incapacitados que estén bajo su autoridad;

III.- Los directores o propietarios de internados, colegios o talleres, que reciban en su establecimiento personas menores de dieciocho años por las infracciones que cometan éstos durante el tiempo que se hallen bajo la dependencia de aquellos;

IV.- Las personas físicas, las jurídicas colectivas o que se ostenten como tales, por los delitos que cometa cualquier persona vinculada con aquellos por una relación laboral, con motivo y en el desempeño de sus servicios;

V.- Las personas jurídicas colectivas o que se ostenten como tales, por los delitos de sus socios, gerente o administradores y, en general, por quienes actúen en su representación;

VI.- Los dueños de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos o sustancias peligrosas por los delitos que en ocasión de su tenencia, custodia o uso, cometan las personas que los manejan o tienen a su cargo.

VII.- El Gobierno del Estado de Quintana Roo responderá solidariamente por los delitos que cometan sus servidores públicos, con motivo del ejercicio de sus funciones. Queda a salvo el derecho del Gobierno para ejercitar las acciones correspondientes contra el servidor público responsable.

Artículo 31.- Los responsables del delito estarán obligados mancomunada y solidariamente a cubrir el importe de la reparación de los daños y perjuicios causados.

En los delitos de culpa, los automóviles, camiones y otros objetos de uso lícito con que se cometa el delito y sean propiedad del responsable o de un tercero obligado a la reparación, se asegurarán de oficio por la autoridad judicial para garantizar el pago de la reparación del daño y solamente se levantará el aseguramiento si los propietarios otorgan garantía bastante respecto del pago.

Para los efectos de éste artículo, los propietarios de vehículos y otros objetos de uso lícito serán responsables solidariamente con el agente activo del delito por los daños que se causen.

Artículo 32. La reparación de daños y perjuicios comprende:

I.                   La restitución de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y accesiones, y si no fuere posible, el pago del precio de la misma

II.      La indemnización del daño material, moral y los perjuicios causados. La reparación incluye el pago de la atención médica, los tratamientos psicoterapéuticos, curativos o de rehabilitación que requiera la víctima o el ofendido, como consecuencia de delito; y

III.              El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

(REFORMADO P.O.E 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

Artículo 33.- En orden de preferencia, tienen derecho a la reparación del daño:

I.- La víctima y/o el ofendido, y

II.- Las personas que dependan económicamente de la víctima o del ofendido o tengan derechos a alimentos conforme a la Ley. Si las personas que tienen derecho a la reparación de daños y perjuicios renunciaran a ella o no cobran la reparación del daño, su importe se aplicará en favor de la administración de justicia.

Artículo 34.- La obligación de pagar el importe de la reparación de los daños y perjuicios es preferente con respecto al de la multa y se cubrirá primero que cualquier otra de las obligaciones personales que se hubieren contraído con posteridad al delito, excepción hecha de las relacionadas con los alimentos y salarios.

Artículo 35.- La reparación de los daños y perjuicios será fijada por el juzgador de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso.

En los casos de lesiones y homicidio y a falta de pruebas específicas respecto del daño causado, los jueces tomarán como base la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salario mínimo vigente en la Entidad, en el momento de la comisión del delito.

Esta disposición se aplicará también cuando la víctima o el ofendido fueren menor de edad o incapacitado.


La reparación del daño moral será fijada al prudente arbitrio del Juez, tomando en consideración la lesión moral sufrida por la víctima o el ofendido, el dictamen en psicología victimal para la acreditación y consecuente cuantificación del daño, además de lo previsto en el Artículo 52.

Artículo 36.- La reparación de daños y perjuicios se hará efectiva por el Juez del proceso, conforme a las disposiciones que para la ejecución de la sentencia señale el Código de Procedimientos Penales, siendo parte de este procedimiento, además del Ministerio Público, quien tenga derecho a la reparación.

Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la reparación de los daños y perjuicios, lo que se obtenga se distribuirá proporcionalmente entre los que tienen derecho a ella, atendiendo a las cuantías señaladas en la sentencia ejecutoria, sin perjuicio de que si posteriormente el sentenciado adquiere bienes suficientes, se cubra lo insoluto.

CAPÍTULO VIII

Trabajo a favor de la Comunidad.

Artículo 37.- El trabajo en favor de la comunidad, consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas, educativas o de asistencia social. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario de las labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de la familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la Ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. Podrá imponerse como pena sustitutiva de la pena de prisión o de la multa, en su caso.

Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad.

La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún concepto se desarrollará en forma que resulte degradante o humillante para el condenado.

CAPÍTULO IX

Suspensión, Privación e Inhabilitación de Derechos o Funciones

Artículo 38.- La suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos o funciones. La inhabilitación implica la incapacidad temporal o definitiva para obtener o ejercer aquellos. La privación es la pérdida definitiva de los mismos.

Artículo 39.- La suspensión de derechos es de dos clases:

I.- La que por ministerio de la Ley resulta de una sanción, como consecuencia necesaria de ésta, y

II.- La que por sentencia firme se impone como sanción.

En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que es consecuencia.

En el segundo caso, si la suspensión se impone con otra sanción privativa de libertad, comenzará al terminar ésta y su duración será la señalada en la sentencia.

Artículo 40.- La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena.

CAPÍTULO X

Publicación de Sentencia Condenatoria.

Artículo 41.- La publicación de la sentencia condenatoria consiste en la inserción total o parcial de ella en uno de los periódicos de mayor circulación en la localidad en que se cometió el delito.

La publicación se hará a costa del delincuente. Si esto no es posible y lo solicite la víctima o el ofendido, se hará a costa de éste.

Artículo 42.- Si el delito por el que se impone la publicación de sentencia fue cometido a través de un medio de comunicación social, además de la publicación a que se refiere el artículo anterior, se hará también por el medio empleado al cometer el delito, con las mismas características que se hubieren utilizado.

CAPÍTULO XI

Prohibición de ir a una Circunscripción Territorial o de Residir en Ella.

Artículo 43.- El Juez tomando en cuenta las circunstancias del delito y las propias del delincuente, podrá disponer que éste no vaya a una circunscripción territorial determinada o que no resida en ella. Esta prohibición no excederá de cinco años, salvo cuando se trate de sentenciados por homicidio doloso, lesiones calificadas, violencia familiar y violación, en cuyo caso el juez podrá ampliar la prohibición hasta diez años, a partir de la fecha en que se extinga la sanción principal privativa de libertad

CAPÍTULO XII

Decomiso y Pérdida de Instrumentos y Objetos Relacionados con el Delito.

Artículo 44.- Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán al acusado solamente cuando éste fuere sentenciado por delito doloso. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando éste se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 234.

Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo, cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.

Artículo 45.- El destino de los instrumentos o cosas decomisadas se determinará por la autoridad competente, al pago de la reparación del daño o en defecto de éste, para beneficio de la administración de justicia según su entidad. Si se tratare de sustancias nocivas o peligrosas, dicha autoridad podrá disponer, aún antes de declararse su decomiso por sentencia ejecutoria, las medidas de precaución que correspondan, incluida su destrucción, si fuere indispensable.

Artículo 46.- Los objetos o valores que se encuentren a disposición de la autoridad judicial que hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará al mejoramiento de la administración de justicia, previas las deducciones de los gastos ocasionados.

En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por el lapso de seis meses, a partir de la notificación que se le haga. Transcurrido ese término sin que haya reclamación, se aplicará dicho producto al mejoramiento de la Administración de Justicia.

CAPÍTULO XIII

Tratamiento e Internamiento o en Libertad de Imputables o de Sujetos con Imputabilidad Disminuida.

Artículo 47.- En el caso de los inimputables a que se refiere la Fracción IX del artículo 20 de este Código, que requieran tratamiento, el juzgador dispondrá el que le sea aplicable, en internamiento o en libertad, previo el procedimiento respectivo. Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento, durante el tiempo necesario para su curación.

Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental transitorio, no habrá lugar a imposición de medida de tratamiento alguno, a no ser que el sujeto aún manifieste perturbaciones mentales, sin perjuicio de la responsabilidad de reparar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Las personas inimputables a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán ser entregadas por la autoridad judicial o ejecutora, en su caso, a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellas, siempre que se obliguen a tomar todas las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquier medio y a satisfacción de las mencionadas autoridades, el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 48.- Si la capacidad del agente de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, no se encuentra totalmente excluida, sino solo notablemente disminuida al momento de la realización del delito, por las causas señaladas en la Fracción IX del artículo 20 de este Código, a juicio del juzgador, según proceda, se le impondrá hasta una tercera parte de la pena que correspondería al delito cometido, o la medida de seguridad a que se refiere el artículo anterior, tomando en consideración si dicha disminución de la capacidad fue provocada o no para cometer el delito.

Artículo 49.- La Autoridad ejecutora podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida, en forma provisional o definitiva, considerando las necesidades del tratamiento, las que se acreditarán mediante revisiones periódicas, con la frecuencia y características del caso.

Artículo 50.- En ningún caso la medida de tratamiento impuesta por el Juez Penal excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena aplicable al delito. Si concluido este tiempo, la autoridad ejecutora considera que el sujeto continúa necesitando el tratamiento, lo pondrán a disposición de las autoridades sanitarias para que procedan conforme a las leyes aplicables.

CAPÍTULO XIV

Suspensión, Disolución, Prohibición de Realizar Determinadas Operaciones e Intervención de las Personas Jurídicas Colectivas.

Artículo 51.- A las personas jurídicas colectivas que incurran en responsabilidad en los términos del artículo 18 de este Código, estarán sujetas a las siguientes consecuencias jurídicas.

I.- Suspensión;

II.- Disolución;

III.- Prohibición de realizar determinadas operaciones, ó

IV.- Intervención.

La suspensión consistirá en la cesación de actividad de la sociedad durante el tiempo que determine el Juez en la sentencia, el cual no podrá exceder de dos años.

La disolución consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social en la persona jurídica colectiva, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. En el caso de la disolución el Juez designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica, inclusive, las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones de Ley sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.

La prohibición de realizar determinados negocios u operaciones, que podrá ser hasta por cinco años, se referirá exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el Juez del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece este Código por desobediencia a un mandato de autoridad.

La intervención consiste en la remoción de sus cargos a los administradores de la persona jurídica colectiva, encargando sus funciones temporalmente a un interventor o interventores designados por el Juez. La intervención no podrá exceder de dos años.

Cuando se imponga la intervención, el interventor o interventores tendrán todas las facultades y obligaciones correspondientes al órgano de administración de la persona jurídica y ejercerán privativamente la administración de la misma, por todo el tiempo fijado en la sentencia y, además podrán solicitar la declaración de quiebra o concurso de la persona jurídica en los casos que proceda conforme a la Ley.

CAPÍTULO XV

Tratamiento Psicoterapéutico Reeducativo

Artículo 51-BIS.- El tratamiento psicoterapéutico reeducativo consiste en el proceso psicoterapéutico que deconstruya los patrones de violencia del sentenciado y será aplicado por las instituciones públicas o privadas que cuenten con la debida acreditación y autorización para proporcionarlo, las cuales estarán acordes con lo señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, y en la ley en materia de violencia familiar vigente en el Estado.


Este tratamiento bajo ninguna circunstancia será aplicable a los sentenciados por alguno de los delitos previstos en el Titulo Cuarto de la Sección Primera del Libro Segundo del presente código, cuyo tratamiento de rehabilitación corresponderá a las autoridades penitenciarias respectivas.

Artículo 52.- El Juez al dictar la sentencia que corresponda, fijará la pena o medida que estime justa dentro de los límites señalados para cada delito, teniendo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado: la lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; el impacto del delito; las demás condiciones del sujeto activo o de la víctima u ofendido, en la medida en que hayan influido en la comisión del delito, incluyendo el dictamen en psicología victimal, que considere el impacto del delito, y demás determinarán la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto.


Si se trata de un primo delincuente de notorio retraso intelectual, de escasos recursos económicos y baja peligrosidad, podrá el Juez reducir hasta la mitad de la pena según le correspondiese conforme a este Código, excepto en los casos de delitos de violencia familiar y de los contemplados en el Titulo Cuarto de la Sección Primera del Libro Segundo del presente Código.


Para los fines de la aplicación adecuada de las penas y medidas de seguridad, el Juez requerirá, en su caso, los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes.

 

TÍTULO CUARTO

Aplicaciones de Penas y Medidas de Seguridad.

CAPÍTULO I

Reglas Generales.

Artículo 52.- El Juez al dictar la sentencia que corresponda, fijará la pena o medida que estime justa dentro de los límites señalados para cada delito, teniendo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado: la lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás condiciones del sujeto activo o de la víctima, en la medida en que hayan influido en la comisión del delito y demás, determinarán la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto.

Si se trata de un primo delincuente de notorio retraso intelectual, de escasos recursos económicos y baja peligrosidad, podrá el Juez reducir hasta la mitad de la pena según le correspondiese conforme a este Código.

Para los fines de la aplicación adecuada de las penas y medidas de seguridad, el Juez requerirá, en su caso, los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes.

Artículo 53.- Cuando este código prevea la disminución o el aumento de una pena con referencia a otra, aquella se fijará aplicando la disminución o el aumento de los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia.

CAPÍTULO II

Punibilidad de los Delitos Culposos y Preterintencionales.

Artículo 54.- Los delitos culposos se penarán con prisión de seis meses a siete años, pero sin exceder de la mitad de la que correspondería si el delito hubiese sido doloso.

Las demás penas o medidas de seguridad, se aplicarán hasta en la mitad de las correspondientes al delito doloso en cuantía y duración.

Se exceptúa de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, lo previsto en el artículo 88 bis del presente Código. 

(ADICIONADO P.O.E 19 DE JUNIO DE 2013)

Artículo 55.- Al responsable de un delito preterintencional, se le aplicará hasta las tres cuartas partes de la pena o medida que correspondería al delito si fuese doloso.

CAPÍTULO III

Punibilidad en Caso de Error Vencible.

Artículo 56.- Cuando los errores a que se refiere la Fracción X del artículo 20 de este Código sean vencibles, se impondrá al sujeto que se encuentre en dicha situación hasta una mitad de las penas previstas para el delito de que se trate.

CAPÍTULO IV

Punibilidad en Caso de Exceso.

Artículo 57.- Al que se exceda en los casos de legítima defensa, estado de necesidad, obediencia jerárquica, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, a que se refieren respectivamente las Fracciones III, IV, V y VI del artículo 20, se le impondrá hasta una mitad de la pena que correspondería al delito cometido.

CAPÍTULO V

Punibilidad de la Tentativa y del Delito Imposible.

Artículo 58.- La pena o medida de seguridad en caso de tentativa será de hasta las dos terceras partes de la que correspondería si el delito que el agente quiso realizar se hubiere consumado.

En el caso de delito imposible a que se refiere el párrafo tercero del artículo 15 de este Código, el Juez podrá aplicar al agente, a su discreción y considerando la personalidad de aquél, hasta una tercera parte de la pena que correspondería al delito que quiso realizar o la medida de tratamiento en internamiento o en libertad que corresponda.

Cuando en los casos de tentativa no fuere posible determinar el daño que se pretendió causar, se aplicará hasta dos años de prisión o hasta cincuenta días multa según proceda.

CAPÍTULO VI

Punibilidad en Caso del Concurso de Delitos, Delito Continuado y Autoría Indeterminada.

Artículo 59.- En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse hasta en una cuarta parte del máximo de su duración, sin que pueda exceder de los máximos señalados en el Título Tercero.

En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse hasta la mitad de las penas correspondientes por cada uno de los demás delitos cometidos, sin que exceda de los máximos señalados en el Título Tercero.

Artículo 60.- En caso de delito continuado a que se refiere el artículo 13 de este Código, la pena correspondiente al delito cometido podrá aumentarse hasta en una mitad más, sin que exceda del máximo previsto en el Título Tercero.

Artículo 61.- En caso de autoría indeterminada, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate, de acuerdo con la modalidad respectiva.

CAPÍTULO VII

Conmutación de Penas.

Artículo 62.- La prisión podrá ser conmutada a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en el artículo 52, en los términos siguientes:

I.- Cuando no exceda de tres años, por multa o trabajo en favor de la comunidad;

II.- Cuando no exceda de cuatro años, por tratamiento en libertad, semilibertad, o trabajo en favor de la comunidad según se requiera, en los términos de los artículos 23, 24 y 37.

Para los efectos de la conmutación, se requerirá que el reo sea delincuente primario, pague o garantice la reparación de los daños y perjuicios causados, que el delito no sea considerado como grave cuando se cometa en agravio de alguna persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, y se considere más adecuada la pena conmutativa en atención a las condiciones personales del sujeto y a los fines de ésta.

(REFORMADO POE 16 DE DICIEMBRE DE 2013)

Tratándose de la multa conmutativa de la pena de prisión, la equivalencia será en razón de un día multa por un día de prisión, atendiendo a las condiciones económicas del sentenciado. La multa sustitutiva es independiente de la señalada, en su caso, como pena. Si además de la pena privativa de la libertad se impuso al sentenciado una multa como pena, deberá pagarse ésta o garantizarse su pago para que proceda la conmutación.

La multa impuesta como pena única, conjuntamente con otra, o como pena alternativa o conmutativa podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad, en los términos de los artículos 27 y 37.

Artículo 63.- El juez dejará sin efecto la conmutación y ordenará que se ejecute la pena de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si incurre en nueva falta, se hará efectiva la pena conmutada o cuando al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es culposo, el juez resolverá si se debe aplicar la pena de prisión conmutada.

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión conmutada, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena conmutada.

Artículo 64.- En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la conmutación de penas, la obligación de aquél concluirá al extinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar en su desempeño, los expondrá al Juez a fin de que éste, si los estima justos prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la pena si no lo hace.

En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del Juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresan en el párrafo que precede.

Artículo 65.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para el disfrute de la conmutación de la pena y que por inadvertencia de su parte o del juzgador no le hubiere sido otorgada, podrá promover ante éste que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo. O bien ante el tribunal de Alzada que conozca el recurso procedente.

CAPÍTULO VIII

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena.

Artículo 66.- La ejecución de la pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, podrá ser suspendida condicionalmente, a petición de parte o de oficio, si concurren los requisitos siguientes:

I.- Que sea la primera vez que delinque el reo y haya observado hasta el momento buena conducta;

II.- Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por, la naturaleza modalidades y móviles del delito, se presuma fundadamente que el sentenciado no volverá a delinquir;

III.- Que no haya necesidad de conmutar la pena privativa de libertad en los términos del artículo 62, en función del fin para el que fue impuesta la pena. Para gozar de éste beneficio el sentenciado deberá, a satisfacción del juzgador:

a) Garantizar o sujetarse a las medidas que se le fijen para asegurar su comparecencia ante la autoridad, cada vez que sea requerido por ésta;

b) Obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier cambio de residencia a la autoridad que ejerza sobre el cuidado y vigilancia.

c) Asegurar que desarrollará una ocupación lícita dentro del plazo que se le fije, y que se abstendrá de causar molestias al ofendido o a sus familiares;

d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares, salvo que lo haga por prescripción médica, y

e) Pagar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios causados.

Artículo 67.- La suspensión condicional de la ejecución de penas a que se refiere al artículo anterior, tendrá una duración de tres años, transcurridos los cuales se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que durante ese término el sentenciado no diera lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria. Si esto aconteciera se harán efectivas ambas sentencias, si el nuevo delito es doloso. Tratándose de delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la pena suspendida. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de tres años, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia firme.

Si el reo falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, el Juez podrá hacer efectiva la pena suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los términos del artículo 66, será aplicable lo previsto por el artículo 64.

El reo que considere que al dictarse sentencia se reunían las condiciones fijadas para la suspensión de la ejecución de la pena y que está en aptitud de cumplir los requisitos que ésta apareja, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la suspensión condicional, podrá promover que se le conceda abriendo el incidente respectivo ante el Juez de la causa.

TÍTULO QUINTO

Extinción de la Pretensión Punitiva del Estado

y de la Potestad de Ejecutar las Penas y Medidas de Seguridad .

CAPÍTULO I

Reglas Generales.

Artículo 68.- La extinción de la acción penal y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad se resolverá de oficio o a petición de parte, según proceda.

La extinción de la acción penal será resuelta por el Ministerio Público durante la averiguación previa o por el orden jurisdiccional en cualquier etapa del procedimiento.

La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad corresponde a la autoridad judicial.

Si durante la ejecución de las penas y medidas de seguridad se advierte que se extinguió la acción penal o de la potestad de ejecutarlas, sin que esta circunstancia se haya hecho valer en la averiguación previa o durante el proceso, quien hubiere advertido la extinción propondrá la libertad absoluta del reo ante el órgano jurisdiccional que hubiere conocido del asunto y éste resolverá lo procedente.

CAPÍTULO II

Cumplimiento de la Pena o Medida de Seguridad.

Artículo 69.- El cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuestas, así como el de la que la sustituya, la extingue con todos sus efectos. La que se hubiere suspendido a su vez, se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento.

En caso de medidas de tratamiento de inimputables, la ejecución de ésta se considerará extinguida si se acredita que el sujeto ya no requiere tratamiento. Si el inimputable sujeto a una medida, se encontrare prófugo y posteriormente fuere detenido, la ejecución de dicha medida se considerará extinguida si se acredita que las condiciones personales del sujeto no corresponden ya a las que dieron origen a su imposición.

CAPÍTULO III

Muerte del Responsable.

Artículo 70.- La muerte del responsable extingue la acción penal y las sanciones impuestas, a excepción del decomiso y de la reparación de los daños y perjuicios.

CAPÍTULO IV

Amnistía.

Artículo 71.- La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas a excepción del decomiso y de la reparación de daños y perjuicios, en los términos de la Ley que se dictare concediéndola. Si no expresare su alcance, se entenderá que la acción penal y sanciones, se extinguen en todos sus efectos con relación a todos los responsables del delito.

CAPÍTULO V

Reconocimiento de la Inocencia del Sentenciado.

Artículo 72.- Cualquiera que sea la pena o medida de seguridad impuesta en sentencia que cause ejecutoria, procederá la anulación de ésta, cuando se pruebe que el sentenciado es inocente del delito por el que se le juzgó. La anulación de la sentencia produce la extinción de las penas o medidas de seguridad impuestas y de todos sus efectos.

Procede el reconocimiento de la inocencia del sentenciado:

I.- Cuando la sentencia se funda exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas;

II.- Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden las pruebas en que se haya fundada aquella;

III.- Cuando condenada alguna persona por homicidio de otra que hubiere desaparecido, se presente éste o alguna prueba indubitable de que vive;

IV.- Cuando se demuestre la imposibilidad de que el condenado la hubiere cometido, o

V.- Cuando el reo hubiere sido condenado por los mismos hechos en dos juicios distintos, en cuyo caso el reconocimiento de la inocencia procederá respecto de la segunda sentencia.

CAPÍTULO VI

Perdón del Ofendido en los Delitos de Querella Necesaria.

Artículo 73.- El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la acción penal respecto de los delitos que solamente pueden perseguirse por querella, siempre que se conceda antes de dictarse sentencia, de segunda instancia y el imputado no se oponga a su otorgamiento.

Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón solo surtirá efecto por lo que hace a quien otorga.

El perdón a favor de uno de los inculpados beneficia a todos los participantes en el delito y al encubridor.

Artículo 73-BIS.- En los delitos sexuales que se persigan de oficio y en el de violencia familiar, queda prohibida la aplicación de todo tipo de procedimientos de Conciliación, Negociación y Mediación para su resolución.

CAPÍTULO VII

Rehabilitación.

Artículo 74.- La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de los derechos cuyo ejercicio se le hubiere suspendido, privado o inhabilitado en virtud de sentencia firme.

CAPÍTULO VIII

Indulto.

Artículo 75.- Es la facultad discrecional del Ejecutivo del Estado conceder el indulto, cuando el reo haya prestado importantes servicios a la Nación o al Estado.

El indulto extingue las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso de instrumentos y objetos del delito y la reparación de los daños y perjuicios.

TÍTULO SEXTO

Prescripción.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales.

Artículo 76.- La prescripción extingue la acción penal y las sanciones; es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la Ley. En el caso de las medidas para inimputables, se estará a lo dispuesto en los artículos 78, párrafo cuarto y 84, párrafo segundo de este Código.

La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.

CAPÍTULO II

Prescripción de la Acción Penal.

Artículo 77.- Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán:

I.- A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo;

II.- A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa;

III.- Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado, y

IV.- Desde la cesación de la consumación en el delito permanente.

Artículo 78.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa que señala la Ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.

Si el delito solo mereciera multa, la acción penal prescribirá en un año.

Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoria o una alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción penal para perseguir la pena privativa de la libertad.

En los demás casos, la acción penal prescribirá en dos años.

Artículo 78-Bis.- Cuando se trate de los delitos previstos en los Artículos 127, 129,130, 130 Bis, 130 Ter, 176, 191, 192 Bis, 192 Ter, 192 Quáter, 193 y 194 de este Código, cometidos en contra de menores de edad, la acción penal será imprescriptible.

Artículo 79.- Cuando la Ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella de la víctima o del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado a partir del día en que quienes puedan formular querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito, y en tres, fuera de esta circunstancia.

Pero si llenado el requisito inicial de la querella o del acto equivalente, ya se hubiese ejercido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la Ley para los delitos que se persiguen de oficio.

Artículo 80.- En caso de concurso real o ideal de delitos, la acción penal que de ellos resulte prescribirá cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor.

Artículo 81.- Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la acción penal sea necesario una declaración o resolución previa de autoridad competente, la prescripción no comenzará a correr, sino hasta que sea satisfecho ese requisito.

La prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quien o quienes sean los delincuentes, las diligencias no se practiquen contra persona o personas determinadas.

Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente de la última actuación.

Se interrumpirá igualmente la prescripción cuando el inculpado cometiere nuevo delito.

Artículo 82.- Lo prevenido en el artículo anterior, no comprende el caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido ya la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces, ésta continuará corriendo y no se interrumpirá, sino por la aprehensión del inculpado.

CAPÍTULO III

Prescripción de las Sanciones.

Artículo 83.- Los plazos para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si las penas o medidas de seguridad fueren privativas o restrictivas de la libertad y si no lo son desde la fecha de la sentencia ejecutoria.

Artículo 84.- Las penas privativas de la libertad prescribirán en un lapso igual al fijado en la sentencia, pero no podrá ser inferior a tres años ni superior a quince.

La prescripción de la pena de multa prescribirá en dos años, la de las demás penas y medidas de seguridad prescribirá en un lapso igual al que deberán durar, sin que pueda ser inferior a dos años ni exceder de ocho, y las que no tengan temporalidad prescribirán en dos años. Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.

Cuando se haya cumplido parte de la pena privativa de libertad, se necesitará para la prescripción, un tiempo igual al que falte para el cumplimiento de la condena, tomando en cuenta los límites fijados en el párrafo anterior.

Artículo 85.- La prescripción de la potestad de ejecutar la pena privativa de libertad, solo se interrumpirá por la aprehensión del sentenciado o por la Comisión de parte de éste de un nuevo delito. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al del último acto realizado. No corre la prescripción cuando exista obstáculo legal para capturar al responsable del delito o para ejecutar la pena impuesta.

La prescripción de la potestad para ejecutar las demás penas y medidas de seguridad se interrumpirá por cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas, y comenzará a correr de nuevo al día siguiente del último acto realizado.

LIBRO SEGUNDO

Parte Especial.

SECCIÓN PRIMERA

Delitos Contra el Individuo.

TÍTULO PRIMERO

Delitos Contra la Vida y la Salud Personal.

CAPÍTULO I

Homicidio.

Artículo 86.- Al que prive de la vida a otro se le impondrá de diez a veinticinco años de prisión y de setecientos cincuenta a mil quinientos días multa.

Artículo 87.- Al que prive de la vida a otro en riña se le impondrá de ocho a quince años de prisión y de setecientos a mil días multa, si tiene el carácter de provocador y de cinco a diez años de prisión y de quinientos a setecientos cincuenta días multa si se trata del provocado.

Artículo 88.- Al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente en línea recta, a su hermano, cónyuge,  concubino, adoptante o adoptado, con conocimiento de ese parentesco o relación se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión y de mil doscientos a dos mil quinientos días multa.

A los sentenciados por el delito previsto en este artículo, no se le concederán ninguno de los beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados en el Estado de Quintana Roo.

Artículo 88- BIS.- A quien conduciendo un vehículo en estado ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias prohibidas que tengan efectos similiares en el cuerpo humano, prive de la vida a otro, se le impodrá una pena de cuatro a doce años de prisión, de quinientos a mil quinientos dias multa e inhabilitación para conducir por tres años.

Para efectos de este artículo se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando en su organismo existen cien o más miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre.

(ADICIONADO P.O.E 19 DE JUNIO DE 2013).

Artículo 89.- Se impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa al responsable de homicidio calificado previsto en el artículo 106.

Párrafo Derogado.

A los sentenciados por el delito previsto en este artículo, no se le concederán ninguno de los beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados en el Estado de Quintana Roo.

Artículo 89-BIS.- Comete delito de feminicidio, el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa.

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

I.- Que existan antecedentes de que el sujeto activo haya ejercido sobre la víctima violencia familiar en términos del artículo 176 bis del Código Penal;

II.- Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

III.- Que a la víctima se la haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posteriormente a la privación de la vida;

IV.- Que existan antecedentes de acoso u hostigamiento sexual ejercidos por el activo contra la víctima;

V.- Que el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente con la evidente intención de demostrar el odio que el activo tenía hacia la víctima por ser mujer;

VI.- Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima.

Además de la sanción anterior el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluido los de carácter sucesorio.

Artículo 89-TER.- Se impondrán de dos a cinco años de prisión, de mil a cinco mil días multa y destitución e inhabilitación del cargo o comisión de cinco a diez años, al servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del delito señalado en el artículo anterior y realice cualquiera de las siguientes conductas:

I.- Omita realizar las diligencias  y actuaciones correspondientes para integrar la carpeta de investigación, en los términos que establecen el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sin causa justificada;

II.- Efectúe actos de discriminación, coacción e intimidación, contra el denunciante u ofendido del delito; o

III.- Intencionalmente, realice prácticas dilatorias en la procuración o administración de justicia, sin causa justificada.

Artículo 90.- Al que prive de la vida a otro, encontrándose en estado de emoción violenta, motivado por alguna ofensa grave a sus sentimientos afectivos o al honor de sus padres, hijos, cónyuge o al suyo propio que las circunstancias hicieren excusables, se le impondrá de dos a ocho años de prisión.

No podrá alegarse estado de emoción violenta, cuando se cometa contra el cónyuge, la cónyuge, la concubina, el concubinario o la persona con la que tenga o haya tenido alguna relación de hecho.

La misma pena se impondrá:

I.- Al que prive de la vida a otro por móviles de piedad mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida.

II.- DEROGADO.

CAPÍTULO II

Instigación y Ayuda al Suicidio.

Artículo 91.- Al que instigue o ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a siete años si el suicidio se consumare. Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a su voluntad, pero se causen lesiones, se le impondrá hasta las dos terceras partes del máximo de la pena anterior, y si no se causan éstas, hasta la mitad.

Si la persona a quien se instiga o ayuda al suicidio fuere menor de dieciocho años de edad o no tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta, las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta en una mitad más.

CAPÍTULO III

Aborto.

Artículo 92.- Para los efectos de este Código, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino.

Artículo 93.- A la mujer que se le procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta.

Artículo 94.- Al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de ésta, se le aplicará de tres a ocho años de prisión, y si mediare violencia, de cuatro a nueve años.

Artículo 95.- Si en el aborto punible interviniere un médico, partero o enfermero, se le suspenderá, además, en el ejercicio de su profesión, de dos a cinco años.

Artículo 96.- Tratándose de la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, el juez podrá aplicar hasta una tercera parte del máximo de la pena prevista en el artículo 93, cuando sea equitativo hacerlo, considerando lo dispuesto en el artículo 52, y específicamente, en su caso, el estado de salud de la madre, su instrucción o condiciones personales, su situación económica, su edad, las circunstancias en que se produjo la concepción, el tiempo que hubiese durado el embarazo, el desarrollo y características del producto, el consentimiento otorgado por el otro progenitor, cuando éste viva con la madre y cumpla las obligaciones inherentes a la unión, y, en general, todos los elementos conducentes a resolver equitativamente el caso de que se trate.

Artículo 97.- El aborto no será punible:

I.- Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada

II.- Cuando el embarazo sea resultado de una violación, que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y siempre que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación.

III.- Cuando a juicio de cuando menos dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, o

IV.- Cuando a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario para evitar un grave peligro para la vida.

CAPÍTULO IV

Lesiones.

Artículo 98.- Bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa.

Artículo 99.- Al que cause a otro un daño en su integridad corporal o en su salud física o mental que no ponga en peligro la vida y tarde en sanar hasta quince días, y no se encuentre en alguna de las hipótesis de los artículos siguientes, se le impondrá de diez a cincuenta días multa o trabajo en favor de la comunidad de cinco a veinticinco días, según proceda a juicio del juzgador.

Si tarda en sanar más de quince días, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de veinticinco a cien días multa.

Artículo 100.- Las lesiones que no pongan en peligro la vida, cualquiera que sea su tiempo de duración, serán penadas:

I.- De uno a cuatro años de prisión y de veinticinco a cien días multa, si deja cicatriz notable y permanente.

II.- De dos a cinco años de prisión y multa de treinta a ciento veinte días multa, cuando disminuyan las facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros, cuando produzcan incapacidad temporal de hasta un año para trabajar, o

III.- De dos a nueve años de prisión y multas de treinta a ciento veinte días multa, si producen la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro, órgano o facultad, o causen una enfermedad segura o probablemente incurable o deformidad incorregible, o incapacidad por más de un año permanente para trabajar.

Si se produjeren varios de los resultados previstos en este artículo solamente se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad.

Si las lesiones a que se refiere ese artículo ponen en peligro la vida, las penas correspondientes se aumentarán hasta una mitad más.

Artículo 101.- Si las lesiones fueren inferidas en riña se impondrá hasta la mitad o hasta la tercera parte del máximo de las penas previstas en los dos artículos anteriores según se trate del provocador o del provocado respectivamente.

Artículo 102.- Al que dolosamente lesione a sus ascendientes o descendientes, a su hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, con conocimiento de ese parentesco o relación, se le impondrá hasta una mitad más de la pena que corresponda por la lesión inferida.

Si las lesiones son inferidas a una persona menor de dieciocho años o que no pueda tener la capacidad de repeler el acto, sujeta a la patria potestad, tutela o custodia del tutor, la pena privativa de la libertad se aumentará en una mitad de las que le correspondan y además se privará al responsable de esa tutela o custodia y se le suspenderá de la patria potestad por igual tiempo.


Será punible cualquier lesión que se infrinja a un menor con motivo del establecimiento de límites a que hace referencia el Código Civil del Estado.

Artículo 103.- Cuando las lesiones sean calificadas, en los términos del artículo 106, la pena correspondiente a las lesiones simples se aumentará hasta en dos terceras partes.

A quien cause lesiones a otra persona por su condición de género se le impondrá la pena correspondiente al delito de lesiones calificadas.

Artículo 104.- Las lesiones previstas en el Artículo 99 se perseguirán por querella de parte ofendida. Asimismo se perseguirán por querella las lesiones que sean causadas culposamente al ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, adoptante o adoptado, con excepción de las previstas en el Artículo 108 y siempre que el agente no se encuentre voluntariamente bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares sin que medie prescripción médica, o bien que no se diere a la fuga o auxiliare a la víctima u ofendido del delito.

CAPÍTULO V

Disposiciones Comunes para los Delitos de Homicidio y Lesiones.

Artículo 105.- Para los efectos de este Código, riña es la contienda de obra o la agresión física de una parte y la disposición material para contender de la otra, con el propósito de dañarse recíprocamente, cualquiera que sea el número de contendientes.

Artículo 106.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados:


I.- Cuando se cometen con premeditación alevosía, ventaja o traición;

Hay premeditación, cuando el agente ha reflexionado sobre la comisión del delito de homicidio o de lesiones que pretenda cometer.


Hay ventaja cuando el agente no corre el riesgo de ser muerto, ni lesionado por la víctima o el ofendido.


Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso empleando amenazas.


Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que expresamente le había prometido a la víctima u ofendido o la tácita que esta debía esperar en razón de parentesco, gratitud, amistad, o cualquiera otra circunstancia que inspire confianza.

II.- Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida;

III.- Cuando se causan dolosamente por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos;

IV.- Cuando se produzcan por envenenamiento, asfixia, estupefacientes o cualquier otra sustancia nociva a la salud, o

V.- Cuando se dé tormento a la víctima o al ofendido o se obre con ensañamiento o crueldad por motivos depravados.

Artículo 107.- Cuando el homicidio o las lesiones se cometen culposamente con motivo del tránsito de un transporte del servicio público, la pena se agravará hasta en una mitad más de la señalada por el delito culposo, y se aplicará además, la suspensión del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza y privación definitiva de licencia para conducir.

Las lesiones a que se refiere este artículo solo se perseguirá a petición de parte.

Artículo 108.- No se aplicará pena alguna a quien por culpa en el manejo de vehículo de motor ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, siempre y cuando el agente no se encuentre voluntariamente bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares sin que medie prescripción médica.

Artículo 109.- El juzgador, si lo estima pertinente, además de las penas que se señalan para los delitos de homicidio y lesiones, podrá en su caso:

I.- Declarar a los reos sujetos a vigilancia de la autoridad, y/o

II.- Prohibirle ir a una circunscripción territorial determinada o residir en ella.

CAPÍTULO VI

Delitos de Peligro para la Vida o la Salud de las Personas.

Artículo 110.- Al que omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto en su persona cuando pudiere hacerlo, según las circunstancias sin riesgo propio ni de terceros, se le impondrá de seis a nueve meses de prisión o trabajo en favor de la comunidad de quince a sesenta días.

La misma pena se impondrá a quien no estando en condiciones de prestar el auxilio, no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitase auxilio a quienes pudieren prestarlo.

Artículo 111.- Al que abandone una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla se le aplicará prisión de seis meses a tres años.

Artículo 112.- Al que con motivo de tránsito de vehículo atropelle a una persona y no le preste el auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le aplicará de seis meses a un año de prisión o trabajo en favor de la comunidad de quince a noventa días, independientemente de la pena que corresponda con motivo del atropellamiento.

Artículo 113.- Al que sabiendo que padece algún mal grave y transmisible ponga por cualquier medio en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrá de seis meses a un año de prisión o multa de diez a cincuenta días. Si la puesta en peligro es violado un deber de cuidado, solo se pondrá al agente a disposición de las autoridades sanitarias para su tratamiento médico adecuado. (sic)


Si el peligro de contagio se da entre cónyuges o concubinos, solo se procederá por querella de la víctima o del ofendido.

CAPÍTULO VII
Delitos contra los Derechos Reproductivos


ARTICULO 113-Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le impondrá de cuatro a siete años de prisión.

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión.

ARTÍCULO 113-Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quien implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Si el delito se realiza con violencia o resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión.

ARTÍCULO 113-Quáter- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad.

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a siete años de prisión y multa de cuarenta a ciento veinte días, más la reparación del daño.

Disposiciones comunes para los Delitos contra los Derechos Reproductivos


ARTÍCULO 113-Quinquies.- Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella.

Si resuItan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 113-Bis y 113-Ter, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para estos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.

Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la destitución.

TÍTULO SEGUNDO

Delitos contra la Libertad y Seguridad de las Personas.

CAPÍTULO I

Privación de la Libertad Personal.

Artículo 114.- Al particular que ilegalmente prive a otro de su libertad personal, se le aplicará prisión de seis meses a tres años.

Artículo 115.- La pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la privación de la libertad concurra alguna de las circunstancias siguientes:

I.- Que se realice con violencia o se veje a la víctima;

II.- Que la víctima sea una persona menor de dieciocho años o mayor de setenta años de edad o que por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad física respecto al agente, o

III.- Que la privación se prolongue por más de ocho días;

Artículo 116.- Si el agente espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito la pena prevista en los dos artículos anteriores podrá disminuirse hasta la mitad.

CAPÍTULO II

Secuestro.

Artículo 117.-Al que prive a otro de la libertad, se le aplicará prisión de diez a veinticinco años y de mil quinientos a dos mil días multa, si el hecho se realiza con el propósito de:


I.- Obtener un rescate o cualquier otro beneficio;

II.- Que la autoridad, un familiar o un particular realice o deje de realizar un acto de cualquier índole; o

III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él;

IV.- Cometer secuestro exprés, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar el delito de robo o extorsión, prive de la libertad a otro, independientemente de la sanción que conforme al Código Penal del Estado, le corresponda por los otros delitos que de su conducta resulten.

Artículo 118.- Al que bajo las siguientes circunstancias prive a otro de la libertad, se le aplicara:


I.- De veinticinco a cincuenta años de prisión y de dos mil a dos mil quinientos días multa, cuando:

1.- Se realice en un lugar desprotegido o solitario;

2.- Se realice con violencia; o

3.- Se lleve a cabo en grupo de dos o más personas;

II.- De veinticinco años a cincuenta años de prisión o prisión vitalicia y de dos mil quinientos a tres mil días multa, cuando:

1.- Que para privar de su libertad a una persona se allane el bien inmueble en que ésta se encuentra;

2.- El sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o readaptación social; o tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares;

3.- Se lesione, o se torture, o se viole o se prive de la vida a la víctima; o

4.- Que la víctima sea una persona menor de dieciocho o mayor de setenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad física o mental respecto del que lo ejecuta.

5.- Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez.

A los sentenciados por el delito de secuestro previsto en este artículo no se les concederán los beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados en el Estado de Quintana Roo.

II.- Que el agente sea autoridad, o se ostente como tal.

III.- Que se lleve a cabo en grupo de tres o más personas;

IV.- Que se realice con violencia, se veje o se torture a la víctima, o

V.- Que la víctima sea una persona menor de dieciocho o mayor de setenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad respecto del agente.

Artículo 119.- Si el agente espontáneamente pone en libertad al secuestrado dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito, la pena será de cuatro a ocho años de prisión, siempre y cuando el sujeto no haya logrado los propósitos a que se refieren las fracciones establecidas en el artículo 117.

En los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, la pena será de ocho a veinte años de prisión, siempre y cuando el sujeto no haya logrado los propósitos a que se refieren las fracciones establecidas en el artículo 117.

CAPÍTULO III

Rapto.

Artículo 120.- DEROGADO.

Artículo 121.- DEROGADO.

Artículo 122.- DEROGADO.

CAPÍTULO IV

Amenazas.

REFORMADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

Artículo 123.- Al que por cualquier medio amenace dos o más veces a otro con causarle un daño en su persona, bienes o derechos, o en la persona, bienes o derechos con quien el ofendido tenga algún vínculo, se le impondrá de seis meses a un año de prisión o trabajo en favor de la comunidad hasta por seis meses.

ADICIONADO  P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

Se debe entender como persona ligada por algún vínculo con el ofendido, a lo que tengan algún tipo de parentesco con este último, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 826 al 836 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

ADICIONADO  P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

Este delito se perseguirá previa querella.

CAPÍTULO V

Asalto.

Artículo 124.- Al que en lugar solitario o desprotegido, haga uso de la violencia sobre una persona, con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o exigir su asentimiento para cualquier fin, se le impondrá prisión de dos a ocho años, independientemente de la pena que corresponda por cualquier otro delito que resulte cometido.

Cuando el asalto se cometa por un grupo de tres o más personas contra un poblado, la prisión será de tres a diez años.

CAPÍTULO VI
Discriminación


Artículo 124-BIS.- DEROGADO.

CAPÍTULO ÚNICO

Allanamiento de Morada en Establecimiento Público Cerrado.

Artículo 125.- Al que sin el consentimiento de la persona que legítimamente puede otorgarlo, o empleando engaño se introduzca en una casa habitación, sus dependencias o permanezca en ella, o en establecimientos públicos mientras permanezcan cerrados, se les impondrá prisión de seis meses a dos años.

Si el medio empleado fuere la violencia, la pena se aumentará hasta en una mitad más.

TÍTULO TERCERO

Delito contra la Inviolabilidad del Secreto.

CAPÍTULO ÚNICO

Revelación del Secreto.

Artículo 126.- Al que sin consentimiento del que tenga derecho a otorgarlo revele un secreto que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y hasta cincuenta días multa y suspensión de sus funciones de dos meses a un año, si de la revelación o empleo pudiera resultar un perjuicio para alguien.

Cuando el secreto se revele o se use en beneficio propio o ajeno por persona que preste servicios profesionales o técnicos, o por servidor público, o si el secreto fuere de carácter científico o industrial, la pena se aumentará hasta una mitad más.

TÍTULO CUARTO

Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual

CAPÍTULO I

Violación.

Artículo 127.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a veinticinco años y de setecientos cincuenta a mil quinientos días multa.


Al que realice cópula con persona menor de catorce años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta años o prisión vitalicia y de dos mil a tres mil días multa.

Al que realice cópula por medio de la violencia física o moral con persona mayor de catorce años de edad y menor de dieciocho años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años o prisión vitalicia y de mil quinientos a tres mil días multa.


A los sentenciados por el delito de violación previsto en este artículo no se le concederán los beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados en el Estado de Quintana Roo.


Artículo 128.- Al que cometa el delito de violación, se aplicará una pena de prisión de veinticinco a cincuenta años o prisión vitalicia y de mil quinientos a tres mil días multa, en los siguientes casos:

I.- Cuando la violación se realice aprovechando la autoridad que se ejerza legalmente sobre la víctima, o la confianza generada por una relación de parentesco sea cual fuere la naturaleza y el grado de ésta; en estos supuestos, el agente será privado del ejercicio de la patria potestad, de la tutela o custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios con respecto a la víctima;

II.- Cuando la violación sea cometida aprovechando los medios o circunstancias que proporcionan el empleo, cargo o comisión que el agente ejerce, en cuyo caso éste será privado o suspendido además, del ejercicio del empleo, cargo o comisión por el término de la pena de prisión que se le imponga;

III.- Cuando la violación sea cometida por dos o más personas;

IV.- Cuando la violación sea cometida aprovechando la confianza depositada en el agente, sin que éste tenga relación de parentesco con la víctima.

A los sentenciados por el delito de violación previsto en este artículo no se le concederán los beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados en el Estado de Quintana Roo.

 

CAPÍTULO II

Abusos Sexuales

Artículo 129.- A quien sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual o lo obliguen a ejecutarlo, se le impondrá prisión de uno a tres años. La pena se aumentará hasta en una mitad más, cuando se empleare la violencia.


A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obliguen a ejecutarlo se le impondrá prisión de cuatro a ocho años. La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia o fuere cometido por alguna persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido en los casos que proceda.


Además de las penas señaladas, se le privará de los derechos derivados de la patria potestad, de la tutela o custodia, cuando así proceda, a quienes teniendo el ejercicio de éstos en relación con la víctima o el ofendido, cometa el delito a que se refiere el presente artículo.

CAPÍTULO III

Estupro

Artículo 130.- Al que por medio de engaño realice cópula consentida con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años de edad, se le impondrá prisión de cuatro a ocho años.


El delito previsto en este artículo solo será perseguido por querella de parte ofendida o de su legítimo representante.


Al que en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, cometa el delito de estupro, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

CAPÍTULO IV

Acoso Sexual

Artículo 130-BIS.- A quien asedie o acose sexualmente a persona de cualquier sexo o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa.


Cuando el acoso sexual se cometa contra una persona menor de dieciocho años de edad, o con alguna discapacidad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena de prisión se aumentará hasta en una tercera parte de la prevista en el párrafo anterior y se perseguirá de oficio.


Si el sujeto activo fuese servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio, y además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por dos años, en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.


Al que reincidiere en la comisión de este delito, se le aplicará el doble de la pena de prisión señalada en los párrafos anteriores y quinientos días de multa.

CAPÍTULO V

Hostigamiento Sexual

Artículo 130-TER.- A quien asedie o acose sexualmente a persona de cualquier sexo o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, valiéndose de su posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique una posición de poder, de autoridad o ambas del activo para con el pasivo, se le impondrá de uno a dos años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.


Cuando el hostigamiento sexual se cometa contra una persona menor de dieciocho años de edad, o con alguna discapacidad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena de prisión se aumentará hasta en una tercera parte de la prevista en el párrafo anterior y se perseguirá de oficio.

Al que reincidiere en la comisión de este delito, se le aplicará el doble de la pena de prisión señalada en los párrafos anteriores y quinientos días de multa.


Si el sujeto activo fuese servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio, y además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por dos años; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.

CAPÍTULO VI

Aprovechamiento Sexual

Artículo 130-QUÁTER.- Al que aprovechándose de la necesidad de alguien obtenga de éste o de un tercero vinculado a él, la cópula para sí o para otro, como condición para el ingreso o la conservación del trabajo, o la promoción de éste o la asignación de aumento, o de remuneración o prestaciones para el solicitante, o el trabajador o sus familiares, se le impondrá prisión de dos a seis años y de treinta a ciento veinte días multa.


Igual pena se aplicará al que imponga la misma condición a que se refiere el párrafo anterior, para el reconocimiento u otorgamiento de derechos o beneficios económicos, profesionales o académicos.


El delito previsto en este artículo se perseguirá por querella.

CAPÍTULO VII

Disposiciones Comunes de este Título.

Artículo 131.- Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los Capítulos I y III de este Título resulten hijos, la reparación del daño comprenderá el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija el Código Civil.

Para los efectos de los capítulos I, II, III y VI de este Título, se entiende por cópula la introducción total o parcial del pene o de cualquier objeto, instrumento o parte del cuerpo distinta al pene, en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Artículo 131-TER.- Los docentes, las autoridades educativas de los centros escolares y del gobierno relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la comisión de los delitos señalados en los artículos 130 Bis y 130 Ter en contra de los educandos, deberán inmediatamente proceder a hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, así como de sus padres o de sus representantes legítimos. La contravención a esta disposición será sancionada por las leyes aplicables.


Una vez que tenga conocimiento el Ministerio Público de los delitos señalados en los artículos 130 Bis y 130 Ter de este Código, deberá solicitar a las autoridades educativas de los Centros Escolares y del Gobierno relacionadas con la materia, realicen las acciones necesarias para evitar que el delito se siga cometiendo.

TÍTULO QUINTO

Delito Contra la Dignidad de las Personas.

CAPÍTULO ÚNICO

Discriminación


Artículo 132.-Se sancionará con pena de dos a cuatro años de prisión o de cien a doscientos días de trabajo a favor de la comunidad y multa de cien a doscientos días, al que por razón de género, edad, raza, estado civil, orientación sexual, idioma, ideología, discapacidades, condición social, condición de salud, religión. origen étnico o nacional, embarazo, trabajo o profesión. posición económica, características físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, limite, menoscabe, anule o ponga en riesgo, los derechos, libertades y seguridad de la persona al:


I.- Provocar o incitar al odio o la  violencia;

II.- Negar un servicio o prestación a la que se tenga derecho, debiéndose entender que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general:


III.- Humillar denigrar o excluir a alguna persona o grupos de personas: y

IV.- Negar o restringir derechos laborales o de otra naturaleza.

Al Servidor público que por alguna de las razones señaladas en el párrafo primero de este artículo, retarde o niegue a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le impondrán de tres a seis años de prisión y se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la privación de libertad impuesta.


Se exceptúan de esta discriminación, todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos o en riesgo.

Este delito se perseguirá por querella.


Artículo 133.- DEROGADO.

CAPÍTULO II
Calumnia.

Artículo 134.- DEROGADO.
Artículo 135.- DEROGADO.
Artículo 136.- DEROGADO.

CAPÍTULO III
Disposiciones Comunes para los Delitos contra el Honor.

Artículo 137.- DEROGADO.
Artículo 138.- DEROGADO.
Artículo 139.- DEROGADO.
Artículo 140.- DEROGADO.
Artículo 141.- DEROGADO.

TÍTULO SEXTO

Delitos Contra el Patrimonio.

CAPÍTULO I

Robo.

 

REFORMADO P.O. 5 DIC. 2012.

Artículo 142.- Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a cincuenta días de multa, al que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la Ley.

No se impondrá sanción alguna, cuando el valor de lo robado no exceda de treinta días de salario mínimo general vigente y el culpable restituya la cosa espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la Autoridad tome conocimiento del delito, si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia.

Artículo 143.- Se impondrá las mismas penas previstas en el artículo anterior, a quien:

I.- Se apodere de una cosa de su propiedad si ésta se halle por cualquier título legítimo en poder de otra persona, o;

II.- Aproveche energía eléctrica o algún fluido, sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de aquellos.

Artículo 144.- Al que se le imputare el hecho de haberse apoderado de una cosa mueble ajena, sin consentimiento del dueño o el legítimo poseedor y acredite haberla tomado con el solo fin de usarla temporalmente y no para apropiársela o venderla, se le aplicará de seis a nueve meses de prisión o multa de quince a sesenta días, siempre que justifique no haberse negado a devolverla si se le requirió para ello. Como reparación del daño, además, pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada.

 

REFORMADO P.O. 5 DIC. 2012.

ARTÍCULO 145.- Se  impondrá de cuatro a doce años de prisión y de veinte a ochenta días de multa, si el robo se realiza:

I.-  Acometiendo a la víctima encontrándose ésta en un vehículo particular o de transporte público;

II.-  Respecto de vehículos estacionados en la vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación;

REFORMADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

III.-  Respecto de cualquier máquina, objeto, instrumento o pieza que sea utilizado en la agricultura y/o en el riego de cultivos agrícolas, así como de postes, alambres y otros materiales utilizados para cercar frutos cosechados o por cosechar, dejando a éstos desprotegidos en todo o en parte;

IV.-  Sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas;

V.-  Quebrantando la confianza o seguridad  derivada de una relación de servicios, trabajo u hospitalidad, o

VI.-  Valiéndose de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad.

ADICIONADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

VII.-Respecto de piezas, partes o accesorios elaborados total o parcialmente de cobre u otros metales utilizados en instalaciones eléctricas, hidráulicas y/o de gas, en equipamiento urbano o industrial.

 

ADICIONADO P.O. 5 DIC. 2012.

Artículo 145-Bis.- Se impondrá de seis a dieciocho años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días de multa, si el robo se realiza:

I.-  Con violencia contra la persona robada o sobre otra que la acompañe, o cuando ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado;

II. - En lugar cerrado o habitado o destinado para habitación, o sus dependencias, comprendiendo no solo los que están fijos en la tierra, sino también en los movibles;

III. - Aprovechando la consternación que una desgracia privada cause al ofendido, a su familia o a las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o desorden público;

IV.-  Por intervención de dos o más personas;

V.-  Mediante uso de armas u otros medios peligrosos;

VI.- En contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conservan caudales, o en contra de las personas que las custodian, manejan o transportan;

VII.-  En local comercial abierto al público;

 

 

ADICIONADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

145-Ter.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de diez a veinte días de multa a quien posea, transporte, adquiera, enajene, acopie o comercialice piezas, partes o accesorios objeto de la conducta descrita en la fracción VII del artículo 145 de este Código.

Artículo 146.- Para los efectos de este Código, el delito de robo se tendrá por consumado desde que el autor tenga la cosa robada, aunque lo abandone o lo priven de ella.

Artículo 146-Bis.- Cuando se trataré del robo de un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de tres a siete años de prisión y de cien a trescientos días multa.


La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción de delito o ejecución de penas, así como aquel servidor público que dentro de sus funciones tenga la guarda de vehículos en lugares destinados para su depósito, además a estos servidores públicos, se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.


Artículo 146-Ter. - Se sancionará con pena de dos a cuatro años de prisión y hasta doscientos días multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

  1. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjuntamente o separadamente sus partes;
  2. Enajene de cualquier manera con vehículo o vehículos robados;
  3. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la identificación o propiedad de un vehículo robado;
  4. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y
  5. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.

Si en los actos mencionados llegara a participar algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, así como también tenga la guarda de vehículos en lugares destinados para su depósito, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el periodo igual a la pena de prisión impuesta.

 

CAPÍTULO II

Delitos en Materia de Apicultura.

Artículo 147.- El que se apodere de una o más colmenas que contengan una colonia de abejas con panales, miel o material apícola, sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas conforme a la Ley, se le impondrá de dos meses a ocho años de prisión y de veinte a cien días multa.

Las mismas penas se aplicarán a:

I.- Los que adquieran, comercien o transporten las colmenas, abejas, panales, miel o material apícola que han sido objeto de robo, así como las autoridades que intervengan en la operación o expidan permiso conociendo la procedencia ilegítima de las cosas;

II.- Los que destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas;

III.- Los que alteren o borren las marcas de las colmenas establecidas en la Ley;

IV.- Los que marquen en campo ajeno sin consentimiento del propietario, colmenas sin marcar;

V.- Los que marquen o señalen colmenas ajenas aunque sean en campo propio;

VI.- Los que ilegítimamente contramarquen colmenas ajenas, y

VII.- Los que expidan documentos falsos para obtener permisos simulando ventas o hagan uso de documentos falsificados para cualquier negociación sobre colmenas o productos apícolas.

CAPÍTULO III

Abigeato.

Artículo 148.- Comete el delito de abigeato quien se apodera de una o más cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de aquéllas. Para efectos de este Capítulo se entenderá como ganado mayor al ganado vacuno, equino, mular y asnal; y como ganado menor al ovino, caprino, porcino, ciervo rojo y avestruz.

Artículo 148-BIS.- El robo de ganado mayor se sancionará conforme a las siguientes reglas:

I.- Si fuera una o dos cabezas, se aplicará prisión de dos a cuatro años y de treinta a ochenta días multa.

II.- Tratándose de tres a cinco cabezas, se aplicará prisión de cuatro a nueve años y de setenta a doscientos días multa;

III.- Cuando el número de cabezas fuera mayor de seis, se aplicará prisión de seis a doce años y de cien a cuatrocientos días multa.

Artículo 148-TER.- El robo de ganado menor, se sancionará conforme a las siguientes reglas:

I.- Si fuera de una o dos cabezas, se aplicará prisión de seis meses a dos años y de veinte a cien días multa;

II.- Si fueran de tres a seis cabezas, se aplicará prisión de dos a cinco años y de treinta a ciento veinte días multa;

III.- Si excedieran de seis cabezas, se aplicará prisión de tres a ocho años y de cincuenta a doscientos días multa;

Artículo 149.- Se le impondrá prisión de uno a tres años y de treinta a cien días multa a quien:

I.- Adquiera, oculte, transporte o comercie con ganado, pieles, carnes u otros derivados, productos del abigeato;

II.- Los que adquieran ganado producto del abigeato sin cerciorarse de su legítima procedencia;

III.- Con perjuicio de otro, disponga para sí o para otro, de una o más cabezas de ganado, de las cuales se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, o bien se le haya entregado para su custodia;

IV.- Los que protejan ganado producto del abigeato con documentos alterados o documentación expedida para otros animales;

V.- Marque, contramarque, señale, contraseñale o elimine las marcas en animales ajenos, en cualquier parte, sin derecho para ello;

VI.- Expidan documentos falsos para obtener permisos simulando ventas o hagan uso de documentos falsificados para cualquier negociación sobre ganados o cualquiera de sus derivados.

Artículo 149-BIS.- Si se comete el delito de abigeato sobre un ganado que por sus particularidades cuente al momento de cometerse el delito, con un valor comercial superior a los cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el Estado, la pena se aumentará hasta una mitad más de la que corresponda en razón del tipo de ganado y de la cantidad de cabezas hurtadas.

Artículo 149-TER.- Se sancionará con prisión de hasta una mitad más de la pena que corresponda, al servidor público que incurra en alguna de las conductas señaladas en el presente Capítulo, así como con la destitución e inhabilitación del cargo que ostente al momento de cometer el ilícito.

Artículo 149- QUÁTER.- A quien incurra en forma reincidente en las conductas tipificadas como delito en el presente Capítulo, la pena que le corresponda, se aumentará hasta en una mitad más.

CAPÍTULO IV

Abuso de Confianza.

Artículo 150.- Al que con perjuicio de tercero, disponga para sí o para otro, de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio, se le impondrá de seis meses a siete años de prisión y de veinticinco a cuatrocientos días multa.

Artículo 151.- Se aplicarán las mismas penas previstas en el artículo anterior, al que disponga de una cosa mueble de su propiedad, si no tiene la libre disposición de la misma, en virtud de cualquier título legítimo, o al que habiendo sido requerido en forma indubitable, retenga la cosa que estuviere obligado a entregar o devolver.

Artículo 151-BIS.-Se equipara al Abuso de confianza y se sancionará con la misma pena que señala el artículo 150, al cónyuge que disponga sin el consentimiento del otro cónyuge, de una cosa mueble de la cual tenga la copropiedad y que pertenezca a la sociedad conyugal.

 

CAPÍTULO V

Fraude.

Artículo 152.- Comete el delito de fraude el que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentra, obtenga alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro.

Se aplicará de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a doscientos días multa al que cometa el delito de fraude cuyo monto no exceda de mil días de salario mínimo general vigente en el Estado. Si excede de dicha cantidad, la sanción será de tres a doce años de prisión y de cincuenta hasta cuatrocientos días multa.

Artículo 153.- Se impondrá las mismas penas previstas en el artículo anterior:

I.- Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia para darle un destino determinado, las distraiga de ese destino, o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia;

II.- A los intermediarios que en operaciones de traslación de dominio de bienes muebles o gravámenes reales sobre éstos, obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio, o cuenta de él o para constituir ese gravamen, si no los destinare, en todo o en parte, al objeto de la operación concertada, por su disposición en provecho propio o de otro;

Para los efectos de este delito, se entenderá que un intermediario no ha destinado, o ha dispuesto, en todo o en parte, del dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble objeto de la traslación de dominio o del gravamen real, si no realiza su depósito en la institución de depósito respectiva, dentro de los treinta días siguientes a su recepción en favor de su propietario o poseedor, a menos que le hubiese entregado, dentro de ese término, al vendedor o deudor del gravamen real, o devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen;

III.- A los gerentes, directivos, mandatarios, con facultades de dominio o de administración, administradores de las personas morales que no cumplan o hagan cumplir la obligación a que se refiere el párrafo anterior. El depósito se entregará por la institución de depósito de que se trate, a su propietario o al comprador.

Las Instituciones, Sociedades Nacionales, Organizaciones Auxiliares de Crédito, las de Fianzas y las de Seguros, así como los Organismos Oficiales y Descentralizados autorizados legalmente para operar con inmuebles, quedan exceptuados de la obligación de constituir el depósito a que se refiere la fracción anterior.

Cuando el sujeto de los delitos a que se refieren las fracciones II y III, devuelvan a los interesados las cantidades de dinero obtenidas en su actuación, antes de que formulen conclusiones en el proceso respectivo, la pena que se aplicará será prisión de seis meses a un año.

IV.- A los conductores o vendedores de edificios en condominio o casa o habitaciones en general, que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio a cuenta de él, si no los destinan, en todo o en parte, al objeto de la operación concertada, por su disposición en provecho propio o de otro:

Es aplicable a lo dispuesto en esta fracción, lo determinado en los párrafos segundos de las fracciones II y III.

V.- A los fabricantes, empresarios, contratistas o constructores de una obra cualquiera, que empleen en la construcción materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida o mano de obra de menor calidad a la estipulada, si ha recibido el precio o parte de él.

VI.- Al que valiéndose del cargo que ocupe en el Gobierno Estatal o Municipal o en sus empresas u Organismos Descentralizados, o en cualquiera agrupación de carácter sindical o de sus relaciones con los Funcionarios o Dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso, aumento de salario u otras prestaciones en tales organismos.

VII.- Al que por sí o por interpósita persona cause perjuicio público o privado, al fraccionar o transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones. Este delito se penará aún en el caso de falta de pago total o parcial, por parte del afectado.

Para los efectos penales, se entiende por fraccionar la división de terrenos en lotes.

VIII.- El que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial, y no pague su importe conforme a los precios usuales o autorizados para establecimientos de su clase;

IX.- Al que por título oneroso, enajene alguna cosa ajena con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arrende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier forma, si ha recibido el precio, la renta o alquiler, la cantidad en que la grave, parte de ellos o un lucro equivalente o disponga de una cosa propia, como libre, con el conocimiento de que está gravada;

X.- Al que obtenga de otro, una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento nominativo, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;

XI.- Al que libre un cheque que sea devuelto, por no tener el librador cuenta en la Institución Bancaria respectiva, o que los fondos sean insuficientes para pagarlo, si el libramiento se hace como medio para procurarse ilícitamente una cosa, cumplir una obligación u obtener un lucro indebido;

XII.- El que compre una cosa mueble, ofreciendo pagar su precio de contado y rehuse después de recibirla, hacer el pago o devolverla, si el vendedor le exigiere lo primero dentro de quince días de haber recibido la cosa el comprador;

XIII.- El que hubiere vendido una cosa mueble o recibido su precio, si no la entrega dentro de los quince días del plazo convenido o no devuelve su importe en el mismo término en el caso de que se le exija esto último, o no entregue la cosa en la cantidad o calidad convenidas;

XIV.- El que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o inmueble y reciba el precio de una u otra venta o ambas o parte de él, con perjuicio del primer o siguientes compradores.

XV.- Al que por medio de tarjetas, títulos o documentos falsos relacionados con instituciones bancarias o comerciales, o bien auténticos, pero adquiridos indebidamente y sin autorización de quien está facultado para ello, haga el pago de cualquier bien o servicio u obtenga dinero en efectivo para sí o para otro. Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas aumentarán en una mitad más.

Artículo 154.- Se impondrá de seis meses a diez años de prisión y hasta quinientos días multa, al que, causando daño o perjuicio, transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un bien inmueble, sus instalaciones o parte de él, careciendo del previo permiso de la autoridad administrativa correspondiente, o cuando teniéndolo no cumpla con los requisitos.

CAPÍTULO VI

Administración Fraudulenta.

Artículo 155.- Al que por cualquier razón tuviera a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, y con ánimo de lucro perjudique al Titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, se le impondrá las penas previstas para el delito de fraude.

CAPÍTULO VII

Extorsión.

Artículo 156.- A quien con ánimo de lucro para sí o para otro, obligare a otra persona, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir, o tolerar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, se le impondrá de doce a dieciocho años  de prisión y de ochocientos a mil días multa.

Se impondrá prisión de quince a veinte años y multa de ochocientos a mil doscientos días, a quien para obtener un beneficio para sí o para interpósita persona, obligue a otro mediante la violencia moral o la intimidación a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de un tercero.

Cuando el sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o readaptación social, o tenga alguna relación de confianza, laboral, parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares, la pena será de dieciséis a veinticuatro años de prisión y multa de mil a mil doscientos días.

Cuando en la comisión del delito se configuren los siguientes supuestos, la pena de prisión será de veinte a veinticinco años y la multa de mil a mil quinientos días multa:

  1. Intervenga una o más personas armadas, portando instrumentos peligrosos:
  2. Se emplee violencia física, en la víctima o de un tercero;
  3. Se cometa en contra de un menor de edad, persona mayor de sesenta años de edad o persona con alguna discapacidad; o
  4. Cuando el sujeto activo se encuentre privado de su libertad bajo cualquier circunstancia en un Centro de Reclusión Estatal o Federal a disposición de cualquier autoridad.

Cuando en la comisión del delito se utilice la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica, la pena será de veintidós a veintiocho años de prisión y la multa de mil doscientos a mil quinientos días multa.

CAPÍTULO VIII

Usura.

Artículo 157.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de diez a quinientos días multa, al que aprovechándose de la necesidad de otro, hiciere préstamos en el que se estipule intereses superiores a los usuales en el mercado.

CAPÍTULO IX

Despojo.

Artículo 158.- Se aplicará prisión de seis meses a seis años y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste:

I.- Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno o de otro;

II.- Ocupe un inmueble de su propiedad que halle en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que lesione los derechos del ocupante;

III.- Altere términos o lindes de predios o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de los predios contiguos, tanto de dominio privado como de dominio público;

IV.- Desvíe o haga uso de las aguas propias o ajenas, en los casos de que la Ley no lo permita, o haga uso de un derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, o

V.- Ejerza actos de dominio que lesione derechos legítimos del usuario de dichas aguas.

Artículo 159.- Si el despojo se realiza por más de dos personas o con violencia, las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad más.

Al que planee, o induzca, o instigue, o financie, o dirija o propicie la acción de despojo, se les impondrá prisión de dos a nueve años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días multa.

Cuando el despojo se realice sobre terrenos declarados como áreas naturales protegidas en sus diferentes modalidades, o que tengan el carácter de reserva territorial para el crecimiento urbano de los centros de población del Estado, se incrementará la penalidad hasta en una cuarta parte más de la señalada en el párrafo que antecede.

Artículo 160.- Las penas previstas en este capítulo se impondrán aunque el derecho de posesión sea dudoso o esté sujeto a litigio.

CAPÍTULO X

Daños.

Artículo 161.- Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, con perjuicio de otro, se le impondrá prisión de seis meses a seis años y de quince a doscientos cuarenta días multa.

Artículo 162.- Si el daño recae en bienes de valor científico, artístico, cultural o de utilidad pública, o se comete por medio de inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, la prisión será de dos a nueve años y de quince a doscientos días multa.

CAPÍTULO XI

Disposiciones Comunes para los Delitos Contra el Patrimonio.

Artículo 163.- Los delitos previstos en este Título solo podrán perseguirse por querella de la parte ofendida, con excepción de los delitos de robo, en materia de apicultura, abigeato, y de lo previsto en párrafo segundo del Artículo 159 de este Código, respecto de estos delitos que se perseguirán de oficio. Estos delitos, previstos en los capítulos I, II y III, también serán perseguibles por querella, cuando sean cometidos por un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, pariente por afinidad y por los terceros que hubieren intervenido en su ejecución con aquellos.

Artículo 164.- En los casos de los delitos previstos por este Título, no se aplicará pena alguna si el agente restituye al agraviado del delito y paga los daños y perjuicios, o no siendo posible la restitución, antes de que la autoridad investigadora tome conocimiento del ilícito, cuando sea la primera vez que delinque y el delito no se hubiese cometido con violencia. Si antes de dictarse sentencia al inculpado hace la restitución o cubre su valor, en su caso, el producto de los daños y perjuicios correspondientes a ellos, se reducirán las penas a la mitad de las que corresponderían por el delito cometido.

Se exceptúa de lo señalado en el párrafo que antecede, lo previsto en el párrafo segundo del artículo 159 de este Código y los delitos en que los que el agente sea un servidor público, si se aprovecha del cargo para cometerlos.

 

Artículo 165.- La cuantía del objeto o producto del delito se estimará atendiendo a su valor de cambio. Si el objeto o producto no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar su valor, la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a ciento cincuenta días multa.

Artículo 166.- Si el Juez lo creyere conveniente, además de las penas previstas para cada uno de los delitos del presente título, podrá imponer al delincuente suspensión de uno a seis meses en los derechos de la patria potestad, tutela o custodia, o para hacer perito, depositario, interventor judicial síndico, interventor en concursos o quiebra, asesor, representante de ausentes, o en el ejercicio de cualquier profesión para las que se requiera título o autorización especial.

SECCIÓN SEGUNDA

Delitos Contra la Familia.

TÍTULO PRIMERO

Delitos Contra el Orden de la Familia.

CAPÍTULO I

Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar.

Artículo 167.- A quien sin causa justificada deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, cónyuge, concubino o cualquier otro familiar con quien tenga el deber de asistencia conforme al Código Civil, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y suspensión o privación de los derechos de familia en relación con la víctima o el ofendido y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente a la parte ofendida. En el caso de que los acreedores sean ancianos o enfermos, o si del incumplimiento resultare alguna lesión o la muerte de los acreedores, este delito será perseguible de oficio.


Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en desacato de una resolución judicial, se impondrá de uno a cinco años de prisión.

Las sanciones anteriores se aumentarán hasta en una cuarta parte, cuando el deudor alimentista, con el propósito de eludir o suspender el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias decretadas por autoridad judicial, renuncie, abandone su trabajo, obtenga licencia sin causa justificada o se coloque dolosamente en estado de insolvencia.


Se impondrá de seis meses a dos años de prisión, a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en el artículo anterior, incumplan con la orden judicial de hacerlo, o informen cantidades menores a las reales.

Artículo 168.- El delito previsto en el artículo anterior, se perseguirá por querella de la víctima o del ofendido o de su legítimo representante y a falta de éste, el Ministerio Público procederá de oficio, a reserva de que se promueva la designación de un tutor especial.

Artículo 169.- No se impondrá pena alguna o se dejará de aplicar la impuesta, cuando el obligado a proporcionar los medios indispensables de subsistencia pague todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por el concepto de alimentos o se someta al régimen de pago que el Juez o la Autoridad Ejecutora, en su caso, determinen, garantizando el pago de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer.

Para que el perdón concedido por el ofendido o su representante pueda producir efectos, el responsable deberá pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos, durante el período que señala el artículo siguiente y durante la substanciación del proceso.

Artículo 170.- En los delitos previstos por este Capítulo, solo podrá reclamarse como reparación del daño, hasta el equivalente a un año de los alimentos que se hubieren dejado de ministrar, previo a la presentación de la querella y los que se generen durante la tramitación del juicio; sin perjuicio del derecho o acción que le corresponda al acreedor alimentario para ejecutar la resolución judicial o convenio respecto de adeudos anteriores.

El monto de la reparación del daño que se señale como fianza para obtener la libertad o bien la conmutación de la pena, será entregado íntegramente al pasivo o pasivos del delito por sí o a través de quien legalmente los represente; esto con el fin de pagar los alimentos adecuados.

CAPÍTULO II

Retención y Sustracción de Personas Menores de Edad o que no Tengan la Capacidad de Comprender el Significado del Hecho.

Artículo 171.- Al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a una persona menor de dieciocho años o que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga custodia o guarda, o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de cuatro a ocho años.


Cuando el delito lo cometa un familiar del menor que no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela, la prisión será de dos a seis años.

Si el agente devuelve a la persona menor o que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho espontáneamente, dentro de los cinco días siguientes a la consumación del delito, se le aplicará hasta una tercera parte de las penas arriba señaladas.

Artículo 171-BIS.- Se impondrá pena privativa de libertad de dos a seis años al padre o la madre, que no dé aviso por los medios legales a que haya lugar o que sin el consentimiento o autorización del otro progenitor, retuviere o trasladare a su hijo o hijos menores de dieciocho años fuera o dentro del País con la finalidad de cambiar su residencia habitual o impida de algún modo la convivencia del niño, niña o adolescente con su otro progenitor, de acuerdo con la Ley de la materia en el Estado; salvo en los casos en los que el juez competente hubiere condenado a alguno de los padres a no convivir o a hacerlo de manera condicionada con sus hijos o de que el progenitor sea víctima de violencia familiar.


Si el agente devuelve a la persona menor de dieciocho años dentro de los cinco días naturales siguientes a la consumación del delito, se le aplicará hasta una tercera parte de la pena señalada en el párrafo anterior.

Tratándose de abuelos solo procederá, cuando no existan padres que ejerzan la patria potestad y cesará toda acción para perseguirlo cuando se haga el aviso o notificación correspondiente.

CAPÍTULO III

Abandono de Niñas, Niños y Adolescentes

 

Artículo 172.- DEROGADO

Artículo 172-BIS.- A quien abandone y/o desampare a su suerte en un lugar público o privado, con la finalidad de deshacerse de sus obligaciones de patria potestad, tutela y/o custodia para con el niño, niña o adolescente, se le aplicará la pena de cinco a diez años de prisión y multa de 400 a 500 días de salario mínimo, y la de pérdida de la patria potestad, tutela y/o custodia del menor de edad abandonado. (sic)

Si se tratare de un funcionario público a cuya guarda, custodia y/o tutela se hubiera dejado al menor de edad, se le duplicará la pena, sin exceptuar las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicables.

Adopción Ilegal

Artículo 172-Ter.- Comete el delito de adopción ilegal quien facilite, instrumente, colabore, gestione y/o consienta para que una persona menor de edad sea dada en adopción sin que se cumplan las disposiciones legales estatales, federales y/o los tratados internacionales de los que México sea parte, lo que será sancionado con pena de dos a seis años de prisión y multa de 400 a 500 días de salario mínimo.

Si se tratare de un funcionario público se duplicará la pena y se le castigará a éste con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta, sin exceptuar las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicables.

Si hubiera mediado una retribución económica y/o de otro tipo, se aumentará la pena hasta tres años de prisión más a quien la hubiera solicitado, pagado, o aceptado.

CAPÍTULO IV

Delito Contra la Filiación y el Estado Civil.

Artículo 173.- Se aplicará prisión de seis meses a tres años al que:

I.- Inscriba o haga inscribir en el registro civil a una persona con la filiación que no le corresponde;

II.- Omita la inscripción de una persona, teniendo dicha obligación, con el propósito de hacerle perder los derechos derivados de la filiación;

III.- Declare falsamente el fallecimiento de una persona en el acta respectiva;

IV.- Presente a una persona ocultando sus nombres o haciendo parecer como padres a terceras personas;

V.- Desconozca o haga incierta la relación de filiación, para librarse de las obligaciones derivadas de la patria potestad;

VI.- Usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el fin de adquirir derechos de familia que no le corresponden;

VII.- Inscriba o haga inscribir un nacimiento que no existe;

VIII.- Dolosamente sustituya un menor por otro, o cometa ocultación de aquél, o

IX.- Registre o haga registrar un divorcio o nulidad de matrimonio que no hubiesen sido declarados por sentencia ejecutoria.

CAPÍTULO V

Bigamia.

Artículo 174.- Al que contraiga nuevo matrimonio, sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de veinticinco a ciento cincuenta días multa.

Las mismas penas se aplicarán al otro contrayente, si conocía el impedimento al tiempo de celebrarse el matrimonio.

CAPÍTULO VI

Matrimonio Ilegal.

Artículo 175.- Al que fuera del caso de bigamia contraiga matrimonio con conocimiento de la existencia de un impedimento dirimente, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de veinte a cien días multa. Las mismas penas se aplicarán al que autorice la celebración del matrimonio si conocía el impedimento.

CAPÍTULO VII

Incesto.

Artículo 176.- A los parientes consanguíneos, sean ascendientes, descendientes o hermanos, que con conocimiento del parentesco tengan cópula entre sí, se les impondrá prisión de uno a seis años de prisión.

Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de este delito, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos en los términos que fija el Código Civil.

 

CAPÍTULO VIII
Violencia Familiar

Artículo 176-BIS.- Se entiende por violencia familiar el acto u omisión intencional realizado con el fin de dominar, someter o controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o moral a cualquiera de las personas señaladas en las fracciones del artículo 176 Ter del presente Código, dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda o no producir otro delito. Para los efectos de este Capítulo se entiende por:

Violencia Física.- Toda agresión intencional en la que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro.

Violencia Psicológica.- Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones, cuyas formas de expresión puedan ser prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, que provoquen en quien las reciba deterioro, disminución o afectación a su autoestima.

Violencia Sexual.- Los actos u omisiones para el control, manipulación o dominio de la pareja que generen un daño psico-emocional y/o físico, cuyas formas de expresión puedan ser entre otras: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, siempre y cuando esta última práctica se realice sin el consentimiento de la pareja.

Violencia Moral.- Se reputa como tal todo acto u omisión encaminados a la vejación, escarnio y mofa del miembro integrante del núcleo familiar que se sienta afectado en su calidad humana y en su moral como persona, cuya finalidad esencial sea exponerlo al desprecio de los demás y le impida el buen desarrollo a la integración social.

Violencia Patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades del sujeto pasivo y que puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Violencia Económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas.


Artículo 176-TER.- Comete el delito de Violencia familiar el que realice cualquier acto u omisión de los señalados en el artículo anterior y ocurra en agravio de:

I. Su cónyuge;

II. La pareja a la que esté unida fuera de matrimonio;

III. Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grados;

IV. Sus parientes consanguíneos colaterales hasta el cuarto grado;

V. Sus parientes por afinidad, hasta el cuarto grado;

VI. Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la pareja o la que esté unida fuera de matrimonio;

VII. Sus parientes civiles, ya sea que se trate del adoptante o del adoptado;

VIII. Cualquier menor de edad, incapaz, discapacitado o anciano, que esté sujeto a su patria potestad, custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado; y

IX. La persona con la que tuvo relación conyugal, de concubinato o de pareja unida fuera del matrimonio en época anterior.

Artículo 176 QUÁTER.- Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión, pérdida de la patria potestad o pérdida de la custodia, de los derechos hereditarios y de alimentos, y en su caso a juicio del juez, prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella; y si de la comisión de la violencia familiar resultare como consecuencia la comisión de otro u otros delitos tipificados por este Código, se aplicarán las reglas del concurso de que se trate.


Asimismo, se sujetará al activo del delito a participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos; y a tratamiento psicoterapéutico reeducativo para corregir las conductas de violencia familiar, hasta por el mismo tiempo de duración de la pena de prisión.

El Ministerio Público emitirá las órdenes de protección de emergencia o preventivas para salvaguardar la integridad física y psíquica, o ambas, de la víctima, en los términos que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, y exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que sea ofensiva para la víctima, sin perjuicio de solicitar al Juez que imponga al probable responsable, algunas de las órdenes de protección referidas.

Cuando exista reincidencia por parte del activo, se aumentará la pena en una tercera parte establecida entre el mínimo y el máximo.

El delito de violencia familiar se perseguirá de oficio.

Si el agresor lesionara por primera vez a cualquiera de los parientes o personas señaladas en el artículo 102 de este Código, se estará a lo dispuesto por el contenido de dicho numeral.

TÍTULO SEGUNDO

Delitos en Materia de Inhumación y Exhumación.

CAPÍTULO ÚNICO

Delito Contra el Respeto a los Muertos y Contra las Normas de Inhumación.

Artículo 177.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años:

I.- Al que ilegítimamente destruya, mutile, oculte, sepulte, exhume o haga uso de un cadáver o restos humanos, o

II.- Al que ilegítimamente sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver o restos humanos o viole el lugar donde éstos se encuentren. La misma pena o, en su caso, la medida de tratamiento correspondiente, se impondrá al que profane un cadáver con actos de necrofilia.

SECCIÓN TERCERA

Delitos Contra la Sociedad.

TÍTULO PRIMERO

Delitos de Peligro Contra la Seguridad Colectiva.

CAPÍTULO I

Peligro de Devastación.

Artículo 178.- Se aplicará de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, al que mediante incendio, explosión, inundación, sumersión, derrumbe de construcciones, edificios, inutilización de obras destinadas a servicios colectivos o por cualquier otro medio, creare un peligro común para las personas o las cosas.

 

CAPÍTULO II

(MODIFICADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013)

De los Delitos contra el ambiente y la fauna

Artículo 179.- Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de veinticinco a cuatrocientos días multa con suspensión hasta por dos años para ejercer la actividad en cuyo desempeño se incurrió en el ilícito al que:

I.- Expele o descargue contaminantes peligrosos que deterioren la atmósfera o que provoquen o puedan provocar daños graves a la salud, la flora o en general, los ecosistemas, cuya conservación sea de la competencia de las Autoridades del Estado;

II.- Descargue o arroje en aguas de jurisdicción local, o infiltre en suelos o subsuelos, sin su previo tratamiento, aguas residuales, deshechos u otras substancias o materiales contaminantes que causen o puedan causar daños graves a la salud o a los ecosistemas;

III.- Genere emisión de energía térmica, ruidos o vibraciones, que ocasionen graves daños a la salud, a la flora, fauna o ecosistemas a que se refiere la fracción I;

IV.- Contamine o permita la contaminación de alimentos o bebidas con repercusiones para la salud individual o colectiva, o

V.- Provoque la erosión, deterioro o degradación de los suelos y subsuelos de jurisdicción local.

ADICIONADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

Artículo 179-Bis. Al que injustificada e intencionalmente realice actos de crueldad en contra de cualquier especie animal, causándole maltrato evidente, pero que no pongan en peligro la vida animal, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de veinticinco a cincuenta días de multa.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal se incrementarán en una mitad de la pena señalada.

Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por animal, lo dispuesto en la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo.

 

ADICIONADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013

Artículo 179- Ter.- Al que injustificada e intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal provocándole la muerte, se le impondrán de uno a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Protección y Bienestar Anuimal del estado de Quintana Roo.

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal, ya sea por las lesiones provocadas o el detrimento de la salud del animal.

Por actos de maltrato o crueldad se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo.

Se exceptúan del presente capítulo los animales clasificados para abasto y producción de conformidad con la  Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo.

CAPÍTULO III

Portación, Fabricación, Importación y Acopio de Armas Prohibidas.

Artículo 180.- A quien porte, fabrique, importe o acopie y comercialice sin fin lícito armas punzo cortantes, armas químicas o instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de seis meses a seis años, de quince a cien días multa y decomiso.

Los Servidores Públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.

Se entiende por acopio la detentación de tres o más armas de aquellas a que se refiere al primer párrafo de este artículo.

CAPÍTULO IV

Asociación Delictuosa.

Artículo 181.- Al que forme parte de manera permanente de una asociación o banda de tres o más personas dedicadas a delinquir, se les impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, independientemente de las penas que les correspondan por el delito o los delitos cometidos.

TÍTULO SEGUNDO

Delitos Contra la Seguridad y el Normal Funcionamiento de las Vías de Comunicación y de los Medios de Transporte.

CAPÍTULO I

Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios de Transporte.

Artículo 182.- Al que de cualquier modo dañe, altere o destruya alguna vía o medio de comunicación o de transporte público que no sean de jurisdicción federal, modifique u obstaculice las señales correspondientes, interrumpiendo o dificultando los servicios, se le aplicará prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a doscientos días multa.

Las mismas penas se impondrán al que retenga cualquier vehículo destinado al servicio público y dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o de transporte de jurisdicción local.

Para los efectos de este Código, son vías de comunicación las de tránsito destinadas al uso público.

Artículo 183.- Si la ejecución de los hechos a que se refiere el artículo anterior se realiza por medios de explosivos o materias incendiarias, la pena aumentará hasta una mitad más.

Artículo 184.- Al que dolosamente ponga en movimiento un medio de transporte, provocando un desplazamiento sin control que pueda causar daño, se le impondrá prisión de seis meses a tres años, independientemente de la pena que corresponda por los daños que resulten.

Artículo 185.- Cuando se cause algún daño por medio de cualquier vehículo, motor o maquinaria, además de aplicar las penas del delito que resulte, se inhabilitará al delincuente para manejar aquellos aparatos por un tiempo no menor de seis meses ni mayor de cinco años. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.

CAPÍTULO II

Delitos Contra la Seguridad del Tránsito de Vehículos.

Artículo 186.- A quien maneje un vehículo de motor y cometa alguna infracción al Reglamento de Tránsito, hallándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción, se le impondrá de veinticinco a doscientos días multa y la medida de tratamiento que proceda, según el caso.

Si este delito se comete al prestar el servicio, por conductores de vehículos de transporte escolar o de servicio público de pasajeros o carga, se impondrá de seis meses a un año de prisión o trabajo en favor de la comunidad de uno a tres meses, sin perjuicio de la medida de tratamiento que proceda.

En ambos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 185.

CAPÍTULO III

Violación de Correspondencia.

Artículo 187.- Al que dolosamente abra o intercepte una documentación escrita que no esté dirigida a él, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de diez a treinta días multa.

No se impondrá pena a los que ejerciendo la patria potestad, la tutela o la custodia, abran o intercepten las comunicaciones escritas a sus hijos menores de edad o a las personas que se hallen bajo su tutela o guarda.

TÍTULO TERCERO

Delitos Contra la Fe Pública.

CAPÍTULO I

Falsificación y Uso Indebido de Sellos, Marcas, Llaves, Contraseñas y Otros Objetos.

Artículo 188.- Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y de cincuenta a trescientos días multa, al que con el fin de tener provecho o para causar daño a la sociedad:

I.- Falsifique, altere, enajene o haga desaparecer cualquier clase de sellos, llaves, marcas, estampillas, troqueles, cuños, matrices, contraseñas, boletos, fichas o punzones ya sea oficiales o particulares, nacionales o extranjeros, o;

II.- Use indebidamente los objetos señalados en la fracción anterior.

CAPÍTULO II

Falsificación de Documentos y Uso de Documentos Falsos.

Artículo 189.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años y de quince a noventa días multa, al que para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado.

Las mismas penas se impondrá al que, a sabiendas y con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado, o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido en favor de otro, como si hubiera sido expedido a su nombre.

Artículo 189 Bis.- Se impondrá hasta una mitad más de las penas previstas en el artículo anterior al que:

I.- Produzca, imprima, enajene aún gratuitamente, distribuya o altere tarjetas, títulos, documentos o instrumentos utilizados para el pago de bienes o servicios o para disposición en efectivo, sin consentimiento de quien esté facultado para ello.

II.- Adquiera, posea o detente ilícitamente tarjetas, títulos, documentos o instrumentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo a sabiendas de que son alterados o falsificados.

III.- Copie o reproduzca, altere los medios de identificación electrónica, cintas o dispositivos magnéticos de documentos para el pago de bienes o servicios o para disposición en efectivo.

IV.- Accese indebidamente los equipos y sistemas de cómputo o electromagnéticos de las instituciones emisoras de tarjetas, títulos, documentos o instrumentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo.

Las mismas penas se impondrán a quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de la institución o persona que legalmente esté facultada para emitir tarjetas, títulos, documentos o instrumentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo.

Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas aumentarán hasta en una mitad más.

En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas a que se refiere ese artículo se aplicarán las reglas del concurso.

CAPÍTULO III

Usurpación de Profesiones.

Artículo 190.- Al que, sin serlo, se atribuya el carácter de profesionista, ofrezca públicamente sus servicios como tal, realice actividades propias de una profesión sin tener el título correspondiente exigido por la Ley, o se ostente por medio de placas, tarjetas, papel membretado, anuncios u otra forma de publicidad para ofertar dichos servicios, obtener algún beneficio o causar algún daño, se aplicará prisión de uno a cinco años y de cincuenta a doscientos días de salario.

TÍTULO CUARTO
Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad


CAPÍTULO I
Corrupción de Personas Menores de Edad o de Quienes No Tienen

Capacidad para Comprender el Significado del Hecho.

Artículo 191.- A quien facilite o induzca a una persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos, de exhibicionismo corporales o sexuales, prácticas sexuales, a consumir algún narcótico o bebida embriagante, a la comisión de algún delito o a formar parte de una asociación delictuosa, se le aplicarán de cuatro a once años de prisión, de cincuenta a doscientos días multa y se le inhabilitará para ser tutor.

Se aumentará la pena privativa de libertad hasta en una mitad más al que obligue a una persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar una o varias de las conductas anteriormente descritas.


Artículo 192.- DEROGADO

Pornografía Infantil

Artículo 192-BIS.- Comete el delito de pornografía infantil quien, a persona menor de dieciocho años:

I.- Induzca, incite, propicie, facilite u obligue a realizar actos de exhibicionismo corporal o de pornografía;

II.- Video grabe, audio grabe, fotografíe o plasme en imágenes fijas o en movimiento, realizando actos de exhibicionismo corporal o de pornografía;

III.- Promueva, invite, facilite o gestione por cualquier medio, la realización de actividades en las que se ofrezca la posibilidad de observar actos de exhibicionismo corporal o de pornografía, que estén siendo llevadas a cabo por persona menor de dieciocho años de edad.

Comete también el delito de pornografía infantil el que siendo mayor de edad, participe como activo o pasivo en los actos de exhibicionismo corporal o de pornografía realizados por persona menor de edad.

Se entiende por actos de exhibicionismo corporal a toda representación del cuerpo humano, con fin lascivo sexual.

Se considera acto de pornografía a toda representación realizada por cualquier medio, de actividades lascivas sexuales explícitas, reales o simuladas. Las fotografías, video grabaciones, audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y que constituyan recuerdos familiares; los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tenga por objeto la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazo de adolescentes, no constituyen pornografía infantil.

La sanción por el delito de pornografía infantil será de siete a veinte años de prisión y de 400 a 500 días multa. En todos los casos se aplicará también como pena el decomiso de objetos, instrumentos y productos del delito, respetando los derechos de terceros.

Artículo 192-TER.- También se entenderá como pornografía infantil, aplicándose la misma pena establecida en el artículo anterior, al que:

I.- Con o sin fines de lucro, fije, imprime o exponga de cualquier manera, los actos de exhibicionismo corporal o de pornografía realizados por persona menor de dieciocho años de edad;

II.- Con o sin fines de lucro, elabore, reproduzca, distribuya, venda, arriende, posea, almacene, adquiera, publicite o transmita material que contenga actos de exhibicionismo corporal o de pornografía realizados por persona menor de dieciocho años de edad;

III.- Dirija, Administre o supervise cualquier tipo de banda y organización por sí o a través de terceros, con el propósito de que se realicen las conductas relacionadas con actos de exhibicionismo corporal o de pornografía mencionados en las fracciones y en el Artículo anterior.

Turismo Sexual Infantil


Artículo 192-QUÁTER.- Comete el delito de turismo sexual quien financie, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio para que una persona viaje al interior o exterior del territorio del Estado de Quintana Roo con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.

Al autor de este delito se le impondrá una pena de siete a quince años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa.

A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, en virtud de las conductas antes descritas, se le impondrá una pena de doce a dieciséis años de prisión y de doscientos a trescientos días multa.

CAPÍTULO II

Lenocinio.

Artículo 193.- Comete el delito de lenocinio quien habitual o reiteradamente obtenga una ventaja económica u otro beneficio procedente del comercio sexual de otra persona mayor de edad, siempre que no constituya trata de personas. A quién cometa este delito se le impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a mil días de multa.


Al que sin ánimo de lucro o de explotación concierte o facilite la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años a través de la pornografía o exhibiciones corporales públicas o privadas, se le aplicará una sanción de cuatro a diez años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

CAPÍTULO

Trata de Personas.

(sic)

Artículo 194.- Para el delito de trata de personas, se atenderá a lo dispuesto por la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.

 

CAPÍTULO IV

VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR

 

Artículo 194-BIS.- Se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años y de cien a trescientos días multa, a quien sin consentimiento de otro, o sin autorización judicial y con el fin de conocer asuntos relacionados con la intimidad personal o familiar de aquél, utilizando cualquier medio:


I.- Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase;
II.- Reproduzca los documentos u objetos que contengan información relacionada; o
III.- Escuche, observe, o grabe una imagen fija o en movimiento, el sonido, o ambos.

Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, deberá entenderse por derecho a la intimidad, la manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el público. Se asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás y tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea simples, particulares o bien los poderes del Estado.

Artículo 194-TER.- Se sancionará con prisión de uno a cinco años y de doscientos a trescientos días multa a quien revele, distribuya, transmita o lucre con la intimidad personal o familiar prevista en el artículo que antecede.

Artículo 194-QUÁTER.- Se sancionará con prisión de tres a seis años e inhabilitación del cargo por un período de seis meses a tres años, si el agente que comete las conductas previstas en los artículos 194-BIS y 194-TER, es servidor público, profesionista o auxiliar en el ejercicio de su actividad.

 

CAPÍTULO V

VENTA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 194-Quinquies.- Comete el delito de venta de niños, niñas y adolescentes, a quien facilite, gestione, promueva, instrumente, realice y/o consienta la entrega o recepción de un niño, niña o adolescente para sí, para un tercero terceros a cambio de remuneración económica o de cualquier otra retribución, aunque la finalidad sea de adopción. Al responsable de esta conducta se le impondrá una pena de diez a dieciséis años de prisión y de 400 a 500 días de salario mínimo de multa.

Si la finalidad de la entrega fuere el matrimonio, cualquier forma de explotación y/o para extirpar sus órganos, tejidos o componentes, se atenderá a lo dispuesto en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.

Si el agente se valiese de una función pública o tuviere la patria potestad, guarda o custodia del menor de edad, la pena de prisión se aumentará en una mitad más de la establecida, sin exceptuar las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicables.

 

CAPÍTULO VI

De la Usurpación de Identidad

(ADICIONADO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

Artículo 195-Sexties.- El delito de usurpación se define como al que por cualquier medio usurpe o suplante con fines ilícitos o de lucro la identidad de una persona o otorgue consentimiento para llegar a cabo la usupración o suplantación de su identidad, se le impondrá una pena de seis meses a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Artículo 195-Septies.- Se equiparan a la usurpación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el artículo 195-Sexties a quienes:

I. Cometen de hecho ilícito previsto en las disposiciones legales con motivo de la usurpación de la identidad;

II. Utilicen datos personales sin consentimiento al que deba otorgarlo;

III. Otorguen el consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad y se valgan de la homonomia para cometer algún ilícito, y

IV. Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico, o use la red de internet montando sitios espejos o de trampa captando informacion crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante identidades, modifique indirectamente mediante programas automatizados imagen, correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, secundario y terciario del sistema operativo que afecta la confiabilidad y variación de la navegación de la red para obtener lucro indebido.

En el supuesto que el activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier grado académico reconocido en los rubros antes mencionados, la pena se aumentara hasta una mitad más.

TÍTULO QUINTO

Delitos Cometidos en el Ejercicio de la Profesión.

CAPÍTULO ÚNICO

Responsabilidad Profesional y Técnica.

Artículo 195.- Los profesionistas y sus auxiliares que cometan delitos en el ejercicio de su actividad sufrirán además de las penas que les correspondan por tales delitos, la suspensión en el ejercicio de ésta, de seis meses a tres años.

Si reincidieren, la suspensión para ejercer dicha actividad podrá aumentarse hasta en una mitad más.

Artículo 196.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años, de cincuenta a doscientos días multa y, además suspensión, privación o inhabilitación para el ejercicio profesional de seis meses hasta tres años, a juicio del juzgador, al médico que:

I.- Habiendo otorgado responsiva de hacerse cargo de la atención de algún lesionado, lo abandone en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente, o no cumpla con las obligaciones que le impone el Código de Procedimientos Penales;

II.- No recabe la autorización del paciente o de la persona que deba otorgarla, salvo en caso de urgencia, cuando se trate de practicar alguna operación quirúrgica que por naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo, cause la pérdida de un miembro o ataque la integridad de una función vital;

III.- Practique una intervención quirúrgica innecesaria;

IV.- Ejerciendo la medicina y sin motivo justificado se niegue a prestar asistencia al enfermo en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro la vida o la salud de dicho enfermo, cuando éste, por las circunstancias del caso, o abandone sin causa justificada a la persona de cuya asistencia esté encargado, o

V.- Certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de cumplir una obligación que la Ley le impone o para adquirir algún derecho.

Artículo 197.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años; hasta cincuenta días multa y suspensión de tres meses a un año, a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando habiendo sido prestado el servicio:

I.- Retengan la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;

II.- Retarden o nieguen por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

Las mismas penas se impondrán a los encargados administradores de agencias funerarias que indebidamente retarden o nieguen la salida de cadáveres.

Artículo 198.- A los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente señalada, por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió, se les impondrá prisión de seis meses a dos años y hasta cincuenta días multa.

Artículo 199.- A los profesionistas o técnicos no comprendidos en las disposiciones anteriores que habiendo aceptado prestar servicios a una persona, abandonen el servicio sin el consentimiento de aquella y sin causa justificada, causando con ello un daño en los bienes de quien tenía derechos a la prestación de los servicios correspondientes, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y suspensión por el mismo término.

 

TÍTULO SEXTO

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

(ADICIONADO P.O.E 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

ARTÍCULO 199-BIS.- A quien por sí o por interpósita persona obstaculice, impida, o por cualquier medio reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito o impreso, se le impondrá de seis mesas a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Las mismas sanciones se impondrán a quien con la misma finalidad a que se refiere el párrafo anterior, adquiera por sí o a través de terceros, un número de ejemplares superior al diez por ciento del tiraje de la edición diaria.

Se le impondrá una pena de prisión de seis meses a cuatro años y destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena impuesta, al servidor público que realice cualquiera de los actos previstos en el presente artículo.

ARTÍCULO 199-TER.- A quien por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero ejerza la actividad de periodista, se le aplicara de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Si quien realiza el acto fuere un servidor público se le impondrá una pena de prisión de seis meses a cuatro años y destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Para efectos de este artículo se entenderá por periodista, toda persona que hacer del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal o complementaria, entendida como la actividad de buscar y difundir información a la sociedad, de manera permanente y en forma remunerada.

ARTÍCULO 199-QUATER.- A quien por sí o por interpósita persona obstaculice o impida el derecho de toda persona para recibir, buscar, investigar, sistematizar, acopiar, almacenar, publicar o difundir información referente a hechos que sean considerador de interés público, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Si quien realiza el acto fuere un servidor público se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO 199-SEXIES.- A quien por sí o por interpósita persona, mediante el uso de violencia física o moral, obligue a cualquier persona dedicada a la actividad de periodista o vinculada a la misma, a revelar el secreto profesional o la reserva de la fuente de información, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Si el agente se valieses de una función pública se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

 

SECCIÓN CUARTA

Delitos Contra el Estado.

TÍTULO PRIMERO

Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado.

CAPÍTULO I

Sedición.

Artículo 200.- A los que en forma tumultuaria ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones o para evitar el cumplimiento de una Ley, se les aplicará prisión de seis meses a dos años.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición se les aplicará prisión de uno a cuatro años.

CAPÍTULO II

Motín.

Artículo 201.- A los que pretextando el ejercicio de un derecho se reúnan tumultuariamente; empleando violencia en las personas o fuerza sobre las cosas, y bienes del Estado, se les aplicará de seis meses a dos años de prisión.

CAPÍTULO III

Rebelión.

Artículo 202.- Se aplicará prisión de dos a diez años y privación de derechos políticos hasta por diez años a quienes con violencia y uso de armas, traten de:

I.- Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que de ella emanen;

II.- Impedir la elección, renovación o funcionamiento de alguno de los Poderes del Estado o Ayuntamiento, usurparle sus atribuciones o impedirles el libre ejercicio de éstas;

III.- Separar o impedir el desempeño de su cargo al Gobernador o alguno de los altos funcionarios del Estado o del Municipio, o

IV.- Sustraer de la obediencia del Gobierno, toda o una parte de la población del Estado o algún cuerpo de Seguridad Pública de la Entidad.

CAPÍTULO IV

Terrorismo.

Artículo 203.- A los que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realicen actos en contra de las personas, las cosas o los servicios al público que perturben la paz pública o causen terror en la población, con la finalidad de menoscabar la seguridad y autoridad del Estado, la integridad de su territorio o el orden constitucional, o de presionar para que la autoridad tome una determinación, se les impondrá de tres a veinte años, sin perjuicios de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

Al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista y de su identidad no lo haga saber a las autoridades, se le aplicará de uno a siete años de prisión.

CAPÍTULO V

Sabotaje.

Artículo 204.- Se impondrá de dos a quince años de prisión al que con el fin de trastornar gravemente la vida cultural y económica del Estado o Municipio o para alterar la capacidad de éstos, dañe, destruya o entorpezca:

I.- Servicios públicos o centros de producción o distribución de bienes o servicios básicos;

II.- Instalaciones fundamentales de instituciones de docencia o investigación, o

III.- Recursos o elementos esenciales, destinados al mantenimiento del orden público.

Al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad no lo haga saber a las autoridades, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años.

 

 

REFORMADO P.O. 30 NOV. 2012.
CAPÍTULO VI
USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

 

ADICIONADO P.O. 30 NOV. 2012.

ARTÍCULO 204-Bis.- Al que obtenga información privilegiada de las Instituciones de Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas y la utilice para avisar a terceros, para evitar que éstos sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva, se le impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y de cien a mil días multa.

Cuando la conducta se lleve a cabo utilizando a personas menores de edad, personas que no tengan la capacidad de comprender la conducta o a personas discapacitadas la pena se aumentará hasta en una mitad de la señalada en el primer párrafo. Así mismo se aumentará la pena hasta en una mitad cuando la conducta se lleve a cabo por servidores públicos que pertenezcan o han pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública, a las Fuerzas Armadas o se trate de personas que han pertenecido o pertenezcan a personas morales que brinden Servicios de Seguridad Privada.

Cuando la conducta se lleve a cabo utilizando equipo o vehículos oficiales, o vehículos de servicio de transporte público o mercantil, o que por sus características sean similares a esos en apariencia, la pena se aumentará hasta en una mitad de la señalada en el primer párrafo.

Para efectos de este artículo, se entenderá por Instituciones de Seguridad Pública, las previstas en el artículo 5 fracción XVI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Asimismo, se entenderá por información privilegiada aquella relacionada con las actividades provenientes de operativos, investigación y persecución de los delitos y sus autores, que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, es considerada como reservada o confidencial.

 

(REFORMADO P.O. 30 NOV. 2012)

CAPITULO VII

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS DE ESTE TITULO

ARTÍCULO 205.- Se considerarán delitos de carácter político, los de sedición, motín y rebelión, así como los demás que se realicen con móviles políticos para alterar la vida institucional del Estado.

Además de las penas señaladas para los delitos previstos en este título, se impondrá a los responsables, si son mexicanos, privación o suspensión de sus derechos políticos hasta por diez años, a juicio del juzgador, que se computará a partir del cumplimiento de la pena de prisión.

TÍTULO SEGUNDO

Delitos Contra la Administración Pública Cometidos por Servidores Públicos.

CAPÍTULO I

Disposiciones Comunes.

Artículo 206.- Se regulan en este Título los delitos cometidos por servidores públicos.

Para los efectos de este Código, servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal, Municipal, Descentralizada, Paraestatal y en sus Fideicomisos.

Los servidores públicos que cometan alguno de los delitos previstos en el presente Título, además de las penas de prisión y de multa que en cada caso se señalen, serán privados del cargo y quedarán inhabilitados para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, hasta por el mismo tiempo que el señalado en las penas privativas de libertad, a partir de la extinción de ésta.

CAPÍTULO II

Desempeño Irregular de la Función Pública.

Artículo 207.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años y de treinta a doscientos días de multa, al servidor público que indebidamente:

I.- Otorgue concesión de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado;

II.- Otorgue permisos, licencia, o autorización de contenido económico;

III.- Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamiento o aportación y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos en la Administración Pública Estatal o Municipal;

IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos;

V.- En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados a sabiendas de que se prestará el servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado;

VI.- Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público siempre que lo haga con conocimiento de tal situación, u

VII.- Otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público o cualquier persona que realmente no desempeñe un empleo, cargo o comisión de que se haga referencia en dicha identificación.

CAPÍTULO III

Abuso de Funciones Públicas.

Artículo 208.- Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de treinta a doscientos cincuenta días multa al servidor público que:

I.- En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, pariente por afinidad y por consanguinidad hasta el cuarto grado, o socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, o

II.- Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no sea materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público hasta por sí o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o algunas de las personas mencionadas en la fracción anterior.

CAPÍTULO IV

Tráfico de Influencias.

Artículo 209.- Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa, al servidor público que por sí o por interpósita persona:

I.- Promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

II.- Indebidamente solicite o promueva alguna resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que se hace referencia en la Fracción I del artículo anterior.

TÍTULO TERCERO

Delitos Contra la Administración Pública.

CAPÍTULO I

Promoción de Conductas Ilícitas, Cohecho y Distracción de Recursos.

Artículo 210.- Al particular que promueva una conducta ilícita de un servidor público o se preste para que él mismo o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de veinte a cien días multa.

Artículo 211.- Al particular que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva u otorgue promesa a un servidor público o a interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa.

El juez podrá imponer al cohechador hasta una tercera parte de las penas señaladas en el párrafo anterior, o a su juicio, eximirlo de las mismas, cuando aquél denuncie espontáneamente el delito cometido o cuando hubiere actuado para beneficiar a una persona con la que lo ligue un vínculo familiar, de gratitud o dependencia.

Artículo 212.- Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos del Estado y Municipios, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le aplicará de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa.

Las mismas penas se aplicarán al que, a sabiendas, adquiera indebidamente o haga figurar como suyos, bienes que un servidor público haya adquirido en contravención a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados del Estado.

CAPÍTULO II

Desobediencia y Resistencia de Particulares.

Artículo 213.- Al que rehusare prestar un servicio de interés público al que la Ley lo obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le impondrá prisión de seis meses a un año o trabajo en favor de la comunidad de tres a seis meses.

La misma pena se impondrá al que debiendo declarar ante la autoridad y sin que le aprovechen las excepciones establecidas para hacerlo, se niegue a otorgar la protesta de Ley a declarar.

Artículo 214.- Al que por medio de la violencia física o moral se oponga a que la Autoridad Pública o sus agentes, ejerzan algunas de sus funciones en forma legal o resista el cumplimiento de un mandato de autoridad que satisfaga todos los requisitos legales, se le aplicará prisión de uno a dos años.

Artículo 215.- Al que en cualquier forma procure impedir la ejecución de una obra o trabajo público dispuestos por la autoridad competente con los requisitos legales o con su autorización, se le aplicará prisión de seis meses a un año o trabajo en favor de la comunidad de tres a seis meses. Si se usare violencia, la pena se aumentará hasta en una mitad más.

Artículo 216.- Al que por medio de la violencia física o moral, exija a una autoridad la ejecución u omisión de un acto oficial, que esté o no dentro de sus atribuciones, se le impondrá de seis a tres años de prisión.

Artículo 217.- Cuando la Ley autorice el empleo de medios de apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, solo se consumarán los delitos de resistencia y desobediencia cuando se hubieren agotado tales medios.

CAPÍTULO III

Quebrantamiento de Sellos.

Artículo 218.- Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública competente, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y de veinte a sesenta días multa.

CAPÍTULO IV

Ultrajes a la Autoridad.

Artículo 219.- Al que verbalmente o por medio de expresiones físicas, ultraje a un servidor público o agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas y en presencia del mismo, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de diez a treinta días multa.

CAPÍTULO V

Usurpación de Funciones Públicas y Uso Indebido de Condecoraciones.

Artículo 220.- Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de treinta a cien días multa, al que:

I.- Sin ser servidor público se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal, o

II.- Usare uniforme, insignia, distintivo o condecoración a que no tenga derecho, con el propósito de obtener un beneficio indebido o lesionar la dignidad o respeto de la corporación o de la investidura a que correspondan aquellos.

CAPÍTULO VI

Violación de las Ordenes de Protección

 

Artículo 220-BIS.-Al que sin causa legítima y justificada, incumpla o desobedezca una orden de protección, se le impondrá pena de prisión de seis meses a un año y doscientos días de trabajo en favor de la comunidad.


Para los efectos del presente capítulo, se entiende por orden de protección las señaladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, la cual es emitida por autoridad competente y facultada para ello.


Este delito se perseguirá por querella.

Artículo 220-TER.-Al que se oponga o resista a que la autoridad pública o sus agentes ejecuten la orden de protección legalmente emitida, se le aplicará de uno a dos años de prisión y multa de veinticinco a cincuenta días.


Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se aplicará de uno a tres años de prisión. Si se usare violencia, se les aplicará de dos a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a setenta y cinco, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido.

Si la ley autoriza el empleo de medidas de apremio para el cumplimiento de las órdenes de protección, sólo se procederá cuando se hubiesen agotado, sin éxito, los medios de apremio.

Artículo 220-Quáter.- Se equipara a la violación de orden de protección de emergencia o preventiva y se sanciona con una pena de prisión de uno a dos años, al servidor público que con motivo de sus atribuciones y funciones:

I.- Coaccione a la receptora o víctima a permanecer o a desistirse de procedimientos legales contra el generador o probable responsable;


II.- Omita realizar el parte de novedades y reporte cuando acuda al auxilio de receptoras o víctimas sin causa justificada;

III.- No entregue copias del parte de novedades y reporte señalados en la fracción anterior;

IV.- Se niegue a la petición de acceso al domicilio de la receptora o víctima, cuando ésta cuente con una orden que lo permita o autorice.


Este delito se persigue por querella, y cuando se otorgue el perdón al probable responsable de los señalados en el artículo 220 bis y 220 ter, dicho perdón se hará extensivo al servidor público, relacionado con dicha orden.

TÍTULO CUARTO

Delitos Contra la Administración de Justicia.

CAPÍTULO I

Fraude Procesal.

Artículo 221.- Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba en perjuicio de otro, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de veinte a doscientos días multa.

Si el juicio que se sigue en contra de un depositario judicial resultare como consecuencia el secuestro de una cosa embargada o depositada con anterioridad, se presumirá que éste fue simulado.

CAPÍTULO II

Falso Testimonio.

Artículo 222.- Al que interrogado por alguna autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas afirme una falsedad, niegue u oculte la verdad o alguna circunstancia que pruebe cualquier hecho, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de diez a sesenta días multa. Lo previsto en este artículo no es aplicable al que tenga el carácter de inculpado.

La misma pena se impondrá al que a sabiendas presente testigos falsos o que por cualquier medio logre que el testigo, perito o interprete se conduzca con falsedad al ser examinado.

Artículo 223.- Al que espontáneamente se retracte de sus falsas declaraciones, siempre y cuando lo haga antes de que se dicte sentencia se le impondrá de seis meses a un año de prisión o de diez a cincuenta días multa.

CAPÍTULO III

Denuncias Falsas.

Artículo 224.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de diez a sesenta días multa:

I.- Al que presente denuncias o querellas imputando a otro un delito sabiendo que es inocente o que aquél no se ha cometido; o

II.- Al que para que un inocente aparezca culpable de un delito ponga sobre él o en un lugar adecuando para ese fin, elementos que puedan dar indicios o presunciones de responsabilidad.

En los casos precedentes, si el imputado es declarado penalmente responsable por razón de las falsas denuncias, se impondrá al denunciante o querella, de dos a cinco años de prisión.

CAPÍTULO IV

Evasión de Presos.

Artículo 225.- Al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentra legalmente privada de aquella, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión.

Si el responsable fuere el encargado de conducir o custodiar al prófugo, la pena se aumentará hasta en una mitad más y además se le privará de su cargo.

Artículo 226.- Se impondrá de uno a diez años de prisión y de veinte a doscientos días multa al que permita al mismo tiempo o en un solo acto la evasión de varias personas privadas de libertad por autoridad competente.

Si el responsable prestare sus servicios en el establecimiento o fuere custodio de los evadidos quedará además, destituido de su empleo e inhabilitado para obtener otro de la misma índole.

Artículo 227.- Al ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, cónyuge, concubino o hermano del evadido cuya fuga propicien, se les impondrá hasta la tercera parte de la pena señalada en el artículo 225, siempre que no mediare violencia, si mediare ésta, se le aplicará la pena del artículo 225.

Artículo 228.- Si la reaprehensión del evadido se logra por gestiones del responsable de la evasión la pena se reducirá hasta la mitad de su duración.

Artículo 229.- Al evadido, no se le aplicará sanción alguna, pero si ejerciere violencia en las personas o fuerza en las cosas, o bien actuare de acuerdo con otro u otros detenidos, la pena será de cuatro meses a cuatro años de prisión.

CAPÍTULO V

Quebrantamiento de Penas No Privativas de Libertad y Medidas de Seguridad.

Artículo 230.- Al que quebrante una pena de privación, suspensión o inhabilitación de derechos, se le impondrá prisión de seis meses a un año y de diez a cien días multa.

A quien quebrante una pena no privativa de libertad distinta a la prevista en el párrafo anterior o una medida de seguridad que se hubieren impuesto, no se le aplicará pena alguna, salvo que haga uso de la violencia o cause daño, en cuyo caso se le aplicará prisión de seis meses o cincuenta días multa.

Al que favorezca el quebrantamiento de la pena o medida de seguridad, se le impondrá de seis, meses a un año de prisión. Si se trata de un servidor público que tenga a su cargo el cumplimiento de la pena o medida, la pena de prisión será de un año a un año seis meses y privación del cargo.

CAPÍTULO VI

Encubrimiento.

Artículo 231.- Al que después de la ejecución de la conducta o hecho calificados por la Ley como delito y sin haber participado por éste, auxilie en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien oculte, alteré, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo, se le impondrá prisión de seis meses a dos años.

La misma pena se aplicará a quien requerido por la autoridad, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delitos.

Artículo 232.- No se impondrá pena al que oculte al responsable de un hecho calificado por la Ley como delito, o impida que se averigüe, siempre y cuando no se trate de los delitos graves cometidos en contra de las personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, cuando se trate de:

I.- Los ascendientes o descendientes consanguíneos o por adopción;

II.- El cónyuge, concubino y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad en segundo grado;

III.- Los que estén ligados al delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

La excusa no favorecerá a quien obre por motivos reprobables o emplee medios delictuosos.

 

ARTÍCULO 233.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión y de quince a setenta días multa, al que:

REFORMADA P.O. 13 DIC. 2010.

I. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance impedir la consumación de los delitos que sabe que van a cometerse o se están cometiendo, o no denuncien los que ya se consumaron, si ellos son de los que se persiguen de oficio.

Se exceptúan de sanción aquellos que no puedan cumplir tal obligación, sin peligro de su persona o intereses, o de la persona o bienes del cónyuge, concubina o concubinatario, o de algún pariente en línea recta o colateral dentro del segundo grado, o los que estén ligados por extrema gratitud, respeto o amistad y los que no puedan ser compelidos por las autoridades a revelar secretos que se les hubiese confiado en el ejercicio de su profesión o encargo, siempre y cuando no se trate de los delitos graves cometidos en contra de las personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.

REFORMADA P.O. 5 DIC. 2012.

II. No haya tomado las precauciones necesarias, a través de los medios legales idóneos como un  contrato privado de compraventa, para asegurarse de que la persona de quien recibió una cosa mueble en venta o prenda, tiene el derecho para disponer de ella, y no resulte producto de un robo, extorsión o secuestro;

III. Requerido por las Autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los sujetos activos. En relación con esta persecución rige la excepción a que se contrae el último párrafo de la fracción primera de este precepto;

IV. Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al responsable de un delito, con conocimiento de esta circunstancia por acuerdo posterior a la ejecución del ilícito; y

V. Oculte al delincuente o los efectos, objetos o instrumentos del delito, o impida que se investigue éste.

ADICIONADA P.O. 5 DIC. 2012.

VI. Encontrándose en una situación o estado de hecho con respecto bienes provenientes o productos del delito de extorsión o secuestro, no justifiquen legalmente o no exponga el motivo razonable de su posesión.

ADICIONADO P.O. 5 DIC. 2012.

No configurará delito a quien exponiendo el motivo razonable de su posesión, revele datos ciertos, precisos y verificables del nombre o identidad de la persona de quien obtuvo la posesión del bien.

ADICIONADO P.O. 5 DIC. 2012.

Tampoco se configura encubrimiento cuando se acredite que la persona haya servido o sirvió de instrumento inconsciente para la realización de ese acto o estado de posesión.

Artículo 234.- Se sancionará con prisión de seis meses a tres años al sujeto activo que adquiera un bien mueble robado a sabiendas que lo es, sin tomar las precauciones indispensables y ponderar las circunstancias, o sin tomar las providencias necesarias para asegurarse de que la persona de quien lo adquiere es propietaria o tiene derecho a disponer de él. Se incluye en esta hipótesis a los servidores públicos que intervengan en la celebración de tales actos si son conocedores de aquella circunstancia.

Se presume que no se tomaron las precauciones ni las providencias indispensables cuando por la edad o condición económica del que propone los bienes por la naturaleza o valor de éstos o por el precio en que se ofrecen, se infiera que no es propietario de los mismos.

El órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho, las características personales del sujeto activo y las demás que consignan el artículo 52 de este Código, podrá imponer en los casos de encubrimiento, la mitad de la sanción que corresponda, debiendo hacer constar las razones en que se funda para determinar tal sanción.

CAPÍTULO VII

Delitos de Abogados, Defensores y Litigantes.

Artículo 235.- Se impondrá prisión de uno a cuatro años y suspensión hasta de tres años para ejercer la abogacía, en su caso, y privación definitiva si reincidiere, a quien:

I.- Abandone la defensa o negocio, sin motivo justificado;

II.- Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos o acepte el patrocinio de alguno y admita después de la parte contraria en un mismo negocio;

III.- A sabiendas alegue hechos falsos o se apoye en leyes inexistentes o derogadas;

IV.- Usando cualquier recurso, incidente o medio notoriamente improcedente o ilegal procure dilatar o perder un juicio;

V.- Pida términos para probar lo que notoriamente no puede probar o no ha de aprovechar a su parte, promueva artículos o incidentes que motiven la suspensión del juicio o recursos manifiestamente improcedentes a que de cualquier otra manera procure dilataciones que sean notoriamente ilegales, o

VI.- Como defensor sea particular o de oficio solo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución, sin promover más pruebas ni dirigir al inculpado en su defensa.

CAPÍTULO VIII

De la Omisión de las Ordenes de Protección

Artículo 235-Bis.- Se aplicará de uno a seis años de prisión y hasta cien días multa, a cualquier servidor público que omita solicitar y otorgar sin causa debidamente justificada las órdenes de protección a que hace alusión la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.

TÍTULO QUINTO

Delitos Contra la Economía Pública Estatal.

CAPÍTULO I

Delitos Contra la Riqueza Forestal del Estado.

Artículo 236.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinticinco a cuatrocientos días multa, al que:

I.- Sin contar con el permiso correspondiente debidamente requisitado y expedido por las Autoridades competentes, ordene o realice explotaciones forestales en montes maderables en jurisdicción local;

II.- Cause incendios en los montes maderables o no maderables, dañando o destruyendo la vegetación forestal del Estado;

III.- Sin el permiso debido cinche, escarcifique, corte o en cualquier otra forma hiera de muerte o destruya árboles de la Entidad que arroje un volumen de más de veinticinco metros cúbicos en rollo;

IV.- Transporte productos forestales locales sin la documentación correspondiente;

V.- Al amparo de una autorización forestal expedida legalmente, la ejecute con violación en sus términos, excediéndose en sus alcances o contrariando las disposiciones técnicas o legales del caso;

VI.- Obtenga una autorización de explotación forestal valiéndose de actos simulados proporcionando datos falsos a la autoridad representativa u ocultando las verdades; u

VII.- Obtenga o traspase una autorización forestal, la ejecute contraviniendo o violando las prohibiciones contenidas en las leyes de la materia, causando daño a la riqueza forestal del Estado.

Al servidor público del Estado que expida autorización improcedente en el ejercicio de su cargo o comisión o con motivo de ello, en cualquier forma participe en la comisión de alguno de los delitos anteriores, se le impondrá hasta una tercera parte más de la pena prevista en éste artículo y, además, se le destituirá de su cargo e inhabilitará para ocupar otro hasta por cinco años.

Artículo 237.- Los productos explotados, transportados o adquiridos ilegalmente, así como los instrumentos de explotación y medios de transporte, serán decomisados en beneficio del Estado.

TÍTULO SEXTO

Delitos Contra la Administración Pública.

CAPÍTULO I

Usurpación de Funciones.

Artículo 238.- Se sancionará de seis meses a tres años de prisión y de cinco a doscientos cincuenta días multa, al que:

I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión para el que haya sido electo o nombrado, sin haber tomado posesión legítima de él o sin llenar los requisitos que para tal empleo, cargo o comisión establezca la Constitución Política del Estado o las leyes correspondientes.

II.- Ejerza funciones inherentes a otro empleo, cargo o comisión distintas de las que legalmente le correspondan en el empleo, cargo o comisión para el que fue electo o nombrado."

III.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha declarado insubsistente su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido legalmente.

IV.- Continúe en forma ilegítima ejerciendo las funciones de su empleo, cargo o comisión para el que fue electo o nombrado por tiempo limitado, después de haber expirado el término de su ejercicio.

Artículo 239.- Cuando en uso de funciones usurpadas se cause un daño a la administración pública o a los particulares, independientemente de las sanciones que correspondan por delitos que se integren, se podrá aumentar la pena señalada en el artículo anterior, hasta dos años más.

CAPÍTULO II

Incompatibilidad de Labores.

Artículo 240.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión, y de cinco a cincuenta días multa, al servidor público que desempeñe algún otro empleo o cargo, sea oficial o particular, que la Ley o Reglamento respectivo le prohíba.

Artículo 241.- Sanción igual a la señalada por el artículo anterior, corresponderá al servidor público que por sí o por interpósita persona desempeñe la profesión que tenga, cuando le esté vedado su ejercicio por la ley en razón del empleo, cargo o comisión que le haya sido conferido.

CAPÍTULO III

Delitos Contra el Buen Despacho de la Administración.

Artículo 242.- Se impondrá de seis meses a dos años prisión o de diez a cincuenta días multa, a los servidores públicos que con daño o perjuicio de la Administración Pública o a terceros:

I.- Se niegue sin causa legal o motivo justificado, a tramitar o resolver algún asunto que sea de su competencia.

II.- Niegue injustificadamente el auxilio o colaboración que le sea solicitado legalmente por alguna autoridad constituida que deba prestarlos conforme a la Ley.

En el caso en que sea un encargado de la fuerza pública quien niegue el auxilio que se le solicite legalmente, por otra autoridad, el delito se sancionará con pena de dos a seis años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa.

Artículo 243.- Se sancionará con uno a cinco años de prisión, a los servidores públicos que teniendo a su cargo la prestación de un servicio público, lo suspenda en todo o en partes sin causa justificada, en perjuicio de los usuarios.

CAPÍTULO IV

Coalición Indebida.

Artículo 244.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa, a los servidores públicos que:

I.- Se coaliguen para tomar medidas contrarias a una Ley, Reglamento o cualquier otra disposición de carácter general o impedir su ejecución;

II.- Abandone su cargo, comisión o empleo, sin causa legítima con el deliberado propósito de impedir, entorpecer o suspender la Administración Pública, en cualquiera de sus ramas.

CAPÍTULO V

Infidelidad de la Custodia de Documentos.

Artículo 245.- Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa, a los servidores públicos que:

I.- Sustraigan, destruyan u oculten documentos que les hubieren confiado por razón de su cargo.

II.- Abran o permitan abrir sin orden legítima, documentos, cuya custodia les estuviera confiada.

TÍTULO SÉPTIMO

Irresponsabilidad en el Desempeño de Empleo, Cargo o Comisión.

CAPÍTULO I

Abandono de Empleo.

Artículo 246.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión o el equivalente a cincuenta días multa, al que sin causa justificada abandone el empleo, cargo o comisión que desempeñe, sin haber renunciado, y le sea comunicada la admisión de su renuncia o se presente la persona que deba sustituirlo.

Se presumirá que existe abandono de empleo cuando el servidor público no se presente a desempeñar sus labores durante diez días consecutivos en que deba hacerlo.

Artículo 247.- No será punible el abandono de empleo, cuando la autoridad correspondiente omita resolver y notificar al interesado, dentro del término de treinta días a partir de que tomó conocimiento, el acuerdo recaído a la dimisión.

CAPÍTULO II

Negligencia en el Desempeño de Función o Cargo.

Artículo 248.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de diez a cincuenta días multa, al servidor público que se abstenga de hacer con la debida oportunidad, las promociones que legalmente sean procedentes en el caso de que deba hacerlas con apego a la Ley, siempre que de esa omisión resulte daño o perjuicio a la Administración Pública del Estado o de los Municipios al interés social de una persona.

Artículo 249.- Sanción igual a la prevista en el artículo anterior se aplicará a:

I.- La autoridad que teniendo alguna persona detenida, se abstenga de hacer la consignación que corresponda con apego a la Ley.

II.- Los Directores, Alcaldes o encargados de cualquier establecimiento de internación preventiva o de rehabilitación, que reciban sin los requisitos legales como detenida a una persona, o la mantengan privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente.

III.- Los servidores públicos que teniendo conocimiento de una privación ilegal de libertad no la denuncien ante la autoridad competente o no la hiciera cesar si esto estuviere en sus atribuciones.

IV.- Los defensores de oficio que sin causa justificada abandonen la defensa, omitiendo promover diligencias, pruebas o solo promueva recursos en perjuicio de su patrocinado.

Artículo 250.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión, y de diez a cincuenta días multa, a los servidores públicos que con el solo objeto de justificar el desempeño de su actividad, brinden informes, o partes falsas e infundadas, cuando este último requisito sea indispensable y de práctica común en sus labores.

 

 

CAPÍTULO III

(ADICIONADO P.O.E. 14 DE JUNIO DE 2013)

Irresponsabilidad de los Servidores Públicos de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado.

Artículo 250-Bis.- Se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público de una institución de Seguridad Pública que dañe, altere, destruya, sustraiga o entregue a un tercero, de forma ilícita, equipo táctico, equipo de radiocomunicación, armas de fuego o municiones que se les hayan asignado para el ejercicio de su cargo.

Se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cien a doscientos días multa, al servidor público de una Institución de Seguridad Pública que de forma negligente extravíe alguno de los objetos señalados en el párrafo anterior.

No se considerará que existe negligencia del servidor público, cuando el extravío se dé con motivo del pleno ejercicio de sus funciones.

Para efectos de este artículo, se entenderá por Instituciones de Seguridad Pública: las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel estatal y municipal, previstas en el Artículo 5 fracción XVI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

 

 

Artículo 251.- Las sanciones previstas por este capítulo se impondrán sin detrimento de la responsabilidad civil que resulte por la comisión de estos ilícitos.

TÍTULO OCTAVO

Delito de Abuso de Autoridad

CAPÍTULO I

Aprovechamiento Ilícito del Poder.

Artículo 252.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o recursos que les fueron conferidos:

I.- Obtenga bajo cualquier pretexto, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo de uno o más de sus subalternos, dádivas y otros servicios;

II.- Obligue a terceros a realizar negocios jurídicos que reporten beneficio económico para sí o para cualquier otra persona;

III.- Obligue a uno de sus subalternos a que le entreguen fondos, valores o cualquier otra cosa que se haya confiado a éstos y se los apropie o disponga de ellos indebidamente por interés privado, o sea en su favor o de cualquier otra persona;

IV.- Realice en provecho propio o de cualquier otra persona, actos de desposesión de bienes a un particular;

V.- Satisfaga indebidamente algún interés propio de cualquier persona, o incurra en situación de enriquecimiento ilícito legalmente comprobado.

Se presume que existe enriquecimiento ilícito si durante el tiempo que el Servidor Público se encuentra en el desempeño de su cargo, o al separarse de él por haber terminado el período de sus funciones o por cualquier otro motivo estuviera en posesión de bienes, sea por sí o por interpósita persona, que sobrepase notoriamente las posibilidades económicas de acrecentar el patrimonio declarado o conocido a la fecha de su ingreso al servicio, por razón del importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios.

CAPÍTULO II

Abuso de Autoridad.

Artículo 253.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y destitución de su empleo, cargo o comisión al servidor público que en desempeño de sus funciones:

I.- Impida la ejecución de una Ley, Decreto o Reglamento, el cobro de un impuesto o el incumplimiento de una resolución judicial, pidiendo para ello el auxilio de la fuerza pública y empleándola para tal objeto.

II.- Ejecute cualquier acto que constituya una extralimitación de las funciones o actividades que les estén encomendadas por la Ley que norma su competencia o violen cualquiera de los preceptos imperativos de la misma Ley, siempre que en uno u otro caso se cause en perjuicio o daño de cualquier especie a un tercero.

III.- Imponga limitaciones, a la libertad del trabajo, que estén autorizadas por el artículo 5o. de la Constitución General de la República.

IV.- Obligue a un individuo o a un grupo de individuos a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin pleno consentimiento, fuera de los casos autorizados por el artículo Quinto, de la Constitución General de la República.

V.- Coarte la libertad de imprenta garantizada por el artículo Séptimo Constitucional, cualquiera que sea el medio o procedimiento a que se recurra para impedir el ejercicio de ese derecho o para obstaculizar la libre circulación o distribución de prensa periódica.

VI.- Establezca limitaciones al derecho de asociación y reunión garantizado por la Constitución General de la República y Constitución Política del Estado, sea prohibiendo determinada asociación o reunión, bien imponiéndola como obligatoria.

VII.- Ordene la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena corporal.

VIII.- Compele al acusado a declarar en su contra, usando la violencia, incomunicación o cualquier otro medio.

IX.- Prolongue la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fija la Ley al delito que motivare el proceso.

X.- Prolongue la prisión o detención de un individuo por falta de pago de honorarios de defensores, por cualquier prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil, de reparación de daño o algún otro motivo análogo.

XI.- Imponga al infractor de los Reglamentos Gubernativos o de Policía, un arresto por más de treinta y seis horas o conmute la falta de pago de la multa que le hubiere impuesto por una detención mayor de quince días.

XII.- Imponga al jornalero u obrero que infringiere los reglamentos Gubernativos o de Policía, una multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana.

XIII.- Ejerza violencia sin causa justificada, en el ejercicio de sus funciones o en el desempeño de su cargo a cualquier persona que intervenga en alguna diligencia.

Artículo 254.- Al que valiéndose de las facultades, medios, atribuciones o recursos que se encuentren a su disposición en virtud del empleo, cargo o comisión que le haya sido conferido, cometa un delito del orden común, independientemente de la sanción que deba corresponderle por dicho ilícito se le impondrán de uno a cuatro años de prisión.

TÍTULO NOVENO

Delito de Responsabilidades por Lucro Indebido.

CAPÍTULO I

Cohecho.

Artículo 255.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de diez a cincuenta días multa, a la persona encargada de un Servicio Público Estatal o Municipal, centralizado o descentralizado, o al Funcionario de una empresa en la que como accionista o asociado participe el Estado o un Municipio, que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente dinero o cualquiera otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.

CAPÍTULO II

Peculado.

Artículo 256.- Se impondrá de uno a diez años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa, al Servidor Público o persona encargada de un servicio público del Estado, Descentralizado o Municipal o comisionado que para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, al Organismo Descentralizado, al Municipio o a un particular, si por razones de su función o cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

CAPÍTULO III

Concusión.

Artículo 257.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión o de diez a quince días multa, a los servidores públicos encargados de un servicio público, que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.

Artículo 258.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará también a los encargados o comisionados por un servidor público que, con aquella investidura cometa el delito.

CAPÍTULO IV

Intimidación.

Artículo 259.- Al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o por un tercero, denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de un delito, se le aplicará de dos a siete años de prisión y de treinta a trescientos días multa.

TÍTULO DÉCIMO

Delitos en Materia Electoral.

Artículo 260.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por:

 

I. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;

II. Funcionarios Electorales, quienes en los términos de la legislación estatal electoral, integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales;

III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales, sus candidatos a puestos de elección estatal y los ciudadanos a quienes en el curso de los procesos electorales estatales, los propios partidos otorgan representación para actuar en la jornada electoral ante los órganos electorales; y

IV. Documentos públicos electorales, las actas oficiales de instalación de casillas, de los escrutinios y cómputo de las mesas directivas de casilla, la de los documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los Organismos Electorales. (P.O.E 7 DE DICIEMBRE DE 2012)

Artículo 261.- Por la Comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente capítulo, se impondrá además de la pena señalada, la suspensión de derechos políticos de uno a cinco años.

Artículo 262.- Se impondrán diez días multa o prisión de seis meses a dos años, o ambas sanciones a juicio del Juez, a quien:

I.- Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la Ley;

II.- Vote por el mismo cargo, más de una vez en la misma elección, en boletas distintas;

III.- Haga proselitismo el día de la jornada electoral en el interior de las casillas en el lugar en que se encuentran formados los votantes, u

IV.- Obstaculice o interfiera al desarrollo normal de las votaciones o del escrutinio

Artículo 263.- Se impondrá hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que por cualquier medio induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o en cualquier otro lugar.

Artículo 264.- Se impondrá de veinte a cien días multa o prisión de seis meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio del Juez, al Funcionario Electoral que:

I.- Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con sus obligaciones electorales en perjuicio del proceso;

II.- Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

III.- Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas electorales;

IV.- No entregue o impida la entrega oportuna de documentos oficiales, sin mediar causa justificada;

V.- En ejercicio de sus funciones, ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en lugar donde los propios electores se encuentren formados;

VI.- Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la Ley de la materia; y

 

VIII. Ejerza presión sobre los ciudadanos que compareciendo ante ellos para otorgar su respaldo a un aspirante a candidato independiente, lo induzcan a manifestarlo en uno u otro sentido, y

IX. Revele, divulgue o utilice de manera indebida información relacionada con las manifestaciones de respaldo que la ciudadanía emita a favor de quienes pretendan registrarse como candidatos. (POE 7 DE DICIEMBRE DE 2012)

Artículo 265.- Se impondrá de cincuenta a cien días multa o prisión de seis meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio del Juez, a persona física o moral que:

I.- Ejerza presión sobre los electores y los induzcan a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

II.- Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral;

III.- Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos oficiales de índole electoral;

IV.- Obstaculice el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada, o ejerza violencia física o moral sobre los funcionarios electorales;

V.- Propague dolosamente noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto a los resultados oficiales contenidos en las actas de escrutinio y cómputo; o

VI.- Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla o la abra o cierre fuera de los tiempos previstos por la Ley de la materia.

 

VII. Ejerza presión sobre ciudadanos y los induzca a respaldar a otro para obtener su registro como candidato, u

VIII. Obtenga y utilice a sabiendas fondos provenientes de actividades ilícitas para fines electorales. (P.O.E 7 DE DICIEMBRE DE 2012)

Artículo 266.- Se impondrá de setenta a doscientos días de multa o prisión de seis meses a seis años, o ambas sanciones a juicio del Juez, al servidor público que:

I.- Abusando de sus funciones obligue a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

II.- Condicione la presentación de un servicio público a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato; o

III.- Destine fondos o bienes que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle por el delito de peculado, o proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus labores para que éstos presten servicios a un partido político o candidato.

Artículo 267.- Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes habiendo sido electos para un puesto Estatal o Municipal, no se presenten sin causa justificada a juicio del Colegio Electoral, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado por la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

Delitos contra el Desarrollo Urbano

Artículo 268.- Comete el delito a que se refiere este título:


I.- El que fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o teniéndolo, no respete las especificaciones del mismo, con el objeto de transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con los lotes divididos;


II.- El que sin contar con los requisitos y autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes respectivas, permita de propia autoridad en lote propio o en su legítima posesión, la constitución de asentamientos humanos integrados por dos o más familias, que impliquen el surgimiento de peticiones respecto de su regularización. Se considera que existe consentimiento por parte del propietario o legítimo poseedor del predio, cuando teniendo conocimiento del asentamiento humano, no denuncie el hecho al Ministerio Público;

III.- El que cause una afectación al interés público o un daño o perjuicio privado al prometer transferir o que, transfiera por sí o por interpósita persona la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho real respecto de lotes que hayan sido fraccionados sin la anuencia de la autoridad administrativa correspondiente, o contando con ésta, no se observen las especificaciones de la misma;


IV.- El servidor público que valiéndose de su encargo expida, autorice u otorgue licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra disposición análoga, que permita fraccionar sin reunir las condiciones exigidas por las leyes, planes o programas de desarrollo urbano vigentes, o bien que los expidan sin estar autorizado para ello;

V.- El servidor público que expida licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra disposición análoga, permitiendo el uso del suelo o la edificación de construcciones respecto de lotes previamente fraccionados, sin el permiso de la autoridad administrativa correspondiente, o que contándose con éste, no se hayan observado las especificaciones del mismo; igualmente, incluirá en el delito el funcionario público que los otorgue sin estar autorizado para ello; así como el notario público que en ejercicio de sus funciones, dolosamente intervenga en un asentamiento humano irregular;

VI. El que por sí o por interpósita persona, realice actividades de trazado tendientes a fraccionar, sin cerciorarse previamente de que el propietario cuenta con el permiso necesario de la autoridad administrativa para ello; y

VII.- El que a sabiendas, ordene cualquier tipo de publicidad ofreciendo lotes de un fraccionamiento no autorizado.

Cuando el infractor de este delito, fuere una empresa, sociedad o cualquier otra persona moral, las sanciones serán impuestas al gerente, director, administrador, representante o responsable de ella que hubiere intervenido en los hechos relacionados en las fracciones anteriores.


Para los efectos del presente título, por fraccionar, debe entenderse la división de terrenos en lotes, dentro de los centros de población y zonas conurbadas.

Artículo 269.- Las conductas anteriormente señaladas se sancionarán en la forma siguiente:

I.- De uno a diez años de prisión y de mil ochocientos hasta tres mil días multa, por lo que hace a las conductas previstas en las fracciones I a III del articulo inmediato anterior;

II.- De uno a seis años de prisión y de mil ochocientos hasta tres mil días multa y destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública hasta por seis años, por lo que hace a las conductas previstas en las fracciones IV y V del artículo inmediato anterior; y

III.- De seis meses a tres años de prisión y de seiscientos hasta mil ochocientos días multa por lo que hace a la conducta prevista en las fracción VI y VII del articulo inmediato anterior.

La pena de prisión impuesta se incrementará hasta en una mitad más, cuando las conductas previstas, afecten áreas protegidas o de preservación ecológica, o se realicen respecto de zonas, consideradas no aptas para la vivienda de acuerdo las leyes, planes y programas de desarrollo urbano en vigor. (sic)

Artículo 270.- Las licencias, permisos, autorizaciones o disposiciones análogas a que se hace referencia en las fracciones IV y V del articulo 268 estarán afectadas de nulidad absoluta.

Artículo 271.- El agente del Ministerio Público al ejercer la acción penal asegurará y deberá poner en custodia el bien inmueble objeto de la indagatoria, ante el organismo encargado del desarrollo urbano del municipio en que se encuentre, para su resguardo.


Asimismo, deberá de girar oficio al Registro Mico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, ordenando se realice la anotación preventiva, a fin de evitar movimientos traslativos de dominio o se afecten con algún gravamen los mismos.

Artículo 272.- No se sancionará este delito:

I.- Si el objeto de fraccionar se hace a consecuencia de adjudicación por herencia, juicio de prescripción o usucapión, división de copropiedad que no simulen fraccionamiento o por la constitución del minifundio; y

II.- Cuando se trate de donaciones y compraventas realizadas entre parientes, en línea ascendente hasta el segundo grado; descendiente hasta el tercer grado, cónyuges, concubinos y entre hermanos;

T r a n s i t o r i o s

PRIMERO.- Este Código entrará en vigor a los 15 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Código.

TERCERO.- Se abroga el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial el 11 de Julio de 1979.

CUARTO.- Quedan vigentes las disposiciones de carácter penal contenidas en otros ordenamientos, en todo lo que no se oponga a este Código.

SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

 

TRANSITORIOS DE LA PUBLICACIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 2009

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Los procedimientos penales instruidos por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, iniciados con la anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su comisión.

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

TRANSITORIOS DE LA PUBLICACIÓN DEL 14 DE MAYO DE 2010, DECRETO NÚMERO 276


PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.


SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

 

T r a n s i t o r i o s del Decreto número 284

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:


PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las personas que hayan cometido el delito de secuestro con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, incluidas las sentenciadas o procesadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes al momento de su comisión.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de Igual o menor Jerarquía que se opongan al presente Decreto.

TRANSITORIO:


ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.


SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL. CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 292, PUBLICADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2010


PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO las personas que hayan cometido el delito de violación u homicidio con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, incluidas las sentenciadas o procesadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes al momento de su comisión

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 120, PUBLICADO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2012

PRIMERO.- En el caso de las Averiguaciones Previas que deba iniciar la Procuraduría de Justicia del Estado, con motivo de la persecución del delito de feminicidio, antes de la vigencia del nuevo Código Procesal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se aplicará la fracción I del Artículo 89-TER, conforme al siguiente texto:

 

Artículo 89-TER.- . . .

I.- Omita realizar las diligencias y actuaciones correspondientes a la integración de la averiguación previa en los términos que establecen el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sin causa justificada;

II.- . . .

III.- . . .

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

 

ARTÍCULO TRANSITORIO:

DECRETO 160, 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

 SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente Decreto.

ARTÍCULO TRANSITORIO

DECRETO 199, 7 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO

 

DECRETO 280, 14 DE JUNIO DE  2013


ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

 

ARTÍCULO TRANSITORIO

DECRETO 283, 14 DE JUNIO DE  2013

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

 

ARTÍCULO TRANSITORIO

DECRETO 289, 14 DE JUNIO DE  2013

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO TRANSITORIO

DECRETO 290, 14 DE JUNIO DE  2013


PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

 

ARTÍCULO TRANSITORIO

DECRETO 288, 19 DE JUNIO DE 2013 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

DECRETO 316, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto por el presente Decreto.

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO:

DECRETO 317, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

 

ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación el Periódico Oficial del Estado.

 

ARTÍCULO TRANSITORIO:

DECRETO 321, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

 

 

HISTORIAL:

 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

PRIMERA PUBLICACIÓN: 11 de Julio de 1979

Fe de Erratas: 12 de Julio de 1979

REFORMAS:

Fecha, Mes y Año

Decreto Número:

Artículos Reformados:

29 de Agosto de 1983

Decreto No. 104

Artículos 139, 139-Bis, 148, 149. 167, 188, 189, 197, 198, 199, 199 Bis, 200 y 203.

29 de Mayo de 1987

Decreto No. 10

Se reforman y adicionan los artículos: 212, 213, 215, 216, 217, 221, 224 Primer Párrafo, 226, 229, 232, 235, 239, 240 Primer Párrafo, 242, 243, 244 y 245, correspondientes al Título Quinto de Delitos contra el Patrimonio.

SEGUNDA PUBLICACIÓN: 29 de Marzo de 1991

REFORMAS:

Fecha, Mes y Año

Decreto Número:

Artículos Reformados:

29 de Diciembre de 2000

Decreto No. 68

Se Adiciona la Fracción XV al Artículo 153; y el Artículo 189-Bis.

29 de Junio de 2001

Decreto No. 101

Artículos 127, 128 y 131

30 de Junio de 2006 Decreto No. 95 Se Adiciona el Capítulo VIII, Conteniendo los Artículos 176 Bis, 176 TER y 176 QUATER al Título Primero de la Sección Segunda.
12 de Septiembre de 2006. Decreto No. 98. Se reforman los artículos 9, Párrafo Segundo y 30 Fracción III.
20 de Octubre de 2006 Decreto No. 105 Se reforman los artículos 62, Párrafo Segundo; 102, Párrafo Segundo; 115, Fracción II; 118 Fracción V; último Párrafo del Artículo 127; la Denominación del Capítulo II Del Título Cuarto de la Sección Primera de la Parte Especial; 129, Párrafo Segundo; 130 Párrafo Primero; la Denominación del Capítulo II del Título Primero de la Sección Segunda de la parte Especial; Artículo 171; la denominación del Título Cuarto y de su Capítulo I de la Sección Tercera de la Parte Especial; Artículos 191, 192 Párrafos Primero y Tercero, 193 y 194; Se adicionan el Párrafo Cuarto, recorriéndose el Cuarto al Quinto del Artículo 127; los Artículos 171 BIS, 192 BIS, 192 TER y 192 QUÄTER, y se derogan la Fracción II del Artículo 90, los Artículos 120, 121 y 122 y el Tercer Párrafo del ARtículo 130.
18 de Abril de 2007 Decreto Número 151. Por el que se Derogan los Artículos 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
27 de noviembre de 2007
Decreto No. 226
Se adiciona un párrafo segundo a los artículos 89 y 103 respectivamente; se adicionan dos capítulos al Título Cuarto de la Sección Primera del Libro Segundo que serán el IV y el V, que contienen los artículos 130 BIS y 130 TER, para tipificar los delitos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual respectivamente, recorriéndose el actual capítulo IV al VI del mismo Título; se Reforma el Artículo 176 BIS; y se reforma el párrafo primero del Artículo 176 TER y los párrafos primero, segundo y quinto del Artículo 176 QUÁTER.
17 de junio de 2008
Decreto No. 018
Se Reforma el párrafo primero del Artículo 159; el Artículo 163, y el párrafo segundo del Artículo 164; y por el que se Adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 159.
1 de diciembre de 2008
Decreto No. 068
Se Adiciona el Capítulo IV "Violación a la Intimidad Personal o Familiar" al Título Cuarto "Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad" del Libro Segundo Parte Especial Sección Tercera "Delitos Contra la Sociedad".
30 de junio de 2009
Decreto No. 155
Se reforman los artículos 148 y 149; y se Adicionan los Artículos 148-BIS; 148-TER; 149-BIS; 149-TER; Y 149-QUÁTER
30 de junio de 2009
Decreto No. 156
Se adicionan los artículo 172-BIS, 172-TER, 194-QUINQUIES; y el Capítulo V, Denominado: Venta de Niños, Niñas y Adolescentes, del Título Cuarto, Sección Segunda: Se reforma el Artículo 194, párrafo tercero y la denominación del Capítulo III del Título Primero, Sección Segunda; y se deroga el Artículo 172.
30 de junio de 2009
Decreto No. 157
Se reforman los artículos 167 y 170; se Adiciona un párrafo segundo al artículo 169.
30 de junio de 2009
Decreto No. 158
SE Adiciona el Capítulo VII Denominado: Delitos contra los Derechos Reproductivos, que contiene los artículos 113-BIS, 113-TER, 113-QUÁTER y 113-QUINQUIES al Título Primero de los Delitos contra la Vida y la Salud.
6 de octubre de 2009
Decreto No. 169
Se Adiciona el Artículo 124-BIS y el Capítulo VI denominado "Discriminación", dentro del Título Segundo Denominado "Delitos contra la Libertad y Seguridad de las Personas".
18 de diciembre de 2009
Decreto No. 211
Por el que se REFORMA el segundo párrafo y ADICIONA un tercero, del artículo 129.
14 de mayo de 2010
Decreto No. 276
Por el que se Adicionan los Artículos 146-BIS y 146-TER.
15 de junio de 2010
Decreto No. 284
Se Reforman los Artículos 22, 26 en su Párrafo Primero; 117 en su Párrafo Primero y en sus Fracciones I y II; 118 y 119; y se Adiciona una Fracción IV al Artículo 117.
30 de junio de 2010
Decreto No. 291
Se Reforma el Artículo 156
30 de junio de 2010
Decreto No. 292
Se Reforman los Artículos 86, 87, 88, 89, 127 y 128.
21 de octubre de 2010
Decreto No. 307
Por el que se adiciona el Artículo 78-BIS
30 de noviembre de 2010
Decreto No. 359
Se modifican diversos artículos. 20, 21,28,30,33,35,41,43, Capítulo Psicoterapeútico Reeducativo; 51-BIS, 52, 73-BIS, 79, 90, 102,104, 106, 113, 124-BIS (DEROGADO); Título Cuarto Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual; 127, 129, 130, 130-BIS,130 TER; Capítulo Sexto Aprovechamiento Sexual, 130-QUATER; Capítulo Séptimo Disposiciones Comunes de este Título, 131, 131-TER, 132, 133 al 141 DEROGADOS; 151-BIS, 167, 168, 171-BIS, 176; Capítulo Octavo Violencia Familiar, 176-BIS, 176-QUATER, Capítulo Sexto Violación de las Órdenes de Protección; 220-BIS; 220, TER, 220-QUATER; Capítulo Octavo de la Omisión de las Órdenes de Protección, 235-BIS.
30 de noviembre de 2010
Decreto No. 360
Se Adiciona el Título Décimo Primero.
10 de diciembre de 2010
Decreto No. 371
Se Reforman los Artículos 191, 193, 194 y 194 QUINQUIES; y se Deroga el Artículo 192.
13 de diciembre de 2010
Decreto No. 378
Se Reforman los Artículos 232 y 233, Fracción I, Segundo Párrafo.
 30 de mayo de 2012
Decreto No. 120 
Se Reforma el Párrafo Primero y se Deroga el Párrafo Segundo del Artículo 89; Se Adicionan los artículos 89 BIS y 89 TER.
30 de noviembre de 2012
Decreto
No. 160
Se reforma la denominación del Capítulo VI, del Título Primero, sección cuarta, del libro segundo, para denominarse "USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA".
5 de diciembre de 2012
Decreto
No. 179
Se reforman los artículos 142, 145 y 233 y se adiciona el artículo 145 bis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 DE DICIEMBRE DE 2012
DECRETO No.199 

SE ADICIONAN la fracción I del artículo 260 y se recorren los subsecuentes incisos de propio numeral; las fracciones VIII y IX del artículo 264 y las fracciones VII y VIII .

14 DE JUNIO DE 2013
DECRETO N°280

Se adiciona un Capítulo III denominado "IRRESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO"  que contiene el artículo 250-Bis, al  Título Séptimo, Sección Cuarta, del Libro Segundo Parte Especial. 

14 DE JUNIO DE 2013
DECRETO N° 283

Se reforma el Párrafo Primero y se adicionan los Párrafos Segundo y Tercero del Artículo 123.

14 DE JUNIO DE 2013 
DECRETO N°289
Se reforma la fracción III del artículo 145; y se adicionan la fracción VII al artículo 145 y el artículo 145-Ter. 
14 DE JUNIO DE 2013 
DECRETO N° 290
Se modifica la denominación del Capítulo II, De los delitos contra el ambiente y la fauna, del Título Primero, Sección Tercera; y se adicionan los artículos 179-Bis y 179-Ter. 
19 DE JUNIO DE 2013 
DECRETO
N° 288 
Se adicionan un tercer parrafo al artículo 54 y el artículo 88 BIS. 
 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DECRETO N° 316 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 32; Y SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XV, Y EL CONTENIDO DE LA ANTERIOR FRACCIÓN XXV, SE RECORRE PARA INTEGRAR LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 21. 
06 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DECRETO N° 317
POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO SEXTO DENOMINADO “DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN”, A LA SECCIÓN TERCERA, DEL LIBRO SEGUNDO.
06 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DECRETO N° 321
POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI DENOMINADO "USURPACIÓN DE IDENTIDAD". AL TÍTULO CUARTO DE LA SECCIÓN TERCERA.
16 DE DICIEMBRE DE 2013
DECRETO N° 077
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTICULO 62