CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

CAPITULO PRIMERO

Reglas Generales

Artículo 1.- El presente código se aplicará en el Estado de Quintana Roo a los procedimientos penales de la competencia de sus Tribunales.

Artículo 2.- Corresponde exclusivamente a los Tribunales Penales del Estado:

I.- Declarar, en la forma que esta ley establece, cuando un hecho ejecutado en las entidades mencionadas es o no delito;

II.- Declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; y

III.- Aplicar las sanciones que señalen las leyes.

Artículo 3.- Al Ministerio Público corresponde el ejercicio exclusivo de la acción penal, la cual tiene por objeto:

I.- Pedir la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales; y

II.- Pedir la libertad de los acusados, en la forma que previene la Ley.

De los Derechos de la Víctima o del Ofendido

Artículo 3-BIS.- Los denunciantes, querellantes y las víctimas u ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho, en la averiguación previa o en el proceso, según corresponda:


I.- A presentar cualquier denuncia o querella por hechos probablemente constitutivos de delito y a que el Ministerio Público las reciba;

II.- A coadyuvar por sí o por su representante legal, con el Ministerio Público, durante la averiguación previa y el proceso penal, sin necesidad de manifestarlo expresamente, salvo lo relacionado a su representante legal;

III.- A solicitar se practiquen todas las diligencias necesarias para determinar el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa y a que el ministerio público, fundamente y motive en su caso la negativa;

IV.- A recibir asesoría y asistencia jurídica por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto de sus denuncias o querellas, en los mismos términos y condiciones que el probable responsable;

V.- A recibir servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblo indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar;

VI.- A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable;

VII.- A recibir copia simple de su denuncia o querella ratificada debidamente o copia certificada cuando la solicite, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VIII.- A aportar ante el Ministerio Público, toda clase de pruebas y elementos para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado;

IX.- A comprobar el monto del daño y a solicitar su reparación y a que el Ministerio Publico integre dichos datos a la averiguación;

X.- A tener acceso en todo momento al expediente para informarse sobre el estado y avance de la averiguación previa y de la causa penal;

XI.- A que se realicen el reconocimiento o diligencia de identificación o confrontación en un lugar en el que no puedan ser vistos o identificados por el probable responsable. En los casos de delitos que atenten contra la libertad y seguridad sexual, o en los que el menor sea víctima, el Juez o el Ministerio Público de oficio deberán acordar que la diligencia de confronta o identificación se efectúe en un lugar donde no puedan ser vistos o identificados por el probable responsable;

XII.- A que el Ministerio Público solicite y garantice la reparación del daño y a que se les satisfaga cuando ésta proceda;

XIII.- A recibir atención médica y psicoterapéutica breve y de emergencia por una persona de su mismo sexo, en caso de delitos violentos, contra la libertad y la seguridad sexual así como los de violencia familiar;

XIV.- A recibir cuando lo solicite la orden de protección, para los delitos señalados en la fracción anterior;

XV.- A impugnar las determinaciones hechas por el Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal;

XVI.- A comparecer a todas y cada una de las audiencias durante el proceso penal, y a participar en dichas diligencias en las mismas condiciones y con los mismos derechos y facultades que el defensor del inculpado, por si o por su representante legal;

XVII.- A apelar la sentencia de primera y segunda instancia, respecto al cuerpo del delito, a la presunta responsabilidad del inculpado y en cuanto a la reparación del daño por sí o a través de su representante legal.

XVIII.- En caso de que deseen otorgar el perdón, a ser informadas claramente del significado y la trascendencia jurídica de ese acto;

XIX.- A que el Ministerio Público, sus auxiliares y el Juez, mantengan en confidencialidad su domicilio y número telefónico así como el de los testigos de cargo, en caso de delitos graves e igualmente en caso de delitos no graves, cuando así lo solicite; y

XX.- A que se le notifique personalmente el no ejercicio de la acción penal, y las sentencias de primera y segunda instancia y las demás resoluciones que determine este código.

CAPITULO SEGUNDO

Averiguación Previa.

SECCIÓN PRIMERA

Iniciación del Procedimiento.

Artículo 4.- El Procedimiento penal se inicia cuando llega a conocimiento de un funcionario del Ministerio Público o de cualquiera de sus auxiliares, un hecho que pueda ser considerado como delito.

Artículo 5.- Los funcionarios y agentes de Policía Judicial están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos del orden común de que tengan noticia, excepto en los casos siguientes:

I.- Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado; y

II.- Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.

Artículo 6.- Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediata cuenta al que corresponde legalmente practicarla.

Artículo 7.- Es necesaria la querella de la víctima o del ofendido, solamente en los casos en que así lo determinen el Código penal u otra ley,

Artículo 8.- Cuando la víctima o el ofendido sea menor de edad la querella puede ser hecha:

I.- A nombre del Menor por la persona que represente a éste; o

II.- Por el menor, obrando por sí mismo sin asistencia de su representante.

Artículo 9.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía.

Artículo 10.- Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los acusados, si hubieren sido detenidos.

Artículo 11.- Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito.

Artículo 12.- Cuando la denuncia o la querella sea verbal se hará constar en acta que levantará el funcionario que la reciba.

Artículo 13.- Cuando la denuncia o querella se presente por escrito:

I.- El querellante o denunciante debe firmar el escrito o poner su huella digital así como indicar su domicilio; y

II.- Deberá el funcionario que la reciba citar al que formule una u otra para que la ratifique y proporcione los datos que se considere oportuno pedirle.

Artículo 14.- Las personas a que se refiere el artículo 10 no están obligadas a hacer esa ratificación; pero el funcionario que reciba la denuncia deberá asegurarse de la personalidad de aquéllas y de la autenticidad del documento en que se haga la denuncia, si tuviere duda sobre ella.

Artículo 15.- La intervención de apoderado jurídico sólo admitirá:

I.- Para la querella, tratándose de personas físicas y en este caso el mandato debe ser expreso; y

II.- Para la querella y denuncia, tratándose de personas morales y en este caso basta el mandato general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querellas y denuncias.

 

SECCIÓN SEGUNDA.

Reglas Especiales para la Práctica de Diligencias y Levantamiento de actas de Averiguación Previa

 

Artículo 15-BIS.- Desde el inicio de la averiguación previa el Ministerio Público tendrá la obligación de:

I.- Hacer cesar, cuando sea posible, las consecuencias del delito;

II.- Iniciar e integrar la averiguación del caso, en los términos de este Código, de conformidad con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, practicando sin dilación alguna las diligencias que se desprendan o que sean necesarias para la investigación de los hechos delictivos y para la plena identificación del probable responsable, con la debida intervención de sus auxiliares;

III.- Observar estrictamente los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, consagradas en el artículo 3 bis;

IV.- Trasladarse al lugar de los hechos, para dar fe de las personas y de las cosas afectadas por el acto delictuoso, y a tomar los datos de las personas que lo hayan presenciado, procurando que declaren, si es posible, en el mismo lugar de los hechos, y citándolas en caso contrario para que dentro del término de veinticuatro horas comparezcan a rendir su declaración;

V.- Asegurar que los denunciantes, querellantes u ofendidos precisen los hechos motivos de la denuncia o querella y las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que ocurrieron; girando los citatorios o comparecencias ulteriores; y

VI.- Expedir, a solicitud de la víctima u ofendido, copia simple o certificada de su querella o denuncia en los términos previstos por este Código.

Artículo 15 ter.- En el transcurso de la averiguación previa el Ministerio Público tendrá la obligación de:

I.- Proponer el no ejercicio de la acción penal cuando de las declaraciones iniciales y de los elementos aportados no se desprenda la comisión de conductas delictivas o elemento alguno para su investigación;

II.- Programar y desarrollar la investigación, absteniéndose de diligencias contradictorias, innecesarias, irrelevantes o inconducentes para la eficacia de la indagatoria;

III.- Informar a la víctima o, en su caso a su representante legal, sobre el significado y la trascendencia jurídica del otorgamiento del perdón cuando decida otorgarlo; y

IV.- Hacer saber a los querellantes, víctimas, ofendidos y probables responsables de los servicios que presta el Centro de Justicia Alternativa para la solución de sus conflictos, en los casos en que proceda.

 

Artículo 16.- Cuando los funcionarios del Ministerio Público tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio deberán:

I.- Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas;

II.- Impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuosos, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo;

III.- Informarse sobre qué personas fueron testigos;

IV.- Impedir que se dificulte la averiguación; y

V.- Evitar que el delito se siga cometiendo.

Artículo 17.- Lo que dispone el artículo anterior se hará igualmente tratándose de delitos que solo puedan perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada.

Artículo 18.- En el caso de los dos artículos anteriores se levantará el acta correspondiente, que contendrá:

I.- La hora, fecha y modo en que se tuvo conocimiento de los hechos;

II.- El nombre, carácter y declaración de la persona que dio noticia de ellos;

III.- La declaración de los testigos que se hayan podido examinar:

IV.- La declaración del acusado en caso de estar presente y desee rendirla, haciendo constar si pertenece a algún grupo étnico autóctono;

V.- Los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar;

VI.- La descripción de lo que haya sido objeto de inspección ocular;

VII.- Las medidas y providencias que se hayan adoptado;

VIII.- Las medidas que se hayan tomado para la investigación; y

IX.- Los demás datos que se obtengan.

Artículo 19.- El Ministerio Público, al iniciar la investigación, dará aviso a la Secretaría de Salud del Estado cuando un farmacodependiente se encuentre imputado de cometer un delito, a fin de que dicha autoridad intervenga en los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo que al respecto prevenga la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación de Sentenciados del Estado.

En todo lo no previsto por el presente código en materia de posesión, comercio y suministro de narcóticos se estará a lo dispuesto por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 20.- El agente del Ministerio Público que inicie una averiguación previa podrá citar y hacer comparecer ante su presencia para que declaren sobre los hechos delictivos que se investiguen, a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezca que tengan conocimiento o datos útiles sobre los mismos.

En el acta respectiva, se hará constar quien mencionó a la persona que haya de citarse o por qué motivo el funcionario que practique la diligencia estimó conveniente hacer la citación.

Artículo 21.- Desde el momento de su detención todo inculpado gozará de las garantías que en su favor consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se le hará saber, y tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado con cédula profesional debidamente registrada que lo acredite como Licenciado en Derecho; si no puede o no quiere nombrar defensor después de haber sido requerido para hacerlo, se le designará a un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su abogado defensor comparezca en todos los actos de la averiguación previa y del proceso, y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, debiendo los defensores de los inculpados acompañar en todo momento a sus defensos. Los defensores podrán impugnar las preguntas que se formulen a sus defensos que sean inconducentes o contra derecho, pero no podrán inducir sus respuestas. Si lo hiciere el defensor será amonestado y se le apercibirá conjuntamente con el declarante que en caso de reincidencia se harán acreedores a las correcciones disciplinarias previstas en el presente Código.

Artículo 22.- Cuando el inculpado fuere aprehendido, detenido o se presentare voluntariamente ante la autoridad competente, de inmediato se procederá de la siguiente manera:

I.- Se hará constar el día, hora y lugar de su aprehensión, detención o entrega, así como el nombre y cargo de quienes lo capturaron;

II.- Se le hará saber los hechos que se le imputan y en su caso el nombre del denunciante, así como los siguientes derechos:

a).- El de comunicarse inmediatamente con quien estime conveniente.

b).- El de designar defensor en los términos del artículo anterior.

c).- El de no declarar en su contra. En consecuencia, no podrá hacerse presión alguna para que declare.

Para los efectos de los incisos a) y b), se le permitirá usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación.

d).- Si no hablare o entendiere suficientemente el idioma español, se le designará un traductor, quien le hará saber los derechos a que se refiere éste artículo.

Si se tratara de un extranjero, su detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda.

III.- El Ministerio Público recibirá las pruebas que el detenido o su defensor aporten oportunamente dentro de la averiguación previa y para los fines de ésta, que se tomarán en cuenta como legalmente corresponda en el acta de consignación o libertad. Cuando no fuere posible en virtud del cómputo de los términos desahogar las pruebas ofrecidas por el detenido o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y la práctica de las mismas, preferentemente en el término constitucional, o su ampliación.

IV.- Derogado.

Artículo 23.- Cuando se determine la internación de alguna persona a un hospital u otro establecimiento similar, deberá indicarse el carácter de su ingreso, lo que se comunicará a los encargados del establecimiento respectivo; si no se hiciere esa indicación, se entenderá que sólo ingresa para su curación.

Artículo 24.- El Ministerio Público expedirá las órdenes para la autopsia e inhumación o exhumación del cadáver y el levantamiento de las actas de defunción respectivas, cuando apareciere que la muerte fue posiblemente originada por algún delito y las diligencias de Policía Judicial no estuvieren en estado de consignarse, desde luego, a los Tribunales.

Artículo 25.- Si de las mismas diligencias apareciere claramente que la muerte no tuvo por origen un delito y, por lo mismo, no procediere ejercitar la acción penal, las órdenes para el levantamiento del acta de defunción y para la inhumación del cadáver se darán por el Ministerio Público.

Artículo 26.- Si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los Tribunales y no aparece que se puedan practicar otras; pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la Policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 27.- En la práctica de las diligencias de Averiguación Previa se aplicarán en lo conducente las disposiciones del Capítulo Sexto de éste Código.

Artículo 28.- Cuando el Agente del Ministerio Público determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante, la víctima o el ofendido podrán impugnar esa determinación dentro de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal, ante el Procurador General de Justicia quien contará hasta con sesenta días naturales para emitir una resolución definitiva.

En caso de que lo resuelto por el Procurador General de Justicia del Estado en cuanto a los hechos que se hubieren denunciado como delictuosos, o por los que se hubiera presentado querella, sea contrario a las pretensiones del denunciante, el querellante o el ofendido, se podrán impugnar esa determinación mediante el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 20, apartado C, Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 107 de la Constitución Política del Estado.

También será susceptible de impugnar mediante el presente recurso, la negativa del Agente Investigador a tener por admitida una denuncia de hechos, cuando ésta cumpla con los requisitos de ley; la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa respectiva, o cuando el Procurador General de Justicia omita resolver el recurso interno en el término establecido.

Artículo 29.- La queja a que se refiere el artículo inmediato anterior, deberá hacerse por escrito ante la referida Sala Constitucional y Administrativa, dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al que se notifique personalmente esa determinación al interesado; mientras no se notifique dicha resolución, no correrá el cómputo para interponer el recurso.

En el acto de la notificación, la autoridad ministerial, deberá hacer del conocimiento al interesado de la garantía consagrada en el Artículo 28 de este Código, así como el término concedido para tal efecto.

El escrito que contenga el recurso de queja deberá exponer los procedentes de hecho que dieron origen a la averiguación previa, así como los agravios que le ocasiona al recurrente la resolución impugnada y se podrán anexar las pruebas que sean tendientes exclusivamente para acreditar la existencia de omisiones en la actuación de la representación social.

Una vez cumplida la representación del escrito de queja, la Sala Constitucional y Administrativa procederá a requerir al Procurador General de Justicia para que le sean remitidas las constancias conducentes, en un término no mayor de diez días, con el fin de que, en única instancia, proceda a la substanciación del recurso hecho valer y resuelva en un término no mayor a los sesenta días naturales, si ha lugar a confirmar, revocar o modificar la determinación recurrida.

Lo previsto en este y en el artículo 28, será aplicable también en los casos de que el Procurador General de Justicia determine la reserva de la averiguación previa.

La Sala Constitucional y Administrativa, para hacer cumplir sus determinaciones, se sujetará a las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

 

SECCIÓN TERCERA

Consignación ante los Tribunales.

Artículo 30.- Inmediatamente que aparezca de la averiguación previa que se han llenado los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda procederse a la detención de un acusado, el Ministerio Público ejercitará la acción penal, clasificando el o los delitos que a su juicio se integran y señalando las conductas que los tipifican así como los preceptos de derecho que los determinan y fundamentan ésta facultad, poniendo los detenidos a disposición jurisdiccional competente, internados en el establecimiento correspondiente.

No podrá ejercitarse acción penal si existe como única prueba la confesión del inculpado.

Artículo 31.- Para el ejercicio de la acción penal no será necesario que se llenen los requisitos que exige el precepto constitucional citado en el artículo anterior, cuando el delito no merezca pena corporal y siempre que de la averiguación previa resulte necesaria la práctica de un cateo o la recepción de una prueba fuera del Estado.

Artículo 32.- Al recibir el Ministerio Público diligencias de Policía Judicial, si hubiere detenidos y la detención fuere justificada, hará inmediatamente la consignación a los Tribunales; pero si fuere injustificada, ordenará que los detenidos queden en libertad.

Artículo 33.- El Ministerio Público dispondrá la libertad provisional bajo caución del inculpado en los supuestos establecidos por el artículo 338 de ésta ley para los jueces, sin perjuicio de solicitar su arraigo domiciliario en caso necesario. Fijará la caución suficiente para garantizar que el detenido no se sustraiga a la acción de la justicia, ni al pago de la reparación de los daños y de las sanciones pecuniarias que en su caso, se le pudieran imponer. Cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa de libertad, se dispondrá la libertad sin necesidad de caución y sin perjuicio de imponer el arraigo correspondiente.

Artículo 33-Bis.- Cuando el Ministerio Público deje libre al acusado, le prevendrá que comparezca cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias de averiguación previa y concluida ésta ante el Juez con quien se consigne; éste ordenará su presentación y si no comparece sin causa justa comprobada, ordenará su aprehensión, mandando hacer efectiva la garantía otorgada.

El Ministerio Público podrá hacer efectiva la garantía, si el inculpado desobedeciere sin causa justificada, las órdenes que dictare.

La garantía se cancelará y en su caso la devolverá el Ministerio Público, cuando se resuelva el no ejercicio de la acción penal.

Consignado el caso, la garantía otorgada, se considerará tácitamente prorrogada hasta en tanto el Juez no decida su modificación o cancelación.

CAPITULO TERCERO

Acción Penal

Artículo 34.- En ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público:

I.- Promover la incoación del procedimiento judicial;

II.- Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean procedentes;

III.- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño;

IV.- Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los acusados;

V.- Pedir la aplicación de las sanciones respectivas; y

VI.- En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación regular de los procesos.

Artículo 35.- Se considera justificado el no ejercicio de la acción penal cuando:

I.- La conducta materia de la indagatoria no sea constitutiva de delito, de conformidad a la descripción típica contenida en la Ley Penal;

II.- Aun pudiendo ser delictiva la conducta o los hechos de que se trate, resulte imposible la prueba de su acreditación por obstáculo material insuperable;

III.- La acción o la responsabilidad penal se haya extinguido legalmente, en los términos del Código Penal;

IV.- Se demuestre plenamente que el indiciado no tuvo participación en la conducta punible, en lo que respecta a su esfera jurídica;

V.- De las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el inculpado actuó bajo circunstancias excluyentes de incriminación;

VI.- La conducta atribuible al indiciado haya sido materia de una sentencia penal ejecutoriada dictada con anterioridad;

VII.- El querellante o su representante otorguen el perdón.

 

Artículo 35-BIS.- Las resoluciones de sobreseimiento dictadas por algún Juez en materia penal, con motivo de las peticiones de desistimiento de la acción penal que formule el Agente Ministerial, serán del conocimiento de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en única instancia.

En estos casos el Juez deberá notificar su resolución a la persona denunciante, querellante, agraviada u ofendida o aquella que pueda resentir un agravio con dicha resolución, para el efecto de estar en posibilidad de impugnarla mediante el recurso de inconformidad, que deberá interponer por escrito con expresión de agravios, ante el Juez que la dictó, dentro de los cinco días posteriores a su notificación personal.

Admitido el recurso, el Juez notificará y dará vista con lo actuado al Ministerio Público, al procesado y a su defensor, para que en el término de cinco días manifiesten lo que a su derecho corresponda, transcurrido ese tiempo deberá remitir las constancias conducentes a la Sala Constitucional y Administrativa, dentro de los diez días siguientes para su debida substanciación y se determine si ha lugar a confirmar, revocar o modificar el auto de sobreseimiento.

En lo conducente, se aplicarán las disposiciones relativas al recurso de apelación.

Artículo 36.- El Ministerio Público solamente puede desistir de la acción penal:

I.- Cuando apareciere plenamente comprobado en autos que se está en alguno de los casos mencionados en el artículo anterior; y

II.- Cuando durante el procedimiento judicial aparezca plenamente comprobado en autos que el acusado no ha tenido participación en el delito que se persigue, o que existe en su favor alguna causa excluyente de incriminación.

Artículo 37.- Las resoluciones que se dicten en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, producirán el efecto de impedir definitivamente el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos que las motiven.

Artículo 38.- Para que el desistimiento de la acción penal produzca el efecto señalado en el artículo anterior, deberá ser formulado expresamente y con la autorización escrita del Procurador de Justicia.

Artículo 39.- La víctima o el ofendido no es parte en el proceso penal, pero podrá por sí o por medio de apoderado, proporcionar datos u ofrecer por escrito pruebas que conduzcan a demostrar la procedencia y monto de la reparación del daño.


En los delitos de querella necesaria, la víctima o el ofendido podrán, por sí o por medio de apoderado, ofrecer o aportar pruebas por escrito en el proceso penal que tiendan a probar la responsabilidad del inculpado si no estuviere plenamente probada en el proceso, para lo cual se le proporcionarán todos los datos que existan en el expediente si no hubiere inconveniente legal para ello.

CAPITULO CUARTO

INSTRUCCIÓN

SECCIÓN PRIMERA

Reglas Generales de la Instrucción.

Artículo 40.- El Tribunal ante el cual se ejercite la acción penal practicará todas las diligencias procedentes que promuevan las partes.

Artículo 41.- Siempre que los jueces menores o de paz inicien diligencias en auxilio de los de primera instancia, darán a éstos el aviso correspondiente para que a su vez, lo hagan saber al agente del Ministerio Público de su adscripción.

Artículo 42.- El Juez de Primera Instancia, con vista del aviso a que se refiere el artículo anterior podrá dar a la autoridad que practique las diligencias, las instrucciones que juzgue necesarias; trasladarse al lugar para practicarlas personalmente, o bien pedir su envío desde luego o en su oportunidad, según lo estime conveniente.

Artículo 43.- Las diligencias practicadas por el Ministerio Público y los Jueces Menores o de Paz, que pasen al conocimiento de los de primera instancia, no se repetirán por éstos para que tengan validez, siempre que se sujeten a las disposiciones de éste Código.

Artículo 44.- Durante la instrucción, el Tribunal que conozca el proceso deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos, para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y su conducta anterior; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentescos, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad.

Artículo 45.- El Juez deberá tomar conocimiento directo del acusado, de la víctima o del ofendido y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los datos a que se refieren este artículo y el anterior, pudiendo obrar de oficio para ese objeto.

Artículo 46.- La instrucción en el procedimiento ordinario, deberá terminarse dentro de ciento ochenta días, contados a partir del auto de formal prisión o de sujeción a proceso.

Artículo 47.- El querellante podrá otorgar el perdón ante el Juez o Tribunal, en su caso antes de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria.

Artículo 48.- Cuando fundadamente se tema que el acusado oculte o enajene sus bienes, el Ministerio Público, de oficio o a petición de quien tenga derecho a la reparación del daño, podrá promover el embargo precautorio de aquellos bienes, que se decretará si se prueba la necesidad de ese embargo; pero si el acusado otorga fianza bastante, a juicio del Tribunal, podrá no decretarse o levantarse el efectuado.

Artículo 49.- En el auto de formal prisión o en el de sujeción a proceso se ordenará poner la causa a la vista de las partes para que propongan dentro de quince días contados desde el siguiente a la notificación de dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes, las que desahogarán en los treinta días posteriores y dentro de este término se recibirán también las pruebas que el Juez estime necesarias.

Artículo 50.- En caso que dentro del término señalado en el artículo anterior y al desahogar las pruebas aparezcan de las mismas nuevos elementos probatorios, el Juez podrá ampliar ese término por diez días más a efecto de recibir las que a su juicio considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

Artículo 51.- Para asegurar el desahogo de las pruebas propuestas, según lo disponen los artículos 49 y 50, los jueces harán uso de los medios de apremio y de las medidas que consideren oportunas, pudiendo disponer la presentación de personas por medio de la fuerza pública en los términos del artículo 545.

Artículo 52.- Transcurridos o renunciados los términos a que se refiere el artículo anterior, o si no se hubiere promovido prueba, el Juez declarará cerrada la instrucción y se procederá como disponen los artículos 255 a 265.

Artículo 53.- Cuando en un asunto penal sea necesario comprobar un derecho civil, se hará esto por cualquier medio de prueba en el curso de la instrucción; pero la resolución dictada en el procedimiento penal no servirá de base para el ejercicio de las acciones civiles que del derecho expresado puedan originarse.

Artículo 54.- En el procedimiento sumario la instrucción se practicará según lo dispuesto en los artículos 465 y siguientes.

SECCIÓN SEGUNDA

Declaración Preparatoria y Nombramiento de Defensor.

Artículo 55.- La declaración preparatoria se recibirá en local al que tenga acceso el público, sin que puedan estar presentes los testigos que deban ser exterminados con relación a los hechos que se averigüen.

Artículo 56.- La declaración preparatoria comenzará por las generales del acusado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano, así como sus circunstancias personales.

Si el inculpado no hubiere solicitado su libertad provisional, nuevamente se le hará saber ese derecho en términos de lo previsto en el artículo 20 fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Igualmente se le dará a conocer las garantías que le otorga el indicado precepto; que le serán recibidas las pruebas y testigos que ofrezcan en términos legales; ayudándole a obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando estén domiciliados en el lugar del juicio; así como el que será sentenciado antes de cuatro meses, si se tratare de delitos cuya pena máxima no excediera de dos años de prisión o antes de un año si la pena rebasa ese tiempo y que se le facilitaran todos los datos que requiere para su defensa y consten en el expediente.

Artículo 57.- Acto continuo, se le hará saber en qué consiste la denuncia, acusación o querella, los hechos típicos del delito o delitos que se le imputan, así como el nombre o los nombres de sus acusadores y de los testigos que declaren en su contra.


Se le preguntará si es su voluntad declarar y en el caso que así lo desee, le será recibida ésta con la mayor fidelidad y se le examinará sobre los hechos conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.


Si el inculpado decide no declarar, el Juez respetará su voluntad dejando constancia de ello en el expediente.


Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente e incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a  que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.

Artículo 58.- Cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior:

I.- Se examinará al acusado sobre los hechos que motiven la averiguación, para lo cual se adoptará la forma que se estime conveniente y adecuada al caso, a fin de esclarecer el delito, las circunstancias en que se concibió y llevó a cabo y las peculiares del mismo acusado.

II.- Las contestaciones del acusado podrán ser redactadas por él;

III.- Si el acusado no redacta sus contestaciones, las redactará con la mayor exactitud posible el funcionario que practique la diligencia;

IV.- Tanto la defensa como el agente del Ministerio Público, a quien se citará para la diligencia, tendrán el derecho de interrogar al acusado; y

V.- El Tribunal podrá disponer que los interrogatorios se hagan por su conducto cuando lo estime necesario y tendrá la facultad de desechar las preguntas que a su juicio sean capciosas o inconducentes.

Artículo 59.- En los casos en que el delito, por sancionarse con pena alternativa o no corporal, no dé lugar a detención, a pedimento del Ministerio Público se librará orden de comparecencia en contra del acusado para que rinda su preparatoria, siempre que estén reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 60.- No pueden ser defensores:

I.- Los que se hallen presos o procesados; y

II.- Los que hayan sido condenados por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VII, Título Cuarto, Sección Cuarta del Libro Segundo del Código Penal del Estado.

SECCIÓN TERCERA

Autos de Formal Prisión, De Sujeción a Proceso y De Libertad por Falta de Elementos para Procesar.

Artículo 61.- El auto de formal prisión se dictará dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado quede a disposición del juez, cuando de lo actuado aparezcan llenados los requisitos siguientes:

I.- Que esté comprobada la existencia de tipo penal que merezca pena corporal;

II.- Que se haya tomado declaración preparatoria al acusado, en la forma y con los requisitos que establecen la Sección anterior;

III.- Que contra el mismo acusado existan datos suficientes, a juicio del Tribunal, para suponerlo responsable del delito; y,

IV.- Que no esté plenamente comprobada a favor del acusado, alguna causa excluyente de incriminación o que extinga la acción penal.

Artículo 62.- El plazo al que se refiere el primer párrafo de éste artículo se duplicará cuando lo solicite el inculpado por sí o por conducto de su defensor, al rendir declaración declaratoria (sic) o dentro de las tres horas siguientes, por convenirle dicha ampliación del plazo con el objeto de recabar elementos que deba someter al conocimiento del Juez para que éste resuelva sobre su situación jurídica. El Ministerio Público no puede solicitar la ampliación, ni el Juez decretarla de oficio, aun cuando, mientras corre el período de ampliación, aquél puede, sólo en relación con las pruebas o alegaciones que propusiera el inculpado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al interés social que representa.

El Juez deberá dar aviso al jefe del establecimiento donde se encuentre detenido el inculpado, de la ampliación prevista en el párrafo anterior, inmediatamente después de haberlo acordado procedente.

Artículo 63.- Cuando el delito cuya existencia se haya comprobado no merezca pena corporal, o esté sancionado con pena alternativa, se dictará auto con todos los requisitos del de formal prisión, sujetando a proceso a las personas contra quienes aparezcan datos suficientes para presumir su responsabilidad, para el solo efecto de señalar el delito por el cual se ha de seguir el proceso.

Artículo 64.- El auto de formal prisión y el de sujeción a proceso tienen, como efectos jurídicos, precisar cuáles son los hechos por los que se sigue el procedimiento judicial, cualquiera que sea la denominación o denominaciones que el delito pudiere tener en las leyes respectivas.

Artículo 65.- Los autos de formal prisión y el de sujeción a proceso se dictarán por el delito que aparezca comprobado, aun cuando con ello se cambie la apreciación legal que de los hechos se haya expresado en promociones o resoluciones anteriores.

Artículo 66.- El auto de formal prisión se comunicará al jefe del establecimiento donde se encuentre detenido el acusado, por medio de copia autorizada.

Artículo 67.- El auto de formal prisión y el de sujeción a proceso se comunicarán en la misma forma al superior jerárquico del acusado, cuando éste fuere militar, empleado o funcionario público.

Artículo 68.- Dictado el auto de formal prisión, o el de sujeción a proceso, se identificará al acusado por el sistema adoptado administrativamente y, en todo caso se comunicará a las oficinas de identificación las resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria, para que se hagan las anotaciones correspondientes.

Artículo 69.- Los autos de formal prisión o los de sujeción a proceso no son recurribles.

Artículo 70.- Si dentro del término establecido por el artículo 19 Constitucional no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no sujeción a proceso, en su caso, sin perjuicio de que por datos posteriores de prueba se proceda nuevamente en contra del acusado.

CAPITULO QUINTO

DISPOSICIONES COMUNES A LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y A LA INSTRUCCIÓN.

SECCIÓN PRIMERA

Comprobación del Tipo Penal.

Artículo 71.- El tipo penal se tendrá por comprobado cuando esté justificada la existencia de los elementos que constituyan el hecho delictuoso, según lo determine la ley penal, salvo los casos en que tenga señalada una comprobación especial.

Por elementos del tipo penal se entenderán los que hasta ahora han dado contenido al cuerpo del delito; por tanto, en todos los artículos de este Código que hacen referencia a este concepto, ésta denominación será considerada equivalente a elementos del tipo penal.

Artículo 72.- Cuando se trate de lesiones externas se tendrá por comprobado el tipo penal, con la inspección de éstas, hecha por el funcionario que hubiere practicado las diligencias de Averiguación Previa o por el Juez que conozca del caso, y con la descripción que de ellas haga el dictamen médico pericial, en que contendrá su clasificación y el tiempo probable que dure su curación.

Artículo 73.- En el caso de lesiones internas, envenenamiento u otra enfermedad proveniente del delito, se tendrá por comprobado el tipo penal de éste, con la inspección mencionada en el artículo anterior, de las manifestaciones exteriores que presentare la víctima y con el dictamen pericial en que se expresarán los síntomas que presente, si existen esas lesiones y si han sido producidas por una causa externa; pero si no hay manifestaciones exteriores, bastará con el dictamen pericial.

Artículo 74.- Si se tratara de homicidio, el tipo penal se tendrá por comprobado con la inspección y descripción del cadáver hecha en los términos de los artículos anteriores, y con el dictamen del perito médico, quien practicará la autopsia y expresará el estado que guarde el cadáver y las causas que originaron la muerte.

Artículo 75.- Se tendrá por probado el tipo penal de lesiones y no el de homicidio, en los casos siguientes:

I.- Cuando la muerte de la víctima o del ofendido se verifique después de sesenta días contados desde que fue lesionado;

II.- Cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual esta no haya influido; o

III.- Cuando la lesión se hubiere agraviado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicamente desgraciadas, o excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon.

Artículo 76.- Cuando el cadáver hubiera sido sepultado sin haberse practicado la autopsia, se procederá a exhumarlo.

Artículo 77.- Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando tanto el funcionario que practique las diligencias como el perito médico estimen que no es necesaria.

Artículo 78.- Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que el perito, en vista de los datos que obren en el expediente declare que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.

Artículo 79.- En los casos de aborto o de infanticidio, el tipo penal se tendrá por comprobado, en la misma forma que el de homicidio; pero en el primero, además, reconocerá el perito a la madre, describirá las lesiones que presente y dictaminará sobre la causa del aborto y en uno y otro caso expresará la edad de la víctima, si nació viable y todo dato que sirva para determinar el delito.

Artículo 80.- En los casos de robo, el tipo penal podrá comprobarse en una de las maneras siguientes:

I.- Con la confesión del indiciado en la que admite haber cometido el robo que se le imputa, la cual deberá estar apoyada por otros medios de prueba idóneos; aun cuando se ignore quien sea el dueño de la cosa objeto del delito;

II.- Con la presunción derivada del hecho de tener en su poder el acusado alguna cosa que, por sus circunstancias personales, no sea verosímil que haya podido adquirir legítimamente, si no justifica la procedencia de aquélla;

III.- Con la prueba de la preexistencia, propiedad y falta posterior de la cosa robada; y

IV.- En el caso de la fracción anterior, si de la comprobación de las circunstancias enumeradas en ella, así como de los antecedentes morales, sociales y pecuniarios de la víctima u ofendido resultan indicios suficientes, a juicio del Juez para tener por comprobada la existencia del robo, esto será bastante para considerar comprobado el cuerpo del delito.

Artículo 81.- Derogado.

Artículo 82.- Tratándose de ataques a las vías de comunicación, si no fuere posible practicar la inspección ocular, bastará para la comprobación del tipo penal cualquiera otra prueba plena.

Artículo 83.- En los casos de ilícitos cometidos contra la seguridad del tránsito de vehículos, el tipo penal se comprobará con el examen médico que demuestre el estado de intoxicación y las alteraciones psíquicas y físicas del acusado, debiendo además acompañarse el documento correspondiente a la infracción al reglamento de tránsito, diversa a la de manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes.

Artículo 84.- En la comprobación del tipo penal, los Tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean los que menciona la ley, siempre que estos medios no estén reprobados por ella.

En los delitos perseguidos por querella, el Ministerio Público durante la averiguación previa, o el Juez del conocimiento durante la etapa de instrucción, deberá a solicitud de cualquiera de las partes, remitir copia debidamente certificada del expediente al Centro de Justicia Alternativa de su jurisdicción, para la aplicación de los medios alternativos que propicien la solución anticipada del conflicto, mediante el acuerdo de voluntades y otorgamiento del perdón, suspendiéndose la integración de la averiguación previa o la instrucción hasta por un plazo no mayor de quince días.

Para el caso de que alguna de las partes no acudiera o manifestara su negativa para someterse a dicho procedimiento alternativo ante el Centro, el titular de dicho órgano remitirá el informe y constancias correspondientes continuándose con la integración de la averiguación previa o la instrucción según el caso.

Artículo 84-BIS.- Para la comprobación del cuerpo del delito de violencia familiar, el Ministerio Público investigador deberá acreditar las calidades específicas y circunstancias de los sujetos señalados en el Código Penal del Estado, además de integrar como pruebas:


I.- El Dictamen Psicológico Victimal, mediante el cual se establezca en su caso, la sintomatología indicativa de alteración en las diferentes esferas y áreas del individuo y de los componentes de la autoestima, en especial el auto concepto y la auto valoración, en el cual se razonen los antecedentes de violencia familiar que pudieran haber generado dichos síntomas, independientemente de los hechos que dieron lugar a la indagatoria;


IL- Las actuaciones y certificaciones médicas con las que se acredite, en su caso, la violencia física ejercida sobre la víctima, si éste fuera el tipo de violencia ejercido;


III.- Los antecedentes que existan sobre hechos relacionados con violencia familiar y el indiciado, así como las posibles pruebas pre constituidas, de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; y


IV.- Dictamen de rasgos psicológicos forenses del generador de la violencia familiar, de conformidad con las disposiciones de este Código.

Artículo 84-Ter.- El dictamen psicológico a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberá ser ofrecido como prueba pericial en psicología; el cual:


I.- Será elaborado por peritos adscritos al área de auxilio a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, diversos a los que proporcionan asistencia psicoterapéutica a las víctimas u ofendidos del delito.


El perito designado, no estará obligado a protestar el cargo de manera inmediata, pudiendo hacerlo al momento de ratificar su dictamen Siendo suficiente la simple designación del superior jerárquico y la aceptación por parte del perito;


II.- Versará sobre los síntomas y signos generados por el impacto de la conducta violenta y bajo ninguna circunstancia sobre la veracidad de los hechos o de lo manifestado por la víctima;


III.- Comprenderá el daño moral causado, cuando sea procedente, y la cuantificación de los procesos psicoterapéuticos que lo disminuyan o reparen

Artículo 84-Quáter.- El dictamen de rasgos psicológicos forense que refiere la fracción IV del artículo 84 Bis de este Código, será elaborado por perito en psicología forense adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, previa solicitud hecha por el Ministerio Público.

Artículo 84- Quintus.- Para la acreditación del tipo penal de los delitos contra la libertad y seguridad sexual, la declaración de la víctima reforzada con cualquier elemento probatorio diverso hará prueba plena, independientemente de que se agregara a las actuaciones el dictamen psicológico victimal, en los términos que señala el artículo 84 Bis de este Código.


Los profesionales que presten sus servicios en las instituciones legalmente constituidas, especializadas en la atención de problemas relacionados con la violencia familiar o sexual en su caso, podrán rendir los informes por escrito que les sean solicitados por las autoridades. Asimismo, dichos profesionistas podrán colaborar en calidad de Peritos sujetándose a las disposiciones de este ordenamiento.

SECCIÓN SEGUNDA

Huellas del Delito.

Aseguramiento de los Instrumentos y Objetos del Mismo.

Artículo 85.- Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efectos de él, así como aquellos en que existen huellas del mismo, o pudieran tener relación con éste, serán asegurados ya sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, quien debe procurar que no se alteren, destruyan o desaparezcan.

Artículo 86.- De todas las cosas aseguradas, conforme al artículo anterior, se hará un inventario en el que se las describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.

Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público o el Juez competente, solicitará la elaboración del informe pericial correspondiente, sobre los caracteres organolépticos o químicos de la sustancia asegurada. Cuando hubiere detenido, este informe será rendido a más tardar dentro del plazo de treinta y seis horas.

Artículo 87.- Las cosas inventariadas conforme al artículo anterior deberán guardarse en el lugar o recipiente adecuado, según su naturaleza, debiéndose tomar las precauciones necesarias para asegurar la conservación o identidad de esas cosas.

Artículo 88.- Siempre que sea necesario tener a la vista alguna de las cosas a que se refieren los artículos anteriores, se comenzará la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que estaba al ser asegurada; pero si se considera que ha sufrido alteración voluntaria o accidental, se expresarán los signos o señales que la hagan presumir.

Artículo 89.- La identificación de los cadáveres estará sometida a las siguientes reglas:

I.- La identificación podrá hacerse por cualquier medio legal de prueba;

II.- Si no fuere posible la identificación de los cadáveres por los medios legales probatorios, dentro de las doce horas siguientes a la en que fueron recogidos, (sic) se expondrán al público en el local destinado al efecto por un plazo de veinticuatro horas, a no ser que, según dictamen médico, tal exposición ponga en peligro la salubridad general;

III.- Cuando el rostro de los cadáveres se encuentre desfigurado y se haga difícil identificarlos, se hará su reconstrucción, siempre que sea posible;

IV.- Si no se logra la identificación del cadáver, se tomarán fotografías del mismo agregándose un ejemplar a la averiguación; se pondrán otras en los lugares públicos, juntamente con todos los datos que puedan servir para que sea reconocido, y se exhortará a todos los que hayan conocido al occiso para que se presenten ante la autoridad exhortante a declarar sobre la identidad de aquél; y

V.- Los vestidos se describirán minuciosamente en el expediente, se conservarán en depósito y se mostrarán a los testigos de identidad.

Artículo 90.- Los cadáveres, previa una minuciosa inspección y descripción hecha por el funcionario de Policía Judicial que practique las primeras diligencias y por un perito médico, podrán ser entregados por el Ministerio Público a quienes los reclamen, debiendo manifestar éstos el lugar en que los cadáveres quedarán depositados a disposición de la autoridad competente y conducirlos al lugar destinado a la práctica de la autopsia, cuando proceda.

Artículo 91.- Si hubiere temor de que el cadáver pueda ser ocultado o de que sufra alteraciones, no será entregado en tanto no se practique la autopsia o se resuelva que ésta no es necesaria.

Artículo 92.- En los casos de envenenamiento se procederá en la siguiente forma:

I.- Se recogerán cuidadosamente las vasijas y demás objetos que haya usado la víctima o el ofendido, los restos de los alimentos, bebidas y medicinas que hubiere tomado y las deyecciones y vómitos que hubiere tenido;

II.- Todo lo recogido conforme a la fracción anterior será depositado con las precauciones necesarias para evitar su alteración;

III.- Se describirán los síntomas que presente el individuo intoxicado; y

IV.- El perito reconocerá a la víctima o al ofendido, analizará las substancias recogidas y opinará sobre las cualidades tóxicas que tengan éstas y si han podido causar la intoxicación de que se trata.

Artículo 93.- Si el delito fuere de falsificación de documento, además de la descripción que se haga de éste, se depositará en lugar seguro, haciendo que firmen sobre aquél, si fuere posible, las personas que depongan respecto de su falsedad y, en caso contrario, se hará constar el motivo y se agregará al expediente una copia certificada del documento argüido de falso y otra fotostática del mismo, si fuere necesaria y posible.

SECCIÓN TERCERA

Atención Médica a los Lesionados.

Artículo 94.- La atención médica de quienes hayan sufrido lesiones provenientes de delito, se harán en los hospitales públicos.

Artículo 95.- Cuando el lesionado no deba estar privado de libertad, se observarán las siguientes reglas:

I.- La autoridad que conozca del delito podrá permitir, que el lesionado sea atendido en lugar distinto a los hospitales públicos, bajo responsiva de médico con título legalmente reconocido, y previa la clasificación legal de las lesiones;

II.- El permiso a que se refiere la fracción anterior, se concederá sin perjuicio de que la autoridad se cerciore del estado del lesionado cuando lo estime oportuno;

III.- El lesionado debe comunicar a la autoridad que conozca del asunto en qué lugar va a ser atendido, y cualquier cambio de éste o de su domicilio; y

IV.- La falta de aviso del cambio ameritará que se imponga al lesionado una corrección disciplinaria.

Artículo 96.- La responsiva a que se refiere el artículo 95, impone al médico los deberes siguientes:

I.- Dar aviso a la autoridad correspondiente de cualquier accidente o complicación que sobrevenga, expresando si es consecuencia inmediata o necesaria de la lesión o si proviene de otra causa;

II.- Comunicar inmediatamente a la misma autoridad todo cambio de domicilio del lesionado o del lugar donde sea atendido; y

III.- Extender certificado de sanidad o de defunción, en su caso, y los demás que le solicite la autoridad.

Artículo 97.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo anterior ameritará la imposición, al médico particular, de una corrección disciplinaria, cuando no sea delictuoso.

Artículo 98.- El certificado de sanidad expedido por médico particular estará sujeto a la revisión del médico oficial, quien rendirá el dictamen definitivo.

Artículo 99.- Cuando un lesionado necesite pronta curación, cualquier médico puede atenderlo y trasladarlo al sitio apropiado, sin esperar la intervención de la autoridad, debiendo comunicar a ésta, inmediatamente después de la primera curación el nombre del lesionado, el lugar en que fue levantado y posición en que se encontraba, la naturaleza y causas probables de las lesiones que presente, las curaciones que se le hicieron y el lugar en que queda a disposición de la autoridad.

SECCIÓN TERCERA BIS


Procedimiento para  la interrupción del embarazo cuando se actualiza el supuesto del
artículo 97 fracción II del Código Penal


Artículo 99-BIS.- La atención médica de las mujeres que soliciten la práctica de un aborto no punible en el supuesto previsto por el artículo 97 fracción II del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se hará en los hospitales del Sistema Estatal de Salud.


Las instituciones del Sistema Estatal de Salud deberán contar con el personal no objetor de conciencia, de manera que la mujer que solicite un aborto legal tenga garantizado este servicio.

El Ministerio Público deberá resolver la solicitud de aborto que le presente la mujer embarazada, siempre y cuando no haya ejercido la acción penal por el delito de violación cometido contra ésta; una vez ejercida la acción penal, el Juez de Primera Instancia que conoce de la instrucción, deberá resolver dicha solicitud.


Artículo 99-Ter.- El Ministerio Público o el Juez en su caso, en un término de setenta y dos horas, a partir de que la mujer presente la solicitud de aborto en el caso previsto en el Artículo 97 fracción II del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, resolverá lo procedente. Dicha autorización se hará siempre que concurran los siguientes requisitos:


I.- Que exista denuncia por el delito de violación;
II.- Que la mujer declare la existencia del embarazo y éste se compruebe en cualquier institución del Sistema Estatal de Salud;
III.- Que obren elementos suficientes que supongan que el embarazo es producto de una violación; y
IV.- Que conste solicitud escrita o por comparecencia de la mujer embarazada o de sus representantes cuando la víctima sea menor de edad y no haya oposición de ésta o cuando se encuentre en un estado de incapacidad previsto en el artículo 529 fracciones II y III del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.


Cuando haya conflicto entre la decisión de la menor y quienes ejerzan la patria potestad o tutela o cuando se presume que el delito de violación fue cometido por quien ejerce la patria potestad o la tutela de la víctima embarazada, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Quintana Roo deberá solicitar el aborto, atendiendo al interés superior de la menor.

Las instituciones del Sistema Estatal de Salud en el Estado deberán, a petición del Ministerio Público o del Juez, practicar sin demora los exámenes que comprueben la existencia del embarazo, así como la oportunidad médica para realizar el aborto en el caso previsto en la fracción II del Artículo 97 del Código Penal.

Artículo 99-Quáter.- De autorizar el aborto, el Ministerio Público o el Juez en su caso, notificará inmediatamente al Secretario de Salud en el Estado, para que éste ordene a quien corresponda su práctica, así como para que se tome muestra en el producto que permita la realización, en su momento, de la prueba genética de ADN, a fin de probar la paternidad del probable responsable del delito de violación.

El personal médico y psicológico de las instituciones del Sistema Estatal de Salud, antes de practicar el aborto, tiene la obligación de proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz y suficiente sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como los apoyos y alternativas existentes para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

Esta información deberá ser proporcionada de manera oportuna y no tener como objetivo inducir o retrasar la decisión de la mujer.
Una vez realizado el aborto, el médico responsable deberá dar aviso inmediato al Ministerio Público o al Juez autorizante, enviándole la muestra del producto debidamente embalada para el fin ya indicado.

Artículo 99-Quinquíes.- La exploración médica, atención psicoterapéutica, ginecológica, o cualquier otra que se practique a la víctima de un delito que atente contra la libertad y seguridad sexual y de violencia familiar, estará a cargo de un facultativo de su mismo sexo, salvo cuando la víctima del delito sexual o su representante legal solicite lo contrario.


Cuando lo solicite la víctima podrá ser atendida en su domicilio por profesionales particulares, mediante el compromiso de atenderlo y de rendir los informes a que se refiere el artículo anterior, pero los médicos legistas seguirán con la obligación de visitar periódicamente a la víctima y de rendir también sus informes, cuando así lo determine el juez.

SECCIÓN CUARTA

Detención del Inculpado.

 

REFORMADO P.O. 2 SEP 1994

Artículo 100.- Queda estrictamente prohibido aprehender a persona alguna sin orden de aprehensión  librada por la autoridad judicial competente de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de  los Estado Unidos Mexicanos; hecha excepción en los términos del citado precepto de los casos de flagrante delito o casos urgentes respecto de la comisión de delitos graves.

REFORMADO P.O. 20 OCT. 2006

REFORMADO P.O. 17 JUN. 2008

REFORMADO P.O. 30 JUN. 2009

REFORMADO P.O. 18 DIC. 2009

REFORMADO P.O. 15 JUN. 2010

REFORMADO P.O. 30 JUN. 2010REFORMADO P.O. 30 NOV. 2010. 

REFORMADO P.O. 10 DIC. 2010.

REFORMADO P.O. 30 MAY. 2012.

REFORMADO P.O. 05 DIC. 2012.

Se consideran como graves los delitos previstos en  los artículos: 86 en relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 87 en relación al sujeto del delito que actuó como provocador, 88, 89, 94, 100 fracción III y último párrafo en relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 117, 118, 119, 124, 127, 128, 129 párrafo segundo, 145-Bis, 148 Bis, 148 Ter, en sus Fracciones II y III, 149 Bis, 153 fracción XV, 156, 159 párrafo segundo, 171 párrafo primero, 172 Bis, 172 Ter, 189 bis, 191, 192 bis, 192 ter, 192 Quáter, 194 Quínquies, 202, 203, 204 y 268 fracciones I, II, III, IV y V del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los artículos 6 y 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.

El Ministerio Público podrá duplicar el plazo de 48 horas previsto en el citado artículo 16 Constitucional, en los casos de delincuencia organizada, que serán aquellos en los que tres o más personas se organizan bajo reglas de disciplina o jerarquía, para cometer de modo violento o reiterado o con fines predominantemente lucrativos, alguno de los delitos previstos en este artículo como graves.

Artículo 101.- Para los efectos del artículo anterior, se entiende que una persona es detenida en flagrante delito cuando:

I.- Si es detenido en el momento de estar cometiendo el delito;

II.- Si inmediatamente después de haberse cometido el delito, alguien lo señala como responsable de él y se encuentra en su poder el objeto del mismo, el instrumento con que aparezca cometido o huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad; o

III.- Si después de ejecutado el hecho delictuoso, el acusado es perseguido materialmente.

Artículo 102.- Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, el Juez librará orden de aprehensión contra el acusado, a pedimento del Ministerio Público.

Artículo 103.- La orden de aprehensión contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público, para que aquél ordene a la Policía su ejecución.

Artículo 104.- Cuando se trate de aprehensión de alguna persona cuyo paradero se ignore, el Juez que dicte la orden la comunicará al Procurador General de Justicia y al agente del Ministerio Público adscrito, a fin de que la Policía Judicial localice y aprehenda a dicha persona.

Artículo 105.- Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al acusado detenido, sin demora, a disposición del Tribunal respectivo, informando a éste acerca de la hora en que se efectuó la detención.

Artículo 106.- Los miembros de la Policía o del Ejército que estuvieren sujetos a prisión preventiva, deberán sufrir ésta en las prisiones especiales si existieren, o en su defecto en las comunes; pero no podrán considerarse prisiones especiales, los cuarteles u oficinas; y este artículo es también aplicable a la detención que precede al auto de formal prisión.

Artículo 107.- Cuando se trate de una mujer en cinta, no se procederá a su detención, sino al arresto domiciliario.

El Juez, en atención a lo avanzado de la gravidez, oyendo al perito médico decretará la reclusión en un Centro de Salud, por lo menos del séptimo mes de embarazo hasta el alumbramiento.

Artículo 108.- En el caso del artículo anterior, la reclusión en el Centro de Salud continuará, por el tiempo estrictamente necesario, para que el menor pueda ser atendido por terceras personas, según las particularidades de cada caso y las disposiciones que el Juez dicte, las que deberán atender siempre al beneficio del menor. La ley deberá reglamentar la situación de la madre y del menor para estos casos.

Artículo 109.- Para dictarse orden de aprehensión no será obstáculo la circunstancia de que esté pendiente un recurso de apelación interpuesto contra resolución anterior que la hubiere negado.

Artículo 110.- Si por datos posteriores, el Ministerio Público estimare que ya no es procedente una orden de aprehensión, no ejecutada aún, pedirá su revocación, la que se acordará de plano y notificando la revocación al Procurador General de Justicia, sin perjuicio de que se continúe la averiguación.

Artículo 111.- A pesar de la revocación, podrá el Ministerio Público solicitar nueva orden de aprehensión, que sólo se dictará si con posterioridad a la revocación se aportaron otros datos que la hagan procedente, y que han de ser distintos a los que existían en la averiguación al revocar la orden anterior.

Artículo 112.- Cuando se ejecute una orden de aprehensión dictada contra persona que maneje fondos públicos, se tomarán las providencias necesarias para que no se interrumpa el servicio y se haga entrega de los fondos, valores y documentos que tenga en su poder el acusado, dictándose, entre tanto, las medidas preventivas que se juzguen oportunas para evitar que se substraiga a la acción de la justicia.

Artículo 113.- Al ser aprehendido un empleado o funcionario público, se comunicará la detención sin demora al superior jerárquico respectivo.

Artículo 114.- Cuando deba aprehenderse a un empleado oficial o a un particular, que en ese momento esté trabajando en un servicio público, se procurará que este no se interrumpa, tomándose las providencias necesarias a fin de que el acusado no se fugue entre tanto se obtiene su relevo.

Artículo 115.- Para la aprehensión de un funcionario federal, la autoridad judicial que la decrete ocurrirá al superior jerárquico de aquél para que lo ponga a su disposición, previos los requisitos legales que procedan.

Artículo 116.- Los jueces de primera instancia y los agentes del Ministerio Público de su adscripción, así como los adscritos a la Procuraduría de Justicia, no podrán ser detenidos por autoridad alguna, aun cuando se les impute la comisión de algún delito, sin la autorización del Pleno del Tribunal Superior, si se tratare de los Jueces, y del Procurador General de Justicia si se tratare de los agentes del Ministerio Público.

Artículo 117.- Lo dispuesto en el artículo anterior no es obstáculo para que se sujete al funcionario acusado a la vigilancia de la Policía, mientras se obtiene la autorización del Pleno del Tribunal o del Procurador General de Justicia.

Artículo 118.- Cuando el delito imputado merezca pena no corporal o pena alternativa y exista la posibilidad de que se dificulte la averiguación con la ausencia del acusado, a pedimento del Ministerio Público, el Juez podrá ordenarle que no abandone sin su permiso el lugar en que se sigue el procedimiento.

CAPITULO SEXTO

PRUEBA.

SECCIÓN PRIMERA

Medios de Prueba.

Artículo 119.- Se admitirán como pruebas todos los medios lícitos que sirvan para demostrar un hecho.

SECCIÓN SEGUNDA

Confesión.

Artículo 120.- Confesión es la afirmación que hace una persona de ser ciertos los hechos u omisiones que se le imputan y que ella los cometió o incurrió en ellos.

Artículo 121.- Es confesión simple la que no contiene circunstancia alguna que modifique la naturaleza del hecho u omisión, o la responsabilidad que de ellos resulte para el confesante.

Artículo 122.- Es confesión calificada la que contiene alguna circunstancia modificativa del hecho u omisión o de la responsabilidad penal proveniente de aquellos; y puede ser divisible o indivisible.

Artículo 123.- La confesión calificada es divisible cuando la circunstancia modificativa pueda subsistir independientemente del hecho u omisión imputados.

Artículo 124.- Es indivisible la confesión calificada, cuando la circunstancia modificativa está tan íntimamente ligada al hecho u omisión, que no puede subsistir independientemente de ellos.

Artículo 125.- Es confesión judicial la que se hace ante la autoridad judicial que conoce del proceso.

Artículo 126.- Es confesión extrajudicial la que se hace ante Juez incompetente, ante otras autoridades o ante particulares.

Artículo 127.- La confesión podrá recibirse por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común que practique la averiguación previa o por la autoridad judicial que conozca del asunto y se admitirá en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de pronunciar sentencia irrevocable.

Artículo 128.- Terminada la diligencia de confesión se dará lectura de ella al acusado o la leerá por sí mismo y la firmará o, en su caso, se hará constar la causa por la que no firme.

SECCIÓN TERCERA

Inspección y Reconstrucción de los Hechos.

Artículo 129.- Si el delito fuere de aquéllos que puedan dejar huellas materiales, se procederá a inspeccionar el lugar en que se perpetró, el instrumento y las cosas objeto o efecto de él, los cuerpos del ofendido, de la víctima y del acusado, si fuere posible, y todas las demás cosas y lugares que puedan tener importancia para la averiguación

Artículo 130.- Para la descripción de lo inspeccionado se emplearán, según el caso, dibujos, planos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldeados, o cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el acta cuál o cuáles de aquellos, en qué forma y con qué objeto se emplearon.

Artículo 131.- Se hará la descripción por escrito de todo lo que no hubiere sido posible efectuar por los medios a que se refiere el artículo anterior, procurándose fijar con claridad los caracteres, señales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que probablemente se haya empleado y la forma en que se hubiere usado.

Artículo 132.- Se describirán también el estado físico y las aparentes manifestaciones del estado psíquico de la víctima o del ofendido, del acusado, de los testigos presenciales y de las demás personas que intervinieron en el hecho que se averigua, en el momento en que inicie la investigación

Artículo 133.- Al practicarse una inspección ocular podrá examinarse a las personas presentes, que puedan proporcionar algún dato útil a la averiguación, a cuyo efecto se les podrá prevenir que no abandonen el lugar.

Artículo 134.- El encargado de practicar una inspección ocular podrá hacerse acompañar del perito o peritos que estime necesarios.

Artículo 135.- Al sanar el lesionado se hará la inspección ocular y la descripción de las consecuencias apreciables que las lesiones hubieren dejado.

Artículo 136.- La persona que deba ser reconocida indicará quién o quiénes podrán asistir a la diligencia de reconocimiento cuando quiera que la acompañen.

Artículo 137.- La inspección ocular podrá tener el carácter de reconstrucción de hechos y su objeto será apreciar las declaraciones que se hayan rendido y el o los dictámenes periciales que se hayan formulado.

Artículo 138.- La reconstrucción de hechos se podrá practicar cuando la naturaleza del delito y las pruebas rendidas lo exijan, a juicio del funcionario.

Artículo 139.- La reconstrucción deberá practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se cometió el delito, cuando estas circunstancias tengan influencia en la determinación de los hechos que se reconstruyan; en caso contrario, podrá efectuarse en cualquiera hora y lugar.

Artículo 140.- En el caso a que se refiere la primera parte del artículo anterior, es necesario que se haya efectuado antes la simple inspección ocular del lugar.

Artículo 141.- No se practicará la reconstrucción sin que hayan sido examinadas las personas que hubieren intervenido en los hechos o que los hayan presenciado y deban tomar parte en ella.

Artículo 142.- La parte que solicite la reconstrucción, deberá precisar cuáles son los hechos y circunstancias que desea esclarecer, pudiéndose repetir la diligencia cuantas veces sea necesario.

Artículo 143.- En la reconstrucción estarán presentes, los que hayan declarado haber participado en los hechos o haberlos presenciado.

Artículo 144.- Cuando a la reconstrucción no asistieren los que hayan declarado haber participado en los hechos podrá comisionarse a otra persona para que ocupe su lugar, salvo que esa falta de asistencia haga inútil la práctica de la diligencia, en cuyo caso se suspenderá.

Artículo 145.- Para la reconstrucción se citará al perito o peritos que sean necesarios.

Artículo 146.- La descripción en la reconstrucción se hará en la forma que establecen los artículos 130 y 131.

Artículo 147.- Cuando hubiere versiones distintas acerca de la forma en que ocurrieron los hechos, se practicarán las reconstrucciones relativas a cada una de aquéllas; y en caso de que se haga necesaria la intervención de peritos, el o los que se designen dictaminarán cuál de las versiones puede acercarse más a la verdad.

SECCIÓN CUARTA

Prueba Pericial.

Artículo 148.- Siempre que para el examen de personas u objetos se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de uno o más peritos.

Artículo 149.- Para la prueba pericial bastará el dictamen de un perito; pero puede el Juez pedir la opinión de otro u otros peritos cuando los haya en el Estado.

Artículo 150.- Cada una de las partes tendrá derecho a nombrar un perito a quien el Juez le hará saber su nombramiento y le ministrará los datos que fueren necesarios para que emita su opinión.

Artículo 151.- Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiera el punto sobre el cual deben dictaminarse, si la ciencia o arte están legalmente reglamentados; en caso contrario, o si en la entidad no radicaren titulados, se nombrarán peritos prácticos.

Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se nombrarán peritos titulados o prácticos a personas que pertenezcan a dicha etnia.

Artículo 152.- Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, será imperativo invariable para el juzgador allegarse dictámenes periciales sociológicos y antropológicos, a fin de que profundice el conocimiento de la personalidad del acusado y capte su diferencia cultural, en base a la cultura media regional.

Artículo 153.- La designación de perito hecha por el Juez o por el Ministerio Público deberá recaer en la persona que desempeñe ese empleo por nombramiento oficial.

Artículo 154.- Si no h0ubiere perito oficial titulado se nombrará a un profesor del ramo correspondiente de las escuelas del Estado, o bien a un funcionario o empleado de carácter técnico en establecimientos dependientes del Gobierno.

Artículo 155.- Si no pudiere encontrarse un perito, entre las personas que menciona el artículo anterior, podrán nombrarse a otra u otras personas que no sean funcionarios o empleados de Gobierno.

Artículo 156.- En el caso del artículo anterior, los honorarios se cubrirán según lo que se acostumbre pagar en los establecimientos oficiales del ramo de que se trate a los empleados de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que el perito debiera ocupar en el desempeño de su comisión.

Artículo 157.- El perito que acepte el cargo, con excepción del que sea oficial, tiene obligación de protestar su fiel desempeño, ante el funcionario que practique las diligencias y en casos urgentes, la protesta la rendirá el perito al producir o ratificar su dictamen.

Artículo 158.- El término para rendir el dictamen se regirá por las siguientes disposiciones:

I.- El funcionario que practique las diligencias fijará al perito el tiempo en que deba cumplir su cometido;

II.- Si transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, no rinde el perito su dictamen, o si legalmente citado y aceptado el cargo, no concurre a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio; y

III.- Si a pesar de haber sido apremiado el perito no cumple con las obligaciones impuestas en la fracción anterior, se hará la consignación al Ministerio Público por el delito a que se refiere el artículo 213 del Código Penal.

Artículo 159.- Cuando se trate de una lesión proveniente de delito y el lesionado se encontrare en algún hospital público, el médico de éste se tendrá como perito oficial, sin perjuicio de que el funcionario que practique las diligencias nombre, además otro, si lo creyere conveniente, para que dictamine y haga la clasificación legal.

Artículo 160.- La autopsia de los cadáveres de personas que hayan fallecido en un hospital público la practicará el médico de éste, sin perjuicio de la facultad que concede la parte final del artículo anterior.

Artículo 161.- Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, el reconocimiento o la autopsia se practicarán por el perito médico legista.

Artículo 162.- El funcionario que practique las diligencias podrá asistir al reconocimiento u operaciones que efectúe el perito; podrá hacer a éste todas las preguntas que crea oportunas, le dará por escrito o de palabra, sin sugestión alguna, los datos que tuviere, y hará constar estos hechos en el acta respectiva.

Artículo 163.- Las mismas facultades señaladas en el artículo anterior se conceden a las partes en el proceso.

Artículo 164.- El perito practicará todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte le sugieran y expresará los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión.

Artículo 165.- El perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia especial.

Artículo 166.- El perito oficial no necesitará ratificar su dictamen, sino cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario.

Artículo 167.- Cuando las opiniones de los peritos discordaren, si varios peritos dictaminaron, el funcionario que practique las diligencias los citará a junta en la que se discutirán los puntos de diferencia, haciéndose constar en el acta el resultado de la discusión.

Artículo 168.- Si en la junta a que se refiere el artículo anterior, los peritos no se pusieren de acuerdo, se nombrará un tercero en discordia.

Artículo 169.- Cuando el peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se efectúe el primer análisis sino, cuando más, sobre la mitad de la substancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa, que el perito no pueda emitir el dictamen sin consumirla por completo, lo cual se hará constar en el acta respectiva.

Artículo 170.- Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, se cotejarán las letras o firmas conforme a las siguientes reglas:

I.- El cotejo se hará por perito, pudiendo asistir a la diligencia respectiva el funcionario que esté practicando la averiguación y, en ese caso, se levantará el acta correspondiente;

II.- El cotejo se hará con documentos indubitables o con los que las partes de común acuerdo reconozcan como tales, con aquellos cuya letra o firma haya sido reconocida judicialmente, y con el escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique; y

III.- El Juez podrá ordenar que se repita el cotejo con otro u otros peritos.

Artículo 171.- El funcionario que practique las diligencias podrá ordenar que el perito o peritos asistan a ellas.

Artículo 172.- La opinión del perito o peritos, llamados conforme al artículo anterior podrá no atenderse en las diligencias que se practiquen o en las providencias que se dicten durante la instrucción.

SECCIÓN QUINTA

Testigos.

Artículo 173.- El Juez no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes, cuya declaración soliciten las partes.

Artículo 174.- También mandará el Juez a examinar, según corresponda, a los testigos ausentes, sin que esto suspenda la instrucción ni la facultad del mismo Juez para darla por terminada.

Artículo 175.- Toda persona que sea testigo de una conducta ilícita está obligada a rendir testimonio, respecto de los hechos que se investigan y que a la misma le consten.

Si el testigo no comparece a la primera citación, el juzgador aplicará los medios de apremio que establece la Ley para lograr su comparecencia.

Artículo 176.- No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubinario o concubina del acusado ni a sus parientes por consanguinidad, afinidad o civil en la línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni a los que estén ligados con el acusado por amor, respeto, cariño, o estrecha amistad; pero si estas personas quisieren declarar, se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declaración.

Artículo 177.- Si el testigo se hallare en el territorio del Estado, pero tuviere imposibilidad física para presentarse ante el funcionario que deba recibir la declaración de aquél, dicho funcionario podrá trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo.

Artículo 178.- Si el testigo no se hallare en el lugar de la residencia del funcionario que practique las diligencias, puede encomendarla al del lugar donde se encuentre el testigo, en las formas autorizadas por este Código.

Artículo 179.- Cuando haya que examinar a los funcionarios Titulares de los Poderes del Estado, el funcionario que practique las diligencias solicitará de aquellos que la rindan por medio de oficio.

Artículo 180.- Los testigos deben ser examinados separadamente y sólo las partes podrán asistir a la diligencia, salvo que el testigo sea sordo, mudo, o ignore el idioma castellano, pues en estos casos se aplicarán los artículos 527 a 533 y si el testigo es ciego, el funcionario que lo examine designará a otra persona para que acompañe al testigo, la que firmará la declaración después de que éste la haya ratificado.

Artículo 181.- Antes de que los testigos comiencen a declarar y estando reunidos todos ellos, se les instruirá de las penas que el Código Penal establece para los que se producen con falsedad o se niegan a declarar.

Artículo 182.- A las personas menores de dieciocho años, que deban declarar corno testigos, deberán siempre de estar asistidos por cualquiera de sus padres o por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para el caso de que alguno de los padres sea señalado como probable responsable del delito que se investiga, Y en vez de hacérseles saber las penas en que incurren los que se producen con falsedad, se les exhortará para que se conduzcan con verdad explicándoles claramente de manera que puedan entender el alcance de la misma y el objetivo de la diligencia.


Cuando una persona menor de edad, exprese su conformidad de rendir su declaración testimonial en el caso de delitos contra la libertad y seguridad sexual y contra el libre desarrollo de la personalidad, la diligencia se llevará a cabo evitando el contacto visual directo entre las partes, pudiéndose auxiliar de cualquier medio electrónico audiovisual.


Artículo 182 Bis.- Tanto en la averiguación previa como en el proceso penal, cuando se examine a un menor de edad, independientemente de su calidad, se atenderá siempre a su interés superior, debiendo estar siempre asistidos, en los términos del artículo anterior; cuando se les deban realizar las preguntas, éstas deberán de hacerse en forma clara, en lenguaje sencillo y de forma tal que al abordar el tema no impacte en su conciencia y estabilidad emocional.

Artículo 183.-Después de identificar y tomar al testigo la protesta de decir verdad, se le preguntará su nombre, apellido, edad, lugar de origen, habitación, estado civil, profesión u ocupación; si se halla ligado con el acusado, la víctima o el ofendido por vínculos de parentesco, amistad o cualesquiera otros y si tiene algún motivo de odio o rencor en contra de alguno de ellos.

Artículo 184.- Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer las respuestas que tengan escritas; pero podrán consultar algunas notas o documentos que lleven consigo, cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto y a juicio de quien practique la diligencia. En todo caso el testigo dará la razón de su dicho.

Artículo 185.- El Ministerio Público y la defensa podrán interrogar al testigo; las preguntas que formulen las partes deberán en todo caso guardar relación con los hechos; el Juzgador desechará únicamente las preguntas notoriamente impertinentes capciosas.

El acuerdo que desecha preguntas en términos del párrafo anterior, no admite recurso alguno.

Artículo 186.- Las declaraciones testimoniales se redactarán con claridad y la más alta fidelidad, usando las palabras empleadas por el testigo.

Artículo 187.- Si el testigo quisiere dictar o escribir su declaración se le permitirá hacerlo.

Artículo 188.- Si la declaración se refiere a algún objeto puesto en depósito, después de interrogar al testigo, sobre las señales que caractericen dicho objeto, se le pondrá a la vista para que lo reconozca y firme sobre él, si fuere posible.

Artículo 189.- Si la declaración es relativa a un hecho que hubiere dejado vestigios en algún lugar, el testigo podrá ser conducido a él para que haga la explicación conveniente.

Artículo 190.- Concluida la diligencia, se leerá al testigo su declaración o la leerá él mismo, si quisiere, para que la ratifique o la enmiende, y después de esto será firmada por el testigo y su acompañante, si lo hubiere.

Artículo 191.- Si de lo actuado apareciere que algún testigo se ha producido con falsedad, se mandarán compulsar las constancias conducentes para la investigación de ese delito y se hará la consignación respectiva al Ministerio Público, sin que esto sea motivo para que se suspenda el procedimiento.

Artículo 192.- Si en el momento de rendir su declaración el testigo apareciere que es manifiesta la comisión del delito de falsedad, será detenido desde luego y consignado al Ministerio Público.

Artículo 193.- Cuando tuviere que ausentarse del lugar en que se practiquen las diligencias alguna persona que pueda declarar acerca del delito, de sus circunstancias o de la persona del acusado, el Tribunal, a solicitud de cualquiera de las partes, procederá a examinarla desde luego, si fuere posible; en caso contrario, podrá ordenar su permanencia por el tiempo que sea estrictamente indispensable para que rinda su declaración.

Artículo 194.- El funcionario que practique las diligencias podrá dictar las providencias necesarias para que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por medio de otra persona, antes de que rindan su declaración.

SECCIÓN SEXTA

Confrontación.

Artículo 195.- Toda persona que tuviere que referirse a otra, lo hará de un modo claro y preciso, mencionando el nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla.

Artículo 196.- Cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiera, pero exprese que podrá reconocerla si se le presentare, el Tribunal procederá a la confrontación.

Artículo 197.- Se procederá también a la confrontación cuando el que declare asegure conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce.

Artículo 198.- Al practicar la confrontación se cuidará de:

I.- Que la persona que sea objeto de ella no se disfrace, ni se desfigure, ni borre las huellas o señales que puedan servir al que tiene que designarlas;

II.- Que aquélla se presente acompañada de otros individuos vestidos con ropas semejantes y aún con las mismas señas que las del confrontado, si fuere posible; y

III.- Que los individuos que acompañen a la persona que va a confrontarse sean de clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstancias especiales.

Artículo 199.- Si alguna de las partes solicita que se observen mayores precauciones que las prevenidas en el artículo anterior, quien practique las diligencias podrá acordarlas si las estima convenientes.

Artículo 200.- El que deba ser confrontado puede elegir el sitio en que quiera colocarse con relación a los que lo acompañen y pedir que se excluya del grupo a cualquiera persona que le parezca sospechosa.

Artículo 201.- El Juez puede limitar prudentemente el uso del derecho concedido por el artículo anterior, cuando lo estime malicioso.

Artículo 202.- En la diligencia de confrontación se procederá colocando en una fila a la persona que deba ser confrontada y a las que hayan de acompañarla, y se interrogará al declarante sobre:

I.- Si persiste en su declaración anterior;

II.- Si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si la conoció en el momento de ejecutarlo; y

III.- Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en qué lugar, por qué motivo.

Artículo 203.- Practicado lo que dispone el artículo anterior, se llevará al declarante frente a las personas que formen el grupo; se le permitirá mirarlas detenidamente y se le prevendrá que toque con la mano a la de que se trate, manifestando las diferencias o semejanzas que tuviere entre el estado actual y el que tenía en la época a la que se refirió en su declaración.

Artículo 204.- Cuando la pluralidad de las personas amerite varias confrontaciones, éstas se verificarán en actos separados.

SECCIÓN SÉPTIMA

Careos.

Artículo 205.- Queda estrictamente prohibida la realización de careos entre el inculpado y la víctima menor de edad.

Artículo 206.- El careo solamente se practicará entre dos personas y no concurrirán a la diligencia sino las que deban ser careadas, las partes y los intérpretes si fueren necesarios.

Artículo 207.- Los careos se practicarán dando lectura a las declaraciones que se reputen contradictorias y llamando la atención de los careados sobre sus contradicciones, a fin de que discutan entre sí.

Artículo 208.- Cuando no pudiere obtenerse la comparecencia, ante el Tribunal que conozca del proceso, de alguno de los que deban ser careados, se practicará careo supletorio, leyéndose al presente la declaración del otro y haciéndole notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él.

Artículo 208-BIS.- Cuando se trate de víctimas de un delito que atente contra la libertad y la seguridad sexual o en aquellos delitos graves realizados con violencia, para resguardar su identidad, el careo se podrá llevar a cabo en recintos separados, con la ayuda de cualquier medio electrónico audiovisual, de tal manera que el procesado pueda cuestionar a la víctima u ofendido o los testigos durante la audiencia sin confrontarlos físicamente.

SECCIÓN OCTAVA

Documentos.

Artículo 209.- El juez recibirá las pruebas documentales que le presenten las partes durante la instrucción y las agregará al expediente, asentado razón en autos.

Artículo 210.- Son documentos públicos y privados, respectivamente, los que señala como tales el código de procedimientos civiles.

Artículo 211.- Cuando alguna de las partes pidiere copia o testimonio de un documento que obre en un proceso, las otras partes tendrán derecho a pedir, dentro de tres días, que la copia se adicione con las constancias que crean convenientes del mismo asunto, siempre que la adición tenga relación con aquel documento.

Artículo 212.- En el caso del artículo anterior, el juez o el Tribunal, respectivamente, resolverá de plano si es procedente la adición solicitada.

Artículo 213.- Los documentos existentes fuera del territorio del estado, se compulsarán a virtud de exhorto que se dirija al del lugar en que se encuentren.

Artículo 214.- Los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los interesados, que se presenten por otro, se reconocerán por aquel y para ello se le mostrarán originales y se le dejará ver todo el documento.

Artículo 215.- Cuando el Ministerio Público estime que pueden encontrarse pruebas del delito que motiva la instrucción en la correspondencia que se dirija al acusado, pedirá al Tribunal y éste ordenará que dicha correspondencia se recoja.

Artículo 216.- Con la correspondencia recogida se seguirán los siguientes trámites:

I.- El Juez la abrirá en presencia de su Secretario, del Ministerio Público y del acusado, si éste estuviere en el lugar;

II.- El Juez leerá para sí la correspondencia;

III.- Si no tuviere relación con el hecho que se averigua, la entregará al acusado o a alguna persona de su familia, si aquél no estuviere presente; y

IV.- Si la correspondencia tuviese relación con el delito, comunicará su contenido al acusado y la mandará agregar al expediente.

Artículo 217.- El Juez podrá ordenar que se faciliten por cualquiera oficina telegráfica, copias autorizadas de los telegramas por ella transmitidos o recibidos, si pudiere esto contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Artículo 218.- El auto motivado que se dicte en los casos de los tres artículos que preceden, determinará con exactitud el nombre del destinatario cuya correspondencia deba ser recogida.

Artículo 219.- Cuando el Juez a solicitud de parte o de oficio ordene que se compulse algún asiento o documento existente en los libros, cuadernos o archivos pertenecientes a instituciones de servicio público descentralizado o de crédito o a cualquier otro particular, se precisará la constancia que vaya a obrar como prueba al ordenar la exhibición de aquellos para tal objeto.

Artículo 220.- Si en el caso del artículo anterior, hay resistencia, se oirá a los interesados y se resolverá si se insiste en que se haga la exhibición.

Artículo 221.- Todas las dependencias oficiales residentes en el Estado, así como las instituciones a que se refieren los párrafos anteriores, están obligadas a rendir los informes que les pidan tanto los tribunales, como el Ministerio Público.

Artículo 222.- Los documentos no redactados en español se presentarán originales acompañados de su traducción al castellano y si ésta fuera objetada, se ordenará que sean traducidos por el perito o peritos que designe el Tribunal.

SECCIÓN NOVENA

Presunciones.

Artículo 223.- Presunción es la consecuencia deducida por la ley o por el juzgador, de un hecho conocido, para averiguar otro desconocido.

Artículo 224.- Las presunciones son legales o humanas.

Artículo 225.- Hay presunción legal:

I.- Si la ley lo establece de un modo expreso;

II.- Si la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley.

Artículo 226.- Hay presunción humana, cuando de un hecho plenamente probado, las partes o el Juez deducen otro que es consecuencia ordinaria de aquel.

Artículo 227.- Para que las presunciones tengan valor, se requiere:

I.- Que los hechos en que se apoyen estén plenamente probados;

II.- Que haya concurrencia de varios indicios que las funden;

III.- Que los indicios sean independientes entre sí, de manera que eliminado o destruido uno, puedan subsistir los demás para el efecto de demostrar el hecho;

IV.- Que los indicios se relacionen y armonicen, de suerte que reunidos, hagan prácticamente imposible la falsedad del hecho de que se trate;

V.- Que esté probado el cuerpo del delito.

Artículo 228.- Es admisible prueba contra todo género de presunciones, así legales como humanas.

SECCIÓN DÉCIMA

Valor Jurídico de la Prueba.

Artículo 229.- Los Tribunales en los negocios de su competencia, apreciarán la prueba con sujeción a las reglas contenidas en esta Sección, salvo disposición especial en contrario y expondrán en sus resoluciones los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba.

Artículo 230.- Sólo puede condenarse al acusado cuando se haya probado que él perpetró el delito materia del proceso.

Artículo 231.- En caso de duda, debe absolverse al acusado.

Artículo 232.- El que afirma está obligado a probar y también lo está el que niega, cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelve la afirmación expresa de un hecho.

Artículo 233.- La confesión emitida ante el Ministerio Público y en su caso ante el Juez o Tribunal de la causa, sólo tendrá valor cuando concurran las siguientes circunstancias:

I.- Que sea hecha por persona mayor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia física o moral;

II.- Que sea hecha ante el Ministerio Público o el Tribunal que conozca el asunto, en presencia del defensor o persona de su confianza y que el inculpado esté enterado debidamente del proceso;

III.- Que sea de hecho propio; y

IV.- Que no haya datos que, a juicio del Juez o Tribunal la hagan inverosímil.

En caso de que la detención de una persona exceda los términos señalados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido el detenido no tendrán validez alguna.

Artículo 234.- La Policía Judicial podrá rendir informes, pero no podrá obtener confesiones; si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio.

Artículo 235.- Cuando la confesión fuere calificada, el Juez investigará las pruebas, indicios o presunciones que hubiere, tanto en contra como en favor de la circunstancia calificativa que se alegue, la cual se tendrá o no por probada, según lo que de dicha investigación resulte; pero si no hubiere otra prueba más que la confesión, y la circunstancia no pareciere inverosímil, ni estuviere contradicha por las constancias del proceso, dicha confesión se aceptará en todas sus partes.

Artículo 236.- Cuando la confesión fuera divisible, toca al acusado probar la circunstancia modificativa.

Artículo 237.- La confesión hecha por un acusado con circunstancias en su favor, hará también prueba plena en toda su integridad, si no queda desvirtuada por otras pruebas en contrario.

Artículo 238.- La confesión extrajudicial hecha ante Juez incompetente hace prueba plena.

Artículo 239.- Produce un indicio la confesión hecha ante autoridad que no sea judicial o ante particulares.

Artículo 240.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos.

Artículo 241.- Los instrumentos públicos no necesitan legalización salvo que procedan del extranjero.

Artículo 242.- Los documentos privados sólo harán prueba plena contra su autor, cuando fueren judicialmente reconocidos por él; cuando no hubieren sido objetados por él mismo, si llegó a tener conocimiento de ellos, o cuando no prospere la objeción que les hubiere puesto.

Artículo 243.- Los documentos privados comprobados con testigos se considerarán como prueba testimonial.

Artículo 244.- Los documentos privados provenientes de un tercero serán estimados como presunciones.

Artículo 245.- La inspección judicial hará prueba plena cuando se haya practicado en objeto que no requiera conocimiento especial o científico.

Artículo 246.- La reconstrucción del delito hace prueba plena.

Artículo 247.- La fuerza probatoria de todo juicio pericial, incluso el cotejo de letras y el dictamen de peritos científicos, será calificada por el Juez o Tribunal, según las circunstancias.

Artículo 248.- Dos testigos harán prueba plena si concurren en ellos los siguientes requisitos:

I.- Que convengan no solo en la substancia, sino en los accidentes del hecho que refieren;

II.- Que hayan oído pronunciar las palabras o visto el hecho material sobre que deponen; y

III.- Que su declaración merezca fe, conforme a las reglas que establece el artículo 250.

Artículo 249.- También harán prueba plena los testigos que convengan en la substancia y no en los accidentes, siempre que éstos, a juicio del Tribunal, no modifiquen la esencia del hecho.

Artículo 250.- Para apreciar la declaración de un testigo el Juez o Tribunal tomará en consideración las circunstancias siguientes:

I.- Que por su edad, capacidad o instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto;

II.- Que por su probidad, por la independencia de su posición y por sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

III.- Que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otra persona;

IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales;

V.- Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado por engaño, error o soborno:

El apremio judicial no se reputa fuerza.

Artículo 251.- Si por ambas partes hubiere igual número de testigos contradictorios, el Tribunal se decidirá por el dicho de los que le merezcan mayor confianza y si todos la merecen igual y no hay otra prueba, se absolverá al acusado.

Artículo 252.- Si por una parte hubiere mayor número de testigos que por la otra, el Tribunal se decidirá por la mayoría, siempre que en todos concurran los mismos motivos de confianza y en caso contrario obrará como le dicte su conciencia, fundando especialmente esa parte del fallo.

Artículo 253.- Las presunciones contrarias se destruyen mutuamente.

Artículo 254.- El Juez o el Tribunal según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.

CAPITULO SÉPTIMO

Conclusiones.

Artículo 255.- Cerrada la instrucción se mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, por cinco días, para que formule conclusiones por escrito y si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cincuenta de exceso o fracción se aumentará un día al término señalado, sin que pueda exceder de quince días.

Artículo 256.- El Ministerio Público, al formular sus conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del acusado; propondrá las cuestiones de derecho que se presenten y citará las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables.

Artículo 257.- Las conclusiones del Ministerio Público deben precisar si hay lugar o no a acusación.

Artículo 258.- En las conclusiones acusatorias, el Ministerio Público deberá:

I.- Fijar en proposiciones concretas los hechos punibles que atribuya al acusado;

II.- Solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la de reparación del daño, cuando proceda;

III.- Citar las leyes aplicables al caso;

IV.- Enumerar los elementos constitutivos del delito y las circunstancias que deban tomarse en cuenta para imponer la sanción;

V.- Formar tantos capítulos cuantos sean los acusados y los delitos de que se les acusa; y

VI.- Acusar por los mismos hechos precisados en el auto de formal prisión, de acuerdo con el artículo 64, pudiendo variar la clasificación legal que de ellos se hubiere hecho o expresado en el procedimiento.

Artículo 259.- Si las conclusiones fueren de no acusación; si en las formuladas no se comprendiere algún delito que resulte probado de la instrucción; si fueren contrarias a las constancias procesales, o si en ellas no se cumpliere con lo dispuesto en el artículo 258, el Juez las enviará, con el proceso, al Procurador General de Justicia, señalando cuál es la omisión o contradicción, si éstas fueren el motivo del envío.

Artículo 260.- El Procurador General de Justicia dentro de los quince días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el proceso, resolverá si son de confirmarse, revocarse o modificarse las conclusiones.

Artículo 261.- Si el Procurador General de Justicia no resuelve dentro del término establecido en el artículo anterior, bajo su responsabilidad se considerarán confirmadas por él las conclusiones del Ministerio Público, y si éstas fuesen de no acusación se dictará sobreseimiento de acuerdo con los artículos 266 fracción I, 267, 270 y 271.

Artículo 262.- Las conclusiones acusatorias, formuladas por el agente o por el Procurador, o por aquel y ratificadas expresa o tácitamente por éste, en su caso, se harán conocer al acusado y a su defensor, dándoles vista de todo el proceso, a fin de que, en un término igual al que para el Ministerio Público señala el artículo 255, contesten el escrito de acusación y formulen, a su vez, las conclusiones que crean procedentes.

Artículo 263.- Cuando los acusados fueren varios, el término para contestar el escrito de acusación será común para todos.

Artículo 264.- Si al concluirse el término concedido al acusado y a su defensor, éstos no hubieren presentado conclusiones, se tendrán por formuladas las de inculpabilidad.

Artículo 265.- Pasado el término señalado en el artículo 255, sin que el Ministerio Público formule conclusiones, el Juez de oficio le aplicará una multa, como corrección disciplinaria, le señalará nuevo término que no exceda de tres días, para que las formule y lo apercibirá con duplicar la multa en caso de incumplimiento, sin perjuicio de dar cuenta al Procurador General de Justicia para los efectos que procedieren.

CAPITULO OCTAVO

Sobreseimiento.

Artículo 266.- El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

I.- Cuando el Procurador confirme o formule conclusiones no acusatorias;

II.- Cuando el Ministerio Público, con los requisitos legales, se desista de la acción penal intentada;

III.- Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida;

IV.- Cuando aparezca que el hecho que motivó la averiguación no es delictuoso;

V.- Cuando se pruebe que no existió el hecho delictuoso que la motivó;

VI.- Derogado; y

VII.- Cuando aparezcan pruebas que fehacientemente acrediten que el acusado no es responsable de la comisión del delito que se le imputa.

Artículo 267.- El procedimiento cesará y el expediente se mandará archivar en los casos de sobreseimiento.

Artículo 268.- Cuando se siga el procedimiento por dos o más delitos y por lo que toca a alguno exista causa de sobreseimiento, éste se decretará por lo que al mismo se refiere y continuará en cuanto a los demás delitos.

Artículo 269.- El sobreseimiento puede decretarse de oficio o a petición de parte y se resolverá de plano.

Artículo 270.- El acusado a cuyo favor se haya decretado el sobreseimiento será puesto en absoluta libertad respecto al delito por el que se decretó.

Artículo 271.- El auto de sobreseimiento no es recurrible y surtirá efectos de cosa juzgada.

CAPITULO NOVENO

JUICIO

SECCIÓN PRIMERA

Procedimiento en Primera Instancia.

Artículo 272.- Presentadas las conclusiones o cumplido con lo dispuesto por el artículo 264, se citará a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes.

Artículo 273.- La citación para la audiencia a que se refiere el artículo anterior produce los efectos de citación para sentencia.

Artículo 274.- En la audiencia podrán interrogar al acusado, sobre los hechos materia del juicio, el Juez, el Ministerio Público y la defensa.

Artículo 275.- Se podrán repetir en la misma audiencia, las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre que fuere necesario y posible a juicio del Juez, y si hubieren sido solicitadas por las partes a más tardar al día siguiente de haberse notificado el auto que cite para la audiencia.

Artículo 276.- A continuación se dará lectura a las constancias que las partes señalen y después de oír los alegatos de las mismas se declarará visto el proceso y el Juez, dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de los diez días siguientes.

Artículo 277.- Contra la resolución que niegue o admita la repetición de las diligencias de prueba, no procede recurso alguno.

SECCIÓN SEGUNDA

Aclaración de Sentencia.

Artículo 278.- La aclaración procede únicamente tratándose de sentencias definitivas y sólo una vez puede pedirse.

Artículo 279.- La aclaración se pedirá ante el Juez o Tribunal que haya dictado la sentencia dentro de tres días contados desde la notificación y expresando claramente la contradicción, ambigüedad, oscuridad o deficiencia de que, en concepto del promovente, adolezca la sentencia.

Artículo 280.- De la solicitud respectiva se dará vista a las otras partes por tres días, para que expongan lo que estimen procedente.

Artículo 281.- El Juez o Tribunal resolverá dentro de tres días si es de aclararse la sentencia y en qué sentido, o si es improcedente la aclaración.

Artículo 282.- Cuando el juez o Tribunal que dictó la sentencia estime que de oficio debe aclararse algún error de ella, dictará auto expresando las razones que crea existan para hacer la aclaración; notificará ese auto a las partes para que éstas, dentro de tres días, expongan lo que estimen conveniente y enseguida procederá en la forma que dispone el artículo anterior.

Artículo 283.- En ningún caso se alterará, a pretexto de aclaración, el fondo de la sentencia.

Artículo 284.- La resolución en que se aclare una sentencia se reputará parte integrante de ella.

Artículo 285.- Contra la resolución que se dicte otorgando o negando la aclaración, no procede recurso alguno.

Artículo 286.- La aclaración propuesta interrumpe el término señalado para la apelación.

SECCIÓN TERCERA

Sentencia Irrevocable.

Artículo 287.- Son irrevocables y causan ejecutoria:

I.- Las sentencias pronunciadas en primera instancia cuando se hayan consentido expresamente;

II.- Las sentencias pronunciadas en primera instancia que sean consentidas tácitamente, por no haberse interpuesto dentro del término fijado por la ley, el recurso procedente en su contra; y

III.- Las sentencias contra las cuales no dé la ley recurso alguno.

IV.- Las resoluciones dictadas por los Jueces del Estado competentes en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, que contemplan los artículos 474, 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud y relativos del Código Federal.

CAPITULO DÉCIMO

Recursos.

SECCIÓN PRIMERA

Revocación.

Artículo 288.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el Juez que los dictó.

Artículo 289.- Son revocables las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia.

Artículo 290.- Interpuesto el recurso, en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez o Tribunal lo resolverá de plano si estimare que no es necesario oír a las partes.

Artículo 291.- Si el Juez o Tribunal estima que debe oírse a las partes, las citará a una audiencia verbal que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y dictará su resolución dentro de tres días.

SECCIÓN SEGUNDA

Apelación.

Artículo 292.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar:

I.- Si en la Substanciación del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en forma que se haya dejado sin defensa al quejoso; y

II.- Si en la resolución recurrida se dejó de aplicar la ley o se aplicó inexactamente.

Artículo 293.- La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima.

Artículo 294.- Podrán apelar:

I.- El Ministerio Público;

II.- El acusado y su defensor; y

III.- La víctima o el ofendido o sus legítimos representantes tratándose de la responsabilidad civil y sólo en lo relativo a ésta.

Artículo 295.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario;

I.- Las sentencias de primera instancia;

II.- Los autos que nieguen o decreten el sobreseimiento en el caso de las fracciones III y VI del artículo 266;

III.- Los autos de libertad por falta de elementos para procesar;

IV.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;

V.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;

VI.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;

VII.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; y

VIII.- Las demás resoluciones que señale la ley.

Artículo 296.- La apelación suspende la ejecución de la resolución apelada, salvo cuando ésta sea el auto de libertad por falta de elementos para procesar, de no sujeción a proceso, de libertad por desvanecimiento de datos, de libertad bajo caución, de sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

Artículo 297.- La apelación podrá interponerse por el acusado o su defensor en el acto de la notificación, o por escrito o comparecencia, dentro de los cinco días siguientes si se tratare de sentencia, y de tres días si se interpusiere contra auto.

Artículo 298.- El Ministerio Público, la víctima el ofendido o sus representantes, únicamente podrán apelar por escrito dentro de los términos a que se refiere el artículo anterior, contados a partir de la notificación.

Artículo 299.- Al notificarse al acusado la sentencia de primera instancia, se le hará saber el término que la Ley concede para interponer el recurso de apelación, lo que se hará constar en el proceso.

Artículo 300.- La omisión del requisito a que se refiere el artículo anterior surte el efecto de tener por apelada la sentencia por parte del acusado, salvo que éste manifieste lo contrario.

Artículo 301.- Los agravios deberán expresarse por escrito dentro de los diez días siguientes a la interposición de la apelación si se tratare de sentencia y de cinco días si se tratare de otras resoluciones o autos, ante el Juez de la causa.

Artículo 302.- En el escrito a que se refiere el artículo anterior, cuando el apelante sea el Ministerio Público, la víctima, el ofendido o sus representantes, deberá expresarse que parte de la resolución o auto apelado le causa agravio, el precepto o preceptos legales violados y el concepto o conceptos de violación

Artículo 303.- Si el apelante no expresa agravios dentro del término señalado en el artículo 301, salvo que el recurrente sea el acusado, el Tribunal declarará desierto el recurso y firme la resolución o auto impugnado.

Artículo 304.- El acusado y su defensor podrán expresar agravios dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que radique la apelación en el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 305.- Interpuesto el recurso dentro del término legal y con los requisitos señalados en los artículos precedentes, el Juez que dictó la resolución apelada lo admitirá o desechará de plano, según sea o no procedente conforme a las disposiciones anteriores.

Artículo 306.- Al admitirse el recurso de apelación se prevendrá al acusado que nombre defensor en la segunda instancia.

Artículo 307.- Contra el auto que admita la apelación no procede recurso alguno.

Artículo 308.- Admitida la apelación, se remitirá el original del proceso al Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 309.- Si fueren varios los acusados y la apelación solamente se refiere a alguno o algunos de ellos, se remitirá el duplicado autorizado de constancias o testimonio de lo que las partes designen y de lo que el Juez estime conveniente.

Artículo 310.- El original del proceso y en su caso el duplicado o testimonio, debe remitirse dentro de tres días y si no se cumple con esa prevención, el Tribunal Superior a pedimento del apelante o de oficio, impondrá al inferior una medida disciplinaria.

Artículo 311.- Recibidas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Superior examinará la resolución recurrida y decidirá si el recurso es o no procedente.

Artículo 312.- Si en esa resolución el Tribunal Superior decide que el recurso no es procedente, lo declarará mal admitido y devolverá las actuaciones al juzgado de su origen.

Artículo 313.- Si el Tribunal Superior estima bien admitido el recurso, en la misma resolución declarará, previo examen del proceso, si en éste se cometió o no alguna violación al procedimiento que haya dejado sin defensa al acusado, y en caso afirmativo, dictará las providencias necesarias, para que dentro de un término hasta de treinta días se reparen esas violaciones por el propio Tribunal de apelación o por el inferior a quien encomiende esas diligencias.

Artículo 314.- Enunciativamente se considera violaciones al procedimiento en primera instancia, que dejan sin defensa al acusado las siguientes:

I.- No haberse hecho saber al acusado durante la instrucción ni al celebrarse el juicio, el motivo del procedimiento o el nombre de las personas que le imputen la comisión del delito;

II.- No haberse permitido al acusado nombrar defensor o no nombrársele al de oficio;

III.- No haberse facilitado al acusado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento;

IV.- Haberse impedido al acusado comunicarse con su defensor o que éste lo asistiere en alguna de las diligencias del proceso;

V.- No haberse ministrado al acusado o al defensor de éste los datos que necesitare para la defensa y que constaren en el proceso;

VI.- No haberse celebrado careos en términos del artículo 20 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 205 de este Código;

VII.- No haberse citado al acusado para las diligencias que tuviere derecho a presenciar;

VIII.- No haberse recibido al acusado injustificadamente, las pruebas que hubiere ofrecido con arreglo a la ley;

IX.- Haberse celebrado el juicio sin asistencia del Funcionario que deba fallar, de su Secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público;

X.- Haberse negado al acusado los recursos procedentes;

XI.- Haberse tenido en cuenta en la sentencia una diligencia que la ley declare expresamente que es nula; y

XII.- No haber designado el acusado que no hable o entienda suficientemente el idioma español un traductor en los términos del artículo 22 de este Código.

Toda violación en primera instancia verificado en la segunda instancia, motiva su reposición en sí y en sus consecuencias, con arreglo al presente artículo, lo que debe ordenarse sin demora.

Artículo 315.- Si el acusado carece de defensor en segunda instancia, el Tribunal Superior le designará al de oficio desde el primer auto que dicte con motivo de la apelación.

Artículo 316.- Dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto de radicación de la apelación, las partes podrán ofrecer pruebas expresando el objeto y naturaleza de las mismas y el Tribunal Superior dentro de tres días resolverá si se admite o no.

Artículo 317.- La facultad de ordenar diligencias para mejor proveer puede ejercerla el Tribunal Superior en todo momento, desde la radicación del toca, hasta antes de la citación para la vista.

Artículo 318.- Cuando se admitan pruebas se recibirán éstas dentro del término a que se refiere el artículo 313 si se mandó reparar violaciones de procedimiento o en un término hasta de quince días si no se mandaron reparar violaciones de esa clase.

Artículo 319.- Si la prueba hubiere de rendirse fuera de la Capital del Estado, pero dentro de éste, el Tribunal Superior concederá un término hasta de diez días más.

Artículo 320.- El término para recibir pruebas, se aumentará en treinta días si deben rendirse fuera del Territorio del Estado.

Artículo 321.- Sólo se admitirá la prueba testimonial en la segunda instancia cuando los hechos a que se refiera no haya sido materia del examen de testigos en la primera.

Artículo 322.- Los documentos son admitibles mientras no se señale día para la vista de la causa.

Artículo 323.- Las partes podrán tomar en la Secretaría del Tribunal los apuntes que necesiten para alegar.

Artículo 324.- Concluidos los términos a que se refieren los artículos 313, 318 y 319, o si no mandaron reparar violaciones al procedimiento ni se ofrecieron pruebas, el Tribunal Superior, de oficio señalará fecha para la vista que se efectuará dentro de los diez días siguientes.

Artículo 325.- Para la vista serán citados el Ministerio Público, el acusado si estuviere en el lugar, el defensor y el actor en el incidente de responsabilidad civil, en su caso.

Artículo 326.- El día señalado para la vista, las partes alegarán por escrito, sin perjuicio de que lo hagan verbalmente si quisieran hacerlo, pero en este caso en autos sólo se asentará un extracto sumario de lo dicho por las partes.

Artículo 327.- Declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el Tribunal de apelación dictará a continuación y en la misma audiencia la sentencia o dentro de los diez días siguientes.

Artículo 328.- Cuando el acusado o el defensor omitan expresar agravios o lo hagan en forma deficiente, dentro del término señalado para ello, el Tribunal Superior suplirá la deficiencia.

Artículo 329.- Si solamente hubiere apelado el acusado o su defensor, no se podrá aumentar la sanción impuesta en la sentencia recurrida ni agravarse la estimación de la peligrosidad hecha por el inferior y si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en primera instancia o que cambien en perjuicio del acusado, la clasificación del delito hecha en esa instancia.

Artículo 330.- Notificado el fallo a las partes, se remitirá desde luego la ejecutoria al Juez de Primera Instancia, devolviéndole el expediente, en su caso.

Artículo 331.- Cuando el Tribunal Superior notare que no se interpusieron los recursos que procedían en favor del acusado, que se abandonaron los interpuestos, que no se alegaron circunstancias favorables al acusado, probadas en el proceso, todo esto por no cumplir el defensor con sus deberes, y cuando no exprese agravios en la apelación, el Tribunal le impondrá una corrección disciplinaria y lo consignará al Ministerio Público, si procediere.

SECCIÓN TERCERA

Denegada Apelación.

Artículo 332.- El recurso de denegada apelación procede cuando ésta se haya desechado.

Artículo 333.- El recurso se interpondrá verbalmente o por escrito dentro de los dos días siguientes al en que se notifique la resolución que niegue la apelación.

Artículo 334.- Interpuesto el recurso, el Juez, sin más substanciación, mandará expedir y remitir al Tribunal Superior, dentro de tres días, informe en el que brevemente expondrá la naturaleza y estado de las actuaciones, el punto sobre el que recayó el auto apelado e insertará éste a la letra, así como el que haya desechado la apelación.

Artículo 335.- Cuando el Juez de Primera Instancia no cumpliere con lo prevenido en el artículo anterior, el interesado podrá ocurrir por escrito ante el Tribunal Superior, el cual mandará que el inferior remita el informe dentro de veinticuatro horas, sin perjuicio de imponerle una corrección disciplinaria.

Artículo 336.- El Tribunal Superior, sin más trámite, resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

Artículo 337.- Si la apelación se declara admisible, se pedirá el expediente, duplicado o testimonio, en su caso, al Juez de Primera Instancia, para substanciar la segunda.

CAPITULO UNDÉCIMO

INCIDENTES

SECCIÓN PRIMERA

Libertad Provisional Bajo Caución.

Artículo 338.- Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se garantice en su caso el monto estimado de la reparación de los daños y de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse y no se trate de alguno de los delitos calificados como graves por la presente ley, respecto de los cuales se prohíbe expresamente conceder este beneficio.

Artículo 338-BIS.- Derogado.

Artículo 339.- Cuando proceda la libertad caucional, inmediatamente que se solicite, se decretará en la misma pieza de autos y para los efectos de esta libertad, la interposición de la apelación no suspende la jurisdicción del Juez, sino hasta que el Tribunal admite el recurso.

Artículo 340.- Si se negare la libertad caucional podrá solicitarse de nuevo y concederse por causas supervenientes.

Artículo 341.- Una vez garantizado en su caso el monto estimado de la reparación de los daños y de las sanciones pecuniarias que puedan imponérsele al inculpado, el Juez o Tribunal fijarán el monto y la forma de la caución, mismos que serán asequibles para él, considerando para tales efectos:

I.- Los antecedentes del acusado;

II.- Las circunstancias del delito imputado;

III.- El mayor o menor interés que pueda tener el acusado en substraerse a la acción de la justicia:

IV.- Las condiciones económicas del acusado; y

V.- La naturaleza de la garantía que se ofrezca.

Artículo 342.- La naturaleza de la caución quedará a elección del acusado, quien al solicitar la libertad manifestará la forma que elige, para los efectos de la fracción V del artículo anterior.

El monto de la caución o de la garantía podrá ser disminuida cuando variaren en favor del procesado cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo anterior. El Juez o Tribunal resolverán de plano la solicitud que se formule al respecto.

Artículo 343.- En caso de que el acusado, su representante o su defensor no hagan la manifestación mencionada en el artículo anterior, el Juez o Tribunal, de acuerdo con el artículo 341 fijará las cantidades que correspondan a cada una de las formas de caución.

Artículo 344.- La caución consistente en depósito en efectivo, se hará por el acusado o por terceras personas ante el Juez o Tribunal y éste o aquél recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar en la Recaudación de Rentas correspondiente el primer día hábil.

Artículo 345.- El certificado que en el caso del artículo anterior expida la Recaudación de Rentas se depositará en el seguro del Juzgado, asentándose constancia en autos.

Artículo 346.- Cuando la garantía consista en hipoteca, el inmueble no deberá tener gravamen alguno y su valor fiscal será, cuando menos de tres veces el monto de la suma fijada como caución.

Artículo 347.- Cuando se ofrezca como garantía fianza personal por cantidad que no exceda de mil pesos, quedará bajo la responsabilidad del Juez o Tribunal la apreciación que haga de la solvencia e idoneidad del fiador.

Artículo 348.- Cuando la fianza sea por cantidad mayor de mil pesos, se regirá por lo dispuesto en el Código Civil; pero las instituciones de crédito o las empresas afianzadoras no necesitan demostrar su solvencia.

Artículo 349.- Los bienes inmuebles de los fiadores deben estar libres de gravámenes y tener, cuando menos, un valor tres veces mayor que el monto de la caución señalada.

Artículo 350.- Las fianzas de que habla este Capítulo se extenderán en la misma pieza de autos, y si se otorgan en póliza, se guardará ésta en el seguro del Juzgado.

Artículo 351.- El fiador, excepto cuando se trate de las instituciones o empresas mencionadas en el artículo 348, declarará ante el Juez o Tribunal, bajo protesta de decir verdad, si ha otorgado con anterioridad alguna otra fianza judicial y, en su caso, la cuantía y circunstancias de la misma, y esa declaración se tomará en cuenta al calificar su solvencia.

Artículo 352.- El Tribunal Superior de Justicia llevará un registro en que se anotarán las fianzas otorgadas ante él mismo o ante los juzgados del Estado, a cuyo efecto, estos últimos, en el término de tres días, deberán comunicarle las que hayan aceptado y la cancelación respectiva, en su caso, para que todo ello se registre.

Artículo 353.- El fiador, aun cuando sea una de las instituciones o empresas mencionadas en el artículo 348, se someterá a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado, renunciando al fuero de su domicilio.

Artículo 354.- Las autoridades administrativas del Estado, están obligadas a comunicar al Tribunal Superior, el resultado de las gestiones para hacer efectivas las fianzas a que este Capítulo se refiere, lo que también se anotará en el registro.

Artículo 355.- La falta de cumplimiento de los deberes que imponen los tres artículos anteriores se corregirá disciplinariamente.

Artículo 356.- Cuando del registro aparezca la insolvencia de un fiador, previo informe del Secretario, el Tribunal Superior lo comunicará por circular a todos los Jueces de Primera Instancia, para el efecto de que no se le vuelva a admitir como fiador.

Artículo 357.- Al notificarse al acusado el auto que le concede la libertad caucional, se le ordenará presentarse ante el Juez o Tribunal, los días que se fijen y cuantas veces sea citado para ello y que deberá comunicar, también, al mismo Juez o Tribunal, los cambios de domicilio que tuviere y no ausentarse del lugar sin su permiso, el que no se podrá conceder por tiempo mayor de un mes.

Artículo 358.- También se harán saber al acusado, en el momento de la notificación a que se refiere el artículo anterior, las causas de revocación de la libertad caucional.

Artículo 359.- En la notificación se hará constar que se hicieron saber al acusado las obligaciones enumeradas en el artículo 357 y las causas de revocación; pero la omisión de este requisito no liberará de ellas ni de sus consecuencias al acusado.

Artículo 360.- Cuando el acusado haya garantizado por sí mismo su libertad con depósito o hipoteca, aquella se revocará en los siguientes casos:

I.- Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del Juez o Tribunal que conozca de su asunto;

II.- Cuando antes de que el expediente en que se le concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria, cometiere un nuevo delito que merezca pena corporal;

III.- Cuando realice actos que tiendan a intimidar a la víctima o al ofendido o a algún testigo de los que hayan depuesto o tengan que deponer en su asunto o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos, a algún funcionario del Juzgado o Tribunal o al Agente del Ministerio Público que intervenga en el caso;

IV.- Cuando lo solicite el mismo acusado y se presente al Juez o Tribunal;

V.- Cuando aparezca con posterioridad que le corresponde al acusado una pena que no permita otorgar la libertad;

VI.- Cuando en el proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera instancia o cuando se dicte la de apelación; y

VII.- Cuando el acusado no cumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 357.

Artículo 361.- Cuando un tercero haya garantizado la libertad del acusado por medio de depósito en efectivo, fianza o hipoteca, aquélla se revocará:

I.- En los casos que se mencionan en el artículo anterior;

II.- Cuando el tercero pida, con causa justificada, que se le releve de la obligación y presente al acusado;

III.- Cuando, con posterioridad, se demuestre la insolvencia del fiador; y

IV.- En el caso de la fracción III del artículo 365.

Artículo 362.- En los casos de las fracciones I y VII del artículo 360 se mandará reaprehender al acusado y la caución se hará efectiva para lo cual se harán las notificaciones necesarias a la autoridad fiscal correspondiente.

Artículo 363.- En los casos de las fracciones II, III, V y VI del mismo artículo 360 y III del artículo 361, se ordenará la reaprehensión del acusado.

Artículo 364.- En los casos de las fracciones IV del artículo 360 y II del 361, se remitirá al acusado al establecimiento que corresponda.

Artículo 365.- Cuando un tercero haya constituido el depósito, fianza o hipoteca, para garantizar la libertad de un acusado, se observarán las disposiciones siguientes:

I.- Las órdenes para que comparezca el acusado se entenderán con dicho tercero;

II.- Si el tercero no pudiere desde luego presentar al acusado, el Tribunal podrá concederle un término hasta de treinta días, para que lo haga, sin perjuicio de librar orden de reaprehensión si lo estima oportuno; y

III.- Si concluido el término concedido no se obtiene la comparecencia del acusado, se ordenará la reaprehensión y se hará efectiva la garantía, cumpliéndose con las notificaciones ordenadas por el artículo 362.

Artículo 366.- Cuando se trate de hacer efectiva la garantía a cargo de empresas afianzadoras legalmente constituidas y autorizadas, los jueces cuidarán la observancia de las prescripciones de las leyes locales y federales aplicables.

Artículo 367.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, una vez que haya causado ejecutoria la declaración de pérdida de la caución, el Juez enviará copia certificada de las constancias conducentes, a la Secretaría de Finanzas para que esta dependencia haga las gestiones que con arreglo a la ley correspondan.

Artículo 368.- Cuando el acusado solicite nuevamente la libertad caucional, que le haya sido revocada, se le concederá por la misma cantidad que se fijó para aquélla, si se está en los casos previstos por las fracciones IV del artículo 360 y II y III del artículo 361; pero en los demás casos a juicio debidamente razonado del Juez o Tribunal, podrá aumentarse la garantía hasta en tres tantos más.

Artículo 369.- El funcionario que infrinja lo dispuesto en el artículo anterior, será sancionado con una medida disciplinaria.

Artículo 370.- El Tribunal ordenará la devolución del depósito o mandará cancelar la garantía:

I.- Cuando se decrete el sobreseimiento en el proceso o la libertad del acusado;

II.- Cuando el acusado sea absuelto; y

III.- Cuando resulte condenado el acusado y se presente a cumplir su condena.

Artículo 371.- Siempre que se revoque la libertad, la caución se hará efectiva en beneficio del Estado.

Artículo 372.- En los casos de los artículos 362 y 365 fracción III de este Código la autoridad fiscal conservará en su poder el importe de la caución que se haya hecho efectiva, entretanto no se resuelva la reparación del daño, para los efectos del artículo 33 del Código Penal.

SECCIÓN SEGUNDA

Libertad Provisional Bajo Protesta.

Artículo 373.- Será puesto en libertad bajo protesta el acusado cuando cumpla la pena impuesta en primera instancia, estando pendiente el recurso de apelación o el juicio de amparo.

Artículo 374.- Los Tribunales acordarán de oficio la libertad de que trata el artículo anterior.

Artículo 375.- La libertad bajo protesta se revocará, cuando pueda legalmente ejecutarse la sentencia que condene al acusado, a una pena de prisión que exceda al tiempo en que estuvo él privado de la libertad.

SECCIÓN TERCERA

Libertad por Desvanecimiento de Datos.

Artículo 376.- La libertad por desvanecimiento de datos procede en los siguientes casos:

I.- Cuando en cualquier estado de la instrucción, y después de dictado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito; y

II.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y sin que hubieren aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido plenamente los considerados en el auto de formal prisión para tener al acusado como presunto responsable.

Artículo 377.- Para substanciar el incidente respectivo, hecha la petición por alguna de las partes, el Tribunal las citará a una audiencia dentro del término de tres días, a la que el Ministerio Público deberá asistir; pero si no asiste, la audiencia se llevará a cabo y el Tribunal le impondrá una corrección disciplinaria.

Artículo 378.- La resolución del incidente de libertad por desvanecimiento de datos se dictará en la audiencia a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 379.- La solicitud del Ministerio Público para que se conceda la libertad por desvanecimiento de datos no implica el desistimiento de la acción penal.

Artículo 380.- El Juez puede negar la libertad por desvanecimiento de datos, a pesar de petición favorable del Ministerio Público.

Artículo 381.- Cuando el acusado solamente haya sido declarado sujeto a proceso, se podrá promover el incidente a que se refiere la presente Sección, para que quede sin efecto esa declaración.

Artículo 382.- La resolución favorable al acusado, en el incidente de desvanecimiento de datos, tendrá los mismo efectos que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, quedando expeditas las facultades tanto del Ministerio Público para pedir nuevamente la aprehensión del acusado, como del Juez para dictar nuevo auto de formal prisión, si aparecieren posteriormente datos que les sirvan de fundamento y siempre que no se varíen los hechos delictuosos motivo del procedimiento.

SECCIÓN CUARTA

Competencias.

Artículo 383.- Las cuestiones de competencia sólo pueden iniciarse por inhibitoria.

Artículo 384.- El incidente sobre competencia se tramitará siempre por separado.

Artículo 385.- En la substanciación de las competencias, una vez transcurridos los términos, se proveerá de oficio el trámite que corresponda.

Artículo 386.- La inhibitoria se intentará ante el Juez que se crea competente para que se avoque al conocimiento del asunto.

Artículo 387.- El que promueva la inhibitoria puede desistirse de ella antes de que sea aceptada por los Tribunales; mas una vez que éstos la acepten, continuará substanciándose hasta su decisión.

Artículo 388.- El Juez mandará dar vista al Ministerio Público, cuando no proviniere de éste la instancia, por el término de tres días, y si estimare que es competente para conocer del asunto, librará oficio inhibitorio al Juez que conozca del negocio, a efecto de que le remita el expediente.

Artículo 389.- El Juez requerido procederá como lo disponen las siguientes fracciones:

I.- Oirá desde luego a las partes dentro de tres días y resolverá dentro de otros tres, lo que corresponda;

II.- Si resolvió admitiendo su incompetencia, remitirá, desde luego, los autos al Tribunal requirente; y

III.- Si la resolución fuere sosteniendo su competencia, y se tratare de jueces quintanarroenses, remitirá los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado comunicando este trámite al requirente para que, a su vez, remita sus actuaciones al mismo Tribunal.

Artículo 390.- El Tribunal Superior de Justicia dará vista al Ministerio Público por el término de tres días y resolverá lo que corresponda, dentro de los quince días siguientes, remitiendo las actuaciones al Juez que declare competente.

Artículo 391.- Si uno de los jueces contendientes reside en el Estado, y el otro fuera de éste, cuando ambos sostengan su competencia, se estará a lo dispuesto por las leyes federales.

Artículo 392.- Cuando el Juez quintanarroense estime no ser competente para conocer del negocio que esté tramitando, y que lo es otro Juez del Estado, lo declarará así y remitirá lo actuado a éste.

Artículo 393.- Si acepta su competencia, el Juez a quien conforme el artículo anterior se envíe un proceso, continuará conociendo de él y si no lo acepta remitirá el proceso al Tribunal Superior de Justicia y éste decidirá cuál de los dos jueces es el competente, en la misma forma que dispone el artículo 390.

Artículo 394.- Cuando la competencia se resuelva en favor del Juez que haya conocido del asunto, el Tribunal Superior de Justicia devolverá las actuaciones al que las haya remitido.

Artículo 395.- Será válido lo actuado en materia penal por un Tribunal incompetente.

SECCIÓN QUINTA

Impedimentos, Excusas y Recusaciones.

Artículo 396.- Los Magistrados, los Jueces y los Secretarios deben excusarse en los asuntos en que intervengan, por cualquiera de las causas de impedimento que señala el artículo siguiente.

Artículo 397.- Son causas de impedimento:

I.- Tener interés directo en el proceso o que lo tenga su cónyuge, concubinario o concubina, parientes consanguíneos o afines en línea recta sin limitación de grado, o colaterales consanguíneos, dentro del cuarto grado, o afines dentro del segundo;

II.- Que una de las partes haya hecho denuncia o querella imputando un delito al Juez, su cónyuge, concubinario o concubina, o sus parientes, en los grados expresados en la fracción anterior o haber formulado la denuncia o querella en contra de alguna de las partes, el Juez mismo o cualquiera de las personas expresadas;

III.- Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;

IV.- Haber hecho promesas, amenazas o manifestado de otra manera odio o afecto a los acusados o a la víctima o a los ofendidos;

V.- Tener interés en un proceso que se siga contra otra persona por un delito semejante al de que se trate o que lo tengan las personas expresadas en la fracción I;

VI.- Ser acreedores, deudores, arrendatarios, arrendadores, socios, dependientes o principales del acusado, del denunciante, de la víctima o del ofendido;

VII.- Ser o haber sido tutores o curadores de las partes o administrar por cualquiera causa sus bienes;

VIII.- Ser herederos presuntos o instituidos legatarios o donatarios de ellas;

IX.- Ser su cónyuge, concubinario o concubina, o sus hijos al incoarse el procedimiento, acreedores o fiadores del acusado, la víctima o del ofendido; y

X.- Haber sido Magistrado, Juez o Secretario en otra instancia, Asesor, Perito, Testigo, Procurador o Abogado en el negocio de que se trata, o haber desempeñado el cargo de defensor del acusado.

Artículo 398.- El Juez o el Tribunal Superior pueden admitir como legal toda recusación que se funde en causas análogas y de igual o mayor entidad que las referidas.

Artículo 399.- Las causas de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las partes.

Artículo 400.- El impedimento se calificará por el superior a quien correspondería juzgar de una recusación, en vista del informe que, dentro de tres días rinda el Magistrado, Juez o Secretario.

Artículo 401.- Contra la resolución del superior que califique el impedimento no habrá recurso alguno.

Artículo 402.- Cuando un Magistrado, Juez o Secretario no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación.

Artículo 403.- No son admisibles las recusaciones sin causa.

Artículo 404.- La recusación con causa expresará concreta y claramente la que exista, y siendo varias se propondrán al mismo tiempo, salvo que se trate de alguna superveniente, la que se propondrá cuando ocurra.

Artículo 405.- La recusación puede interponerse en cualquier tiempo, pero no después de que se haya citado para la audiencia a que se refieren los artículos 272, 324 y 377.

Artículo 406.- La recusación no suspenderá ni la instrucción, ni la apelación; pero si la recusación se interpuso en contra de un Juez o Magistrado, se suspenderá la celebración de las audiencias a que se refieren los artículos 272 y 324.

Artículo 407.- Si después de la citación para la audiencia de vista hubiere cambio de Juez o de uno o más Magistrados en el Tribunal Superior, la recusación sólo será admisible si se propone dentro de los tres días siguientes al en que se cumpla lo dispuesto por el artículo 538.

Artículo 408.- Toda recusación que no fuere promovida en tiempo y forma, será desechada de plano.

Artículo 409.- Cuando un Magistrado o Juez estimen cierta y legal la causa de recusación, sin audiencia de las partes se declararán inhibidos y demandarán que pasen el asunto a quién corresponda.

Artículo 410.- Cuando los funcionarios a que se refiere el artículo anterior estimen que no es cierta o que no es legal la causa alegada, señalarán al recusante el término de tres días para que ocurra ante el superior que deba conocer de la recusación.

Artículo 411.- Si dentro del término de que se trata este artículo no se presenta el recusante al superior, se le tendrá por desistido.

Artículo 412.- Interpuesta la recusación, el recusado deberá dirigir oficio al superior que deba calificar aquélla, con inserción del escrito en que se haya promovido, del proveído correspondiente y de las constancias que sean indispensables, a juicio del mismo recusado, y de las que señalare el recusante.

Artículo 413.- En el caso del artículo 410 recibido el escrito de la parte que haya promovido la recusación por quien deba conocer de ella, se pedirá informe al funcionario recusado, quien lo rendirá dentro del término de veinticuatro horas.

Artículo 414.- Dentro de tres días, contados desde el siguiente al en que se reciban los oficios a que se refieren los dos artículos anteriores, se resolverá si es legal o no la causa de recusación que se hubiere alegado.

Artículo 415.- Si la resolución fuere afirmativa y la causa se hubiere fundado en hechos que no estuvieren justificados, se abrirá el incidente a prueba por un término que no exceda de diez días.

Artículo 416.- Concluido el término probatorio, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se pronunciará la resolución, contra la que no habrá recurso alguno.

Artículo 417.- Cuando se deseche la recusación, se impondrá al recusante una multa de diez a cincuenta salarios mínimos generales vigentes en la entidad.

Artículo 418.- Admitido un impedimento o calificada como legal la causa de una recusación, el impedido o recusado quedará definitivamente separado del conocimiento del asunto, del cual conocerá el Tribunal que corresponda.

Artículo 419.- No procede la recusación:

I.- Al cumplimentar exhortos;

II.- En el incidente de competencia;

III.- En la calificación de los impedimentos o recusaciones; y

IV.- Durante el término a que se refiere el artículo 19 constitucional.

Artículo 420.- Los Secretarios de los juzgados o del Tribunal Superior de Justicia quedan comprendidos en lo dispuesto en este Capítulo, y en la recusación de ellos se seguirán las siguientes reglas:

I.- De los incidentes conocerá el Juez o Magistrado de quien dependa el impedido o recusado;

II.- Alegado el impedimento o admitida la recusación, el Secretario pasará el asunto a quien deba substituirle, conforme a la ley;

III.- Reconocida por el recusado como cierta la causa de recusación, o admitido como legítimo el impedimento, el Juez o Magistrado declarará, sin más trámite, impedido para actuar en el negocio al Secretario de quien se trate;

IV.- Si se declara que el impedimento o la recusación no son fundados, el Secretario continuará actuando en la causa; y

V.- Contra la resolución de la recusación no cabe recurso alguno.

SECCIÓN SEXTA

Suspensión del Procedimiento.

Artículo 421.- iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en los casos siguientes:

I.- Cuando el acusado se hubiere substraído a la acción de la justicia;

II. Cuando se advierte que se está en los casos previstos por el artículo 5°;

III.- Cuando enloquezca el acusado, cualquiera que sea el estado del proceso;

IV.- Cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a proceso y se llenen, además, los requisitos siguientes:

a).- Que aunque no esté agotada la averiguación haya imposibilidad transitoria para practicar las diligencias que resulten indicadas en ella; y

b).- Que no haya base para decretar el sobreseimiento.

V.- En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del procedimiento.

Artículo 422.- Lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior se entiende sin perjuicio de que, en su oportunidad, se practiquen todas las diligencias que sean procedentes para comprobar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado prófugo, y para lograr su captura.

Artículo 423.- La substracción de un acusado a la acción de la justicia no impedirá la continuación del procedimiento respecto de los demás acusados que se hallaren a disposición del Tribunal.

Artículo 424.- Lograda la captura del acusado prófugo, el proceso continuará su curso, sin que se repitan las diligencias ya practicadas, a menos que el Tribunal lo estime indispensable.

Artículo 425.- Cuando se haya decretado la suspensión del procedimiento, en los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 421 se continuará cuando desaparezcan las causas que lo motivaron.

Artículo 426.- El Tribunal resolverá de oficio sobre la suspensión del procedimiento, o a petición del Ministerio Público fundada en cualquiera de las causas a que se refiere el artículo 421.

SECCIÓN SÉPTIMA

Acumulación de Autos.

Artículo 427.- La acumulación tendrá lugar:

I.- En los procesos que se sigan contra una misma persona, en los términos de los artículos 19 y 59 del Código Penal:

II.- En los que se sigan en investigación de delitos conexos;

III.- En los casos que se sigan contra los copartícipes de un mismo delito; y

IV.- En los que se sigan en investigación de un mismo delito contra diversas personas.

Artículo 428.- No procederá la acumulación después de cerrada la instrucción en los procesos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 429.- Los delitos son conexos:

I.- Cuando han sido cometidos por varias personas unidas;

II.- Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares; pero a virtud de concierto entre ellas; y

III.- Cuando se ha cometido un delito para procurarse los medios de cometer otro, facilitar su ejecución, consumarlo o asegurar la impunidad.

Artículo 430.- Cuando alguno de los procesos ya no estuviere en estado de instrucción, pero tampoco estuviere concluido, o cuando no sea procedente la acumulación conforme a esta Sección, el Tribunal cuya sentencia cause ejecutoria la remitirá en copia certificada al Juez o Tribunal que conozca del otro proceso, para los efectos de la aplicación de las sanciones.

Artículo 431.- Si los procesos se siguen en el mismo juzgado, la acumulación deberá decretarse de oficio sin substanciación alguna.

Artículo 432.- Si la acumulación fuere promovida por alguna de las partes, el Juez las oirá en audiencia verbal que se celebrará dentro de tres días y, sin más trámite, resolverá dentro de los tres siguientes, pudiendo negarla cuando a su juicio dificulte la investigación.

Artículo 433.- Si los procesos o averiguaciones se siguen en distintos juzgados, será competente para conocer de todos los que deban acumularse el Juez que conociere de las diligencias más antiguas, si todos son de la misma categoría y si se comenzaron en la misma fecha, será competente el que designare el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 434.- La acumulación deberá promoverse ante el Juez que sea competente, conforme al artículo anterior; y el incidente a que dé lugar se substanciará en la forma establecida para las competencias por inhibitoria.

Artículo 435.- Los incidentes de acumulación se substanciarán por separado, sin suspenderse el procedimiento.

Artículo 436.- Serán aplicables las disposiciones de este Capítulo a las averiguaciones que se practiquen por el Ministerio Público o los Tribunales, cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a proceso.

SECCIÓN OCTAVA

Separación de Autos.

Artículo 437.- Podrá ordenarse la separación de los autos cuando concurran las siguientes circunstancias:

I.- Que la pida alguna de las partes antes de que esté concluida la instrucción;

II.- Que la acumulación se haya decretado en razón de que los autos se refieran a una sola persona acusada por delitos diversos e inconexos; y

III.- Que el Juez estime que, de continuar la acumulación, la investigación se demoraría o dificultaría.

Artículo 438.- La separación podrá decretarse de oficio cuando no haya habido acumulación en los términos de la Sección anterior.

Artículo 439.- Contra el auto en que el Juez declare no haber lugar a la separación, no procede recurso alguno; pero dicho auto no pasará en autoridad de cosa juzgada, mientras no esté concluida la instrucción.

Artículo 440.- Decretada la separación, conocerá de cada asunto el Juez que conocía de él antes de haberse efectuado la acumulación y si éste fuere diverso del que decretó la separación, no podrá rehusarse a conocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse la cuestión de competencia.

Artículo 441.- El incidente sobre separación de autos se substanciará por separado, en la misma forma que el de acumulación, sin suspender el procedimiento.

Artículo 442.- Cuando varios jueces conocieran de procesos cuya separación se hubiere decretado, el que primero pronuncie sentencia ejecutoria procederá en los términos del artículo 430.

SECCIÓN NOVENA

Incidente de Responsabilidad Civil.

Artículo 443.- La acción para exigir la responsabilidad a personas distintas del acusado, podrá ejercitarse por la víctima, el ofendido o su representante, ante el Juez que conozca de lo penal; pero deberá intentarse y seguirse ante el Juez de lo Civil, en el juicio que corresponda, cuando haya recaído sentencia irrevocable en el proceso, sin haberse intentado dicha acción

Artículo 444.- También se intentará la acción de responsabilidad civil ante un Juez de lo Civil, cuando concluida la instrucción, no hubiere lugar al juicio penal por falta de acusación del Ministerio Público y se promueva posteriormente la acción civil.

Artículo 445.- La responsabilidad civil por reparación del daño no podrá declararse sino a instancia de la víctima o del ofendido o de su representante y contra las personas que determina el Código Penal.

Artículo 446.- En el escrito que inicie el incidente se expresarán sucintamente y numerados, los hechos o circunstancias que hubieren originado el daño, y se fijará con precisión la cuantía de éste, así como los conceptos por los que proceda.

Artículo 447.- Con el escrito a que se refiere el artículo anterior y con los documentos que se acompañen, se dará vista al demandado, por tres días y transcurridos éstos se abrirá a prueba el incidente por el término de quince días si alguna de las partes lo pidiere.

Artículo 448.- No compareciendo el demandado, o transcurrido el período de prueba, en su caso, el Juez, a petición de cualquiera de las partes, dentro de tres días oirá en audiencia verbal lo que éstas quisieren exponer para fundar sus derechos, y en la misma audiencia declarará cerrado el incidente, que fallará al mismo tiempo que el proceso o dentro de ocho días, si durante la tramitación del incidente se pronuncia sentencia en el proceso.

Artículo 449.- En el incidente sobre responsabilidad civil, las notificaciones, las providencias precautorias, la valoración de las pruebas, la sentencia y los recursos se rigen por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 450.- En el caso de hallarse prófugo el acusado, se continuará la tramitación del incidente pudiéndose fallar éste y ejecutarse la sentencia no obstante lo dispuesto en el artículo 421, fracción I.

Artículo 451.- La sentencia que resuelva el incidente de responsabilidad civil es apelable.

SECCIÓN DÉCIMA

Incidentes No Especificados.

Artículo 452.- Los incidentes cuya tramitación no se detalla en este Código se sustanciarán dándose vista de la promoción del incidente a las partes, para que contesten dentro de los tres días siguientes.

Artículo 453.- Si el Tribunal lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de cinco días, después de los cuales se citará para una audiencia que se efectuará dentro de los tres siguientes.

Artículo 454.- Concurran o no las partes a la audiencia citada conforme al artículo anterior, el Tribunal fallará desde luego el incidente.

Artículo 455.- El incidente se tramitará en los autos, si debe suspender el procedimiento; en caso contrario se tramitará por cuerda separada.

CAPITULO DUODÉCIMO

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LOS ENFERMOS MENTALES Y A LOS INCAPACES.

Formalidades.

Artículo 456.- Cuando haya motivo para suponer que el acusado se encuentra en el caso de la fracción IX del artículo 20 del Código Penal, el Juez lo mandará a examinar por perito o peritos médicos que dictaminen sobre el estado de su salud y su internación y ordenará ésta, provisionalmente, si lo estima necesario.

Artículo 457.- Si se comprueba el delito y que en él tuvo participación el acusado, de oficio el Juez ordenará la internación definitiva de aquel, hasta su curación, según lo dispone el artículo 47 en su párrafo primero, del Código Penal.

Artículo 458.- Cuando durante la tramitación del proceso se sospeche que el acusado enloqueció, se decretará la suspensión del procedimiento, se le mandará examinar por perito o peritos médicos y, de ser necesario, oyendo al Ministerio Público y al defensor, se internará al acusado bajo la vigilancia de la autoridad correspondiente, señalándose para la internación el establecimiento adecuado.

Artículo 459.- La vigilancia del recluido estará a cargo de la autoridad administrativa.

Artículo 460.- Durante el tiempo de la reclusión el Juez proveerá a la observancia de las medidas que hubiere dictado, las que podrá revocar o modificar oyendo al Médico Legista, al Ministerio Público y al defensor del acusado y a éste mismo.

Artículo 461.- En los casos previstos en este Capítulo, las personas enfermas y recluidas podrán ser entregadas a quienes corresponda hacerse cargo de ellas, siempre que se otorgue fianza, depósito o hipoteca hasta por la cantidad de doscientos mil pesos, a juicio del Juez, para garantizar el pago del daño que los enfermos pudieran ocasionar por cualquier causa.

Artículo 462.- Cuando el Juez estime que ni aun con la garantía queda asegurado el interés de la sociedad, las personas enfermas seguirán en el establecimiento especial en que estuvieren recluidas.

Artículo 463.- Cuando el Juez estime procedente entregar al acusado a la persona a quien corresponda hacerse cargo de él, de acuerdo con el artículo 461, ésta protestará el fiel desempeño de su cometido, quedando obligada a comunicar al Tribunal cualquier alteración psíquica o personal que sufriere el acusado, para que se tomen las medidas convenientes, con audiencia del médico legista.

Artículo 464.- En los casos en que proceda entregar el acusado a alguna de las personas a que se refiere el artículo 461, si ésta no se presenta, podrá encomendarse la custodia de aquél a las instituciones de Beneficencia Pública o Privada que designe el Juez.

CAPITULO DECIMOTERCERO

Procedimiento Sumario.

Artículo 465.- En los casos de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión, una vez dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el Juez de Oficio, declarará abierto el procedimiento sumario, concediendo a las partes en el propio auto el término de cinco días siguientes al de la notificación del mismo, para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, las cuales se desahogarán en la audiencia principal.

El inculpado o su defensor podrán renunciar a dicho plazo, cuando así convenga a sus intereses.

Artículo 466.- Necesariamente el Juez revocará la declaración de apertura del procedimiento sumario, y éste se instruirá conforme a los Artículos 46 a 52, 62, 63, 255, 272 y siguientes de este Código, cuando así lo soliciten el inculpado o su defensor, en este caso con ratificación del primero, dentro de los tres días siguientes de notificado el auto relativo, que incluirá la información del derecho aquí consignado.

Artículo 467.- Concluido el plazo previsto en el párrafo del Artículo 465, en el auto que resuelva sobre la admisión de las pruebas, se citará para la audiencia principal, que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al cierre de aquél. Dictado dicho auto, no se admitirán más pruebas que la documental, siempre y cuando no requiera de perfeccionamiento alguno y sean ofrecidas hasta antes de dicha audiencia, pues en la misma no se admitirá prueba alguna.

Artículo 468.- La audiencia principal se desarrollará en un solo día ininterrumpidamente salvo que sea necesario suspenderla para permitir el desahogo de pruebas, o por otras causas que lo ameriten, a criterio del Juez. En este caso, se citará para continuarla al día siguiente o dentro de los cinco días subsecuentes, a más tardar, si no bastare aquel plazo para la desaparición de la causa que hubiere motivado la suspensión. Diferimiento que se hará por una sola vez, y en caso de persistir la causa que impida el desahogo de la prueba, se declarará desierta dicha probanza.

Una vez terminado el desahogo de pruebas, se hará relación sucinta de las constancias procesales y leerá las que las partes solicitaren, enseguida el Agente del Ministerio Público adscrito, formulará verbalmente sus conclusiones, y a continuación hará lo propio la defensa, cuyos puntos esenciales se harán constar en el acta relativa.

El Juez podrá dictar sentencia en la misma audiencia o bien, citará a las partes para oírla dentro de los diez días siguientes. Si el expediente excediere de doscientas cincuenta fojas, se agregará un día por cada cien o fracción, sin rebasar de veinte días.

Artículo 469.- A la audiencia principal necesariamente concurrirán el Ministerio Público y el Defensor. Si no asistieren y el Defensor fuere de Oficio, siempre que sea posible, serán substituidos ambos por otros en ese mismo acto, en caso contrario, se suspenderá la audiencia y se citará para continuarla al día siguiente, únicamente para dar lugar a que comparezca el Ministerio Público o Defensor de Oficio, para los fines legales consiguientes. Si el Defensor es particular, se requerirá al procesado que en ese acto nombre otro defensor, y en caso de no hacerlo se le asignará a uno de oficio; sin perjuicio de aplicar al Ministerio Público y defensor faltista, la corrección disciplinaria que sea conducente.

Artículo 470.- Para asegurar el desahogo de las pruebas propuestas, los Jueces harán uso de los medios de apremio y de las medidas que consideren oportunas en términos del artículo 545 de este Código.

Artículo 471.- Se observará en el procedimiento sumario en lo que no se oponga a las disposiciones de este Capítulo, todo lo preceptuado en el presente Código.

Artículo 472.- En los delitos cuya pena máxima sea mayor de tres años, cuando se haya dictado auto de formal prisión y las partes manifiesten, al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen pruebas que ofrecer, se citará a audiencia dentro de los quince días siguientes.

La audiencia señalada en el párrafo anterior se desarrollará en un solo día ininterrumpidamente; solo podrá diferirse por una vez, para continuarse al día siguiente, únicamente en caso de la inasistencia del Ministerio Público o del Defensor, y en caso de que al continuarse la audiencia, al día siguiente, persista la incomparecencia del Defensor, y éste fuera particular, se requerirá al procesado que en ese acto nombre otro defensor, y en caso de no hacerlo se le asignará a uno de Oficio; en la misma audiencia se propondrán, admitirán y desahogarán las pruebas relacionadas con la individualización de la sanción. Recibidas dichas pruebas, se procederá en los mismos términos del párrafo Segundo del Artículo 468 de este Código.

El Juez podrá dictar sentencia en la misma audiencia, o citar a las partes para oírla dentro de los diez días que sigan al término de la audiencia. Si el expediente excede de doscientos cincuenta fojas, se agregará un día por cada cien o fracción, sin rebasar veinte días. En este caso, la sentencia será apelable.

Artículo 473.- Si las conclusiones del Ministerio Público son no acusatorias, se dará inmediata vista al Procurador de Justicia para que en el perentorio término de veinticuatro horas manifieste lo que a su representación competa.

Artículo 474.- Si el Procurador ratifica las conclusiones no acusatorias o si dentro del término indicado no contesta la vista, bajo su responsabilidad se sobreseerá el procedimiento.

Artículo 475.- Si las conclusiones son acusatorias, el Juez requerirá a la defensa y al acusado para que manifiesten lo que a su derecho convenga y si no lo hacen se tendrán por formuladas conclusiones en el sentido de no ser culpable el mismo acusado.

Artículo 476.- DEROGADO

Artículo 477.- DEROGADO

Artículo 478.- DEROGADO

Artículo 479.- DEROGADO

Artículo 480.- DEROGADO

Artículo 481.- DEROGADO

CAPITULO DECIMOCUARTO

Revisión Extraordinaria para el Reconocimiento de la Inocencia del Sentenciado.

Artículo 482.- El reconocimiento judicial de la inocencia del sentenciado se declarará, cuando exista alguno de los motivos siguientes:

I.- Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas;

II.- Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en se funde aquélla;

III.- Cuando sancionada alguna persona por homicidio de otra que hubiere desaparecido, se presentare ésta o alguna prueba indubitable de que vive; y

IV.- Cuando el reo hubiere sido juzgado y absuelto por el mismo hecho a que la sentencia se refiere en otro juicio en que también hubiere recaído sentencia irrevocable.

Artículo 483.- El sentenciado que se crea con derecho de pedir el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Tribunal Superior de Justicia, alegando la causa o causas, de las enumeradas en el artículo anterior, en que funde su petición y acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente.

Artículo 484.- En los casos del artículo anterior sólo se admitirá la prueba documental, salvo lo previsto en la fracción III del artículo 482.

Artículo 485.- Recibida la solicitud, el Tribunal Superior pedirá inmediatamente el proceso al juzgado o al archivo en que se encuentre y citará al Ministerio Público, al reo y a su defensor, para la vista que tendrá lugar dentro de los cinco días de recibido el expediente, salvo el caso en que hubiere de rendirse prueba documental, cuya recepción exija un término que se fijará prudentemente, atentas las circunstancias.

Artículo 486.- El día fijado para la vista, dada cuenta por el Secretario, se recibirán las pruebas, se informará al reo por sí o por su defensor y el Ministerio Público pedirá lo que en derecho corresponda.

Artículo 487.- Si el Tribunal Superior declara fundada la solicitud del reo, remitirá las diligencias originales, con informe, al funcionario que autorice el Ejecutivo del Estado para que, sin más trámite, acate el reconocimiento de la inocencia del sentenciado, con todos sus efectos legales.

Artículo 488.- Si el Tribunal considera no fundada la solicitud del reo, mandará archivar las diligencias.

CAPITULO DECIMOQUINTO

Reglas Generales para el Procedimiento Penal.

SECCIÓN PRIMERA

Competencia.

Artículo 489.- Es Tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete.

Artículo 490.- En los casos del artículo 6° del Código Penal, será competente el Tribunal en cuya jurisdicción territorial se produzcan o se haya pretendido que tengan efectos los delitos a que se refiere esa disposición; pero si en ese lugar se hallare fuera del Estado, se estará a lo que dispongan las leyes federales.

Artículo 491.- Es competente para conocer de los delitos continuados, cualquiera de los Tribunales en cuya jurisdicción se hayan ejecutado actos, que por sí solos constituyan el o los delitos imputados.

Artículo 492.- Para la decisión de las competencias se observarán las siguientes reglas:

I.- Las que se susciten entre tribunales de igual categoría se decidirán conforme a los artículos anteriores, y si hay dos o más competentes, a favor del que haya prevenido; y

II.- Las que se susciten entre los Tribunales del Estado y los de otro Estado, se decidirán conforme a las leyes federales aplicables.

Artículo 493.- En materia penal, no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción.

Artículo 494.- Ningún Tribunal puede promover competencia a su superior jerárquico.

Artículo 495.- Cuando los acusados detenidos fueren reclamados por jueces de dos o más partidos judiciales del Estado, y no hubiere conformidad entre las autoridades requirentes y la requerida, el Tribunal Superior de Justicia, hará la declaración de preferencia.

SECCIÓN SEGUNDA

Formalidades.

Artículo 496.- Para las actuaciones a que se refiere este Código, no hay días ni horas inhábiles.

Artículo 497.- Los Jueces y Magistrados, los funcionarios del Ministerio Público, estarán acompañados, en todas las diligencias que practiquen, de sus respectivos Secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquellas pase.

Artículo 498.- En las diligencias podrán emplearse, a juicio del funcionario que las practique, todo medio que tenga por objeto reproducir imágenes o sonidos, y el medio empleado se hará constar en el acta respectiva.

Artículo 499.- En las actuaciones no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las palabras equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error cometido.

Artículo 500.- En la misma forma que establece el artículo anterior se salvarán las palabras que se hubieren entrerrenglonado.

Artículo 501.- Todas las fechas y cantidades se escribirán precisamente con letra.

Artículo 502.- Las actuaciones del Ministerio Público deberán levantarse por duplicado, y la de los Tribunales en original, en todo caso deberán ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos.


Los expedientes electrónicos tendrán validez siempre y cuando se encuentren debidamente liberados y autorizados por el funcionario correspondiente.

Artículo 503.- En todo caso, se sacarán y conservarán en el archivo mencionado, copias autorizadas de la consignación, del auto de formal prisión o de sujeción a proceso y de la sentencia.

Artículo 504.- Inmediatamente después de que se hayan asentado las actuaciones del día o agregado los documentos recibidos, el Secretario foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello del Tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras.

Artículo 505.- Si alguna de las piezas de autos fuere retirada del expediente, no se enmendará la foliatura, sino que se asentará razón de los folios retirados y de aquél en que conste el acuerdo de desglose.

Artículo 506.- Las actuaciones se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar hojas o espacios en blanco; y cuando haya que agregar documentos, se hará constar cuáles son las hojas que les corresponden, siendo deber del Secretario el cumplimiento de este precepto.

Artículo 507.- Las promociones que se hagan por escrito deberán ser firmadas por su autor, pudiéndose ordenar su ratificación cuando se estime necesario; pero deberán ser siempre ratificadas si el que las hace no las firma por cualquier motivo.

Artículo 508.- Los secretarios deberán dar cuenta, dentro del término de veinticuatro horas, con las promociones que se hicieren, salvo en los casos en que conforme a la ley deban resolverse inmediatamente.

Artículo 509.- Para los efectos del anterior artículo, se hará constar en las promociones escritas el día y hora en que se presenten éstas y en el expediente el día y hora en que se hagan las verbales, así como el día y hora en que el Secretario dé cuenta con las promociones.

Artículo 510.- Cada diligencia se asentará en acta por separado, la que deberá contener:

I.- Lugar, fecha y hora en que se practique;

II.- Nombre y cargo de la autoridad que la practica;

III.- Nombre del Secretario, o en su caso los nombres y domicilios de los testigos de asistencia; y

IV.- Las demás formalidades que señale la ley.

Artículo 511.- El acusado, la víctima, el ofendido, los peritos y los testigos firmarán al calce del acta en que consten las diligencias en que tomaron parte y al margen de cada una de las hojas donde se asiente aquella.

Artículo 512.- En el caso del artículo anterior si el acusado, la víctima, el ofendido o los testigos no supieren o no quisieren firmar, imprimirán al calce y al margen, la huella de alguno de los dedos de la mano, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue.

Artículo 513.- Cuando lo estime pertinente, el funcionario que practique las diligencias, ordenará la impresión de la huella digital, aun cuando sepa firmar el interesado.

Artículo 514.- Si alguno de los intervenientes no quisiere o no pudiere firmar; ni imprimir la huella digital, se hará constar el motivo.

Artículo 515.- El Ministerio Público firmará al calce y también al margen.

Artículo 516.- Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieran alguna modificación o rectificación, se hará constar inmediatamente, expresándose los motivos que dijeron tener para hacerla.

Artículo 517.- Si la modificación o rectificación la hicieren las partes después de haber puesto sus firmas o huellas, esa modificación o rectificación se asentará en acta que se levantará inmediatamente a continuación de la anterior y que firmarán los que hayan intervenido en la diligencia.

Artículo 518.- Solamente por causa justificada a juicio del Juez y por un término que no exceda de cinco días, podrán entregarse al Ministerio Público los expedientes para que los estudie fuera del local del Juzgado; pero no a las demás partes que intervengan en ellos.

Artículo 519.- El ofendido, la víctima y demás partes, con excepción del Ministerio Público, podrán imponerse de los autos en la Secretaría del Juzgado o Tribunal, debiéndose tomar las medidas necesarias para que no los destruyan, alteren o substraigan.

Artículo 520.- Si se perdiere algún expediente, se repondrá a costa del responsable, quien estará obligado a pagar los daños y perjuicios que se ocasionen por la pérdida y, además, se hará la consignación correspondiente al Ministerio Público.

Artículo 521.- Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones del expediente perdido, se tendrá por probada plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen en el auto de detención, en el de formal prisión o de sujeción a proceso, o en cualquiera otra resolución de que haya constancia, siempre que no se hubiese objetado oportunamente la exactitud de la inserción o cita que de ellas se haga.

Artículo 522.- Los secretarios de los Tribunales cotejarán las copias o testimonios de constancias que se mandaren expedir, y las autorizarán con su firma y el sello correspondiente.

Por ningún motivo, en los casos de delitos sexuales, de violencia familiar o en aquellos en que el ofendido y/o la víctima, por razones de seguridad en su persona lo soliciten, se deberán autorizar copias en las que consten sus datos personales, los cuales deberán ser tratados como confidenciales. Cuando por cualquier motivo se publiquen estos datos por algún servidor público, éste será responsable en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables

Artículo 523.- Las actuaciones deberán ser autorizadas inmediatamente por los funcionarios a quienes corresponda firmar, dar fe o certificar el acto.

Artículo 524.- Cuando las autoridades judiciales se dirijan a otra de igual categoría cuyo territorio jurisdiccional se halle fuera del Estado, lo harán por medio de exhorto.

Artículo 525.- Si las autoridades judiciales del Estado se dirigen a otras del Estado, judiciales o no, lo harán por medio de oficio.

Artículo 526.- Las infracciones de las disposiciones contenidas en los artículos comprendidos en esta sección, se sancionarán con una corrección disciplinaria y agotadas las correcciones de esta clase, con la destitución del infractor, sin perjuicio de consignar el caso al Ministerio Público, cuando pudiere resultar la existencia de un delito.

SECCIÓN TERCERA

Intérpretes.

Artículo 527.- Cuando el inculpado, la víctima, el ofendido, el denunciante, los testigos y en general quienes estén involucrados por motivo de la comisión de un delito, no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más traductores, quienes deberán exponer fielmente las preguntas y contestaciones que hayan que transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que, el perito haga la traducción respectiva.

Artículo 528.- Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el perito haga la traducción respectiva.

Artículo 529.- Cuando no pudiere hallarse un traductor mayor de edad, podrá nombrarse a un menor que haya cumplido quince años de edad.

Artículo 530.- Las partes podrán recusar al traductor motivando la recusación y el funcionario que practique la diligencia resolverá de plano y sin recurso.

Artículo 531.- Los testigos no podrán ser intérpretes.

Artículo 532.- Si el acusado, la víctima, el ofendido o algún testigo, fuere sordo o mudo, se le nombrará como intérprete a una persona que pueda comprenderlo, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso, se observará lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 533.- A los sordos y a los mudos que sepan leer y escribir, se les interrogará por escrito o por medio de intérprete.

SECCIÓN CUARTA

Despacho de los Asuntos.

Artículo 534.- Los Tribunales tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarden, tanto a ellos como a las demás autoridades, el respeto y la consideración debidos, aplicando en el acto, por las faltas que se cometan, las correcciones disciplinarias que este Código señala, sin ajustarse precisamente al orden establecido por el respectivo precepto, y de dictar las otras medidas que estimen oportunas.

Artículo 535.- Las fianzas que deban otorgarse ante los Tribunales se sujetarán a las disposiciones especiales de este Código y a las del Código Civil.

Artículo 536.- Serán cubiertos por el Erario del Estado todos los gastos que originen las diligencias de Policía Judicial y las acordadas de oficio por los Tribunales o a petición de parte.

Artículo 537.- Cuando cambiare el personal de un Tribunal no se proveerá auto alguno haciendo saber el cambio, sino que en el primero que proveyere el nuevo funcionario se llamará la atención de las partes sobre el cambio.

Artículo 538.- Cuando no tenga que dictarse resolución alguna anterior a la sentencia, se hará saber el cambio de personal.

Artículo 539.- Cuando esté plenamente comprobado en autos el delito de que se trata, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias y las órdenes de protección, a solicitud del interesado, para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén legalmente justificados.

Artículo 540.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando deben restituirse bienes a la víctima o al ofendido éstos podrán retenerse, esté o no comprobado el cuerpo del delito, cuando a juicio de quien practique las diligencias, la retención fuere necesaria para el éxito de la investigación

Si se trata de bienes inmuebles que se encuentran baldíos, en breña, rústicos o sin construcciones, una vez que el Juez haya dictado el auto de formal prisión éste podrá ordenar las siguientes medidas:

I.- Asegurar el bien inmueble motivo de la causa penal;

II.- Ordenar el desalojo del inmueble de manera inmediata, para lo cual se emplearán los medios de apremio que establece el Artículo 545 del presente Código;

III.- Remitir oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para hacer las anotaciones marginales correspondientes, en la inscripción del bien inmueble, sobre dicho aseguramiento;

IV.- Enviar oficio al Director de Seguridad Pública para la vigilancia y custodia del citado bien inmueble.

Una vez dictada sentencia ejecutoria el Juez levantará el aseguramiento del bien inmueble, restituyendo la posesión del mismo a quien corresponda conforme a derecho y deberá comunicar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Dirección de Seguridad Pública el levantamiento del aseguramiento del inmueble en cuestión.

Artículo 541.- En caso de delitos patrimoniales, la restitución se hará previo avalúo.

Artículo 542.- Tratándose de la restitución a la víctima o al ofendido, reglamentada en los tres artículos anteriores, si la entrega del bien pudiera lesionar derechos de tercero o de acusado, deberá efectuarse la devolución mediante fianza bastante para garantizar los daños y perjuicios.

Artículo 543.- Toda incoación de procedimiento judicial será comunicada al Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 544.- Los Tribunales deben dictar de oficio las providencias y trámites necesarios para la terminación del proceso.

SECCIÓN QUINTA

Correcciones Disciplinarias o Medios de Apremio.

Artículo 545.- Son correcciones disciplinarias o medios de apremio, los siguientes:


I.- Apercibimiento;

II.- Multa de hasta treinta días de salario mínimo general vigente en el Estado en la época de los hechos;

III.- El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras o candados en el Estado en la época de los hechos;

IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas; y

V.- Derogado

Artículo 545-Bis.- Para la imposición de las correcciones disciplinarias, la autoridad estará atenta a cuestionamientos o prejuicios discriminatorios o de contenido sexual que impliquen cualquier tipo de denigración, hacia la víctima u ofendido del delito, en particular, tratándose de delitos contra la libertad y seguridad sexual y el de violencia familiar. El señalamiento respectivo podrá hacerlo el propio coadyuvante, o su representante legal.

Artículo 546.- Contra cualquiera providencia en que se imponga alguna corrección disciplinaria, se oirá al interesado, si lo solicita, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que tenga conocimiento de ella.

Artículo 547.- En vista de lo que manifieste el interesado, el funcionario que hubiere impuesto la corrección disciplinaria, resolverá desde luego lo que proceda.

SECCIÓN SEXTA

Diligencias Fuera del Lugar de Residencia de la Autoridad que las Ordena.

Artículo 548.- Las diligencias de averiguación previa que deban practicarse fuera del lugar en que resida la autoridad que la práctica, se encargará a quien desempeñe esas funciones donde deban practicarse, enviándole la averiguación original o un oficio con las inserciones necesarias, o las practicará la misma autoridad que realiza dicha averiguación, trasladándose a cualquier lugar del Estado, cuando así lo determine el Procurador General de Justicia del Estado.

Artículo 549.- Cuando tengan que desahogarse diligencias fuera de la residencia del Juez de Primera Instancia, puede éste trasladarse a cualquier lugar del Estado para practicarlas, informando de ello al Tribunal Superior de Justicia; pero el Juez que conozca del proceso puede, discrecionalmente, encomendar la diligencia al Juez de Primera Instancia del Partido Judicial que corresponda.

Artículo 550.- Si se trata de un mero trámite o de actos procesales que no requieran conocimientos técnicos especializados, cualquier Juez de Primera Instancia puede ordenar su ejecución al Juez Menor del lugar donde hayan de realizarse.

Artículo 551.- Cuando tengan que practicarse diligencias fuera del Estado, el Juez que conozca del proceso encomendará su cumplimiento, por exhorto, al que corresponda, enviándolo por conducto del Tribunal Superior de Justicia, quien lo hará llegar al Tribunal del exhortado.

Artículo 552.- Los exhortos contendrán las inserciones necesarias, según las diligencias que hayan de practicarse; llevarán el sello del Tribunal e irán firmadas por el Juez y por el Secretario, o por los testigos de asistencia.

Artículo 553.- Si el Juez exhortado radica en el extranjero se cumplirá además con lo dispuesto por las leyes federales.

Artículo 554.- En casos urgentes podrá hacerse uso de la vía telegráfica, y en este caso se observarán las reglas siguientes:

I.- El telegrama expresará con toda claridad las diligencias que han de practicarse, la parte que las solicitó, el nombre del acusado si fuere posible, el delito de que se trata y el fundamento de la providencia;

II.- Se enviará el telegrama mediante oficio al jefe de la oficina telegráfica de la localidad, acompañado de una copia, en la cual el empleado respectivo de la oficina extenderá recibo; y

III.- El Tribunal requirente, mandará con posterioridad, por correo, el exhorto en forma.

Artículo 555.- Los exhortos que se expidan para la aprehensión del acusado, cuando proceda según el artículo 16 Constitucional, contendrán el auto en que se haya decretado, el pedimento del Ministerio Público y la media filiación del acusado, si fuere posible, o los datos necesarios para su identificación.

Artículo 556.- Cuando se demore la ejecución del exhorto enviado por un Juez quintanarroense, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, previo informe del exhortante, se dirigirá al superior del exhortado pidiéndole obsequie el exhorto.

Artículo 557.- El Juez del Estado que recibiere un exhorto de otro de la Federación o del Extranjero, expedido en debida forma, procederá a cumplimentarlo dentro de los tres días siguientes.

Artículo 558.- En el caso del artículo anterior, si el Juez del Estado estimare que no concurren en el exhorto proveniente de otro Estado de la Federación o del Extranjero, los requisitos legales, lo devolverá al requirente fundando su negativa.

Artículo 559.- Tan luego como el Tribunal Superior de Justicia tenga conocimiento que un Juez del Estado no obsequia, sin razón, un exhorto recibido de una entidad de la Federación o del extranjero, tomará las medidas necesarias para que se desahogue legalmente.

Artículo 560.- Si un Tribunal exhortado estimare que no debe cumplimentar un exhorto por interesarse en ello su jurisdicción, oirá al Ministerio Público y resolverá dentro de tres días, promoviendo en su caso, la competencia respectiva.

Artículo 561.- Cuando un Tribunal no pueda dar cumplimiento, por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, remitirá el exhorto al Tribunal del lugar en que aquélla o éstas se encuentren y lo hará saber al requirente.

Artículo 562.- Cuando en obsequio de un exhorto el Juez quintanarroense obtenga la aprehensión de un acusado, pondrá al detenido a disposición del Juez exhortante que haya librado la orden, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención.

Artículo 563.- En el caso del artículo anterior, una vez lograda la aprehensión se le hará saber al Juez exhortante.

Artículo 564.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se hará sin perjuicio de que el Juez exhortado, resuelva la situación jurídica del acusado detenido y sobre la libertad caucional del mismo.

Artículo 565.- Se dará entera fe y crédito a los exhortos que libren los Tribunales de la República o del extranjero, debiendo cumplimentarse siempre que llenen las condiciones fijadas por la ley.

Artículo 566.- La resolución dictada por el Tribunal requerido ordenando la práctica de las diligencias que se le hayan encomendado, no admite recurso.

SECCIÓN SÉPTIMA

Cateos.

Artículo 567.- Cuando en la Averiguación Previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá al Juez competente a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o aprehenderse, los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente ha de limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad judicial que practique la diligencia.

Artículo 568.- Para decretar la práctica de un cateo, se requiere la existencia de indicios o datos que hagan presumir fundadamente que la persona a quien se trata de aprehender se encuentra en el sitio que se pretende catear; o que se encuentran en él los instrumentos o efectos del delito o demás objetos útiles para la comprobación del cuerpo del delito o la presunta responsabilidad del inculpado.

Artículo 569.- El cateo será practicado por el Juez que lo decrete asistido por su Secretario. En caso necesario, facultará a otro funcionario su ejecución, quien actuará de la misma forma. Se efectuará el día y hora previstas en la resolución a menos que el éxito de la diligencia requiera cambio, será el día y hora más oportunos. Al cateo podrán asistir además quien acredite interés legal.

Artículo 570.- Si al practicarse un cateo se descubre otro delito, se hará constar éste hecho en el acta respectiva y si no es de querella necesaria, de inmediato el Ministerio Público tomará conocimiento, iniciando la averiguación previa.

Artículo 571.- De encontrarse las personas que han de aprehenderse, serán trasladadas a los separos para que, de resultar procedente, previos los trámites legales, sean consignados al Juez del conocimiento.

De hallarse los instrumentos y efectos del delito, serán recogidos para su análisis, estudio o fines probatorios y de no ser confiscables, en su oportunidad, serán devueltos al sitio de donde fueron tomados.

Artículo 572.- Cuando en la realización de una diligencia de cateo no se cumplan los requisitos legales, carecerá de valor probatorio lo actuado, incurriendo en responsabilidad quien la dispuso o la practicó, así como a los intervinientes en la medida que les resultare alguna responsabilidad; sin que sirva de excusa absolutoria, el consentimiento otorgado por quienes habiten u ocupen el inmueble cateado.

Artículo 573.- Derogado.

Artículo 574.- Al terminar la diligencia será cerrada el acta que al efecto se levantare de manera circunstanciada en donde se consignará todo lo actuado; relacionando los objetos recogidos, bajo estricto inventario, identificándolos individualmente y seriándolos; acta que deberá ser firmado por dos testigos de preferencia propuestos por los moradores u ocupantes del inmueble cateado.

Artículo 575.- Para la práctica de un cateo en la residencia oficial de los Poderes del Estado o en las oficinas dependientes de los Poderes Federales en el mismo Estado, el Tribunal decretará la diligencia, si procede; pero al iniciarse, el ejecutor dará conocimiento de ella al Titular de la dependencia donde va a practicarse o a quien legalmente lo represente, los que podrán estar presentes en el cateo, si así lo desean.

Artículo 576.- Contra la orden de cateo, no procede más recurso que el de responsabilidad. Los abusos o irregularidades que en la práctica se cometieren, serán materia de un Incidente Penal Especial ante el Juzgado competente.

Artículo 577.- Asimismo, al practicarse el cateo se formará un inventario de los objetos que se recojan relacionados con el delito que motive el cateo y, en su caso, otro por separado con los que se relacionen con el nuevo delito.

Artículo 578.- Si el acusado estuviere presente, se le mostrarán los objetos recogidos para que los reconozca y ponga en ellos su firma o rúbrica, si fueren susceptibles de ello; y si no supiere firmar, sus huellas digitales.

Artículo 579.- Si los objetos recogidos a que se refiere el artículo anterior no fueren susceptibles de firmarse, se unirá a ellos una tira de papel que se sellará en la juntura de los dos extremos y se invitará al acusado a que firme o ponga sus huellas digitales.

Artículo 580.- Tanto en el caso del artículo 578 como en el del 579, se hará constar que el acusado firmó el objeto o juntura, o que puso sus huellas digitales en uno u otra, así como si no pudiere firmar, o poner sus huellas digitales o se negare a ello.

SECCIÓN OCTAVA

Términos.

Artículo 581.- Los términos empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente.

Artículo 582.- No se incluirán en los términos los días que no haya labores en el Tribunal, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los Tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver sobre la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso o libertad.

Artículo 583.- Los términos se contarán por días naturales, excepto los que se refieren a los tres casos mencionados en la segunda parte del artículo anterior y cualquier otro que deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento, a partir de la hora en que corresponda conforme a la ley.

SECCIÓN NOVENA

Citaciones.

Artículo 584.- Toda persona está obligada a presentarse a declarar en los procesos penales, cuando sea citada para ello, a menos que esté impedida físicamente para hacerlo.

Quedan exceptuados de la obligación anterior, sin perjuicio de que rindan su testimonio por escrito:

I.- Los Titulares de los Poderes de la Federación y del Estado;

II.- Los Presidentes Municipales;

III.- El Procurador General de Justicia del Estado;

IV.- Los Secretarios del Despacho del Ejecutivo;

V.- Los Directores Generales de los Organismos Descentralizados del Estado;

VI.- Los Magistrados y los Jueces del Poder Judicial; y

VII.- Los Comandantes de las Fuerzas Armadas.

Artículo 585.- Las citaciones deberán hacerse personalmente por cédula, o por cualquier otra vía idónea y adecuada, dejando en el expediente constancia de ello.

Artículo 586.- Las citaciones contendrán:

I.- La designación legal de la autoridad ante la que deba presentarse el citado y la ubicación de su oficina;

II.- El nombre, apellido y domicilio del citado si se supieren o, en caso contrario, los datos de que se disponga para identificarlo;

III.- El día, la hora y el lugar en que debe comparecer, así como el motivo de ésta;

IV.- El medio de apremio que se empleará si no comparece; y

V.- La firma o la transcripción de la firma del funcionario que ordena la citación.

Artículo 587.- Cuando se haga la citación por cédula, deberá acompañarse a ésta un duplicado en el cual firme el interesado o cualquier otra persona que la reciba.

Artículo 588.- Cuando la citación se haga por telégrafo, se enviará por duplicado a la oficina que haya de transmitirla, la cual devolverá, con su constancia de recibo, uno de los ejemplares que se agregará al expediente.

Artículo 589.- En caso de urgencia podrá hacerse la citación por telefonema que transmitirá el funcionario que practique la diligencia en forma personal o el Secretario respectivo, quien hará la citación con las indicaciones a que se refiere el artículo 586, asentando constancia en el expediente.

Artículo 590.- Cuando a la primera cita no comparezca el citado y no justifique su inasistencia, podrá la autoridad que lo cita aplicar el medio de apremio que estime pertinente para lograr su comparecencia.

Artículo 591.- También podrá citarse por teléfono a la persona que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por ese medio, dando el número al cual debe hablársele, sin perjuicio de que se le cite por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo, si así lo juzga conveniente la autoridad que ordene la citación.

Artículo 592.- En el caso de citación por cédula, cuando no se encuentre a quien va destinada, se entregará en su domicilio o en el lugar en que trabaje, y en el duplicado que se agregará al expediente, se recogerá la firma o huella digital de la persona que la reciba, o se asentará su nombre y la razón del por qué no firmó o no puso su huella.

Artículo 593.- La cédula podrá enviarse por correo, en sobre cerrado y sellado, con acuse de recibo.

Artículo 594.- Si la persona que recibiere la citación manifestare que el interesado está ausente, dirá dónde se encuentra y desde cuando se ausentó, así como la fecha en que se espera su regreso, y todo esto se hará constar para que el funcionario respectivo dicte las providencias que fueren procedentes.

Artículo 595.- La citación de los militares y empleados oficiales, o particulares en alguna rama del servicio público, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que el éxito de la tramitación requiera que no se haga así.

Artículo 596.- Cuando se ignore la residencia de la persona que deba ser citada, se encargará a la Policía que averigüe su domicilio y lo proporcione.

Artículo 597.- Si la investigación de la Policía a que se refiere el artículo anterior, no tuviere éxito, quien ordene la citación requerirá que informe de algún domicilio de la persona buscada a las dependencias gubernamentales y empresas que por su actividad cuenten dentro de sus archivos con información de carácter personal.


Para el caso de que ninguna de esas dependencias cuente en sus archivos con algún domicilio de la persona que deba ser citada, o que el patrocinado por alguna de ellas resulte falso, inexistente o ya no viva en él dicha persona, cesará la búsqueda y se decretará la imposibilidad material para el desahogo de la prueba, excepto cuando se trate de careos, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el Artículo 208 de este Código.

SECCIÓN DÉCIMA

Audiencias.

Artículo 598.- Las audiencias serán públicas, excepto aquellas que el Juez o Tribunal considere que deben ser privadas.

En los delitos contra la libertad sexual y su normal desarrollo, así como en los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, señalados por el Código Penal del Estado, las audiencias deberán ser privadas a fin de proteger la identidad de la víctima. En todo momento quedará prohibida la difusión de cualquier tipo de información que permita la identificación de una víctima involucrada en cualquiera de los delitos previstos por este párrafo, tanto durante el procedimiento de la integración de la averiguación previa como del proceso penal.

Artículo 599.- En las audiencias, el acusado podrá hacer su defensa por sí mismo, por su defensor o por persona de su confianza.

Artículo 600.- El Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la defensa contestar en cada caso.

Artículo 601.- Si el acusado tuviere varios defensores, no se oirá más que a uno de ellos en cada vez que toque hablar a la defensa.

Artículo 602.- Si intervinieren varios de los agentes del Ministerio Público, sólo se oirá a uno de ellos cada vez que toque hablar a la parte acusadora.

Artículo 603.- Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público que no podrá dejar de asistir a ellas.

A fin de asegurar la debida asistencia jurídica a los menores de edad, víctimas de un delito que atente contra su libertad sexual y el libre desarrollo de su personalidad, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a través de personal especializado en materia legal y/o psicológica, deberá estar presente en cada una de las audiencias en las que comparezca la víctima menor de edad.

Artículo 604.- En la audiencia del juicio será obligatoria la presencia del defensor quien, en la misma, tiene el deber de formular la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

Artículo 605.- Si los defensores no cumplieren con las obligaciones que les impone el artículo anterior, el Juez o Tribunal les aplicará una corrección disciplinaria, sin perjuicio de consignarlos al Ministerio Público por la responsabilidad en que incurran.

Artículo 606.- En la audiencia a que se refiere el artículo 272, si el defensor no concurre, el funcionario que la presida requerirá al acusado para que nombre nuevo defensor y si no lo hiciere se le designará uno de oficio.

Artículo 607.- Cuando el nuevo defensor no esté en condiciones, de acuerdo con la naturaleza del negocio, para cumplir desde luego con su cometido, se diferirá o suspenderá hasta por tres días la audiencia, a juicio del Tribunal.

Artículo 608.- Al defensor faltista se le impondrá una corrección disciplinaria; se ordenará su presentación o se le sustituirá por otro sin perjuicio de su consignación al Ministerio Público.

Artículo 609.- En toda audiencia el acusado podrá comunicarse con sus defensores; pero no con el público si infringiere esta disposición, se le impondrá una corrección disciplinaria.

Artículo 610.- Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con el acusado, será retirada de la audiencia y se le impondrá una corrección disciplinaria, si se estima conveniente.

Artículo 611.- Antes de cerrarse el debate, el funcionario que presida la audiencia preguntará al acusado si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.

Artículo 612.- Si el acusado altera el orden de una audiencia, se le aplicará la corrección disciplinaria que el Tribunal estime pertinente.

Artículo 613.- Si es el defensor quien altera el orden, se le apercibirá; y si continúa en la misma actitud, se le expulsará del local, pudiendo imponérsele, además, una corrección disciplinaria.

Artículo 614.- En caso de que se expulse al defensor en aplicación a lo dispuesto en el artículo anterior, se procederá de acuerdo con lo que ordena el artículo 606.

SECCIÓN UNDÉCIMA

Resoluciones.

Artículo 615.- Sentencias son las resoluciones judiciales que terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal.

Artículo 616.- Se llaman autos las resoluciones judiciales que no son sentencias.

Artículo 617.- Toda resolución expresará el lugar y la fecha en que se pronuncie.

Artículo 618.- Las sentencias contendrán:

I.- Lugar y fecha en que se pronuncien;

II.- La designación del Tribunal que las dicte;

III.- Los nombres y apellidos del sentenciado, sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al que pertenezca, su idioma, residencia o domicilio y su ocupación habitual, oficio o profesión y el nombre de los ofendidos;

IV.- Un extracto breve con los hechos conducentes a la resolución;

V.- Las consideraciones y los fundamentos legales de la resolución;

VI.- Los razonamientos para valorar jurídicamente las pruebas; y

VII.- La condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes.

Artículo 619.- Con excepción de los de mero trámite, los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus fundamentos legales.

Artículo 620.- Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro de veinticuatro horas contadas desde aquella en que se dé cuenta de la promoción.

Artículo 621.- Los demás autos, salvo el que la ley disponga para casos especiales, deberán dictarse dentro de tres días contados en la misma forma.

Artículo 622.- Las resoluciones judiciales se dictarán por los respectivos magistrados o jueces, y serán firmados por ellos y por el Secretario que corresponda o, a falta de éste, por testigos de asistencia.

Artículo 623.- Para la validez de las sentencias y de los autos que no sean de mero trámite, dictados por las Salas del Tribunal Superior funcionando en Pleno, se requerirá, cuando menos, el voto de la mayoría de sus miembros.

Artículo 624.- Cuando alguno de los componentes del Tribunal Superior no estuviere conforme con la resolución de la mayoría, expresará sucintamente las razones de su inconformidad en voto particular, que formará parte integrante de la propia resolución.

Artículo 625.- El Juez no podrá modificar ni variar sus sentencias después de firmadas, ni las Salas del Tribunal Superior en Pleno después de haberlas votado.

Artículo 626.- Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la aclaración de sentencia.

Artículo 627.- Las resoluciones judiciales no se tendrán por consentidas, sino cuando notificada la parte manifieste expresa o tácitamente su conformidad.

SECCIÓN DUODÉCIMA

Notificaciones.

Artículo 628.- Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al que se dicten las resoluciones que las motiven.

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación y audiencia.

Artículo 629.- Las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación, se notificarán personalmente a las partes.

Artículo 630.- Las resoluciones contra las que no proceda el recurso de apelación, con excepción de los autos que ordenen aprehensiones, cateos, providencias precautorias, aseguramientos y otras diligencias análogas respecto de las cuales el Tribunal estime que deba guardarse sigilo para el éxito de la investigación, se notificarán al acusado personalmente, y a los otros interesados en la forma señalada en el artículo 635 de este Código.

Artículo 631.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, las resoluciones que deban guardarse en sigilo solamente se notificarán al Ministerio Público.

Artículo 632.- Tratándose de las resoluciones que no deban guardarse en sigilo, no será necesaria la notificación personal al acusado, cuando éste haya autorizado a algún defensor para que reciba las notificaciones que hayan de hacérsele.

Artículo 633.- Cuando el acusado tenga varios defensores, designará a uno de ellos para que reciba las notificaciones que correspondan a la defensa, sin perjuicio de que sean notificados alguno o algunos de los demás, si lo solicitaren del Tribunal.

Artículo 634.- Si el acusado tiene varios defensores y no se hace la designación a que se refiere el artículo anterior, bastará notificar a cualquiera de ellos.

Artículo 635.- El personal a quien corresponda hacer las notificaciones que no sean personales, fijará diariamente en la puerta del Tribunal una lista de los asuntos acordados, expresando únicamente el número del expediente y el nombre del acusado, y asentarán constancia de ese hecho.

Artículo 636.- En el caso del artículo anterior, si alguno de los interesados desea que se le haga notificación personal, podrá ocurrir a más tardar el día siguiente al en que se fije la lista, solicitándolo del funcionario encargado de hacerla.

Artículo 637.- Si dentro del día siguiente al que se fije en la puerta del juzgado, la lista de los asuntos acordados no se presentaren los interesados, la notificación se tendrá por hecha por la simple publicación de la lista.

Artículo 638.- Las personas que intervengan en el proceso designarán en la primera diligencia un domicilio ubicado en el lugar, para notificaciones.

Artículo 639.- Si por cualquier circunstancia las personas que intervengan en el proceso no hacen la designación a que se refiere el artículo anterior, cambian de domicilio sin dar aviso o señalan uno falso, la notificación se les hará, aun cuando deba ser personal, en la forma que establece el artículo 635, haciéndose constar esa circunstancia.

Artículo 640.- Las notificaciones personales se harán en el Tribunal o en el domicilio designado.

Artículo 641.- Si a quien debe notificarse personalmente no se encuentra en el domicilio designado, la notificación se le hará por cédula que se dejará con cualquiera de las personas que se encuentren en ese domicilio.

Artículo 642.- La cédula a que se refiere el artículo anterior contendrá:

I.- El Tribunal que dictó la resolución y la causa de que se trate;

II.- La fecha de la resolución y un extracto de ella;

III.- El día, la hora y lugar en que se hace la notificación;

IV.- El nombre de la persona en poder de la cual se deja la cédula; y

V.- El motivo por el cual no se hizo la notificación en persona al interesado.

Artículo 643.- Si el que deba ser notificado se niega a recibir al encargado de hacer la notificación, o las personas que residan en el domicilio se rehúsan a recibir la cédula, o no se encuentra a nadie en el lugar, se fijará la cédula en la puerta de entrada de ese lugar o de ese domicilio.

Artículo 644.- Si se probare que no se hizo una notificación decretada, o que se hizo en contravención de lo dispuesto en esta sección, el encargado de hacerla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta y sin perjuicio de la pena que le corresponda o de la corrección disciplinaria que en su caso se le imponga.

Artículo 645.- Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código previene, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación.

Artículo 646.- Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en este Capítulo serán nulas, excepto en el caso del artículo anterior.

T r a n s i t o r i o s

PRIMERO.- Este Código comenzará a regir treinta días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Todos los asuntos que estén tramitándose al comenzar a regir este Código, se sujetarán a sus disposiciones si así lo piden los acusados.

TERCERO.- Los recursos interpuestos antes de la vigencia de este Código y que no se hubieren admitido o desechado aún, se admitirán siempre que en este mismo Código o en el anterior fueren procedentes, y se substanciarán conforme a lo determinado en el presente, excepto los de apelación que se tramitarán de acuerdo con las disposiciones del Código anterior.

CUARTO.- Los términos que estén corriendo al comenzar a regir este Código, se computarán conforme a las disposiciones del mismo o del anterior, aplicándose las que señalen mayor tiempo.

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Segunda Legislatura Constitucional del Estado, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta.

 

T r a n s i t o r i o s del Decreto número 030

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente Decreto.

TERCERO.- Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán hasta su conclusión definitiva por la autoridad que corresponda, de conformidad con los lineamientos vigentes al momento que iniciaron.

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

 

T r a n s i t o r i o s del Decreto número 167


PRIMER0.- Esta reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma, serán concluidos conforme a las formalidades de que sus actuaciones se levanten por duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos.


SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

 

T r a n s i t o r i o s del Decreto número 284

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:


PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las personas que hayan cometido el delito de secuestro con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, incluidas las sentenciadas o procesadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes al momento de su comisión.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de Igual o menor Jerarquía que se opongan al presente Decreto.

TRANSITORIO:


ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.


SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL. CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 292, PUBLICADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2010


PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO las personas que hayan cometido el delito de violación u homicidio con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, incluidas las sentenciadas o procesadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes al momento de su comisión

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

 

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 299, PUBLICADO EL 9 DE AGOSTO DE 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


ÚNICO.- Para los efectos de la entrada en vigor y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, el Estado deberá atender a lo dispuesto por el párrafo tercero del Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de agosto de 2009.


TRANSITORIO:


ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 359 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.


SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto; quedando vigentes las de carácter penal contenidas en otras leyes, en todo lo no previsto por este ordenamiento.


TERCERO.- Las conductas típicas o disposiciones de la parte general de este Decreto que con motivo del presente decreto hubieren sufrido reubicación, seguirán aplicándose con el mismo carácter o naturaleza, aunque haya variado su denominación o el número del artículo o su ubicación dentro del mismo numeral.


TRANSITORIO:


Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.


 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 120, PUBLICADO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2012

PRIMERO.- En el caso de las Averiguaciones Previas que deba iniciar la Procuraduría de Justicia del Estado, con motivo de la persecución del delito de feminicidio, antes de la vigencia del nuevo Código Procesal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se aplicará la fracción I del Artículo 89-TER, conforme al siguiente texto:

 

Artículo 89-TER.- . . .

I.- Omita realizar las diligencias y actuaciones correspondientes a la integración de la averiguación previa en los términos que establecen el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sin causa justificada;

II.- . . .

III.- . . .

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente Decreto.

 

HISTORIAL:

 

Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

PRIMERA PUBLICACIÓN: 7 de Octubre de 1980

Fe de Erratas. 7 de Octubre de 1980.

REFORMAS:

Fecha, Mes y Año

Decreto Número:

Artículos Reformados:

30 de Octubre de 1992

Decreto No. 104

Artículos: 16, 18 Fracción IV, Adicionando las Fracciones VI y VII; 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 39, 43, 44, 56, 57, 60, 61, 62, 80 Fracción I, 100, 101, 151, 152, 158 en su Fracción III, 175, 184, 185, 186, 233 en sus Fracciones I y II, 234, 266, 271, 314, 338, 372, 405, 406, 417, 427, 456, 457, 465, 486, 490, 497, 498, 510, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 545, 548, 563, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 584, 585, 586, 589, 590, 597, 599, 602, 618, 628 y el nombre de la Sección Segunda.

2 de Septiembre de 1994

Decreto No. 67

Por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones.

15 de Marzo de 2002

Decreto No. 147

Se Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 100.

12 de Septiembre de 2006
Decreto No. 98.
Se Reforman los Artículos 182 y 233, Fracción I.
20 de Octubre de 2006
Decreto No. 105.
Se reforma el Artículo 100, Segundo Párrafo.
17 de Junio de 2008
Decreto No. 018
Se reforma el párrafo segundo del artículo 100.
30 de Junio de 2008
Decreto No.020
Se Derogan los Artículos 476, 477, 478, 479, 480 y 481; Se Reforman los Artículos 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 540, Fracciones II y III del Artículo 545 y 597.
30 de septiembre de 2008 Decreto No. 030 Se Reforman los artículos 28, 29 y 35; y se adiciona un Artículo 35-BIS.
30 de junio de 2009 Decreto No. 155 Se Reforma el segundo párrafo del artículo 100.
30 de junio de 2009 Decreto No. 156 Se Reforma el artículo 100, párrafo segundo.
30 de septiembre de 2009 Decreto No. 167 Se Reforma el Artículo 502.
6 de noviembre de 2009 Decreto No. 179 Se MODIFICA la denominación del Capítulo Primero, Sección Segunda y se REFORMAN los artículos 21 y 57.
16 de diciembre de 2009 Decreto No. 205 Se ADICIONAN dos párrafos al artículo 84.
18 de diciembre de 2009
Decreto No. 211
Se REFORMA el artículo 100 segundo párrafo y se ADICIONA un segundo y tercer párrafo al artículo 182, y un segundo párrafo a los artículos 205, 598 y 603.
15 de junio de 2010
Decreto No. 284
Se Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 100
30 de junio de 2010
Decreto No. 291
Se Reforma el Segundo Párrafo del Artículo 100
30 de junio de 2010
Decreto No. 292
Se Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 100
9 de agosto de 2010
Decreto No. 299
Se reforma el Artículo 19; se Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 86; y una Fracción IV al Artículo 287.
22 de octubre de 2010
Decreto No. 313
Se adiciona la Sección Tercera Bis denominada Procedimiento para la Interrupción del Embarazo cuando se actualiza el supuesto del artículo 97 fracción II del Código Penal que contiene los artículos 99 bis, 99 ter y 99 Quáter
30 de noviembre de 2010
Decreto No. 359
Se modifican diversos artículos.
30 de noviembre de 2010
Decreto No. 360
Se reforma el Artículo 100.
10 de diciembre de 2010
Decreto No. 371
Se Reforman el Segundo Párrafo del Artículo 100 y el Artículo 205.
10 de diciembre de 2010
Decreto No. 373
Se Reforman el Segundo Párrafo del Artículo 100.
30 de mayo de 2012
Decreto No. 120
Se Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 100.
5 de diciembre de 2012
Decreto No. 179
Se Reforma el Artículo 100 Párrafo Segundo.

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